ELPAÍS/Alicante* : José Manuel Medina, exalcalde del PP en Orihuela, se enfrenta a una pena de inhabilitación seis años después de que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante presentara una denuncia contra él por supuestas ilegalidades contables y urbanísticas en la gestión municipal. El fiscal desglosó la denuncia en 16 sumarios. Por uno de ellos, relacionado con una permuta de suelo, el Juzgado de Intrucción nº2 de Orihuela ha decretado apertura de juicio oral. Por este caso, el ministerio fiscal solicita una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Medina por un supuesto delito de prevaricación en comisión por omisión, al no solicitar a un agente urbanizador (Agrupación de Interés Urbanístico Las Piscinas) 4.220,50 metros cuadrados -o en su defecto una indemnización de 2.105.006,50 euros- que faltaban por aportar en una finca entregada al Consistorio por la sociedad como condición para desarrollar un proyecto de reparcelación del municipio.
En su escrito de acusación, el fiscal recoge que en diciembre de 2003 el Ayuntamiento adjudicó a la mercantil Residencia Vistalegre, SA una parcela de 27.270 metros cuadrados, por un precio de 13.601.194 euros, y que posteriormente esta empresa informó al Consistorio que, tras una medición, la parcela tenía 23.310 metros cuadrados. Tras recibir esta información, el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Orihuela constató que la parcela adjudicada medía 4.220,50 metros menos de los que debía, por lo que fijó su precio en 11.496.187,50 millones de euros.
Así, y para "restaurar el equilibrio patrimonial de la Corporación", la entonces concejal delegada de patrimonio, Eva Ortiz Vilella, propuso en mayo de 2004 iniciar los trámites para que se resaciera al Ayuntamiento por la diferencia de superficie de la parcela, una propuesta aprobada en junta de gobierno local. En junio del mismo año, el que fuera alcalde de Orihuela hasta 2007, José Manuel Medina, dictó un decreto en el que informaba a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Piscinas -que fue quien aportó la finca para convertirse en agente urbanizador del proyecto de reparcelación- que la parcela que entregó al Ayuntamiento tenía 4.220,50 metros cuadrados menos de los que debía tener , por lo que le solicitaba que aportara el resto de la superficie que faltaba o procediera a su indemnización.
Puesto que el agente urbanizador no dio respuesta alguna a este decreto, Medina dictó otro, el 6 de julio de 2004, en el que daba a la Agrupación de Interés Urbanístico un plazo de 15 días para aportar los metros cuadrados o el dinero equivalente, y le informaba de que si no se obtenía respuesta al problema, el Ayuntamiento ejecutaría las acciones que procedieran ante los tribunales.
El acusador público sostiene que Medina, siendo "plenamente consciente de lo injusto y arbitrario de su pasividad, no solo no acordó la ejecución de las acciones pertinentes ante los tribunales de justicia, tal y como anunciaba el decreto, sino que además no realizó actividad alguna tendente a restaurar el equilibrio patrimonial del consistorio, que había resultado mermado como consecuencia de la falta de cabida" en la parcela.
* El País - EP - 13.04.11
Foto: Orihuela, ayuntamiento - aquagest
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CANARIASAHORA* : Kanarileaks ha publicado nuevos vídeos sobre las declaraciones judiciales de personas implicadas en el denominado caso Las Teresitas. En esta ocasión, se trata de los testimonios de Manuel Parejo, actual primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz y responsable de la Gerencia de Urbanismo en el pleno en el que se aprobó la compraventa de las once parcelas del frente de playa de Las Teresitas; de Emilio Fresco, portavoz del PSC en aquel momento, y José Emilio García Gómez, portavoz del PP entonces. Estos tres testimonios están incluidos en las diligencias previas 17/2006, declaradas secretas que, en febrero de 2008, levantó parcialmente la magistrada que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y se suman a las que la web ya publicó el pasado 14 de marzo, en la que los protagonistas eran Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y principal imputado, Víctor Reyes, secretario de la Gerencia de Urbanismo y la testigo Pía Oramas, arquitecta municipal que realizó un informe contradictorio con respecto al precio que se pagó por el frente de playa de Las Teresitas.
Manuel Parejo, concejal de Urbanismo del consistorio santacrucero entre 1999 y 2007, está imputado en el caso Las Teresitas por prevaricación y malversación de caudales públicos. Como máximo responsable del área, todas las decisiones en materia urbanística pasaban por sus manos. Según informa Kanarileaks, el secretario de la Gerencia, Víctor Reyes, hacía constantes referencias en sus declaraciones a Parejo, al que situaba como su superior jerárquico, del que recibía órdenes durante la tramitación del expediente.
Parejo formó parte del jurado del concurso de ideas que ganó Dominique Perrault y estuvo presente en la reunión de 11 de enero de 2001, donde se negoció el acuerdo marco. Recientemente, la Fiscalía de Medio Ambiente ha solicitado la apertura del juicio oral del conocido como caso mamotreto, que investiga la presunta construcción ilegal del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, contemplado en el proyecto de Perrault. En su escrito de acusación, la fiscal pide tres años de cárcel para Parejo por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística.
