LAOPINIÓN* : El fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, asegura que con la decisión de los magistrados de la Audiencia Provincial de decretar la libertad de Daniel García Madrid y del arquitecto técnico municipal, Ramón Cabrera, se ha puesto de manifiesto que puede existir un vacío legal que no impide la vuelta de los funcionarios a sus puestos tras salir de la cárcel, algo que sí ocurre en el caso de los jueces, magistrados y fiscales.
Por eso, tiene intención de enviar a la Fiscalía General del Estado una solicitud "para que si lo estima procedente eleve al Gobierno una petición para que haga la modificación necesaria con la finalidad de que los jueces puedan decretar de forma cautelar, si así lo deciden, la suspensión de un funcionario público, para evitar que estos vuelvan a sus puestos de trabajo y puedan cometer actos delictivos", explica el responsable del Ministerio Público. Fuentes de la Fiscalía, consideran que el Código Penal debe modificarse, con la finalidad de que los jueces puedan impedir que los alcaldes corruptos vuelvan a sus despachos municipales, aunque sea de forma cautelar y en espera de juicio. Así, citan por ejemplo al primer edil de Mazarrón, Francisco Blaya, que tiene una petición de cárcel de seis años por parte de un juzgado, y que mientras tanto sigue gestionando su municipio.
Las mismas fuentes argumentan que en el caso del juez Fernando Ferrín Calamita, sí se ha adoptado la suspensión cautelar de sus funciones, lo que le obliga a sacar adelante a sus siete hijos con un sueldo de 900 euros.
* La Opinión de Murcia - TONO CALLEJA - 30 de abril de 2008
Foto: torrepacheco_ayuntamiento - lomejordemurcia.com
NOTICIA RELACIONADA: El alcalde de Torre Pacheco sale de la cárcel sin depositar un euro - La Opinión de Murcia - 30 de abril de 2008
Murcia: La Fiscalía pide al Gobierno que aparte a los alcaldes corruptos
Un testigo atribuye al Govern del PP el pelotazo de la finca de es Crevers
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DIARIODEMALLORCA* : Un testigo, un ex alto técnico del Consell y actual asesor del Govern, ha revelado al juez que investiga el caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), una presunta trama de corrupción político-empresarial, las claves de una cumbre que mantuvieron líderes del PP y de UM y donde los primeros habrían impuesto la inclusión en dicha norma de un terreno de Alcúdia que ha dado lugar a un pelotazo millonario en la finca es Crevers (Marratxí).
El testigo ha ofrecido todo tipo de detalles sobre la reunión y ha acusado al anterior Govern del PP de incluir, por sorpresa, esa finca en Alcúdia, que, al parecer, pocos días antes había adquirido el promotor Mateo Sastre, uno de los encausados.
La persona que ha contribuido a poner un poco de luz en el complicado entramado de las áreas de reconversión territorial incluidas en el PTM, un mecanismo que, según la fiscalía anticorrupción, habría propiciado unas plusvalías (pelotazos) de casi 300 millones de euros a unos pocos promotores, es Josep Giménez Serra, que en la pasada legislatura fue la mano derecha del entonces conseller de Territori del Consell de Mallorca por UM, Bartomeu Vicens (imputado en el PTM) y que ahora es asesor de la conselleria de Medio Ambiente, cuyo titular es Miquel Àngel Grimalt (UM).
