El próximo jueves 21 de febrero, a las 18 horas, varios activistas de V de Vivienda* acudirán a la sede de Martinsa Fadesa (Paseo de la Castellana 93, Madrid) para pedir un debate sobre el problema de la vivienda al presidente del G14, Fernando Martín. También se informará a los medios de comunicación de la próxima manifestación por el derecho a la vivienda, que tendrá lugar el sábado 1 de marzo en todas las grandes ciudades del país. En Madrid comenzará a las 18h. en la Puerta del Sol.
En estos tiempos de debates electorales, desde V de Vivienda pensamos que a la ciudadanía se le está hurtando el verdadero debate, el que trata sobre las cuestiones que verdaderamente afectan a la calidad de vida de los ciudadanos. Falta el debate sobre el estado del derecho a la vivienda en este país, amenazado por una dura recesión económica por culpa del negocio que han hecho unos pocos; donde la vivienda es la más cara del mundo en relación a unos salarios que difícilmente alcanzan los 1.000euros; y donde hay el mayor número de casas vacías de la UE, según el reciente informe de la ONU.
El estallido de la burbuja inmobiliaria es el resultado de un modelo económico nefasto que ha basado el crecimiento del país en la especulación urbanística, sustentada en la conculcación del derecho a la vivienda,recogido en el artículo 47 de la Constitución. Durante los años del boom,los señores promotores no han querido saber nada de la vivienda pública ni de la intervención estatal. Ahora, cuando se les ha acabado el chollo,piden que el Estado actúe para salvarles precisamente a ellos. No para hacer efectivo el derecho a la vivienda, como sería de esperar por parte del poder político, que en una democracia debe estar al servicio de los ciudadanos para garantizar sus legítimos derechos; no, al G14 no le interesa hablar de derechos, sino de su negocio. Como dijo su presidente, Fernando Martín, también presidente de Martinsa, “si hay boom, no hay VPO”. Esta desfachatez soltó Martín a los medios de comunicación, dejando claro que los señores del ladrillo no se esconden. Lo cual no ha imposibilitado que se hayan producido deshonrosas cesiones por parte del Ministerio de la Vivienda y de otras administraciones públicas, que están claudicando ante las presiones del lobby constructor. Por eso se ha modificado el Plan Estatal de Vivienda para reducir a un año el periodo en el que las viviendas puedan pasar a obtener la catalogación como protegidas y así recolocar el stock de viviendas no vendidas; por eso el Ministerio sube más de un 4% el precio nacional de las VPO; por eso la Federación Estatal de Municipios y Provincias de Pedro Castro va a poner a disposición de las constructoras y promotoras más suelo público para aumentar la construcción de viviendas protegidas, a pesar de que, como ha dejado claro la ONU, este no es un problema de falta de casas, pues somos el país con más viviendas vacías de la UE; y por eso, el Instituto de Crédito Oficial ha dado al G14 un aval de 3.000 millones para títulos hipotecarios que financien VPO. El movimiento ciudadano no va a quedarse de manos cruzadas ante toda esta desvergüenza.
Esta es la razón por la cual los que padecemos este problema queremos retar a un debate al jefe de los que lo han causado, de los que, tras haber expoliado a los ciudadanos, en ese saqueo generalizado que ha sido el boom de la construcción, se disponen ahora a saquear también a las administraciones, que se muestran sumisas e incluso agradecidas por ello. V de Vivienda acudirá el próximo jueves, 21 de febrero (18 horas) a la sede de la promotora Martinsa en Madrid para proponer un debate público a su presidente, que al mismo tiempo preside el lobby de los señores del ladrillo. Esperemos que Martín acepte y demuestre las mismas ganas de hablar con nosotros que con el Ministerio y con todos los que le están prometiendo ayudas. Este debate puede ser donde quiera el señor Martín, y no nos importa quién lo modere ni cuánto pueda durar.También invitaremos al señor Martín a la próxima manifestación por el derecho a la vivienda, prevista para el próximo 1 de marzo y que se celebrará en todas las grandes ciudades del estado (en Madrid comenzará a las 18 horas en la Puerta del Sol). Tenemos la esperanza de que acuda,porque de lo contrario quedará más que nunca en evidencia que al G14 evidentemente no le preocupa el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna. Peor para ellos, ya conseguiremos que se preocupen.
Se acabó el tiempo del saqueo. Comenzó el tiempo de los derechos. Por una vivienda digna. No nos van poder callar!!