Emilio Fresco aparece también imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos. El que fuera portavoz del PSC votó a favor del pago de 8.750 millones de pesetas por las once parcelas en el pleno del 23 de julio de 2001, estuvo presente en la reunión en la que se negoció el acuerdo marco y formó parte del jurado del concurso de ideas para la playa que ganó Perrrault., donde fue el único que emitió un voto particular.
Su apoyo a esta operación desembocó en su salida del PSC, partido que abandonó por desavenencias internas. Durante la fase de instrucción, después de su declaración, también se le imputó el delito de cohecho.
José Emilio García Gómez, por su parte, fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife entre 1991 y 1995 como miembro de la Agrupación Tinerfeña Independiente (ATI), partido que abandonó para enrolarse en las filas del PP. En el pleno en el que se aprobó la operación de compraventa, ostentaba la portavocía de los populares.
Kanarileaks destaca que, por su experiencia en política municipal, es el querellado que recuerda con mayor precisión las vicisitudes del expediente histórico de Las Teresitas, cuyo inicio se remonta a mitad del siglo pasado.
Al igual que Manuel Parejo y Emilio Fresco, García Gómez estuvo presente en la reunión en la que se negoció el acuerdo marco y formó parte del jurado del concurso de ideas para la playa. Tras su declaración, durante la fase de instrucción, se le imputó también por cohecho.
* Canarias Ahora - 12.04.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, aparcamiento Las Teresitas - canariasaldia.com
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DIARIOMONTAÑÉS* : La jornada inaugural de los 'Encuentros frente al mar: acoso al territorio', celebrada ayer en las aulas de la Universidad de Cantabria, arrojó una conclusión: las competencias urbanísticas que actualmente están en manos de los ayuntamientos deben ser limitadas. Fue una de las ideas principales que cabe deducir de las intervenciones de algunos de los catedráticos, como Gonzalo Quintero Olivares, Javier Álvarez García o Luis Martín Rebollo. Para el primero de ellos -ponente de la primera de las conferencias- «la tradición española no era que el urbanismo fuera una decisión libérrima de los ayuntamientos», como parece que ahora ocurre, y «no lo ha sido tampoco en Europa». Todo cambió a partir de los años cincuenta y de ese cambio se deducen, según Quintero Olivares (penalista Universidad de Tarragona), algunos de los problemas sobrevenidos en la actualidad. Por eso defendió que «el nivel de competencias de los ayuntamientos debe ser urgentemente revisado».
También habló del difícil reto de «buscar el objeto de intervención del Derecho Penal» y, en este sentido, apuntó a la necesidad de juzgar «la omisión, la pasividad, la falta de eficacia de quienes deben vigilar las infracciones urbanísticas», en un país en el que el número de infracciones es altísimo y en el que, en cambio, «el número de procesos penales por delitos urbanísticos es bajísimo».
Luis Martín Rebollo habló de que «el Derecho difícilmente puede solucionar un problema que excede del Derecho» y que, a su juicio, tiene raíces «culturales», en tanto que Javier Álvarez habló de un «sistema» concebido para «la explotación del territorio e, indirectamente, de las personas».
Las afirmaciones de los tres profesores tuvieron lugar en la sesión de apertura de las jornadas, a la que asistieron, además, la vicerrectora de Difusión del Conocimiento, Consuelo Arranz; el decano de la Facultad de Derecho, Juan Baró; y la directora del curso, Paz de la Cuesta Aguado,.
Además intervino Juan Manuel Alegre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, quien aseguró que «es el órgano judicial el que tiene que valorar» y, aunque se refirió a las obras públicas, advirtió que «puede haber razones de interés público en la preservación de obras privadas».
* El Diario Montañés - 14.04.11
Foto: De izquierda a derecha, Baró, Arranz, Quintero, Olivares, Alegre y De la Cuesta.- diariomontañés
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LAVOZ/A Coruña* : La operación Orquesta supuso la intervención de los ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos, pero dentro del sumario se aprecia cómo los tentáculos de la constructora de Daniel Ogando iban más allá. La empresa se dedicaba a captar clientes mediante comidas y reuniones. No se sabe si también con el pago de comisiones, aunque en las escuchas telefónicas hay numerosas referencias a ellas. De una charla entre Daniel Ogando y un tal Luis se deduce, según los agentes, «que el alcalde de Moaña (BNG) ??suele coger cazo?? y básicamente se vende al mejor postor». Ese municipio no fue finalmente investigado. Sí hubo solicitudes judiciales de informes en el Concello de Carnota (gobernado por el PP). Allí trabaja el arquitecto que dirige la obra de la Casa da Cultura de Cee, José Carlos Leis, también imputado. En Cee, de sus conversaciones se desprende su interés en dividir partidas para que sean adjudicadas a una misma empresa sin concurso público.
