R.LIZCANO.- ElCorreoGallego* : "Apuntan la necesidad de liberar la planificación del suelo de las presiones económicas y de que quede sujeta únicamente a criterios técnicos de órganos independientes ·· Denuncian que el “malmanexo” político ha hecho un daño irreparable a la cuestión urbanística. Urbanismo, planeamiento, ordenación... son términos que han dado el salto del ámbito profesional a las conversaciones del día a día como una de las principales preocupaciones de grupos políticos, alcaldes, medios de comunicación y ciudadanos hipotecados. Queda la sensación de que los núcleos y los responsables de su ordenación han perdido la perspectiva y sólo el afán constructivo y el peso del dinero deciden los destinos del suelo.
El arquitecto César Coll, el urbanista y economista Ánxel Viña y los diputados Pilar Rojo (PPdeG), Abel Losada (PSdeG) y Ana Pontón (BNG) fueron reunidos por los debates semanales del Grupo Correo Gallego en el hotel AC Palacio del Carmen de Santiago para reflexionar sobre qué modelo de ciudad debe guiar las decisiones de los responsables de gestionar los destinos del suelo gallego.
Uno de los grandes obstáculos señalados fue la falta de límites: "na lei do 97 pensouse que a moita oferta de solo ía resolver o problema da vivenda e se fixo todo solo urbanizable", dijo Ánxel Viña. A partir de ahí, "a expectativa urbanística transformouse nunha especie de veleno ao que aínda non fomos quen de transmitir que debe ser limitada".
Porque las desenfrenadas expectativas inmobiliarias, continuó, introducen una perversión: la ciudad reivindica espacio para su crecimiento, se habla de zonas de influencia de decenas de kilómetros, aparece la suburbanización en extensas áreas más allá del núcleo planificado y resulta imposible preservar espacios agrarios estables.
"Lo que hay que hacer es liberar el planeamiento de la presión económica. Y hay maneras de hacerlo, de forma que esté regido únicamente por criterios técnicos", apuntó, en la misma línea abierta por Ánxel Viña, César Coll, representante del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Al respecto, Coll se refirió a la presión ejercida por colectivos vecinales, "o asociaciones de propietarios de tierra". Y es que, prosiguió, "los mayores especuladores son los vecinos normales, ya me gustaría a mí ganar lo que ganan ellos en una venta".
César Coll quiso poner los puntos sobre las íes al afirmar que, estrictamente, "en España no hay un problema urbanístico, sino social". Lo explicó con un símil: "en África no hay hospitales, no hay medicinas, no hay médicos... podemos decir entonces que en África hay un problema sanitario, pero aquí hay técnicos suficientes, hay legislación urbanística suficiente. Ningún ayuntamiento me puede decir que no tiene elementos para controlar el precio del suelo. No es algo sin solución, sólo se han hecho las cosas mal y hay que empezar a corregirlas".
Al respecto, Abel Losada censuró la máxima del "ti vai facendo que xa se arranxará". Para Losada, "o urbanismo permite que decisións políticas supoñan enormes beneficios a privados e, mentres non se asegure a transparencia, é, polo menos, un perigo". Denunció que las exageradas previsiones de crecimiento recogidas en los planes generales terminan por crear expectativas de negocio en los ciudadanos y señaló su "preocupación" por el crac de la burbuja.
En la misma línea, Ana Pontón, del Grupo Parlamentario del BNG, lamentó el "submundo que se xera ó redor do urbanismo a partir de persoas sen vocación de servizo público". Pontón hizo notar que incluso se dan casos, "como o de Gondomar, onde compañeiros do BNG foron agredidos por defender a legalidade urbanística".
Desde el Grupo Parlamentario del PPdeG, Pilar Rojo, apuntó que la ordenación del territorio "non é cuestión de partidos, nin de lexislaturas, senón de moito tempo". La planificación "ten que establecerse fóra de calquera confrontación política". "O territorio e a ordenación teñen que estar fóra porque estamos xogándonos o futuro das vindeiras xeracións", señaló Rojo.
Ánxel Viña fue más allá y auguró que el "malmanexo político" de la cuestión urbanística acabará por pasar "unha grave factura en termos de autoridade institucional".
¿Devolver competencias?
