El Algarrobico, tres años varado

IDEAL* : El 22 de febrero de 2006, el Juzgado de lo Contencioso nº2 de Almería ordenó parar las obras del hotel del Algarrobico, que construía en la playa del mismo nombre, en Carboneras, la empresa Azata del Sol. Ayer, pues, se cumplieron tres años desde aquella decisión judicial, decisión que sería ratificada en marzo de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pese al tiempo transcurrido, el destino del edificio, considerado por los grupos ecologistas un símbolo nacional de la destrucción del litoral, sigue siendo una incógnita.

El 23 de febrero de 2006, veinticuatro horas después, cuando los operarios trabajaban en un edificio ejecutado al 94% que aspiraba a abrir sus puertas en el verano de aquel año, el ruido de las máquinas cesó en este paraje del parque natural Cabo de Gata-Níjar.
El pasado día 12, y con el fin de recordar la situación, Greenpeace tomó el edificio y cubrió sus 65.000 metros cúbicos de hormigón con una inmensa tela verde sobre la que se leía 'Parque Natural sin hotel ilegal'.
La protesta pretendía acelerar el derribo del hotel, opción a la que la Junta de Andalucía aludió ya en noviembre de 2005, cuando el Ministerio de Medio Ambiente anunció el inicio de las gestiones y negociaciones con la empresa, para su expropiación y posterior demolición.
El acto que desarrolló Greenpeace el pasado 12 de febrero avivó la polémica sobre el edificio y suscitó nuevos pronunciamientos de las administraciones, que avanzaron que aguardarían a la resolución del proceso judicial abierto antes de proceder al derribo, así como la necesidad de suspender la expropiación iniciada.
El Ministerio de Medio Ambiente justificó la medida en un informe en el que la Abogacía del Estado apuntaba a su suspensión mientras el TSJA resuelva los recursos formulados al fallo que consideró nula la licencia del hotel al afectar a suelos de especial protección.
Proceso judicial
Paralelamente, el presidente andaluz, Manuel Chaves, que anunció en mayo de 2006 que el hotel iba a «desaparecer», trasladó la «obligación» de la Junta de aguardar a la resolución del proceso judicial que, según él mismo ha apuntado, puede durar hasta 10 años.
Dentro de la maraña judicial que deja en suspenso el futuro del hotel, 2008 fue un año especialmente prolífico en el que se dictaron ocho resoluciones adversas a los intereses de Azata, promotora del inmueble que defiende que se gestó como parte de un plan de reconversión turística aprobado por el Consejo de Gobierno en 2004.
Durante el último año, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional avalaron la orden ministerial que fijó en cien metros el deslinde del Algarrobico, con lo que parte de su estructura además de sus piscinas quedaban dentro de los bienes de dominio público.
Además, el TSJA paralizó cautelarmente la aplicación del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de este espacio al entender que la nueva calificación del paraje como zona C3 podría suponer la reactivación del hotel. Previamente, el TSJA ratificó la paralización de obras dictada por el juez Jesús Rivera, quien apreció indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por parte del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta, a la que acusó de modificar al margen de la Ley la calificación del paraje en el PORN de 1994 para incluirlo así en las áreas urbanizables.
Tiempo de espera
Mientras la Fiscalía dirime este asunto, el futuro de este simbólico edificio queda en suspenso a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre múltiples cuestiones, entre ellas el retracto ejercido por la Junta o la convalidación de la resolución de utilidad pública adoptada por el Consejo de Ministros.
Por su parte, la promotora del hotel anunciaba la pasada semana que estaba «estudiando» el nuevo contexto en el que las últimas sentencias judiciales han dejado el conflicto generado por la construcción del inmueble, y anunciaba un posible «cambio de posicionamiento» en la estrategia mantenida desde diciembre de 2005.






* Ideal - IDEAL Y AGENCIAS - 23.02.09
Foto: El Algarrobico (Almería), hotel ilegal - elpais.com

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Castro Urdiales: Un Ayuntamiento fuera de control

ELPAÍS/Cantabria* : Ediles que ingresan en su cuenta cheques de una empresa beneficiada por contratos del Ayuntamiento, porque el gerente es compañero de partido. Hermanos de concejales bendecidos con obras municipales que cobran, incluso, sin necesidad de hacerlas. Viviendas construidas sin licencia, sin agua o sin luz, donde los compradores pasean de noche al perro con linterna y lanzan cables por la carretera hasta el depósito de agua más cercano. Urbanizaciones que no aparecen en los mapas, es decir, en los planes de ordenación urbana.