* V de Vivienda - 19 de febrero de 2008
Foto: viviendas no valen lo que cuestan
V de Vivienda reta al G14 a un debate sobre el problema de la vivienda
Las Palmas: Ben Magec amplía la denuncia por las obras de El Confital
CANARIAS7* : La federación Ben Magec y el Foro por La Isleta anunciaron ayer que van a ampliar la denuncia presentada contra las obras de El Confital ante el Seprona y el Gobierno canario. El barrio se va a manifestar en protesta por el uso de hormigón y por su exclusión de la definición del futuro de la zona.
Los ecologistas y los vecinos de La Isleta vuelven a unir sus fuerzas para defender el paraje de El Confital. Ante la instalación de hormigón en el confite por parte de la Dirección General de Costas y la previsión de construir una «plataforma de 3.000 metros cuadrados para albergar locales», Ben Magec y Plataforma por La Isleta han decidido llevar la denuncia -presentada a la Fiscalía- a la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias y el Seprona de la Guardia Civil.
Los portavoces de los dos colectivos insisten en que las obras de Costas incumplen el artículo 61 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que señala que «sólo podrán autorizarse, cuando no están expresamente prohibidas por la legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de nueva implantación de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables». Y dentro de este concepto, afirman Tanausú Zumaquero y Antonio Hernández, «no cabe el uso de hormigón».
Tampoco se entiende desde estos colectivos que no se haya abierto cauces a la participación de los vecinos de La Isleta cuando llevan décadas usando este espacio. «Decían que iban a articular un proceso de participación ciudadana», expuso Zumaquero en nombre del Foro por La Isleta, «pero como no ha sido así, los vecinos ahora estamos unidos y el jueves -mañana para el lector- decidiremos en asamblea qué hacer». Por el momento, ya se ha solicitado permiso para varias manifestaciones y mañana se escogerán las fechas para hacerlo.
Los colectivos solicitaron del Ayuntamiento capitalino una labor de mediación con Costas para tratar de reconducir la actuación que, en su opinión, puede afectar a la duna fosilizada y a los indicios fósiles de actividad humana precolonial de la zona. «Queremos que los especialistas digan si hay más arena y si se puede recuperar tras cuarenta años de chabolismo», añadió Antonio Hernández en nombre de Ben Magec.
Este periódico también intentó conocer la versión de la Demarcación de Costas pero no pudo lograrlo.
* Canarias 7 - Las Palmas de Gran Canaria - Javier Darriba - 20/02/2008
Foto: Obras. Estado actual de las obras que se están acometiendo en El Confital./ Fernando Ojeda, canarias7.es
Entre 1.500 y 2.000 viviendas de Vigo tienen orden de demolición
LAVOZ* : Vigo es el ejemplo más claro de edificaciones ilegales en Galicia que están a la espera de ser demolidas, bien por órdenes de la Xunta o por sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De hecho, se estima que entre 1.500 y 2.000 viviendas de la ciudad olívica se encuentran en esta situación.
No obstante, el Concello ha evitado hasta la fecha que la piqueta haya abatido ni estas ni ningún otro enclave en la ciudad amenazado por órdenes de derribo. Es el caso de las torres Ifer, que albergan casi 200 viviendas y la sede del Club Financiero de Vigo, el proyecto Finca do Conde, con el centro comercial Gran Vía, o dos inmuebles en Jacinto Benavente y el edificio O Picoroto, en los que ya hay más de 200 viviendas. La salvación de todas ellas pasa por que el Concello las legalice en unos meses a través del nuevo Plan Xeral.
No obstante, Vigo no es el único concello gallego en el que hay órdenes de demolición sin cumplir. Ourense. Una sentencia firme del TSXG ratificó en el 2007 la ilegalidad de la depuradora de Reza por estar situada a menos de dos kilómetros de la población, y obligó al Concello a su traslado a otro lugar. Sin embargo, la peculiaridad del caso ha provocado que de momento se esté estudiando un nuevo emplazamiento, para que la nueva depuradora pueda funcionar antes de cerrar las actuales instalaciones.
La difícil relación entre la legalidad urbanística y el desarrollo industrial ha llevado a que tanto la Xunta como el Tribunal Superior de Xustiza hayan ordenado la demolición de varias naves en Laxe, Vimianzo, Dumbría, Zas y Coristanco, y que todavía no se ha ejecutado. En Carballo, además, son ya numerosas las viviendas declaradas ilegales. De hecho, en lo que va de año Política Territorial ya ha decretado hasta cinco órdenes de derribo.
