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EUROPAPRESS* : Algunos vecinos del barrio del Bon Pastor de Barcelona consideran "ilegal" el desalojo de las 'Cases Barates' que tuvo lugar desde las 8.30 horas de hoy en el distrito de Sant Andreu. El barrio está inmerso en un proyecto de reordenación urbanística, que contempla el derribo de las 'Cases Barates', construidas en 1929, tras la Exposición Universal de ese año en la ciudad, y que afectará a más de 700 casas, aunque 130 vecinos ya han dejado sus viviendas en la primera fase de la remodelación. Varias familias que residían en estas viviendas, unas cinco, se negaron a abandonar sus casas al discrepar de esta reforma y también rechazaban la indemnización y el piso oficial que les ofrecía el Ayuntamiento.
Aseguran que las condiciones ofertadas no eran ventajosas ya que les proponían un piso en propiedad de 70 metros cuadrados con una hipoteca de 300 euros al mes durante 20 años, mientras que actualmente algunos de ellos pagan unos 20 euros de alquiler por casas de 30 metros cuadrados.
Aurora Sardenya, consideró que el desalojo "es ilegal" porque, según esta vecina, el plazo para las alegaciones "no acababa hasta el 7 de noviembre". Serdanya, visiblemente enfadada, relató como a primera hora de la mañana, sobre las 8.30 horas, la Policía "tiró la puerta" de su casa "sin dar tiempo a llamar a un abogado", añadió.
Según esta afectada por el desalojo, "ya presentamos unas alegaciones que están pendientes de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya". Por ello, justo ante el cordón policial, insistió en denunciar la ilegalidad del desalojo. Además, Sardenya explicó que en tres días les darán un piso, aunque no es lo que habían pedido. Mientras tanto, se alojarán en un hotel.
TENSIÓN ENTRE VECINOS, POLICÍAS Y PERIODISTAS.
Poco antes de las 12 horas, los agentes antidisturbios de la Guardia Urbana actuaron contra algunos vecinos que se resistían y periodistas que cubrían los hechos. Algunos vecinos se quejaron de la contundencia policial como es el caso de Gregorio, quien afirmó que fue la Policía la que atacó y "golpeó a vecinos, gente mayor".
Otro vecino afirmó, mientras corría por una de las calles, que su mujer estaba en un centro médico y que después "denunciaría todo lo sucedido".
Un joven testigo de los hechos, Stefano, explicó que no se lanzaron piedras contra los agentes, pero ellos "rebentaron las gafas a un chico". "Tenían mucha rabia acumulada porque todo el mundo estaba en contra de ellos", aseguró. Para él, la carga policial servirá para que el resto de afectados "no se atrevan a pedir una indemnización".
El mismo joven explicó que los agentes no enseñaron en ningún momento una orden judicial de desalojo y que no quisieron facilitar sus números de identificación policial.
Desde ese momento, la Urbana estableció un perímetro de seguridad alrededor de las casas para que los curiosos y los periodistas no se acercaran, mientras los vecinos directamente afectados seguían vaciando sus casas, y las cajas se iban cargando en camiones de mudanzas contratados por el Ayuntamiento.
En la zona se concentraron un centenar de personas --además de los periodistas--, algunas de las cuales se mostraban satisfechas por el desalojo, ya que consideran que el barrio mejorará con el nuevo plan urbanístico y llegaron a enfrentarse verbalmente a los afectados y a los que les apoyan.
En algunas casas de la zona todavía se pueden ver varias pancartas y pintadas en las fachadas que rezan lemas como 'El barrio es de quien lo vive', 'Especuladores fuera' o 'Basta de ilegalidades'.
Ajenos a todo el griterío y a las cargas policiales, los alumnos de una escuela muy cercana seguían con sus actividades escolares.
* Europa Press - BARCELONA, 19 Oct.
