ELCOMERCIO* : Cuestionan la necesidad de vivienda que plantea el Ayuntamiento y recuerdan que hay 19.000 pisos vacíos. Arrancó ayer, de forma oficial, la oposición de la zona rural gijonesa a la revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Si algunos líderes vecinales ya habían mostrado su rechazo, ayer quedó claro que la federación Les Caseríes al completo no está por la labor de dar por buenas ninguna de las tres alternativas de crecimiento presentadas por el Ayuntamiento.
Y no lo están, en principio, porque no comparten las previsiones de crecimiento que el equipo de gobierno plantea para la ciudad en los próximos diez años. De hecho, consideran que se manejan cifras «irreales» sobre la necesidad de vivienda de la ciudad que es la que, se supone, sustenta los planes urbanísticos. Esa es la base con la que los presidentes vecinales, reunidos ayer de forma extraordinaria, se dirigirán en las próximas semanas a sus vecinos para comenzar a preparar las sugerencias que deben presentar durante el primer periodo de información pública.
Pero la zona rural va más allá. Consideran que el propio documento de prioridades dibuja tres futuros de Gijón muy distintos. «Son tres modelos de ciudad distintos, no tres formas de conseguir el modelo que se quiere», decía ayer Antonio García, abogado de Les Caseríes y presidente vecinal de Deva. Y esa es la cuestión: ninguna de las tres alternativas presentadas por el equipo de gobierno convence a quienes mantuvieron firme oposición con el anterior plan y quienes, finalmente, consiguieron anularlo en los tribunales, aunque por cuestiones de forma y no de fondo.
Pero esta situación es la que ahora ellos quieren aprovechar para dibujar, realmente, un modelo de ciudad distinto. Porque, aunque pueda parecer mentira, la zona rural incluso podría estar de acuerdo en los objetivos que el Ayuntamiento se marca con esta revisión. Al menos, con algunos de ellos. A saber: dibujar una ciudad sostenible, asegurar el desarrollo industrial y garantizar una política de vivienda razonable y suficiente.
Pero los acuerdos se quedan ahí. La idea que unos (Ayuntamiento) y otros (zona rural) tienen de cómo llevar a cabo esos objetivos no son iguales. Las parroquias parten de la base de que ninguna de las cifras de futuras viviendas que ofrece el documento (10.700 en el primer caso, 17.200 en el segundo y 24.200 en el tercero) se ajustan a la realidad de lo que Gijón va a necesitar. Y lo creen así, entre otras cosas, porque «el documento no justifica en ninguna parte de dónde salen esas cifras». Y se preguntan: «¿Necesitamos 10.000 viviendas? ¿O necesitamos 24.000?». Porque es precisamente esa necesidad, junto con las características del territorio y la evolución de la población, en la que se debe apoyar la alternativa que finalmente sea elegida.
Segundas residencias
A eso añaden la cuestión de los pisos vacíos en Gijón. Según el propio documento de prioridades, en la ciudad hay en estos momentos 19.374, un 14,5% del total de viviendas construidas en el concejo, aunque ayer había quien recordaba durante la reunión que algunos estudios decían ya en 2004 que esa cifra era de unos 24.000. El problema reside en que la cifra no distingue cuántas de esas viviendas están realmente vacías y cuántas corresponden a segundas residencias. Aun conscientes de que en estos momentos en España no existe un criterio jurídico para definir qué es una vivienda vacía, las parroquias tienen en cuenta esos más de 19.000 pisos (o al menos una parte) para dar respuesta a la necesidad de vivienda.
Añaden aún dos cuestiones más los presidentes vecinales para justificar esa «irrealidad» de las previsiones municipales. En primer lugar, el crecimiento vegetativo de la ciudad (defienden que Gijón «pierde población»). Y, en segundo, que buena parte del desarrollo de la ciudad en los próximos años se basa en los proyectos de El Musel que ahora mismo están en duda. «Es un polo que se les deshace», aseguraron.