El testigo afirma haber asistido a una reunión en el Parlament celebrada en noviembre del 2003 y a la que también acudieron: su jefe Vicens; Miquel Àngel Nadal, vicepresidente del Consell por UM; Grimalt, que era director insular de Territori; Rosa Estarás, vicepresidenta del Govern del PP, Jaume Font, conseller de Medio Ambiente e imputado; Mabel Cabrer, consellera de Obras Públicas; Jaume Massot, director de Ordenación del Territorio y uno de los principales encausados en el caso Andratx; y Miquel Ramis de Ayreflor, secretario general de la conselleria de Medio Ambiente. Giménez postula que hasta esa cumbre, y en la fase de gestación del PTM, nunca se había hablado de colocar en las áreas de reconversión la finca AS16 . El Govern del PP en aquel encuentro habría forzado la inclusión de la AS16 de Alcúdia en un área que permitiría hacer una gran urbanización junto al monasterio de Es Secar (en Palma). Otro testigo sostiene que el imputado Sastre había comprado la AS16 pocos días antes y también eran suyos los terrenos de Es Secar. En la primavera del 2004, cuando el trasvase a Es Secar se malogró, la operación se recondujo hacia la finca Es Crevers (Marratxí), que también acabó comprando Sastre.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ7J.F.MESTRE. PALMA - 30 de abril de 2008
Foto: Marratxí (Mallorca), finca Plan Territorial - diariodemallorca.es
La Fiscalía plantea un máximo de tres años de cárcel para los ediles de Marbella acusados de delito urbanístico
SUR* : Los ex concejales del Ayuntamiento de Marbella acusados de conceder licencias de obras ilegales serán condenados a un máximo de tres años y un mínimo de seis meses en la cárcel. Eso es lo que propone la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para aceptar la acumulación de las más de 70 causas judiciales pendientes por delitos urbanísticos que piden los abogados defensores de los ex ediles, siempre y cuando éstos acepten que cometieron las ilegalidades de las que se les acusan.
El más beneficiado podría resultar Julián Muñoz, ya que el ex alcalde acumula medio centenar de procesos por licencias contrarias al planeamiento.
En este pacto, que se ha gestado con los letrados de los imputados y que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado y la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Ministerio Público plantea que los acusados ingresen en prisión y que las penas de cárcel «no puedan sustituirse en ningún caso por multas, ni tampoco ser suspendidas», explicaron fuentes judiciales. «Se ciñe, además, única y exclusivamente, a la concesión de licencias ilegales y no afecta, por tanto, a los convenios urbanísticos de los que se pudiera derivar imputaciones por cohecho y malversación», añadieron las fuentes.
El sistema en el que se ha basado este pacto es el de la conformidad de las partes -acuerdo entre acusación y defensa previsto en la ley- que permite al acusado beneficiarse de una rebaja de la pena prevista en el Código Penal, siempre que reconozca su culpabilidad.
El delito urbanístico está castigado con penas de multa o de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años de cárcel, además de inhabilitación para cargo público. En este caso, para llegar a la conformidad, la Fiscalía mantiene que la pena que se impondrá a los ex ediles será siempre de prisión, nunca de multa, y propone rebajar de dos a un año de cárcel el castigo máximo por cada delito urbanístico, mientras que el mínimo quedará en seis meses. Ello quiere decir que ningún ex concejal pasará más de tres años en prisión, ya que la ley impide que el reo cumpla más del triple de la pena más alta con la que está castigado el delito y en este caso el tope lo ha situado la Fiscalía en un año de cárcel.
Tomando como ejemplo el caso de Julián Muñoz aunque resultara condenado por cincuenta licencias ilegales a un año de cárcel por cada una de ellas, no podría imponérsele más de tres de prisión. Antes de este acuerdo el castigo máximo que recibiría el ex alcalde en caso de ser condenado sería de seis años.
El pacto beneficiaría a una decena de ex ediles del Ayuntamiento de Marbella entre el periodo comprendido entre 1997 y 2004, aunque, según las fuentes, podría afectar a otros munícipes fuera de esas fechas. Igualmente explicaron que la horquilla de seis meses a un año de cárcel en la que sitúa la Fiscalía las penas para los ex concejales imputados se aplicarán por tramos en función de la responsabilidad y participación que haya tenido cada acusado y planeamiento urbanístico vigente transgredido.
La Fiscalía se ha mostrado satisfecha con el acuerdo porque aunque los ex ediles en algunos casos podrían haber sido condenados, según contempla la ley, a la mencionada multa, en el marco de este pacto estos siempre serán penados a penas de seis meses a un año de prisión, así como diez de inhabilitación. Igualmente, para el Ministerio Público es importante la «economía procesal» que se consigue en virtud de este acuerdo con el consiguiente ahorro de recursos materiales y humanos y de tiempo, ya que en caso contrario habría que celebrar 70 juicios por cada uno de los casos pendientes que son prácticamente idénticos.
