R.PÉREZ ALMODÓVAR.- Canarias Ahora* : "La valoración económica aproximada de los daños al patrimonio público causado por la concesión de más de 200 licencias urbanísticas supuestamente ilegales en el municipio de Arona asciende a unos 42 millones de euros. No obstante, esta cantidad podría aumentar, ya que se trata de una primera estimación, y la Fiscalía, que ha elevado una querella criminal contra el alcalde, José Alberto Rodríguez Reverón (Coalición Canaria) y el concejal de Urbanismo, Manuel Barrios (Centro Canario), está en proceso de practicar las pruebas necesarias para determinar con mayor exactitud el daño causado al erario público.
El propio alcalde reconoció en enero pasado, en una reunión con vecinos afectados por el Plan General, que su casa (casa de la familia) en el muncipio de Arona también es ilegal.
La Fiscalía delegada de Medio Ambiente interpuso una querella criminal contra el alcalde y el concejal de Urbanismo de Arona por un delito continuado contra la ordenación del territorio, por la sistemática concesión de licencias urbanísticas (en la denuncia se contabilizan 213) y por delito continuado de prevaricación, por la contratación sistemática de contratos menores a 12.000 euros para evitar el concurso público (se denuncian 79 casos).
El juzgado de Instrucción número 8 de Arona, que lleva la causa, tuvo que enviar varios agentes judiciales al Ayuntamiento la semana pasada para impedir el acceso a los locales donde se encontraban los expedientes, antes de proceder posteriormente a su traslado al Juzgado.
Los primeros 213 casos investigados se refieren a concesión de licencias urbanísticas, de los que 191 son licencias de obra mayor, 9 por licencias de primera ocupación, 3 por licencias de segregación, 7 por licencias de obra menor y una por cambio de uso.
En el expediente se investigan 120 casos por sistemática concesión de licencias (la mayoría de obra mayor) por vulneración de las normas urbanísticas y con la advertencia de esta circunstancia (ya que la amplia mayoría tiene informes desfavorables de los servicios jurídicos municipales y del secretario municipal), lo que constituiría un delito continuado contra la ordenación del territorio.
En un segundo grupo, hasta 93 casos, se agrupan los casos de licencias que infringen la normativa urbanística por causas diversas: ser contrarias a las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, contravenir el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Arona (al estar el Plan en procedimiento de revisión han de ajustarse al planeamiento vigente) y sus normas urbanísticas y licencias contrarias al Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de Canarias.
También en este grupo figuran licencias contrarias a los artículos 170.4 y 5 del Decreto Legislativo 1/2000, en cuando no han obtenido la autorización previa exigida por la legislación sectorial de aplicación o la calificación territorial, por ser contrarias al Plan General en revisión, por infringir las normas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad y licencias contrarias al reglamento de planeamiento, a un Estudio de Detalle y al mismo Decreto Legislativo 1/2000.
79 contratos a dedo
La segunda parte del expediente judicial incluye la investigación de 79 contratos adjudicados sin concurso público, a dedo, para lo que fue necesario su fraccionamiento. Es decir, para no sacar a concurso público un contrato de 60.000 euros, por ejemplo, se dividía cinco veces en contratos de 12.000 euros, otorgándose al mismo adjudicatario.
La mayor parte de estos contratos se adjudicaron a Félix Quemada Nieto, a quien fuentes de la investigación sitúan en la órbita de Manuel Barrios, y a las empresas Ferralla Santana SL, Construcciones Pepe de la Rosa, SL y Flores y Plantas del Noroeste SLU.
Por este motivo, se ha interpuesto la querella criminal por un delito continuado de prevaricación contra el concejal de Urbanismo, Manuel Barrios, y el alcalde, José Alberto González Reverón.
*Canarias Ahora - 26/03/2007
Foto: Las Américas (Arona) /hotspotz
Arona perdió 40 millones por las licencias que investiga la Justicia
Casas a 15 euros al mes
CUT-BAI.- Rebelión* : "El acceso a una vivienda se ha convertido en la mayor preocupación personal de los ciudadanos, según el barómetro del CIS, por delante incluso del desempleo, el terrorismo o la inmigración. España, junto con Italia, es el país de la UE donde los padres más aguantan a los hijos en casa -se independizan a los 34 años como media- pese a que es también el lugar con la mayor tasa de viviendas del mundo: 23.700.600 millones, 51 casas por cada 100 habitantes. Marinaleda y El Coronil (Sevilla) demuestran que otra política de vivienda es posible.
Mientras la mayoría de la gente se las ve y se las desea para acceder a una vivienda a sabiendas de los altísismos precios de las viviendas, en Marinaleda comprar una casa cuesta 15 euros al mes. No hay errata: 15,52 euros para ser precisos incluyendo los 50 céntimos que carga el banco por expender el recibo. Es decir, que la factura mensual de la vivienda -90 metros cuadrados repartidos en dos plantas, 100 metros de patio, tres habitaciones, salón, baño, aseo, cocina, azotea y una pequeña terraza- equivale al precio de dos entradas de cine con sus correspondientes palomitas. El mismo piso pero sin patio, de segunda mano, en Triana, uno de los barrios populares de Sevilla, supondría una hipoteca de unos 1.000 euros al mes durante 30 años.