En la mesa, se suscitó un debate paralelo a raíz de la intervención de César Coll, que, citando a Ramón Jáuregui, ex vicelehendakari vasco, invitó a "reflexionar sobre la asunción de competencias", indicando que "las comunidades serán maduras en el momento en que devuelvan ciertas competencias al Estado porque entiendan que lo hace mejor". Losada afirmó "non entender por qué o Estado ía xestionar mellor a cuestión urbanística". Pontón señaló que el urbanismo sólo se puede hacer desde dentro, conociendo las particularidades de cada territorio. Coll respondió que eso no impide "que haya un lenguaje común, unos cuerpos normativos comunes".
*El Correo Gallego - 01.05.2007
Abogan por poner límites al bum del ladrillo en los municipios gallegos
Marbella sobrevive al saqueo
J.VIÚDEZ.- El País* : "Los vecinos de Marbella (Málaga) comienzan a preocuparse por la limpieza de las calles, los horarios de recogida de basuras o el alumbrado público, aunque les cuesta no desayunar cada mañana con titulares relacionados con la trama de corrupción destapada en el caso Malaya. Entre los vaivenes de sus 95 imputados, entre declaraciones y nuevas detenciones, caben otras médidas casi históricas. Se anuncia la construcción de las primeras viviendas protegidas tras los 15 años del gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), subvenciones para rehabilitar edificios en el casco antiguo o la apertura de bolsas de empleo.
La herencia del GIL: 30.000 casas ilegales, 1.000 obras irregulares y 84 autos de paralización
Un año después de que la Comisión Gestora sustituyera a la corporación municipal disuelta tras la entrada en prisión de la alcaldesa Marisol Yagüe, las dependencias municipales parecen otras. Cualquier licencia de obra se mira por lupa y cada céntimo que sale de la caja queda registrado. Su austeridad choca con la imagen de una ciudad famosa por sus excesos.
"Asumíamos un encargo difícil y lo hacíamos con la altura de miras de administrar y gestionar el Ayuntamiento para dejarlo en las mejores condiciones para la corporación que surgiera en las urnas", rememora Diego Martín Reyes, el presidente de la Gestora. El nuevo equipo se encontró 30.000 viviendas ilegales, una deuda municipal estimada en 460 millones de euros y una plantilla sobredimensionada. Hoy tienen fondos suficientes para pagar los gastos ordinarios hasta diciembre de 2007 aunque la situación sigue siendo crítica.
Quince años de licencias en contra de la legalidad urbanística dieron para 30.000 viviendas ilegales, 1.000 expedientes por obras irregulares y 84 autos que pedían la paralización de construcciones. La ciudad cuenta con 80.172 viviendas, de las que 16.418 están vacías todo el año.
Lo primero que hizo el equipo dirigido por el vocal Rafael Duarte fue precintar las 84 construcciones, crear un servicio de disciplina urbanística y organizar un servicio jurídico que, entre otras tareas, ha comenzado a revisar los permisos ilegales detectados -un proceso lento y garantista en el que ya llevan 150 expedientes-.
"Tratamos de orientar las actuaciones hacia la política de regularización planteada por el avance del Plan General del verano de 2005, que exigía a los promotores que compensaran a la ciudad por haber edificado irregularmente", mantiene Duarte. Ahora toca negociar con los constructores para que compensen a la ciudad aportando terrenos para parques, centros escolares o equipamientos. Las demoliciones quedan en manos de los tribunales. "No podemos descartarlas porque hay víctimas, terceras personas a las que se les han tapado las vistas o se les han ocupado los jardines de al lado de casa, pero se decidirán en los juzgados".
Los despachos de Urbanismo de Marbella siguen tramitando licencias de obra mayor, aunque menos. El 2006 se dieron unas 100 y el año anterior se vieron unas 300.
La responsable de Personal, Josefa López, es otra de las que más trabajo ha tenido. Las sociedades municipales han visto reducidas sus plantillas en 185 puestos y la gestora ha tramitado la salida de 27 ex altos cargos que cobraban cada uno entre 4.000 y 10.000 euros mensuales, lo que ha supuesto un ahorro mensual de 164.772 euros. Los jueces están revocando algunos despidos decretados, lo que supone una "decepción" para los miembros de la Comisión Gestora.