Es una pequeña muestra de las irregularidades que un juez casi recién llegado, Luis Acayro, ha detectado en Castro Urdiales (Cantabria), un municipio a 35 kilómetros de Bilbao, refugio de muchos vascos y nido de constructores en racha, que en 15 años ha cuadruplicado su población. Gobernado por un alcalde tránsfuga del Partido regionalista de Cantabria (PRC), Fernando Muguruza, es un ayuntamiento fuera de control, según un informe del Tribunal de Cuentas.

El juez ha detectado indicios de delitos contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa. La lista de detenciones (18) es aún más larga y salpica a casi todos los partidos. Están imputados, entre otros, el alcalde, su predecesor, Rufino Díaz Helguera (expulsado del PSOE y hoy concejal de obras), cuatro ediles de la corporación actual y seis de la anterior, una docena de técnicos y funcionarios y siete promotores. El juez investiga irregularidades cometidas en más de 30 ejecuciones urbanísticas. Ocupan más de 3.000 folios.

De momento, el juez ha dictado dos autos de procesamiento. El primero, de septiembre de 2008, contra el alcalde, el concejal de Hacienda (PP), la de Cultura (PP) y los ex ediles de Obras (IU), Medio Ambiente (PP) y Deportes (IU), entre otros, por prevaricación y tráfico de influencias. Adjudicaron sin concurso las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño a una empresa, que "ni era especializada en el sector", según el auto, pero cuyo gerente era hermano del entonces concejal de Industria. La empresa, Izeta, cobró 58.765 euros por las obras, que nunca llegaron a terminarse. El túnel está actualmente cerrado por ser peligroso.

La investigación se centra ahora en cuatro promociones de viviendas levantadas sobre el cauce de un arroyo, es decir, sobre lo que podría ser terreno público. De confirmarse, las casas, muchas ya vendidas (los compradores pagaron a Urdicam, una de las promotoras, grandes cantidades en dinero negro, según fuentes conocedoras de la investigación) serían ilegales y susceptibles de derribo. Por eso el juez exigió a los gestores de Urdicam una fianza de más de 4,8 millones de euros. Además, la licencia de obra es posterior al certificado de fin de obra del arquitecto. El consistorio autorizó la construcción cuando ya estaba terminada.

Para que respondieran por este capítulo de irregularidades fueron detenidos recientemente el alcalde, su predecesor y el ex secretario municipal, César Sáiz. Dos abogados acompañaron a Muguruza. Uno de ellos, Luis Revenga, es miembro del consejo de administración de la empresa editora del Diario Montañés, un periódico que ha dedicado varios artículos al juez. En uno de los más recientes, titulado "El juez Acayro, protagonista de una controvertida y mediática instrucción" le advertían: "En Castro no todas las miradas están puestas en Muguruza y sus socios. Otros apuntan al juez".

Tras quedar en libertad, Muguruza manifestó su "decepción con la justicia española" y aseguró haber actuado siempre conforme a lo que le habían indicado los técnicos. Sin embargo, está personado como acusación particular en la causa Fernando Urruticoechea, interventor del municipio entre 2001 y 2006. Asegura que lo hace "para defender el patrimonio de Castro Urdiales", después de que en el ayuntamiento le hicieran "la vida imposible" por elaborar informes en los que manifestaba "las flagrantes ilegalidades que pretendían llevar a cabo". Otro empleado fue hospitalizado con una crisis nerviosa por el acoso de sus superiores, según denunció IU. Ya no vive en Castro Urdiales.

Fueron los informes de Urruticoechea los que pusieron en marcha al Tribunal de Cuentas. El PP, entonces en la oposición, se los envió al tribunal en enero de 2003, pero cuando éste entregó sus conclusiones, en julio de 2008, la situación había cambiado: el PP había acaparado poder gracias a un acuerdo con el alcalde tránsfuga. Y el informe del tribunal no fue difundido.