Así las cosas, si no saben qué modelo quieren, al menos sí creen tener claro qué modelo no quieren. Y esperan hacérselo saber al Ayuntamiento con sus sugerencias. Con muchas sugerencias, de hecho. Porque si en la anterior tramitación urbanística destacó la cifra de alegaciones (las que llegan en la segunda fase de información pública, y referidas a cuestiones concretas), en esta esperan que esas cifras se repitan pero ahora, en esta primera fase. Y lo harán con sugerencias que sean «coherentes con todos estos años anteriores, con todo lo que hemos dicho hasta ahora».
Pero hay algo que no puede negarse y es que muchos de los que ayer estaban reunidos en Leorio ya están de vuelta. Ya vivieron una tramitación urbanística que no fue sólo larga sino también polémica y, en ocasiones, más que tensa, incluso con referencias personales. Por lo tanto, se adelantan desde ya a los posibles 'ataques' del Ayuntamiento. Así que, en esta ocasión, además de fondo habrá forma. Es decir, estrategia. Habrá que calcular qué se dice, cómo y cuándo se dice. Y lo primero que quieren hacer, en este segundo gran debate ciudadano, es acabar con «el falso enfrentamiento entre lo rural y lo urbano». «No es real», insistieron una y otra vez, «porque los intereses son los mismos. Son excusas que tenemos que ir venciendo. El suelo se tiene que ocupar según la necesidad real de vivienda, tanto en la zona urbana como en la rural».
Núcleos rurales
Pero eso no significa que rehuyan el debate sobre cuestiones particulares, que pueden llegar a ser más polémicas. Entre ellas, el crecimiento o no de los núcleos rurales. Si el propio concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, puso sobre la mesa el debate de su expansión, las parroquias han recogido el guante. «El modelo de núcleo rural de Gijón es absolutamente obsoleto», aseguraron ayer, dispuestos a entrar de lleno en la discusión de cuál debe ser su crecimiento. A lo que no están dispuestos a que «el frenazo de los núcleos sea la reserva de las nuevas zonas urbanizables».
Unos proyectos, por otro lado, que los líderes vecinales consideran que suponen «una invasión de la zona rural mucho mayor que lo que supondría un crecimiento ordenado de los núcleos». Es más, consideran que son desarrollos como los de Cabueñes, Castiello o el nuevo de Vega (que incluye la alternativa número 2), los que «desnaturalizan la zona rural».
Lo dicho, están abiertos al debate. Que Pedro Sanjurjo justifica las limitaciones de crecimiento de los núcleos porque esos propietarios no tienen ninguna carga sobre el suelo, ellos estarían dispuestos a hablarlos. Quizás es mejor, piensen algunos, ceder un porcentaje de la parcela que no poder hacer nada en ella.
En este sentido, Antonio García recordó que, al inicio del anterior debate, el Ayuntamiento puso sobre la mesa unas fichas de todos los núcleos existentes (extensión, densidad, viviendas ocupadas y vacías...) y que en el primer borrador, incluso, algunos núcleos eran considerados como suelo urbano de baja densidad. Esa idea desapareció del documento aprobado finalmente.
Con todos esos datos, es de esperar que en las próximas semanas se sucedan las reuniones en todas y cada una de las parroquias para informar y recabar opiniones y preparar las sugerencias (ya que está previsto que el periodo de información pública se abra el 2 de enero). Lo que está claro es que la zona rural vuelve a empezar.
* El Comercio Digital - OLGA ESTEBAN -23.12.09
Foto: Presidentes de las asociaciones de vecinos de la zona rural, durante su reunión extraordinaria de ayer para analizar el documento de prioridades del nuevo Plan General de Ordenación. :: JOAQUIN PAÑEDA, elcomerciodigital.com
Gijón: La zona rural inicia su oposición al plan urbanístico
Urbanismo debate 2 planes polémicos en el Vall d’Aran
ELPERIÓDICO/Lleida* : La comisión de urbanismo de Aran debatirá hoy dos de los proyectos urbanísticos más polémicos de los últimos tiempos en el Vall d’Aran: la legalización del complejo Vall de Ruda, en Vaquèira, cuyas licencias de obras anuló el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), y la construcción de más de 500 viviendas a pie de pistas en la antigua estación de La Tuca (Vielha).
