LAVANGUARDIA* : El arquitecto y relator especial sobre la Vivienda Adecuada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Miloon Kothari, a invitación del Gobierno español visitó a finales del 2006 España para estudiar los casos concretos de Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla y Zaragoza. Ya ha elaborado su informe sobre la situación de la vivienda en España y hoy 10 de marzo lo presenta de forma oficial durante la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
ENTREVISTA
-¿Qué recomendaciones haría a los Gobiernos para mejorar el acceso a la vivienda?
-Una de mis recomendaciones principales es que los Gobiernos en todo el mundo y, especialmente, en el caso de los Gobiernos europeos tienen que poner más énfasis para promover una vivienda accesible y alejarse de la visión de la vivienda como una mercancía. Debería verse como un derecho humano y social. Muchas personas están destinando el 70% o más de su salario a la vivienda y no pueden dedicar su dinero a otros aspectos como la salud o la educación. No me parece bien y los Gobiernos tendrían que tomar medidas para que esto no pase, sobre todo en el caso de los más desfavorecidos. Y una solución de calidad sería desde el punto de vista de los derechos humanos.
- ¿Y qué otras soluciones propone?
- Para los grupos más vulnerables no basta con planificar políticas de vivienda de un año para otro sino que se debería garantizar este derecho y especialmente en los países desarrollados, que no tienen la excusa de falta de recursos. Otra recomendación y en relación con los grupos más desfavorecidos sería la discriminación que sufren las mujeres en temas de vivienda. En los países desarrollados, las madres solteras, las mujeres víctimas de la violencia doméstica, discapacitadas y mayores viven una situación más compleja porque afrontan una discriminación más complicada.
-¿Considera que existe una relación entre la violencia doméstica que sufre la mujer y el acceso a la vivienda?
-Existe un vínculo directo entre la violencia doméstica y el acceso a la vivienda porque si las mujeres no tienen un lugar seguro o el derecho a acceder a una vivienda pueden sufrir situaciones en un ambiente de violencia doméstica sin poder irse a otro sitio y estar seguras. Es importante que exista una legislación a favor del derecho de la mujer a la hora de acceder a la vivienda cuando sufra violencia doméstica tal como existe en otros países como en la India o en Uruguay.
-¿En su misión a España qué diferencias ha encontrado en comparación con otros países europeos en materia de vivienda?
-Una de las cuestiones que más me sorprendió es el fenómeno de la existencia de muchas casas vacías pese a los problemas de acceso a una vivienda. España es con diferencia el país de Europa Occidental con más viviendas vacías. Otra cuestión es que la gente quiere comprar más que alquilar. En España a pesar de sus políticas a favor de un acceso a la vivienda los esfuerzos e iniciativas del Gobierno se han destinado a su compra con incentivos a constructores y esto ha distorsionado el mercado. Según mi experiencia en Australia y Canadá sí que existe un derecho social real de la vivienda pero en España las viviendas de protección oficial normalmente no están al alcance de las personas más necesitadas sino de las que deberían comprar o alquilar una vivienda en el mercado. También me ha sorprendido la intensa especulación urbanística y la fuerte corrupción que viene acompañada de ella.
-Antes de haber presentado oficialmente su informe se reunió recientemente con la Ministra de Vivienda, Carme Chacón. ¿Qué sensaciones ha tenido de este encuentro?
-La reunión ha sido útil y me alegro de poder haberla conocido ya que cuando estuve realizando mi misión había otra Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. Chacón me explicó las nuevas medidas y políticas que están adoptando en materia de vivienda y estoy encantado de comprobar que inicialmente el Gobierno español ha respondido positivamente al informe y lo ha visto como una crítica constructiva.
-Además del Gobierno central cuáles son las funciones que deben desempeñar las comunidades autónomas y los municipios en materia de vivienda.
-En España las comunidades autónomas y los municipios tienen un gran poder de decisión en cuestiones relacionadas con la vivienda. En cada región hay que prestar una determinada atención a los distintos problemas. Si bien es cierto que los países desarrollados suelen tener un sistema federal donde la vivienda es una responsabilidad local pero a menudo los recursos necesarios económicos no están y los municipios que quieren hacer algo frente a los problemas de vivienda no pueden. Por eso es necesaria una cooperación entre los gobiernos locales, autonómicos y estatales.