Próxima reunión
El acuerdo deberá ser estudiado por cada ex concejal y su defensa, dado que si aceptan el mismo admitirán su culpabilidad en la concesión de presuntas licencias urbanísticas contrarias al planeamiento. Aunque según las fuentes la mayoría de las defensas se acogerán a este pacto, algunos letrados consultados por este periódico han manifestado que irán a juicio ya que sus clientes piensan defender su inocencia.
La próxima semana está prevista una reunión entre los abogados de los munícipes acusados y el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Calvo, en la que se cerrará el acuerdo y se conocerán cuáles son los imputados que deciden acogerse al mismo.
* SUR - 30.04.08 - MONTSE MARTÍN
Foto: MARBELLA - JOSELE LANZA - SUR
Denuncian que el Ayuntamiento de Madrid deja en la calle a los vecinos de La Cañada mientras permite construir ilegalmente a grandes empresas
PAUS* : Hoy martes, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid colocarán la primera piedra de la "Ciudad de la Justicia", actuación que podría vulnerar la legalidad urbanística. El pasado 22 de abril el Ayuntamiento de Madrid, haciendo uso de un espectacular despliegue policial, comenzaba un proceso de derribo de varias viviendas en la Cañada Real por tratarse de construcciones levantadas en terrenos no urbanizables.
Ya en el mes de octubre del pasado año se llevaron a cabo las primeras demoliciones de viviendas en la Cañada, también con un fuerte despliegue policial que tuvo como consecuencia, además del derribo de viviendas, la detención de varios vecinos.
Lindando con la Cañada existen varios desarrollos urbanísticos, algunos de ellos en ejecución en la actualidad; Los Ahijones (UZP 2.03), Los Berrocales (UZP 2.04) y El Cañaveral (UZP 2.01), y otro previsto, Los Cerros (UZP 2.02). La presencia de infraviviendas en el entorno de dichos desarrollos depreciaría las viviendas que se espera construir en ellos, por lo que esta parece ser la verdadera razón que está detrás de las prisas del consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallardón en desalojar de sus viviendas a los vecinos de la Cañada, después de haber tolerado esta situación durante treinta años.
El hostigamiento a los residentes de la Cañada, bajo el pretexto de encontrarse en suelo no urbanizable protegido, contrasta con la permisividad del Ayuntamiento de Madrid a obras y construcciones que se ejecutan en la actualidad sobre suelo igualmente no urbanizable protegido, lo que las convierte en ilegales.
El 27 de febrero de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló 22 ámbitos urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 por considerar ilegal la desclasificación de terrenos que habían sido declarados protegidos en el PGOUM 85. Esta anulación fue ratificada por el Tribunal Supremo, mediante Sentencia dictada el 3 de julio de 2007, por lo que, a partir de entonces, toda obra que se lleve a cabo en dichos ámbitos, en aplicación del PGOUM 97 anulado, se encuentra completamente fuera de la legalidad.
Entre los ámbitos anulados están, precisamente, los citados de Los Ahijones y Los Berrocales, a pesar de lo cual las obras de urbanización de dichos desarrollos no sólo no han sido paralizadas, sino que parecen haberse acelerado en los últimos meses. De la misma forma han quedado anulados ámbitos como "Campamento", "Sistema Aeroportuario de Barajas" (en el que se ha levantado la Terminal 4 de Barajas) o "Parque de Valdebebas" (en el que el Ayuntamiento ha permitido que se levante la Ciudad Deportiva del Real Madrid a través de una operación de recalificación e intercambio de terrenos que dio lugar además al proyecto de las Cuatro Torres). Precisamente es en estos terrenos en los que la Comunidad de Madrid pretende construir la "Ciudad de la Justicia", operación que podría resultar igualmente ilegal.