La comisión de urbanismo de Aran debatirá hoy dos de los proyectos urbanísticos más polémicos de los últimos tiempos en el Vall d’Aran: la legalización del complejo Vall de Ruda, en Vaquèira, cuyas licencias de obras anuló el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), y la construcción de más de 500 viviendas a pie de pistas en la antigua estación de La Tuca (Vielha).
La estación de Vaquèira Beret eliminará una parte del espacio dedicado a taquillas en Vall de Ruda para destinarlo a uso público. Espera así conseguir el visto bueno para legalizar 350 viviendas que fueron construidas de forma irregular. Esta es la propuesta con la que el Ayuntamiento de Naut Aran pretende dar validez a la licencia municipal de obras de 500 viviendas que en la primavera pasada anuló el TSJC.
«Una parte de un local que la estación ocupa con taquillas y guardaesquís tendrá que ser demolido, para recuperar 466 metros de uso público y cumplir la sentencia», explica el alcalde de Naut Aran, César Ruiz Canela, que da por hecho el acuerdo de la estación con la constructora del complejo donde se levantaron las 350 viviendas. La crisis dejó el resto en el aire.
La propuesta, que con toda probabilidad aprobará la comisión, llega ante la imposibilidad de plantear recurso ante el TSJC, que dio la razón a los dueños de otras viviendas contra la promotora Neu 1.500 y contra Vaquèira Beret, y después de que el Ayuntamiento de Naut Aran haya planteado varios cambios en la normativa urbanística.
En la sentencia, los jueces estimaron que el permiso de obras otorgado por el consistorio en el 2004 se basaba en un proyecto técnico en que los espacios reservados a uso público no se correspondían con lo previsto en las normas subsidiarias existentes entonces en el municipio.
La comisión también debatirá la construcción de 562 viviendas a pie de pistas en la antigua estación de La Tuca, en Betrén, núcleo de Vielha e Mijaran, en un sector donde ahora solo se permiten 19. La propuesta, rechazada en su día por Urbanismo, podría ser también aprobada con la condición de que la construcción avance al mismo ritmo que la reapertura de la estación.
* El Periódico - ROSA MATAS - 23.12.09
Foto: Imagen de la macrourbanización Vall de Ruda, al pie de Vaquèira, con el telecabina de acceso a las pistas. - ARCHIVO / RAMON GABRIEL, elperiodico.com
El cáncer de las viviendas ilegales
JUAN CLAVERO* : La proliferación de urbanizaciones y viviendas ilegales se ha convertido en un cáncer en toda Andalucía. Recientemente el Defensor del Pueblo ha llegado a calificar de "hecatombe ecológica" la construcción indiscriminada en suelo no urbanizable. Los impactos son evidentes: devora territorios y paisajes, genera un modelo de ciudad extensivo e insostenible, agudiza los problemas de la movilidad urbana, encarece los servicios públicos, incrementa los consumos de agua y la contaminación de los acuíferos y, además, genera corrupción y termina por justificar todo tipo de infracciones al planeamiento urbanístico.
¿Qué ha pasado para haber llegado a esta situación límite? El crecimiento incontrolado de viviendas e infraestructuras ilegales en la periferia de los núcleos urbanos, a lo largo del litoral y en muchas zonas serranas protegidas como espacios naturales no es entendible sin la pasividad, cuando no abierta complicidad, de los responsables municipales y de la propia Junta de Andalucía. La mayoría de los partidos políticos han apoyado descaradamente este fenómeno con un electoralismo lamentable. La disciplina urbanística ha sido la gran ausente en la gestión municipal.
Sólo cuando aparecen detenciones o sentencias judiciales el debate se reabre, y Junta y ayuntamientos responden con promesas de legalización de todo lo construido ilegalmente, lo que agrava el problema por este efecto llamada. El esperpento ha llegado a tal límite que los ayuntamientos han convertido a las asociaciones de propietarios de viviendas ilegales en interlocutores válidos a la hora de modificar planeamientos en su provecho.