-Para elaborar su informe ha visitado distintas ciudades españoles pero Barcelona fue la primera. ¿Qué impresión se lleva?
-Barcelona es una ciudad en la que se han renovado y se han transformado socioeconómicamente los barrios más degradados y resulta que todos los barrios son caros y existe una situación en la que ni siquiera la gente de la clase media está al alcance de adquirir una vivienda propia. Imagínate la situación de otros grupos más desfavorecidos como pueden ser los inmigrantes, los sin techo o el colectivo gitano. Además, un 18% de los catalanes vive en una situación de riesgo de pobreza y esto en un porcentaje muy elevado para un país desarrollado.
* La Vanguardia - Barcelona - Jesús Sancho - 10/03/2008
Foto: Relator de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, 2006 - adn.es
"España es el país de Europa con más viviendas vacías"
El hogar aún no es un derecho, es un bien de consumo
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ELPAÍS* : La obsesión por ser propietarios de la vivienda y la especulación han hecho de España un caso alarmante para las capas más desfavorecidas de la población. La ONU, en un acontecimiento inusual, llamará hoy la atención al Gobierno y le urgirá a intervenir en el mercado.
Enrique Vives vive con sus padres. Veintiocho años, un trabajo de mileurista. La única solución sería buscar un piso compartido en su ciudad, Barcelona, y gastar casi la mitad del sueldo en alquiler. Las ayudas de hasta 210 euros promovidas por el Gobierno no serían, además, suficientes para garantizarle la calidad de vida de la que goza en casa de sus padres, asegura. "Prefiero esperar", admite. Su prima Eva, en cambio, acaba de recibir las llaves con las que espera abrir una puerta al futuro junto con su pareja. Las llaves de una vivienda de protección oficial en las afueras de Granada, por la que empezará a pagar una hipoteca de 90.000 euros, un 40% menos de lo que le habría deparado un piso del mercado libre.
Las historias de Enrique y Eva reflejan de forma indirecta dos caras de las políticas de la vivienda en España. Ayudas a veces insuficientes y otras eficaces. Escasas oportunidades para alquilar y demasiadas viviendas en construcción. Centenares de miles de casas vacías, pero también un sistema de Vivienda de Protección Oficial (VPO) mejor organizado que en otros países europeos. Buena voluntad por parte de muchas administraciones y especulación por parte de otros tantos promotores. Aspectos negativos y positivos que, según un estudio de Naciones Unidas, mezclan los peores y los mejores hábitos de todo un sector.
España, en materia urbanística, parece un caos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los precios en Madrid y Barcelona han aumentado por encima del 100% en los últimos 10 años? ¿Qué tendrá que hacer el futuro Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda? A estas preguntas intenta responder un informe de la ONU que se presentará hoy en Ginebra ante representantes del Ejecutivo en la asamblea del Consejo de Derechos Humanos. "A pesar de que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende... Todos los sectores de la sociedad, incluidos los promotores, los constructores, las agencias, los grupos de la sociedad civil deben participar en la realización de este derecho humano básico", cuenta el relator del estudio, Miloon Kothari.
¿Cómo? Según Naciones Unidas, el Gobierno no tiene más alternativas que "intervenir en el mercado de la vivienda y regularlo para garantizar un descenso de los precios de los inmuebles y del suelo". Y castigando con mayor determinación prácticas como la discriminación xenófoba y racial y la especulación. A finales de 2006, Kothari visitó España a invitación del Gobierno y tras haber recibido varias denuncias de algunas ONG; observó de primera mano la situación de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla o Zaragoza y se encontró con un panorama en muchos casos desolador. Casos de corrupción, mobbing inmobiliario, segregación residencial, especulación. Una de las causas del mal funcionamiento del sistema residiría en el éxito del modelo de vivienda en propiedad, que obliga a centenares de miles de familias "a gastar en hipotecas más del 40% de sus ingresos medios", explica el relator. Se trata de algo inédito en países como Francia, Reino Unido o Alemania, donde los jóvenes se emancipan de media cuatro años antes que en España. ¿Por qué?