Foto: Barcelona, casas BonPastor - V.Graell (elmundo.es)
Vecinos del barrio del Bon Pastor de Barcelona consideran "ilegal" el desalojo de las 'Cases Barates'
La Plataforma por una Vivienda Digna no apoyará los actos del CJR y CJL
En el mes de agosto el Consejo de la Juventud de La Rioja se puso en contacto con la Plataforma por una Vivienda Digna* para organizar una actividad referente a la vivienda digna, encuadrada en una campaña del Consejo de la Juventud de España. Comenzamos a trabajar conjuntamente en la preparación de dicho acto, que contaría con conciertos, acampada, charlas y otros actos. Dicha colaboración se rompió cuando el Consejo de la Juventud de La Rioja y Consejo de la Juventud de Logroño manifestaron que no participarían en un acto en el que se criticase a cualquier institución riojana, alegando que la finalidad de los Consejos de la Juventud es meramente informativa y en ningún momento puede servir como critica política.
Desde la PVD entendemos que nuestra naturaleza es esencialmente reivindicativa, y que difícilmente se puede organizar un acto a favor de la vivienda digna sin criticar las políticas que desde todas las Administraciones (tanto el Ayuntamiento, como la Comunidad Autónoma y el Ministerio de la Vivienda) se están llevando a cabo, dado que son los principales responsables de la situación actual.
Desde la Plataforma creemos que este concierto solo sirve para favorecer que la situación de la vivienda siga estando igual, ya que en este acto no se van a proponer soluciones ni criticar a los responsables de que los jóvenes no nos podamos emancipar. Creemos que los Consejos de la Juventud deberían de ser un organismo donde se trabaje para denunciar y proponer soluciones a los problemas que tenemos los jóvenes riojanos y no como instrumento propagandístico de determinados grupos políticos, ya que deja de ser un órgano de los jóvenes para se un instrumento de manipulación de los jóvenes.
La PVD organizará en el mes de noviembre una actividad independiente a la del CJR y CJL, de carácter marcadamente reivindicativo, donde plantearemos nuestras propuestas, las cuestiones a las que nos oponemos con respecto a las actuaciones de las Administraciones Públicas y divulgaremos los 11 puntos de nuestro manifiesto que se pueden leer en nuestra web: www.viviendadigna.org
* Plataforma por una Vivienda Digna (Para Kaos en la Red) - 19.10.2007
Madrid: Dos voluntarios contra un derribo
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ELPAÍS* : El recurso judicial de los habitantes del gallinero -extremo norte de la parte más degradada de la Cañada Real Galiana, en el distrito de Vallecas- que ha conseguido paralizar la orden municipal de derribar sus 35 chabolas se organizó el pasado domingo. En medio de la nada, emergieron tres sillas. Dos, de ésas de plástico que los bares ponen en las terrazas. Otra, de tela con cuadritos marrones desechada por una oficina. En medio, una mesita auxiliar cortesía de Marian, abuela de 49 años cubierta de negro. Alrededor, un montón de caras sucias enseñando tarjetas de residencia, pasaportes y hojas de empadronamiento.
Antonio, voluntario de Cáritas, apuntaba cada nombre en un folio. Jorge, que conoce la zona de su persistente tarea escolarizadora, ejerce de interrogador:
-¿Cuántos años tienes?
-Treinta y uno.
-¿Cuántos hijos tienes?
-Dos.
-¿Cómo se llaman?
-Maradon y Rivaldo.
Y todo así. Con mucha paciencia. Dos voluntarios contra un derribo, con el respaldo de los servicios jurídicos de Cáritas. Los niños juguetean junto a la carretera. Jorge ve que aquello es eterno. Ya es mediodía y la lista se estanca por las dificultades con el idioma y la súbita desaparición de la gente que debe decir sus datos. "No vamos a acabar nunca", dice. Necesita ayuda. Un adolescente con alma de notario o funcionario del registro se propone como voluntario. Es un tipo extraño para el lugar. Sabe escribir.