La construcción en Ameiros de una urbanización con licencia para apartotel provocó que el Tribunal Superior ordenase la demolición de seis viviendas unifamiliares en 1999. A día de hoy, esa orden aún no se ha ejecutado.
* La Voz de Galicia - 20/2/2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
'Guateque': El juez imputa al jefe de Obras de la Junta de Distrito de Villaverde
PÚBLICO/Madrid* : El jefe de Obras de la Junta Municipal de Villaverde ha sido imputado por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid en la causa abierta por presunta corrupción en la tramitación de licencias en el Ayuntamiento de la capital. Fuentes de la investigación confirmaron que el imputado declarará ante el juez el próximo jueves.
La detención coincidió con el registro efectuado hoy por la Guardia Civil en la Junta Municipal de Villaverde, en la que se incautaron los discos duros de varios ordenadores del departamento de Obras.
La investigación de la presunta trama de corrupción, que afecta a las gerencias de Urbanismo, Medio Ambiente y a varias Juntas de Distrito del Ayuntamiento, se salda hasta el momento con una veintena de personas detenidas entre funcionarios y empresarios, imputados por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Registro en Villaverde
Efectivos de la Guardia Civil procedieron en torno a las 10.15 horas de hoy al registro de la Junta Municipal de Villaverde dentro del marco de la operación Guateque, una causa instruida por el juez Santiago Torres a raíz de la presunta trama de corrupción urbanística en el seno del Ayuntamiento de Madrid referida a la concesión de licencias.
Los agentes de la Benemérita se incautaron de los discos duros de varios ordenadores de la sección de Obras de la Junta de Villaverde. El nuevo registro se produjo después de que el pasado 22 de enero el juez instructor decidiera levantar en su totalidad el secreto de sumario que pesaba sobre las diligencias.
Tras levantar parcialmente el secreto de sumario de una docena de tomos a comienzos de enero, Torres procedió a hacer públicos once nuevos tomos de la investigación. La primera parte hizo referencia a las irregularidades encontradas en la concesión de licencias por parte de Medio Ambiente mientras que la segunda se concentró en Urbanismo.
Una veintena de detenidos en la trama del 'Guateque'
La investigación de la presunta trama de corrupción, que afecta a la Gerencia de Urbanismo, Medio Ambiente y a varias juntas de distrito del Consistorio, se salda hasta el momento con una veintena de personas detenidas, entre funcionarios y empresarios, imputados por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
La presunta trama de corrupción descubierta en el seno del Ayuntamiento consistía en el compromiso por parte de los funcionarios imputados de acelerar la licencia de apertura de locales a cambio de una comisión, logrando acortar los trámites de forma espectacular.
Las empresas o particulares que solicitaron los servicios ilícitos de estos funcionarios podían llevar a resolver en cinco días un expediente cuya tramitación normal podría tardar dos años. La investigación comenzó hace meses por una denuncia presentada por un particular ante la Guardia Civil.
El nuevo registro coincide con el parón en las sesiones de la comisión de investigación por el caso Guateque, puesta en marcha desde el levantamiento del sumario. En ella participan los tres partidos con representación en el Ayuntamiento, las mismas formaciones que acordaron parar las reuniones con motivo de la campaña electoral.
La última sesión antes de los comicios generales será este jueves.
* Público - 19/02/2008
Foto: La Junta de Distrito de Villaverde, registrada esta mañana por la Guardia Civil. EFE
Oviedo: Mal de altura
LAVOZ* : El informe es contundente y da un duro golpe a las tres administraciones -local, regional y estatal- ante el riesgo que plantea la construcción de las trillizas de Calatrava sobre "los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial" y sus inmediaciones. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) --entidad asesora de Unesco-- es clara y reclama, en primer lugar, al consistorio ovetense que "renuncie a la propuesta de modificación del PGOU" que daría luz verde a las tres torres de 133 metros de altura en El Vasco.
Pero hay más. El documento reclama la intervención urgente del Principado; en concreto, a la Consejería de Cultura "como responsable en Asturias de la protección del patrimonio". De este modo, el Icomos pide a la Administración regional que actúe "con contundencia y celeridad" para que proteja el entorno que está en riesgo. Y como no hay dos sin tres, el escrito también hace alusión al Ministerio de Cultura afirmando que "no puede permanecer pasivo ante la propuesta que se desarrolla en Oviedo".