Al margen de las razones económicas, según los expertos, se trata de una cuestión de hábitos sociales típicos del sur de Europa. Una de las características de nuestra sociedad son las fuertes relaciones de dependencia. Las ayudas familiares y los vínculos entre generaciones, más radicados que en otros países, determinarían así también nuestras prácticas residenciales: la compra de una vivienda, su localización y, sobre todo, la dilación de la edad de emancipación, que en algunos casos no se produce hasta los 35 años.
Si, por ejemplo, Enrique aprovechara las subvenciones públicas, podría en realidad emanciparse. No viviría holgadamente, tendría que hacer algunos esfuerzos, pero podría. Sin embargo, la falta de una cultura del alquiler suele retener a decenas de miles de jóvenes en casa de los padres hasta que pueden permitirse una vivienda en propiedad. Ya la ex ministra Trujillo reconoció a este respecto que "la insuficiente oferta de vivienda de alquiler y subvencionada constituye un grave problema": según los últimos datos, sólo el 6,3% de todas las residencias está en ese régimen, menos de la mitad de la media europea. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala, además, que sólo el 35,4% de las viviendas económicas en alquiler están realmente ocupadas por hogares "pobres".
Pero, ¿cómo ha podido prosperar la obsesión de los españoles por ser propietarios? El fenómeno se suele explicar con una infinidad de variables económicas, sociológicas e incluso psicológicas. Pero, al final, casi todas las respuestas se condensan en una frase mucho más sencilla: "Total, para pagar casi lo mismo por un alquiler, compro y el piso es mío". Lógica aplastante. Sin embargo, lo que aquí parece evidente, en Europa no lo es tanto. Mientras que sólo uno de cada 10 hogares españoles vive de alquiler, en la UE el porcentaje alcanza el 38%.
Llama la atención la unanimidad entre políticos y expertos a la hora de diagnosticar el problema -la escasez de oferta en el mercado- y las medicinas que podrían curar la enfermedad -aumentar el parque de vivienda social para inquilinos-. Si la respuesta es tan obvia, ¿por qué la proporción de alquiler se ha mantenido invariable en niveles raquíticos durante los últimos años? ¿Y por qué el parque público no representa ni un 1% del total, mientras que en Europa ronda el 18%?
"Todos los Gobiernos han dicho que querían impulsar el alquiler. Pero al mismo tiempo mantenían las ventajas fiscales a la compra. Ha habido una clara indefinición política", responde José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Este especialista cree que, ahora sí, el Ejecutivo ha entendido la necesidad de ponerse manos a la obra, con medidas como la ayuda de 210 euros para jóvenes o la deducción fiscal para rentas inferiores a 24.000 euros. "El riesgo ahora es que se subvencione demasiado un sector en el que la oferta es insuficiente. Esto, como sabe cualquier estudiante de primero de Económicas, sólo provocaría un aumento de los precios".
De todas formas, por ahora no habrá peligro en este frente, porque el sistema de vivienda en propiedad, público y privado, es todavía el rey del sector, lo que ha llevado a Naciones Unidas a dar la voz de alarma: "Aunque el precio de las VPO es más bajo que el precio de mercado, sigue siendo demasiado alto... Por tanto, el sistema parece beneficiar solamente a algunos grupos de la población que pueden permitirse una casa y deja de lado a los que no pueden comprar ni pagar hipotecas o alquileres", dice Miloon Kothari.
¿Por qué es tan negativo que el mercado de alquiler sea casi insignificante? Ante todo, porque la lógica aconseja diversificar el patrimonio. Y en España es habitual que los jóvenes se endeuden al 90% o el 100% para comprar un piso. "Es un absurdo desde el punto de vista financiero. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta", asegura García Montalvo.