Tanta actividad dominical tiene su explicación. Dos de los focos chabolistas más degradados del camino a la incineradora de Valdemingómez han recibido una carta del Ayuntamiento. Sus viviendas, una porción irregular de tablones, deben desaparecer. 31 chabolas ya han sido derribadas. Otras 35, las que conforman el vértice superior del poblado, llamado entre los habituales de la zona el gallinero, esperan el desplome. Su desaparición estaba prevista para el pasado lunes, pero la intervención de un grupo de voluntarios de Cáritas ha conseguido que un juez paralice el derribo cautelarmente. La vista preliminar en el juzgado es hoy.
A ninguno de los afectados se le ha ofrecido el realojamiento. No existen. Ni siquiera el pequeño al que apodan Aznar, de cuatro años. Para el Consistorio no son viviendas. Ni siquiera chabolas. Y es que hasta en un lugar con más de 2.000 construcciones ilegales, una legión de toxicómanos vagando y un punto de venta de drogas reconocido, hay clases.
Lydia Mandache tiene cinco años, es rumana, y apoya los pies descalzos entre los cristales para no perder el equilibrio sobre una minibicicleta rosa que su padre rescató de una montaña de basura. Pero para el Ayuntamiento, Lydia, que eleva su coleta rubia menos de un metro sobre el suelo, es la cabeza de familia de la vivienda número 13 de la calle de Francisco Álvarez. Una calle que es un ramal devastado de la Cañada Real Galiana.
A Lydia, conocida como Shakira, le ha llegado una carta con membrete municipal y una advertencia: debe abandonar su chabola. Su "vivienda número 13", un conglomerado de cartones en torno a una hoguera oscura de ruedas de camión, interfiere en el desarrollo del nuevo barrio de Valdecarros. El cúmulo de infraviviendas donde vive Lydia es una extensión irregular que emana de una torre de alta tensión y bajo la que se arremolinan los niños, que se llaman entre ellos con nombres tan curiosos como Aznar, Ronaldo o Rivaldo.
El pasado martes les tocó a otras 31 chabolas de la Cañada, pobladas por marroquíes y algún rumano. Las demolieron mientras sus propietarios trabajaban. Entonces, la carta de advertencia ni siquiera tenía un destinatario. Estaba dirigida a "la parcela 65 y siguientes". Los afectados especularon con la explicación de que sus infraviviendas estaban construidas sobre una finca particular. Pero ésa no fue la razón del Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, sino la "construcción de viviendas ilegales en una vía pecuaria de uso y dominio público". Una constatación que sorprende a otros técnicos municipales: "¡Entonces habría que tirar toda la Cañada!". Incluida una planta de reciclaje promovida por el Ayuntamiento.
Los habitantes de las dos únicas "parcelas" señaladas en rojo por el Ayuntamiento tienen puntos en común. Les echan a ellos, no a sus vecinos, sin que, aparentemente, existan diferencias entre ellos. Y les echan sin prever realojamiento. Todas las actuaciones municipales contra los núcleos chabolistas tienen detrás un plan, plazos y presupuesto para encontrar otro lugar para vivir a los que se expulsa. Para ellos, no.
* ELPAIS.com - DANIEL BORASTEROS - Madrid - 18/10/2007
Foto: Chabolas de la Cañada Real Galiana - ULY MARTÍN (El País)
El TSJA suspende parte del PGOU de Sevilla para proteger el casco histórico
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decretado la suspensión cautelar de 15 artículos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla. El auto judicial responde a un recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía a partir de su impugnación inicial al nuevo PGOU, vigente desde julio de 2006. Los jueces han optado por paralizar los artículos mediante el que el plan urbanístico regía sobre 12 zonas del casco que aún no tienen un plan especial de protección. El Ayuntamiento recurrirá el auto.