Entre los funcionarios y empleados municipales implicados en la mayor trama de corrupción urbanística destapada en España que se han reincorporado a sus puestos están el ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo (actualmente suspendido de empleo y sueldo por segunda vez), el ex concejal del GIL Rafael González, empleado en la delegación municipal de Hacienda, y el ex edil del Partido Andalucista Pedro Pérez, que se ha reincorporado como coordinador en la delegación municipal de Deportes.
"Hemos intentado diferentes soluciones que la Ley no ha permitido abordar, pero se ha iniciado lo que para mí es la solución definitiva, que es la valoración y catalogación de los puestos de trabajado contratando a una empresa especializada en esta materia", mantiene Martín Reyes.
El vocal de Hacienda, Carlos Rubio (PP), define de "absoluto descontrol" la situación que encontró. "No había ni una sola contratación que se hiciera conforme a los procedimientos legales, ningún control sobre los pagos y la situación de deuda era calamitosa", explica. La primera medida que impulsó fue la centralización de las contrataciones en el Ayuntamiento, ya que hasta el momento se hacían a través de las diferentes sociedades municipales creadas en la época GIL.
Ante la enorme deuda del Ayuntamiento se impusieron unos límites de gasto que "en ningún caso" podían superar la capacidad de ingreso del Ayuntamiento. También se calculó un presupuesto "en plazo y realista". El último aprobado estaba falseado en unos 67 millones de euros, según estimaciones municipales.
Después tocó negociar con sus deudores: el Estado, la Seguridad Social y Hacienda, además de numerosos acreedores privados. "La colaboración de la Junta de Andalucía, con un anticipo de 100 millones de euros, la de la Diputación; que también dio un anticipo, y los aplazamientos tanto de la Seguridad Social como de la Agencia Tributaria han sido claves", subraya el presidente de la Gestora.
*ELPAIS.com - Marbella - 01/05/2007
Foto: Las cifras tras un año de intervención del ayuntamiento- JULIÁN ROJAS (Fotografía) / El País
El TSJ dice que el alcalde de Valladolid debió abstenerse en la recalificación de Ebro-Puleva
Terra* : "El alcalde de Valladolid debió abstenerse en la votación del acuerdo de recalificación de los terrenos de Ebro-Puleva al tener un «interés personal» por ser consejero de la empresa afectada. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que declara la nulidad de pleno derecho la orden de Fomento del 2003 por la que se modificó el Plan General para facilitar esta macroperación urbanística, hace especial hincapié en la incompatibilidad de Francisco Javier León de la Riva (PP) para dar su visto bueno a este cambio de uso del suelo, donde ya hay edificadas 460 viviendas, muchas de ellas habitadas.
La sentencia de sala de lo Contencioso Administrativo, que da la razón a un recurso presentado por el portavoz municipal del PSOE, Ángel Velasco, señala que su condición de miembro del consejo de administración de la compañía, en representación de Caja Duero, colocaba al regidor en una posición «en la que no resulta irrazonable suponer que podía ser difícil conciliar los intereses generales, a los que sirven con objetividad las Administraciones Públicas, y los particulares o privados de una sociedad mercantil a la que la modificación de autos reconocía unos derechos en uno de los ámbitos valorados en más de 2.500 millones de pesetas».
Los magistrados Ana María Martínez Olalla, Javier Oraá y Ramón Sastre recuerdan que la ley «impone el deber de abstención cuando se discute y hay que decidir sobre un asunto en el que se ostenta un interés personal» como es el caso. Además, añaden que la aprobación provisional de una modificación del PGOU exige la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, cifrada en 15, «que se logró justamente con el voto favorable del alcalde, lo que determina también la invalidez de aquel acto».
La sentencia del TSJ supone un importante varapalo a todo el polémico proceso y afecta tanto al equipo de gobierno del Ayuntamiento como a la Junta de Castilla y León. Entre los motivos de índole formal para declarar la nulidad de la orden, el texto subraya que la modificación del plan no siguió el procedimiento cualificado al que obliga la normativa cuando se va a aprobar una zonificación y uso del suelo diferentes en las zonas verdes y espacios libres previstos en el planeamiento. Esto, a pesar de que tanto el secretario del Consejo de Urbanismo regional como el ponente de la Ponencia Técnica advirtieron que se tenía que seguir este tipo de tramitación.