El Tribunal arranca quejándose porque el Ayuntamiento no les da los documentos que piden. La "falta de control y de procedimientos normalizados en la concesión de licencias urbanísticas", con el consiguiente "riesgo de actuaciones discrecionales", explican, les impide averiguar cuántas se habían concedido entre 2002 y 2005. Destacan que el consistorio ha renunciado a miles de metros de aprovechamientos urbanísticos (lo que los promotores deben cederle en cada urbanización) o su equivalente económico, varios millones de euros. Y cómo desde 1991 hasta 2005 sólo se aprobaron dos presupuestos con "omisiones e inconsistencias".

El dossier de irregularidades, de más de 3.000 folios, sigue engordando. La racha se acabó en Castro Urdiales. Los especuladores necesitan otro nido.

La concejal de los 1.000 euros

Entre la documentación que ha reunido el juez Acayro, figura un cheque firmado por Trapur, una empresa "beneficiada sistemáticamente" por el Ayuntamiento de Castro Urdiales, e ingresado en la cuenta personal de la concejal de Asuntos Sociales, Elisa Dopico (PP), por valor de 1.000 euros. El gerente de Trapur, Pedro María Llamas López es compañero de partido de Dopico y es miembro del comité ejecutivo y electoral del PP local.

El juez ha procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias a Dopico, al alcalde, al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López (PP), y al ex edil de Pedanías, Pedro Revuelta (PP). Considera que su "amistad" con Llamas favoreció que Trapur, "empresa modesta, familiar y deficitaria" se convirtiera en "extraordinariamente rentable".






* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Castro Urdiales - 23/02/2009
Foto: Urbanización investigada por estar construida sobre lo que podría ser terreno público- SANTOS CIRILO, elpais.com

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Madrid: Una promotora levanta una mansión a gusto de Granados

PÚBLICO* : El número tres de Aguirre "encargó" el proyecto para una casa de 1.000 metros pero dice que no es suya. La licencia se otorgó a la misma empresa a cuyo nombre estaba el coche que conducía su mujer en 2006. Estos son los hechos: una promotora inmobiliaria construye desde 2006 en Valdemoro (58.623 habitantes) una casa de lujo de 1.000 metros sobre seis parcelas donde el Plan General permitía edificar otros tantos chalés de 261 metros.

¿Para quién se levanta una mansión de esas características, diseñada a medida y mucho más difícil de vender en el mercado libre que seis pareados, con o sin boom inmobiliario? Oficialmente, es un misterio. Pero se sabe que Nieves Alarcón Castellanos, esposa de Francisco Granados, el número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre, "encargó" el proyecto con la idea de comprar la casa. Y se sabe que, tres años después y pese a que la compra nunca llegó a "materializarse", Nieves Alarcón visita asiduamente la obra porque la pareja sigue "interesada" en la vivienda, tanto que sus constructores le han dado incluso la opción de elegir "los suelos de mármol".

"La citan los martes"

Los entrecomillados pertenecen a las declaraciones efectuadas el pasado jueves a Público por Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, secretario general del PP en la Comunidad y alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003. Y la inmobiliaria que en 2006 obtuvo la licencia de obras forma parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón.

Granados ofrece una explicación insólita: el proyecto para la vivienda fue encargado por su mujer en torno al otoño de 2006 tras el incendio del citado Mini Cooper y sin que mediara título de compra al grupo Obras y Vías. Por ese motivo, Nieves Alarcón "puede aparecer" en el expediente de la licencia. ¿En calidad de qué?: "Como la que se va a hacer la casa", respondió el consejero. ¿Y por qué actúa como propietaria, dando indicaciones a los responsables de la obra? "Será la propietaria cuando la compremos [la casa], si la compramos", espeta.

"Nos hicieron unos bocetos e incluso se encargó un proyecto con lo que íbamos a construir pero luego, como dijimos que no queríamos la casa, pues se quedó Obras y Vías con él. Supongo que eso estará a nombre de Obras y Vías", explica.

Sin haber abonado un euro a la promotora inmobiliaria, Nieves Alarcón suele visitar el inmueble -"la citan los martes", dice su marido- para abordar la marcha de las obras, según fuentes conocedoras del proyecto. Granados rebaja esa afirmación aunque admite que su mujer ha acudido allí "ocho o diez veces" en seis meses. Y que los promotores siguen algunas de sus indicaciones por si, finalmente, el matrimonio se decide a comprar. "Una cosa es que uno pretenda comprar una cosa y que diga: pues a mí me gustaría que pusiera esto así y esto asao. Y otra cosa es dónde, por decirlo clarmaente, dónde está ahí la corrupción o el escándalo".