El problema, en realidad, viene de lejos. De los años más negros de la posguerra, precisa el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver. La legislación franquista de los cuarenta congeló los alquileres. "Con las rentas estables y una inflación galopante, nadie en su sano juicio ponía un piso en el mercado", señala Oliver. Pero no sólo cuenta la ley, la sociología también tiene cosas que decir. El éxodo rural de los años del desarrollismo llenó las ciudades de personas procedentes del campo, que no concebían la idea de alquilar. Además, las tasas de inflación de entonces y las hipotecas a tipo fijo que concedían habitualmente los bancos aconsejaban a cualquier consumidor sensato optar por la compra.
En los ochenta y noventa se liberaliza el mercado del alquiler dando más derechos a los propietarios. Pero, como recuerda el informe del relator de la ONU, esta política tampoco ha dado el resultado esperado. Con la crisis de los ochenta, y las tasas de paro por las nubes, la creación de nuevos hogares se ralentiza, y también lo hace la salida al mercado de nuevos pisos. Y así se llega al auge inmobiliario de la última década. Los tipos de interés pasan en pocos años del 17% al 3% de 1999. Con una inflación controlada y tasas de empleo al alza, la decisión racional es endeudarse... para comprar.
El escaso desarrollo de los instrumentos financieros contribuye, además, a que las familias consideren que su piso no es sólo el sitio donde duermen, sino también un seguro de vida. Así, el rechazo al alquiler se perpetúa en la psique española hasta bien entrado el siglo XXI. La pregunta ahora es si España dejará de ser diferente, también en esto, en los próximos años.
Un sector de contradicciones
- Artículo 47 de la Constitución. "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".
- La ONU. "A pesar de que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende. En este contexto, debe recuperarse su función social y aplicarse el artículo 47".
* ELPAIS.com - FRANCESCO MANETTO / LUIS DONCEL 10/03/2008
Foto: La urbanización de Paco el Pocero en Seseña- ULY MARTÍN, elpais.com
El Consell retrasa 7 años el Patecas y frena la respuesta a las alegaciones desde 2005
LEVANTE/Castelló* : La Generalitat Valenciana retrasa desde hace siete años y siete meses el Plan de Acción Territorial de Castelló (Patecas) y bloquea desde 2005 la respuesta a las alegaciones que presentaron 21 municipios al objeto de coordinar los planes urbanísticos del área metropolitana y definir las necesidades en materia de infraestructuras.
Este bloqueo se mantiene vigente en una antesala electoral en la que emerge la publicidad de proyectos virtuales que aún duermen en los cajones de algún despacho y los ciudadanos asisten a un fuego cruzado de acusaciones y enfrentamientos entre municipios por los diseños de futuro del área metropolitana.
Las fotos mediáticas todavía no se han traducido en documentos concretos y llama la atención que el tanto el Consell como los ayuntamientos de signo popular han silenciado cualquier referencia al Patecas, un plan que fue concebido precisamente para marcar las líneas de ordenación territorial y agilizar la reivindicación de las infraestructuras.
La demora del plan implica que ni la Generalitat Valenciana ni los municipios están en condiciones de exponer en un documento unificado los proyectos y el diseño territorial que necesita Castelló.
Pese a ello, el Partido Popular no ha dudado en criticar desde los ayuntamientos que gobierna y desde la Generalitat los supuestos retrasos de las infraestructuras del Gobierno central, que en muchos casos se ha encontrado con una batalla difícil de resolver a la hora de encontrar trazados que cuenten con el consenso de todos los municipios, tales como el desdoblamiento de la N-340 o el enlace del bus guiado con Benicàssim.
El Gobierno de la Generalitat Valenciana presentó por primera vez el Plan de Acción Territorial de Castelló (Patecas) en el año 2000. En aquel momento, Luis Fernando Cartagena se encontraba al frente de la Conselleria de Obras Publicas.
La redacción del proyecto se adjudicó en el año 2001 y la aprobación del plan, que no su aplicación, se rubricó en 2002. Este documento pasó entonces por las manos del actual conseller de Infraestructuras, Rafael García Antón, que finalmente derivó el cometido hacia las competencias del entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco.
Los ayuntamientos recibieron el documento para presentar su opinión al respecto y completar un proceso de alegaciones que todavía hoy no ha recibido respuesta alguna.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 10 de marzo de 2008
Foto: Castellón, vista - google.es