Así, el TSJ subraya que legalmente la competencia para resolver era de la Junta de Castilla y León, previo informe entonces, del Consejo de Estado. Sin embargo, fue el consejero de Fomento -en marzo del 2003, José Manuel Fernández Santiago- quien lo aprobó de forma ordinaria dando por válida una documentación presentada por el Ayuntamiento para subsanar las deficiencias detectadas, que no fue aprobada por el pleno, como obliga la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
La sentencia recalca, tras una amplia argumentación jurídica, que la finca de Piensos Cía, donde se han construido 460 viviendas, debió considerarse como suelo urbano no consolidado en vez de la calificación de consolidado que se le dio. Y es que la diferencia es notable, ya que en el primer caso las obligaciones de cesión de espacios públicos son mucho mayores. «En la modificación litigiosa se establece una ordenación completamente distinta a la contemplada en el anterior plan general, pues donde estaba previsto un uso industrial (el de vivienda era justamente un uso prohibido) se contempla ahora un uso residencial con un aprovechamiento de 45.644 metros cuadrados, lo que hace necesaria la previsión de nuevas dotaciones y espacios públicos, y el consiguiente cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización», se explica en la sentencia.
Satisfecho con el fallo, Velasco precisó que el TSJ «pone en un su sitio una vez más lo que se ha hecho y se ha vendido como modelo de la gestión urbanística de este alcalde a lo largo y ancho de su mandato».
A su juicio, la sentencia avala el discurso de oposición de su grupo, «que ha defendido el interés general y ha denunciado el abuso en la utilización de los convenios urbanísticos», que «favorecen los pelotazos», a los que definió «como enriquecimientos injustos e injustificados, donde las plusvalías que deberían revertir en el conjunto de la comunidad engrosan los bolsillos de un particular». «Este ha sido de los más claros», concluyó el portavoz socialista en su valoración.
*Terra- 28/04/07
Foto: demolición Piensos Cía. /El Norte de Castilla
Más de 40 grupos ecologistas, contra la depredación de la costa y los ríos gallegos
EL PAÍS* : "La proclama es "Galiza non se vende". Más de 40 asociaciones ecologistas, casi todas las que operan en Galicia, han logrado unir sus fuerzas para convocar una manifestación conjunta, que se desarrollará el 6 de mayo en Santiago. Los colectivos verdes consideran que el territorio gallego está siendo víctima de "degradación, expolio y depredación", especialmente en zonas sensibles del litoral y de los ríos, por parte de promotoras inmobiliarias, empresas energéticas, acuícolas o mineras. Galiza non se vende entiende que es el momento oportuno para frenar la "nueva oleada depredadora que está trasladando el modelo del Mediterráneo y a empresas del Mediterráneo a la costa gallega".
Las más de 40 asociaciones ecologistas han firmado un manifiesto conjunto, que entregarán al Gobierno de Galicia para pedir el cumplimiento de la Ley y nuevas medidas protectoras del medioambiente gallego. Galiza non se vende ha conseguido agrupar a colectivos multinacionales como Greepeace, estatales como Amigos de la Tierra, autonómicos como Adega o Luita Verde y colectivos locales como, por ejemplo, Ronda non Sanxenxo, Salvemos Monteferro o la Plataforma contra a Piscifactoría de Costa Galloufa.
Además de oponerse a la presión inmobiliaria e industrial sobre áreas delicadas de Galicia, la organización ha elaborado una tabla con varias propuestas: una nueva Ley de Ordenación del Territorio; la elaboración de una auténtica Ley de Protección del Litoral; y la aplicación estricta de toda la legislación medioambiental.
Apoyo de intelectuales
Galiza non se vende ha logrado, además, el apoyo de importantes intelectuales gallegos (profesores, músicos, pintores, científicos, escritores), que ya han prestado su firma al manifiesto conjunto. Hasta el momento, la acción ecologista ha logrado reunir más de 100 firmas, entre las que se incluyen Darío Xohán Cabana, Xosé Luis Méndez Ferrín, Antón Seoane, Xavier Senín, Suso de Toro, Berrogüetto, Álvarez Cáccamo o Fran Alonso.
La actriz Mabel Ribera será la encargada de leer el manifiesto público, en la movilización prevista para el próximo domingo en la capital gallega.
