ELPAÍS* : La obra pública contratada desde la Xunta tiene nombre y apellidos. La orensana Copasa y la pontevedresa Constructora San José, con un volumen total adjudicado de 77,4 millones y 52,1 millones de euros, respectivamente, se colocaron en 2008, último año completo del bipartito en San Caetano, como líderes individuales por contratación.
Fueron 16 obras que situaron a ambos grupos como únicas empresas, junto a Acciona, entre las veinte grandes adjudicatarias que concurrieron a los concursos de la Xunta sin recurrir a las uniones temporales de empresas, alianzas puntuales que se suelen acometer para acudir a proyectos de envergadura. Copasa y San José fueron la segunda y cuarta constructoras que más obra recibieron, frente a un gigante de sólo veinte años de historia, Taboada y Ramos, que desde Lalín acaparó los primeros lugares a través de dichas uniones, una de ellas con la mencionada firma ourensana.
El ránking de las adjudicaciones de obra pública durante 2008, realizado por los técnicos de la Federación Gallega de la Construcción y de la patronal provincial Apecco acudiendo a toda cuanta plica se abrió en Galicia, está marcado, una vez más, por la concentración en cuanto a los volúmenes de obra logrados por los grandes grupos. Pero el último ejercicio muestra una sensible diferencia con respecto a otros años, que se repite entre los veinte primeros licitadores de forma casi sistemática salvando las excepciones de Copasa, San José y Acciona: las UTE formadas por compañías nacionales y gallegas, muy dispares en cuando a su dimensión.
Frente a esta tendencia, un año antes, en 2007, apenas se contabilizaban UTE entre los principales adjudicatarios de obra de la Xunta, cuando Taboada y Ramos alcanzó el liderazgo en cuanto a licitaciones ganadas, seguida de Ferrovial, Copasa, Corsán, CRC Obras Servicios y Alcuba, ésta última actualmente en concurso de acreedores.
Si es significativo este cambio en cuanto a la irrupción de los matrimonios de conveniencia entre constructoras nacionales y gallegas, no lo es menos la ascensión de un grupo, San José, como uno de los primeros contratistas de la Administración gallega. De acuerdo con el ránking de la patronal gallega de la construcción, los 52,1 millones de euros que obtuvo en obras la compañía presidida por Jacinto Rey en 2008, que le llevaron al cuarto puesto, representan una escalada frente a la obra contratada con la Xunta un año antes, cuando había recibido apenas 2,9 millones en adjudicaciones.
El grueso de dicho volumen en obras para San José se repartió el año pasado entre las adjudicadas por Xestur, dependiente de la entonces Consellería de Vivenda, con 24,5 millones; Política Territorial (20,5 millones); Educación (3,3 millones) y la sociedad de Xestión do Xacobeo (1,4 millones).
El año pasado, de acuerdo con los datos de la patronal de la construcción, sólo 23 grupos lograron obras de San Caetano que conjuntamente superasen los 10 millones de euros. Frente a la presencia de empresas gallegas en los primeros puestos del ránking de adjudicaciones de la Xunta, un repaso a las obras licitadas en Galicia por la Administración central el año pasado da un vuelco al panorama. Entre los grandes beneficiarios apenas hay firmas de capital gallego. De hecho, entre las diez primeras contratistas del Estado en Galicia, apenas hay presencia de dos firmas autóctonas (una es Copasa), y siempre en alianza con otras nacionales.
En su conjunto, todos los organismos públicos y administraciones (central, autonómica, provinciales y locales) firmaron obras por 2.849 millones en 2008, con un ligero crecimiento del 1,68% sobre los 2.802 millones del año anterior.
De las 2.263 obras impulsadas por las administraciones en Galicia que salieron al mercado en su conjunto el año pasado, el 35% (un total de 796) correspondieron a concursos públicos y un 8% (180 proyectos) a subastas, mientras que las contratas directas o por procedimiento negociado sumaron 1.287 obras, lo que supone el 57% del total. Desde la patronal de la construcción explican que "es evidente un significativo aumento de esta sistema de adjudicación debido a la nueva Ley de Contratos del Sector Público".