La mayor parte del auto del TSJA hace referencia a las competencias que se atribuye el PGOU sobre el casco histórico de Sevilla. El Patrimonio Histórico Español quedó regulado por una ley aprobada el 25 de junio de 1985, que obliga al Ayuntamiento de Sevilla a elaborar un plan especial de protección para el conjunto histórico artístico de la ciudad. El centro histórico de la capital quedó dividido en 27 sectores y la Gerencia de Urbanismo adquirió el compromiso de elaborar un plan de protección para cada uno de ellos. Pero 22 años después, sólo 15 sectores cuentan con uno de estos planes, mientras que los otros 12 aún están pendientes.
Hasta que en julio de 2006 se aprobó el nuevo PGOU, la Comisión Provincial de Patrimonio (dependiente de la Consejería de Cultura) detentaba las competencias urbanísticas sobre estas 12 zonas carentes de norma propia. Cualquier actuación que afectara a estos sectores tenía que pasar por el filtro de la administración autonómica, como ocurrió en el caso de las reformas de la plaza de la Encarnación o la Alameda de Hércules, dos de los grandes proyectos iniciados en los últimos años.
El nuevo PGOU regula las condiciones necesarias para las actuaciones urbanísticas en todos los sectores del casco histórico y se erige como norma principal en aquellas zonas que aún no cuentan con plan especial. Según el TSJA, todos los artículos del plan que inciden en esta premisa pueden infringir la ley, por lo que los jueces han decretado su suspensión cautelar hasta que decidan si existe o no esa vulneración.
El Ayuntamiento tiene 10 días para recurrir el auto y el delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo, anunció ayer que va a hacerlo. Si el recurso fuera rechazado, las competencias urbanísticas sobre los sectores del conjunto histórico pendientes de plan especial volverían a la Junta. El delegado de Urbanismo insistió ayer en una de las consideraciones en las que también inciden los jueces en su auto: la suspensión cautelar se decreta antes de entrar a estudiar a fondo el asunto "para asegurar la eficacia real del pronunciamiento futuro y evitar daños irremediables".
No obstante, Carrillo aseguró que la suspensión cautelar no afecta a ninguno de los grandes proyectos que están en marcha en la ciudad. Asimismo, el delegado de Urbanismo adelantó que espera que todos los planes de protección estén concluidos a finales de 2009.
* ELPAIS.com - REYES RINCÓN - Sevilla - 18/10/2007
Foto: Sevilla 2005 - wikipedia.org
El país de las mil 'marbellas' y la corrupción urbanística como emergencia social
JESÚS GARCÍA* : ¿Es España un país de 'marbellas'? ¿Hay muchas 'marbellas' en España? La corrupción urbanística ha galopado al hilo del boom inmobiliario y el desmadre de los precios, así como del descontrol de las finanzas municipales.
El suelo ha subido en los últimos años un 500% y el precio de los pisos un 130%. El Gobierno de la nación no se plantea por ahora modificar la ley de financiación de las haciendas locales, así que la vía de especulación de los ayuntamientos como modo de suplir las necesidades de su población tiene visos de continuar. Otra cosa son los elementos de corrupción que anidan en las cercanías de algunos ayuntamientos.
Desde que a mediados de 2006 se instauró la Fiscalía de Delitos Urbanísticos y Medioambientales, el problema de la corrupción urbanística muestra ramificaciones hasta ahora desconocidas, decía ayer el fiscal Antonio Vercher.
La delincuencia urbanística emplea diferentes modus operandi en ciudades costeras o de interior, con sofisticados sistemas para el uso de inversiones ilegales. Desde que se ha abierto la Fiscalía y se empiezan a coordinar, se han abierto por distintas fiscalías más de 1.500 diligencias relacionadas con el urbanismo. Se han cuadruplicado, según Vercher, las sentencias relacionadas con el ordenamiento urbanístico y territorial. Vercher se quejaba ayer amargamente de una jurisprudencia insuficiente para luchar contra la corrupción urbanística.