La saña con la que se está empleando el Ayuntamiento en las últimas fechas para, supuestamente, hacer cumplir la legalidad urbanística en la Cañada Real, y que está dejando en la calle a familias sin recursos, contrasta con el trato que el equipo de Ruiz-Gallardón da a las grandes constructoras o a la propia Administración, a las que concede licencias que infringen la legalidad urbanística.
Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y grandes constructoras pretenden eludir la legalidad urbanística, por lo que corresponde a la Justicia velar por su cumplimiento, paralizando las obras, ordenando la demolición de lo construido y determinando si se derivan responsabilidades penales de sus actuaciones.
Madrid, 28 de abril de 2008
* Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS)
* TORTUGA - 29 de abril de 2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Por una nueva cultura del territorio
ENRIQUE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ* : El territorio es un bien limitado, un recurso no renovable. Su transformación es definitiva, por lo menos considerada a las escalas generacionales habituales. Decisiones que hoy tomamos, comprometen a nuestros descendientes. Beneficios (aquí habría mucho que hablar) de hoy, eliminan beneficios mucho mayores en el futuro, con lo cual desde el punto de vista de una comunidad muchas de las operaciones territoriales son directamente antieconómicas, es decir, insostenibles. No así desde el punto de vista del interés particular, que es en demasiadas ocasiones el que se impone al interés general.
Dos problemas territoriales han afectado fundamentalmente a Andalucía en las últimas décadas: la construcción masiva del litoral y el desarrollo urbano desordenado de las áreas metropolitanas. Entre las razones de este proceso, hay una que subyace y a la que raramente se hace referencia. Se habla mucho de la debilidad de los gobiernos locales, de la ineficacia de los medios de control superiores, administrativos o judiciales, y por supuesto de las tramas de corrupción, aún siendo éstas el caso minoritario pero sí el que más alarma causa.
Sin embargo, vemos hechos significativos que nos pueden dar la pista de la profundidad del problema. Por ejemplo, no pocos gobiernos locales con causas judiciales en marcha por asuntos de corrupción urbanística han revalidado, e incluso incrementado, su apoyo electoral. Sin llegar a ese grado extremo, en materia de desarrollo urbano y territorial en muchos casos, tal vez la mayoría, no observamos diferencias claras en sus modelos de desarrollo urbano entre municipios con décadas de gobiernos locales de signo distinto. Pareciera que el modelo urbano es único, al margen de partidos o ideologías.
¿Qué está pasando? Claramente que una buena parte de la sociedad desconoce las consecuencias a medio y largo plazo del urbanismo desaforado, no dispone de elementos culturales, educativos e información suficiente para comprender la falacia de los cantos de sirena desarrollistas bien propagados por los interesados. No existe una cultura del territorio. Mientras que en cuestiones tales como la conservación de las especies y los medios naturales, o más recientemente con el cambio climático, va calando desde hace tiempo en la sociedad una conciencia ecológica, ésta sin embargo en el aspecto territorial aún no existe. De esta manera es fácil ganarse el favor de los responsables municipales y de la opinión pública local para los proyectos "estrella", que casi siempre son finalmente más urbanización. Incluso en no pocos casos, alcaldes sensatos se han visto en dificultades políticas cuando han intentado poner coto a esas situaciones.
Sería un error de los representantes institucionales y políticos andaluces, y de sus partidos, soslayar sus responsabilidades dejándose llevar hacia donde el viento parece más favorable. Al contrario, es su obligación detener el avance de modelos insostenibles, perseverando en algunas señales positivas que percibimos en este sentido la pasada legislatura.
También deben de contribuir al desarrollo de una vez por todas de una verdadera cultura ciudadana del territorio, liderando un compromiso general. Un proceso éste que empieza en las aulas, continúa en los medios de comunicación, y en las "internas" de las organizaciones sociales y políticas, y que debe mover a todo el cuerpo social. El objetivo es conseguir que la sociedad andaluza sea fuerte en defensa de sus intereses, actuales y futuros, en materia urbana y territorial. Ahora que aún podemos hacer algo.
* Enrique Hernández Martínez es presidente del Colegio de Geógrafos de Andalucía
* ELPAIS.com - Opinión - 25/04/2008