La patronal de la construcción lo tiene claro. Si se compara el total de volumen licitado (el importe de la obra que sale a contratación) y lo finalmente adjudicado en la suma de todos los proyectos llevados a cabo en Galicia el año pasado, la conclusión establece que las bajas en las ofertas de los contratistas suponen para el sector una merma de unos 655 millones de euros, que es lo que dejaron de ingresar.
Entre lo que las administraciones licitaron y lo que finalmente adjudicaron a las constructoras, la diferencia alcanzó el 22%. De acuerdo con datos de la patronal, las bajas en las administraciones central y autonómica se dividen a parte iguales con unos descensos que alcanzan el 24%.
No todas las administraciones mantuvieron en 2008 el ritmo licitador de 2007.El año pasado, la cifra total de obras que salieron a adjudicación aumentó en el caso de las realizadas por la Xunta (1.051 obras frente a las 801 del 2007) y las ejecutadas desde el Gobierno central (186 obras frente a las 161 del año anterior), mientras que las llevadas a cabo por los ayuntamientos descendieron hasta las 1.025.
* ELPAIS.com - JULIÁN RODRÍGUEZ - A Coruña - 10/05/2009
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Galicia: Casi el 60% de las obras públicas son adjudicadas sin concurso
El TSJ exige al alcalde de Castelló que ejecute el fallo del Supremo y anule el plan urbanístico
LEVANTE* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) exige que el Ayuntamiento de Castelló acate la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ha rechazado los recursos del consistorio y del Consell que pedían la suspensión cautelar del cumplimiento de la resolución judicial, según confirmaron ayer fuentes próximas al tribunal.
Esta decisión supone un nuevo jaque al urbanismo del Ayuntamiento de Castelló, que pedía al tribunal que no le obligara a anular el plan urbanístico a la espera del recurso que tanto la Conselleria de Infraestructuras como el consistorio han interpuesto ante el Tribunal Constitucional.
El TSJ ha rechazado en dos ocasiones los argumentos de ambas administraciones públicas y considera que la sentencia del Supremo es de obligado cumplimiento mientras no diga lo contrario el Tribunal Constitucional, que todavía está estudiando si admite a trámite dos recursos cuya resolución -en caso de ser aceptados- podría demorarse entre tres y cinco años.
La decisión del TSJ -responsable de ejecutar la sentencia del Supremo- no tiene posibilidad de recurso y obliga al ayuntamiento a retrotraerse al momento previo a la exposición pública del actual plan general, lo cual implicaría la vigencia temporal del antiguo plan de 1984.
La sentencia que emitió el Supremo el pasado mes de diciembre anula el PGOU de 2000 porque se privó a los vecinos de su derecho a presentar alegaciones y exige al ayuntamiento un nuevo proceso de exposición pública.
El mencionado periodo de alegaciones se había completado, pero el Partido Popular introdujo modificaciones sustanciales días antes de la aprobación definitiva, y sin dar posibilidad de alegaciones a los vecinos afectados.
El informe pericial al que hace alusión la sentencia del Supremo indica que los cambios introducidos por el PP fueron tales que "suelo urbano pasa a ser urbanizable, suelo urbanizable pasa a ser urbano o no urbanizable, suelo no urbanizable pasa a ser urbano o urbanizable; unidades de ejecución se califican como consolidado y viceversa. Se cambian usos de suelo urbano terciario a residencial o viceversa, de industrial a terciario; se modifican zonas verdes creando o anulando unas y modificando otras, se trasladan infraestructuras básicas como los accesos norte al puerto o el propio Plan Especial del Puerto". Hasta la fecha, el gobierno local del Ayuntamiento de Castelló (Partido Popular) había agotado todas las vías posibles para evitar cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.
Primero, aportó un informe jurídico interno que aseguraba que podía seguir aplicando el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 y continuar concediendo licencias con normalidad hasta que la Generalitat Valenciana no recibiera oficialmente el testimonio de la sentencia. Posteriormente, el ayuntamiento alegó que la sentencia estaba recurrida ante el Tribunal Constitucional y que se había solicitado la suspensión cautelar de la ejecución. La respuesta de los tribunales ha sido contundente y a partir de ahora comienza la marcha atrás para cumplir una sentencia que supone un duro golpe contra el modelo urbanístico del PP.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 9.05.09
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