"Pensamos que la depredación, en este momento, está creciendo en progresión geométrica, tanto en la costa como en el interior de Galicia", explicó ayer uno de los portavoces de la rueda de prensa celebrada en Vigo. Los ecologistas se refieren tanto a la degradación urbanística que sufre la costa con las nuevas promociones inmobiliarias, como a la actuación de las pizarreras en Valdeorras o a la destrucción de los ríos a causa de la excesiva concentración de las denominadas centrales minihidráulicas.
Las asociaciones firmantes han consensuado un mismo lema ("terra viva e digna para tod@os"), portavoces públicos y propuestas.
*EL PAÍS - Vigo - 29/04/2007
Medioambiente urbano y ciudades sostenibles: la clave de la eficiencia en el uso del territorio
Rafael León Rodríguez* : "Cada vez es más frecuente, sobre todo en tiempos electorales, oír hablar acerca del medio ambiente urbano y del concepto de ciudad sostenible. No en vano, según constata el informe de Naciones Unidas sobre el estado de las ciudades del mundo, hecho público en junio de 2006, durante el año en curso el número de personas que habitarán en zonas urbanas, superará al de las áreas rurales. Y en España estamos próximos a alcanzar un 80 % de población urbana respecto al total. Pero ¿qué entendemos por medio ambiente urbano y por ciudad sostenible?
Para avanzar mínimamente en la definición de ambos conceptos, será preciso, previamente, que tratemos de acercarnos a lo que pretendemos expresar cuando nos referimos al “desarrollo sostenible”. El término aparece por primera vez en 1987 en el documento conocido como Informe Brundtland, que recoge los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983, y sería asumido en 1992 por la Declaración de Río en su Principio 3º: "Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades". Lo cierto es que esta definición es tan vaga y ambigua que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, e, incluso, tras la prostitución que ha sufrido en su semántica por una falta expresa de voluntad política para avanzar en una enumeración -y asunción- pormenorizada de sus contenidos, se utiliza sin un ápice de rubor para justificar actuaciones diametralmente opuestas a la sostenibilidad.
No obstante esta indefinición, podríamos comenzar a hablar de sociedades sostenibles cuando éstas cumpliesen al menos dos condiciones básicas: la no utilización de recursos naturales por encima de su potencial de renovación y la no generación de residuos más allá de la capacidad de su absorción por los ecosistemas. Estas dos condiciones nos introducen de lleno en el más reciente concepto de huella ecológica, indicador agregado o compuesto definido como “el área de territorio ecológicamente productivo, necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada con un modo de vida específico de forma indefinida”. El objetivo de este indicador consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo de vida y, por lo tanto, su grado de sostenibilidad.
Aplicados todos estos conceptos al modo de vida urbano y, restrictivamente, al espacio ocupado por una urbe determinada, cualquiera que ésta fuese, nos llevaría a tener que inferir que nunca una ciudad podría llegar a ser adjetivada como sostenible. No obstante, sí sería posible definir ciudades tendentes a la sostenibilidad en el contexto más amplio de su hinterland, siempre que su desarrollo se enmarcase en relaciones de eficiencia en el uso de los recursos, en especial el de los no renovables o escasos, y, con una importancia determinante para el hecho urbano, el del suelo.
Sin embargo, cuando en la actualidad se refieren las políticas de medio ambiente urbano, en muy contadas ocasiones se tiene en cuenta la premisa anterior. Así, el medio ambiente urbano queda reducido a una serie de aspectos y políticas inconexos entre sí (calidad del aire, ciclo integral del agua –incipientemente desarrollado aún- recogida y tratamiento de residuos, zonas verdes…) y sin relación alguna con el soporte físico vivo (o, tal vez, sería más apropiado decir moribundo) sobre el que se desarrolla el hecho urbano. No se tiene, pues, en cuenta que un elevado porcentaje de los problemas socio-ambientales (es preciso avanzar en la utilización de este término, pues, a menudo, los impactos negativos para el medio físico, lo son también para la sociedad y los seres humanos que las constituyen) que aquejan a las ciudades y, por extensión de los impactos negativos que éstas producen más allá de sus difusos límites, al conjunto del territorio, tienen su origen en el modelo de ocupación territorial que adopta el hecho urbano.