Aplicando Constitución
El misterio de este milagro lo explica el Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo , portavoz nacional de la CUT, en cinco palabras: «Artículo 47 de la Constitución» . Lo que han hecho, asegura, no ha sido sino aplicar al pie de la letra lo que dicta la norma máxima.
El primer paso que dio Marinaleda fue hacerse con un buen trozo del suelo municipal y declararlo urbanizable y de titularidad pública. A todo vecino que necesite una casa, el Consistorio le facilita sin coste alguno el suelo. «El suelo supone el 60% del valor final de la vivienda y el Ayuntamiento lo facilita gratis a los vecinos que quieran implicarse en la construcción de su propia casa, así reducimos el precio final más de la mitad», explica el Alcalde.
Fulminada la partida más cara, el suelo, se buscó el modo de que los materiales tampoco costaran un duro. «También ponemos a su disposición los materiales mediante convenio con la Junta, el arquitecto que realiza el proyecto y los albañiles. Al final, la vivienda les sale por unos 36.000 euros, cuando el precio normal sería por lo menos el doble o el triple, que pueden ir pagando con cuotas de 15 euros al mes».
Los albañiles que levantan la estructura son contratados por el Ayuntamiento como refuerzo, para dirigir a los autoconstructores y suplir la falta de oficio con la paleta de algunos de los vecinos.
Al precio final de 36.000 euros, la cantidad que debe pagar la familia se le descuentan las jornadas (a 40 euros) que el autoconstructor ha trabajado en la obra. Una familia que haya trabajado 400 peonadas se libra de un plumazo de 16.000 euros de la deuda. Es decir, que les queda por pagar 20.000 euros. Y puesto que su recibo mensual es de 15 euros, 180 euros al año, tardarán unos 111 años en abonar el coste total de la casa. Hasta entonces, esta familia no tendrán en su mano la escritura que los acreditará como dueños de la vivienda. No podrían, por tanto, venderla ni especular ni enriquecerse a costa de ella hasta el 2117. La idea es que los hijos hereden el legado: la deuda de 15 euros al mes y la vivienda.
Bajo esta fórmula se han construido 350 viviendas, otras 20 están en construcción y 100 más en proyecto. El único requisito es estar empadronado en el municipio y llevar allí como mínimo dos años.
Nos preguntamos: ¿Cómo es posible que haya tres millones de casas vacías y se construya a un ritmo frenético -500.000 viviendas en 2004, 800.000 en 2005, 850.000 en 2006- cuando es imposible para los jóvenes acceder a ellas?.
Para la CUT está claro: Es la especulación. Muchas de las viviendas no se compran por necesidad sino para especular, para comprarla por cinco y venderla por 30. Algo que las estadísticas oficiales confirman: El 37% de los españoles sabe, ya sea por actuación propia o por la de algún familiar o conocido, de alguien que ha hecho una compraventa de vivienda con el único fin de hacer negocio.
Pero como Marinaleda o El Coronil demuestran otra política de vivienda es posible.
*Rebelión.org - 27-03-2007
Calp cambia el PGOU para situar un hotel de 24 pisos en la playa
NeusGÓMEZ.- El PAÍS* : "El alcalde de Calp, Javier Morató, del PP, ha facilitado la la construcción de un hotel a escasos seis metros del mar, mediante una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente desde 1989. El edificio, promovido por la sociedad Ifach Mar SL, propiedad de Manuel Ferrando, intimo amigo del regidor, levantará 24 plantas y se convertirá en el edificio más alto de cuantos se hallan a primera línea de la playa, el resto son de 13 alturas.
Las modificaciones realizadas por el grupo popular en el PGOU han permitido que varios promotores puedan levantar desproporcionadas edificaciones en las playas del municipio, al no obligar a retranqueos por estar en primera línea. Además de permitir que se pueda edificar en parcelas de 500 metros cuadrados, cuando antes se exigía un mínimo de 1.000 metros cuadrados.
Este tipo de abusos urbanísticos promovidos por el grupo popular han favorecido que sea terreno urbanizable primerísima línea de playa, facilitando a los promotores a través del PGOU, ya que cumplen todos los requisitos legales, llegar incluso a poder proyectar hasta tres plantas de sótano para aparcamientos a seis metros del mar, como es el caso del hotel que se ha empezado a construir.
El PGOU tampoco exige una altura máxima para las edificaciones en la playa, y deja "altura libre" a cualquier torre que un promotor desee proyectar, como es el caso del nuevo hotel, que superará los 100 metros de altura, y será el más alto de los que hasta ahora se encontraban próximos al mar y que estaban construidos hace más de 20 años.
Además, el planeamiento de Calp autoriza la división horizontal en sus edificios, por lo que se contempla que los proyectos destinados a uso hotelero también pueden obtener una licencia que les permita, en un futuro y en caso de finalizar la actividad de explotación hotelera, venderse como viviendas. El hotel, de cuatro estrellas, contará con las tres plantas de sótano, la planta baja y 24 alturas donde se habilitarán 294 habitaciones.
*ELPAIS.com - Xàbia - 26/03/2007
Foto: Calpe /gospain