El documento de Icomos es inusualmente extenso para este tipo de informes: 24 páginas. Y no deja títere con cabeza, criticando duramente el nuevo modelo de urbanismo --en altura-- que se defiende desde el Partido Popular, que copa el Gobierno local. Se habla en el escrito de la "modernidad" que un proyecto singular puede dar a la ciudad. Al respecto se dice: "Oviedo no es Nueva York, ni necesita imitarla para ser una ciudad de una elevada calidad de vida". Se "recomienda" al ayuntamiento que se "reconozca" en el modelo de las ciudades europeas que, "con un tamaño similar al de esta localidad", han planteado estrategias de desarrollo en las que el respeto al patrimonio es una de sus señas de identidad y uno de sus factores diferenciadores: Gante, Bergen, Utrecht, Ginebra, Montpellier, Verona o York. "El elemento más afectado será el paisaje histórico de Oviedo, dado que las tres torres se asomarán de forma prepotente, autista y desconsiderada sobre el viario y caserío de la ciudad medieval", se insiste en el informe.
La localización
Uno de los aspectos que más preocupa a la entidad es "la localización y proximidad del proyecto respecto a tres de los bienes del Prerrománico Asturiano de la ciudad incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial", la Cámara Santa, Foncalada y San Julián de los Prados. Especial referencia se hace a "un símbolo" de la ciudad, la torre de la Catedral que quedará ninguneado por el proyecto Jovellanos 2. Pero además, se incluye en este impacto visual el cambio que se produciría en el paisaje urbano "desde el monumento más conocido del Prerrománico Asturiano: Santa María del Naranco".
Modificación del PGOU
En este apartado, el documento para la Unesco es más que contundente. "La modificación del Plan General se ha iniciado de una forma precipitada; ya que si el proyecto básico de urbanización del sector de Santiago Calatrava era presentado públicamente el 20 de diciembre de 2007, el 11 de enero la empresa propietaria del solar, Jovellanos XXI, solicita expresamente la modificación del Plan General, con un dictamen favorable a tal modificación fechado el día 3 del mismo mes por Raúl Bocanegra Sierra, Catedrático de Derecho Administrativo. Sólo tres días después, el 14 de enero, se produce una resolución del concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, que inicia un plazo de información pública". Otro aspecto del informe jurídico de Bocanegra destacado por Icomos es que "sugiere con bastante claridad los motivos de la premura por iniciar los trámites para la modificación del Plan General y conseguir así la exención de la obligación de reserva para viviendas protegidas". Si no se aprueba antes de julio de este año, el promotor tendría que reservar el 30% de los pisos para este fin. "Llevan a la preocupación la actitud del ayuntamiento de no frenar los procesos especulativos que han hecho desaparecer notables piezas del patrimonio cultural, casos como el derribo de la interesante estación de El Vasco o de la plaza del Fontán"
Graves consecuencias
"No hay antecedentes en el urbanismo democrático español de una acción como la que se plantea a una distancia tan corta de una catedral, centro histórico o bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Tampoco se conocen acciones semejantes en ninguna ciudad europea", se mantiene en el informe. Por eso las consecuencias pueden ser graves e irreversibles.
El Icomos reclama a la Unesco --este documento ya ha sido enviado al órgano de la ONU-- "incluir los bienes inscritos en el municipio de Oviedo, sobre todo los constituidos por la Cámara Santa y San Julián de los Prados en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro en tanto que no se retire la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo". Nunca antes una ciudad europea había estado incluida en esta lista negra , salvo --como se indica en el escrito-- la ciudad alemana de Colonia que pretendía edificar torres a 900 metros de su catedral gótica tardía, proyecto que fue paralizado por las autoridades del municipio.
* La Voz de Asturias - 19/02/2008, ALEJANDRO FUENTE
Foto: Oviedo, proyecto 3 torres - lavozdeasturias.es
El Juzgado anula otra licencia a un hotel de casi 400 plazas en Playa Blanca, Lanzarote
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LAPROVINCIA* : El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado la licencia concedida por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, a la mercantil Riversun Inmuebles S.L. para construir un hotel de casi 400 plazas en Playa Blanca. El Juzgado estima así el recurso presentado por la Fundación César Manrique.
El hotel cuya licencia ha sido anulada se encuentra en la parcela J del Plan Parcial de San Marcial del Rubicón. Corresponde al hotel Iberostar Papagayo, actualmente en funcionamiento con 208 unidades alojativas y 397 plazas, según la Guía alojativa turística del Cabildo de Lanzarote. La licencia se concedió el 10 de marzo de 1999 para un hotel de cuatro estrellas de 191 habitaciones y 338 plazas.
La Fundación César Manrique señala que "como en los pleitos anteriores, la defensa del Ayuntamiento de Yaiza trató de impedir la personación de la FCM en el caso, alegando que el recurso fue presentado extemporáneamente, si bien el argumento fue nuevamente refutado por la Sala".