Si el Gobierno y las administraciones no observan el fenómeno de la corrupción urbanística como “situación de emergencia social estarán cometiendo un grave error”, decía ayer el notario José Ignacio Navas Oloriz en esas jornadas del Observatorio de la Vivienda sobre el suelo. Añadía que la actual Ley del Suelo, la Ley Antiblanqueo y Antifraude y la creación de la fiscalía van en ese camino.
La crisis crediticia, el cierre del grifo bancario, abre ahora un periodo de iliquidez para todos que puede ser aprovechada por esa delincuencia organizada que obtiene sus ingresos de vías no controladas y no suele sufrir problemas de liquidez.
La ralentización del sector inmobiliario está poniendo en el mercado una parte del suelo que había sido acaparado a precios mucho más asequibles, aunque el mercado está muy parado. Situaciones de estas características en las que la demanda se frena a la espera de mejores precios y momentos suelen desembocar en crisis empresariales y destape de escándalos por lo general debidos a valoraciones hinchadas y otras tropelías.
Los últimos datos de Transparencia Internacional sitúan a nuestro país, de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción, en el puesto 23 del ranking mundial por detrás de Finlandia, Suecia, Suiza, Reino Unido o Estados Unidos, pero por delante de Estonia, Portugal o Emiratos árabes. El nivel más elevado de corrupción, según la organización internacional, se produce entre las administraciones municipales.
Es tiempo de que los gobiernos y los partidos se ocupen de dotar a estas administraciones de la financiación suficiente para cubrir las necesidades de su población. El asunto no vende porque no es electoral y poner a todos de acuerdo es tan difícil como elaborar una nueva ley de financiación de partidos. Luego dicen que la corrupción anida donde no debe. Como dice el notario antes citado estamos ante una situación de “emergencia social” y cómo tal se debe tratar.
* El Confidencial - PUNTO DE VISTA - 17/10/2007
La juez interrogará como imputados a 4 ediles y 2 funcionarios por las casas ilegales en Catral
ELPAÍS/Alicante* : La juez del Juzgado número 5 de Orihuela, Natividad Navarro, que investiga el caso Catral [construcción masiva de casas en suelo no urbanizable de este municipio y sin licencia] ha reactivado la instrucción del sumario con el interrogatorio a partir del próximo día 26 a seis nuevos imputados -cuatro concejales del gobierno local del Consistorio, el secretario y el arquitecto municipal- Los nuevos encausados se suman a los ya imputados; el alcalde, el ex socialista José Manuel Rodríguez Leal, y cuatro promotores.
Los cuatro ediles de las juntas de gobierno que autorizaron las edificaciones entre 2000 y 2005 también son socialistas. El gobierno local lo ocupa, tras los comicios de mayo pasado las PP.
A todos los imputados se les acusa de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. La acusación particular, que ejerce la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU), considera que los miembros de la junta de gobierno son corresponsales de los supuestos hechos delictivos ya que fue ese órgano municipal el que concedió las licencias, en la mayoría de los casos de obra menor (vallado y refugios de labor) aunque en realidad se construyeron viviendas unifamiliares. La imputación de los concejales y los dos funcionarios cuenta con el visto bueno del fiscal que ejerce la acusación, el responsable del área de Medio Ambiente, Juan Carlos Carranza. El ministerio público, en cambio, se opone a la imputación de nuevos constructores, "salvo que se demuestre que construyeron en suelo de especial protección".
La magistrada Natividad Navarro dictó el archivo del Caso Catral, en septiembre de 2006 al no apreciar indicios de delito. El auto se decretó una semana antes de que el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, acordara retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento para atajar la proliferación de edificaciones irregulares. Entonces, el consejero estimó en 1.200 las casas ilegales y evaluó en unos 80 millones de euros el dinero negro generado por las construcciones. Pero el ministerio público recurrió el archivo provisional de la denuncia presentada por el colectivo de usuarios y reclamó a la juez la práctica de nuevas diligencias.
* ELPAIS.com - REBECA LLORENTE - Alicante - 18/10/2007
Foto: Catral - 20minutos.es