Leis, sin embargo, aclaró a este medio que su interés en que la obra la hiciera una sola compañía era meramente técnico, y asegura que jamás tomó parte en ninguna mesa de contratación, por lo que no pudo haber participado en la decisión final.
Sí hay una conversación de Miguel Ángel Rodríguez López de la Llave, aparejador de Ogando, en la que se habla de determinada contratación en Carnota, donde Leis sí toma decisiones, en la que se sugiere que puede «tomar partido». Sin embargo, ese extremo no se ha probado y el Ayuntamiento no fue intervenido. En otra conversación del sumario, Ogando habla de cómo conseguir una obra en Coristanco (gobierna el grupo popular), apuntando que en ese caso «hai que tocar ao xefe», refiriéndose, según los investigadores, al alcalde. Ese Ayuntamiento tampoco fue finalmente investigado.
Además de las adjudicaciones, la operación Orquesta se centra en la falsificación de facturas para optar a subvenciones, algo que ocurriría en Cee. Según los instructores, «existen indicios que evidencian que en el Concello de Muxía (PSOE) sucedía algo similar». Ogando habla también de una comida a la que asisten varios técnicos y en la que supuestamente estaría el alcalde de Vimianzo. «Estarán con algunha obra tongo», dice el empresario a su interlocutor.
Hay conversaciones intervenidas también entre el mismo Ogando y un concejal de Corcubión (concello en el que gobierna el PSOE) en las que el constructor le dice que si no hay ninguna obra a la que acceder, dejará de hacer el mantenimiento de unos jardines. «Pois non sei, home, abandonalos está ben, pero tanto, polo menos cortarlles un pouco a herba, ¿entendes? Repartir o chollo e ver no futuro se hai algunha obra para compensar», le dice el edil.
Existe, además, constancia de varias comidas organizadas y pagadas por los Ogando, interesados en que a sus comensales «non lles falte de nada» y a las que invitaron a un buen número de políticos y técnicos. Las invitaciones se cursaron a los ayuntamientos de Fisterra, Cee, Muxía, Noia, Lousame, Corcubión, Porto do Son, Brión y Ordes. A esa misma comida, en un restaurante de Sardiñeiro, fueron convocados también un arquitecto de la Consellería de Educación así como una alto cargo provincial de ese organismo, que finalmente no asistió. Sí lo hicieron muchos ediles y alcaldes.
Ogando padre y Ogando hijo mantienen una conversación en la que hablan de la posibilidad de que la pareja del hijo trabaje para la empresa. «Pero date conta ti que fagamos algunha cousa así, cousas secretas non as ten que saber nin a muller de verdade, porque as mulleres sempre se van da lingua, ¿entendes?», le dice el padre.
* La Voz de Galicia - 13.04.11
Foto: Moaña (Pontevedra), urbanización - lavozdegalicia.es
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MÁLAGAHOY* : La abogada Montserrat Corulla que se encargaba de gestionar los negocios hoteleros de Juan Antonio Roca intentó ocultar tres cajas con documentación minutos antes de que la Policía irrumpiera en sus oficinas y la detuviera. Así al menos lo explicó ayer un agente de la unidad de blanqueo (UDEF-Bla) de la Comisaría General de Madrid durante su declaración como testigo en el juicio por el caso Malaya. El policía indicó que los teléfonos de Corulla estaban pinchados lo que les permitió escuchar cómo ordenaba durante una conversación telefónica con su secretaria, la procesada Úrsula Quinzano, que entregara tres cajas con papeles al portero de la finca, presumiblemente con la intención de evitar que fuesen intervenidos por la Policía. Estas instrucciones, de acuerdo con la declaración del agente, precipitaron la actuación policial en las oficinas de la abogada y administradora de sociedades de Juan Antonio Roca.
No obstante, a preguntas del abogado de la defensa el policía admitió que él no pudo oír esas instrucciones de Corulla a su secretaria, fundamentalmente porque no se ocupaba de escuchar los teléfonos intervenidos y que esa explicación se la proporcionó otro investigador. El letrado, no obstante, se apresuró a precisar que en ninguna de las conversaciones telefónicas que forman en las actuaciones figura esta charla entre la abogada y Úrsula Quinzano.
Montserrat Corulla durante su declaración en esta fase del juicio por el caso Malaya, referida a delitos de blanqueo de capitales, negó que hubiera dado instrucciones de ningún tipo en relación con las cajas de documentos. Según su versión, Roca le había encargado a Úrsula Quinzano que realizara unas copias de ese material y la secretaria había aceptado con el objetivo de ganar algún dinero extra sin que ella estuviera al tanto ni de los pormenores ni del contenido de esos documentos.
El juicio continúa mañana con la declaración de otros policías que participaron en las decenas de registros y detenciones que se practicaron en Malaya.
* Málaga Hoy - 13.04.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio con Benavente, Corulla y Hachuel - malagahoy
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