Pero la vivienda, remacha el también presidente local del PP en Valdemoro, no es suya. "Yo no me voy a ir a una casa que esté a nombre de otro, ni la constructora está por ser mi testaferro", argumenta.

Según Granados, en 2008 su mujer vio que la obra estaba "medio parada", se dijo "pues igual la venden", preguntó y comenzó a acudir los martes. Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que, en efecto, las obras se ralentizaron, pero sólo por un error técnico: al alzar los tabiques no se dejó el hueco necesario para la compleja red de canalización eléctrica -es una casa domótica- y de climatización.

Granados, que ha visitado "un par de veces" el inmueble, niega saber si el sótano dispondrá no sólo de garaje -"para tres plazas", afirma- sino también de piscina, gimnasio, bodega, dos salones de juego, cuarto de servicio y lavadero. Un ascensor de cristal enlazará las tres plantas, cuentan quienes conocen el proyecto.

El dirigente conservador asegura que no llegó a comprar porque, en 2006, Obras y Vías le pidió un millón de euros por ejecutar el proyecto. La vivienda consta de dos pisos con terraza voladiza más sótano habitable a razón de unos 300 metros por planta, lo que significa que, en aquel momento de precios disparados, Granados habría tenido que pagar, según su versión, sólo 1.000 euros por metro cuadrado construido. El cuarto trimestre de 2006, el precio medio en España se situó en 1.958 euros por metro.

Proyectada sobre una superficie de 1.721 metros y abalconada sobre un parque público, la vivienda se construye en la calle Chequia con la licencia lograda en febrero de 2006 por la empresa Vicfidem Proyectos SL. Esa promotora es una de las múltiples filiales de Obras y Vías SA, que en 2007 facturó 79,1 millones de euros. Ambas sociedades tienen como presidente a Ramiro Cid Sicluna.

El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el proyecto de ejecución en 559.105 euros, cifra que no incluye el precio del suelo. Y ese precio constituye otra incógnita: los responsables de Vicfidem no ha devuelto las llamadas de este periódico.

Dos pisos ya "pagados"

Aunque Granados reitera que se decidió finalmente a comprar un chalé adosado, aún quiere la mansión, dice. Si vende los dos pisos que la pareja posee y tiene ya "pagados", lo hará. Y si puede vender su tercera propiedad, el adosado "con hipoteca" donde ahora reside -"costó 80 millones [de pesetas] y me dan 50"- , también se desprenderá de él. "Antes de entrar en política -aduce el consejero-, yo trabajaba en Bolsa y gané bastante dinero". Su mujer es profesora.

A tenor de sus palabras, también la promotora está interesada en que los Granados formalicen la compra: "Alguna vez me han preguntado [la promotora]: oye, te damos facilidad y nos quedamos con los pisos. No, no, yo no quiero dar pisos de entrada a ninguna constructora, no quiero líos, yo si vendo los pisos doy una entrada… si tengo dinero".

"Ahora vale 1,2 millones"

Según Granados, el terreno cambió de manos antes de que comenzaran las obras. Y su actual propietaria es una constructora cuyo nombre ignora y al frente de la cual se sitúa un tal "Consuelo" cuyos apellidos también desconoce, pese a que su mujer se ha entrevistado con él en la obra "ocho o diez veces" . Y pese, también, a que, según Granados, les pide ahora 1,2 millones por la casa.

En realidad, la transacción fue parcial y se produjo en mayo del año pasado, cuando los trabajos ya estaban avanzados. Ese mes, las empresas Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL -cuyo administrador único es el aparejador Consuelo Astasio- y Conde Guedan SL adquirieron mancomunadamente cuatro de las seis parcelas. Vicfidem conservó las otras dos. Granados habló con Público dos días después de que, el martes pasado, Nieves Alarcón fuese fotografiada a su llegada a la mansión.






* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - Madrid - 22/02/2009
Foto: M.PATXOT / G.PECOT - La edificación de la casa está muy avanzada.- publico.es

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