Pero ¿cuáles son las características principales que en la actualidad definen a ese modelo en lo que denominamos mundo “desarrollado”? Pues en primer lugar, la sectorización y fragmentación sobre el territorio de los diferentes usos urbanos, y, en segundo término, pero no por ello con menor importancia en cuanto a la problemática socio-ambiental que genera, el culto exacerbado y creciente a la baja densidad en la ocupación edificatoria del espacio.
La primera de éstas características opera como insaciable multiplicador en el número de desplazamientos (y en su distancia) necesarios para satisfacer las necesidades individuales y sociales, al situarse cada uno de esos usos del suelo urbano en sectores monoespecíficos diferenciados e inconexos entre sí, en tanto que la segunda obliga al uso del vehículo privado para la realización de esos desplazamientos, al ser el modelo de la baja densidad que preside el crecimiento del parque residencial, incompatible con el desarrollo de un sistema eficaz y accesible de transporte público colectivo. El impacto de este modelo sobre, por ejemplo, la calidad del aire y los problemas de congestión del tráfico, con no pocos efectos perversos de carácter psico-social, no puede ser más evidente.
Resulta, por tanto, un modelo de (no)ciudad que, con la rémora de esas dos características que lo definen, supone la dominancia en el hecho urbano de la (in)cultura de la ineficiencia y el despilfarro. Un modelo ineficiente y despilfarrador que, en primer término, supone el consumo abusivo de un recurso, como es el suelo, claramente no renovable (por la baja densidad, pero también, como factor añadido, por la multiplicación de la necesidad de espacio dedicado a vías de “comunicación” que aquélla requiere). Pero que también supone un despilfarro inasumible, en función del incremento que origina en la dimensión longitudinal de todo tipo de redes de infraestructuras (como las de abastecimiento de agua, con el consiguiente aumento de las pérdidas, o las de alumbrado público, con el despilfarro energético que conlleva), y en las distancias a cubrir para la prestación de determinados servicios públicos básicos (como la recogida de residuos sólidos urbanos). Con todo esto, además, se está produciendo la innecesaria invasión y destrucción sin posibilidad alguna de vuelta atrás, de espacios que, por su calidad natural y su potencial de uso y utilidad social, debieran ser conservados a toda costa.
Y todo ello para mayor gloria del negocio especulativo inmobiliario que es el que decide, en última instancia (para su provecho exclusivo y beneficio privado) y en la mayoría de las ocasiones, la dirección y el modo en que ha de caminar el crecimiento, que no desarrollo, de las ciudades, despojando de este modo al urbanismo y a las políticas de ordenación del territorio del carácter público y la finalidad social que constituyen su razón de ser.
Por lo tanto, si queremos encuadrar nuestras ciudades en el marco de un medio ambiente sano y en tendencias hacia la sostenibilidad y a una verdadera calidad de vida, cualquier camino a seguir ha de partir de la recuperación del carácter público y social del planeamiento urbanístico, para re-densificar las ciudades y dotar a cada uno de sus sectores, siempre con la excepción de actividades peligrosas o nocivas, de la multifuncionalidad suficiente. Sólo así, además, es posible construir ciudades eficientes y con una huella ecológica asumible.
Y es preciso acabar con la burda demagogia, adoctrinamiento sectario, que reza que el modelo actual viene dictado por la demanda y que lo justo es ofrecer lo que dicha demanda requiere. Porque nunca será justo dilapidar el patrimonio social y natural al servicio de las demandas innecesarias de un porcentaje minoritario de ciudadanos. Y porque si todos quisiéramos vivir en el marco del modelo residencial de, por ejemplo, los cien ciudadanos más adinerados del mundo, necesitaríamos arrasar y disponer, para eso sólo, de varios planetas. Y es que el mercado siempre necesitará ser intervenido, en mayor o menor medida según los casos, por los poderes públicos, para evitar que devore insaciablemente los intereses sociales en pro del beneficio privado de unos pocos y los maleficios a que éste da lugar sobre el conjunto.
Así que ya es momento de que, para hablar con un mínimo de seriedad acerca del desarrollo de políticas para el mejoramiento del medio ambiente urbano y la sostenibilidad de “nuestras” ciudades, se comience haciéndolo de la necesaria y radical revolución que es preciso operar sobre los aberrantes modelos urbanísticos al uso. Lo demás, sin esto, son sólo milongas edulcorantes y sin nutrientes, que no merecen la menor confianza por parte del ciudadano.
*Portaldelmedioambiente - 01/05/2007