La medida más eficaz contra el urbanismo ilegal es la prevención. Ayuntamientos y Junta deben colaborar para paralizar todo proceso de parcelación o construcción ilegal desde sus inicios, imponiendo las medidas sancionadoras y de restauración de la legalidad estipuladas en la legislación vigente, y convirtiendo en normal la demolición de todo lo ilegalmente construido. La legalización debe ser la excepción y, sólo en los casos en que estas urbanizaciones ilegales entren dentro del modelo de ciudad compacta mediterránea, hayan prescritos las infracciones y/o delitos, no se hayan construido en suelos protegidos o usurpando terrenos públicos, cuenten con disponibilidad de agua…
La regularización de las urbanizaciones ilegales debe realizarse bajo el principio de que construir ilegalmente no puede salir más barato que hacerlo legalmente. Por ello, y en esto insiste el Informe del Defensor del Pueblo, deberán hacerse cargo no sólo de los costes de urbanización, sino también de la parte correspondiente de las infraestructuras (carreteras de accesos, variantes, conducciones de agua potable y residuales…) que, de no existir estas urbanizaciones ilegales, nunca se hubieran construido. También deberán garantizar las cesiones de suelo para los viales, equipamientos, zonas verdes… e incluir el 30% de viviendas de protección oficial (VPO) y la cesión del 10% de edificabilidad al Ayuntamiento a que obliga la ley.
Pero lo que pretende la mayoría de propietarios de viviendas ilegales -muchas, de segunda residencia- es que el coste de su regularización recaiga en todos los ciudadanos. En los primeros procesos de legalización que han iniciado Junta y Ayuntamientos (El Palmar y Chiclana, en Cádiz) los propietarios se han movilizado para no pagar ni cesiones, ni infraestructuras; como mucho, aseguran estar dispuestos a financiar parte de la urbanización interna. ¡Es el colmo de la desfachatez!
La lucha contra el urbanismo ilegal tiene que ir pareja a la oposición total a ese otro urbanismo legal que ha planificado nuestras ciudades a golpe de talonario y al dictado de los especuladores, y al fomento de políticas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna de todos los ciudadanos. Para ello hay que garantizar la construcción de las VPO que demande la población, viviendas sociales para las rentas más bajas, viviendas para jóvenes en régimen de bajo alquiler con opción a compra, y destinar suelos públicos a planes racionales de autoconstrucción en terrenos urbanizados y con los servicios y equipamientos necesarios.
* Diario de Sevilla - Opinión - 23.12.09
Madrid: "Un mes resistiendo" del Patio Maravillas
MADRIDIARIO* : Un grupo de activistas desplegaron este viernes por la noche en la sede del Ministerio de Justicia una pancarta en la que se podía leer "Un mes resistiendo a la injusticia. Que nos quiten lo bailao" para dar a conocer su situación de inminente desalojo, informó este sábado la plataforma.
Desde el 12 de noviembre, el Espacio Polivalente Autogestionado Patio maravillas se encuentra bajo amenaza de desalojo policial tras la finalización del proceso judicial que paralizaba dicha orden. "El Patio nació cometiendo un delito, pero antes de que eso ya existía otro delito que no es perseguido por la justicia, la especulación con dotaciones sociales", apuntan.
Así, explican que durante los dos años y medio de 'okupación' de la actual sede del Patio Maravillas, el juez ha intentado desalojar el Patio en tres ocasiones, "en un juicio lleno de irregularidades". "Lo único que protege de la especulación al edificio situado en la calle Acuerdo 8 es el compromiso actual del Ayuntamiento de no recalificar el terreno una vez que se produzca el desalojo", añaden.
Los participantes del Patio Maravillas siguen esperando la ejecución del desalojo con normalidad, y con la total certeza de que Madrid necesita espacios como el Patio Maravillas y que el proyecto continuará una vez que el desalojo se produzca. Asimismo, han arrancado las gestiones para tener la reunión con la Concejalía de las artes, tal y como se les pidió en la última interlocución que mantuvieron con el Ayuntamiento.
* Madridiario - 19-12-2009 - MDO/EP
Foto: madridiario.es