"La sentencia", según explica la FCM en una nota de prensa, "abunda en los criterios seguidos por anteriores fallos, y señala que, antes de conceder la licencia, era necesario recabar un informe, preceptivo y vinculante, de compatibilidad con el Plan Insular de ordenación por parte del Cabildo. Vuelve a incidir la sala, además, en que el PIO limita el desarrollo del Plan Parcial al 50% de la capacidad edificatoria de alojamiento turístico para el cuatrienio correspondiente, de ahí la importancia de contar con un informe de la primera corporación para cumplir dichos límites".
Las plazas anuladas en la Isla, contando todas las sentencias ya firmes tanto a instancias de la FCM como del Cabildo, son más de 8.000, entre Playa Blanca y Costa Teguise. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ido endureciendo sus sentencias con el paso del tiempo. En la última que se hacía pública a través de LA PROVINCIA/DLP se reconocía al Cabildo la facultad de pedir en la ejecución de la sentencia el restablecimiento de la realidad física alterada, es decir, el derribo del hotel, que en ese caso, está ahora mismo en funcionamiento en la localidad de Playa Blanca.
* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 19 de febrero de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - laprovincia.es
El Ayuntamiento de Marbella transfirió 653 millones sin control a sociedades desde 1991
TERRA/Málaga* : El Ayuntamiento de Marbella transfirió 653 millones de euros entre 1991 y 2006 a las sociedades municipales 'sin sujetarse a ningún control', pues no existe ningún expediente administrativo sujeto a la ley para que pudieran disponer de este dinero, según un informe del Tribunal de Cuentas.
El documento, que ha sido presentado hoy en rueda de prensa por la alcaldesa de la ciudad, Angeles Muñoz (PP), señala que estas actuaciones del Ayuntamiento permitieron 'simulaciones' respecto al objeto y la causa de la contratación.
Entre las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador en el periodo analizado -durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) y tripartito (expulsados PSOE, ex miembros del GIL y PA)- se han puesto de manifiesto pagos de proyectos correspondientes a obras ya ejecutadas, o por trabajos no realizados, así como por unidades de obra facturadas a precios 'muy superiores a los de mercado'.
También se han encontrado enajenaciones de inmuebles a precios muy inferiores a los de mercado, 'con importantes plusvalías a favor de los adquirentes en operaciones cercanas en el tiempo'.
El Tribunal de Cuentas concluye que durante este tiempo 'se estructuró una organización administrativa que permitió la apropiación indebida de fondos' del Ayuntamiento de Marbella.
El examen de los distintos informes de fiscalización elaborados en este periodo pone de manifiesto una serie de actuaciones dirigidas a crear un sistema que facilitara la apropiación de fondos públicos caracterizada por 'la ausencia de una justificación racional de las obligaciones y los pagos', explica.
Ello se lograba mediante un 'entramado societario que anulaba los controles de la gestión de los fondos públicos, con abuso de la posición mayoritaria que el equipo gobernante ostentaba en los órganos municipales', señala.
En materia económica y financiera, la actividad del Ayuntamiento se caracterizó por la ausencia de presupuestos específicos y por la utilización del inmediato presupuesto aprobado.
En el capítulo de personal, el Ayuntamiento contrató temporalmente trabajadores fuera de plantilla, sin realizar convocatorias públicas y sin una selección objetiva, y para regularizar la situación creada desde 1991, en 2003 se convocaron unas oposiciones.
En 1990 prestaban servicio 763 trabajadores frente a los 3.016 que figuraban en las plantillas del Ayuntamiento al cierre de 2005.
En cuanto a las irregularidades relativas a convenios, el Tribunal de Cuentas indica que, de los 98 convenios de que tiene constancia -la mayoría con el objeto de recalificación urbanística o permuta de bienes inmuebles-, sólo 48 fueron aprobados por la comisión de gobierno.
En este apartado se da el caso de que la 'falta de control' de los bienes y sobre la situación física y jurídica de éstos, originó que el Ayuntamiento negociase con bienes que ya no eran de su propiedad, o que se inscribiesen en el Registro de la Propiedad embargos por deudas del anterior propietario.
El modelo de actuación que caracterizó al gobierno de Marbella finalmente motivó que el Consejo de Ministros acordase la disolución de la Corporación en abril 2006 y la creación de una comisión gestora hasta las elecciones de mayo de 2007.
* Terra Actualidad - EFE - 19-02-2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
