A.Valenzuela/MálagaHoy* : "El ex asesor municipal de Urbanismo, Juan Antonio Roca, junto a otras 85 personas, serán finalmente los procesados por el caso Malaya, que puso al descubierto la trama de corrupción que gobernó durante la última década Marbella y destapó actuaciones tan graves y lesivas para los intereses generales que el Gobierno central optó por ejecutar la primera disolución de un ayuntamiento en la España democrática. En el auto de procesamiento firmado por el juez instructor de la causa, Miguel Ángel Torres, se expone que Roca, protagonista y cerebro absoluto del caso, debe ser procesado por los delitos continuados de cohecho, malversación, fraude, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales como jefe de una organización, falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias, prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Además, en el escrito de más de 450 páginas que ayer se hizo público, Torres procesa a un total de 20 ex concejales del Consistorio y al ex secretario municipal, Leopoldo Barrantes.
Otro bloque importante de procesados es el conformado por los abogados que, presuntamente, colaboraron estrechamente con el ex asesor de Urbanismo para tejer el entramado societario que le permitió “esconder” uno de los mayores patrimonios financieros y mobiliarios del país. Ahí se encuentran los cuatro abogados del despacho Sánchez-Zubizarreta-Pastor, Montserrat Corrulla o Juan Germán Hoffmann, entre otros.
El tercer conjunto de procesados sería el de los empresarios. Tomás Olivo, Rafael Gómez Sandokán o José Ávila Rojas son algunos de los nombres que aparecen en tan comprometedora lista.
En el auto firmado el pasado 18 de julio por el instructor del caso, se insiste en la idea de que Roca encabezaba una “organización criminal cuyo objetivo era tener el control político del Ayuntamiento para conseguir beneficios económicos”, razón por la que Torres no duda en calificarlo de “alcalde de hecho de Marbella” o de “verdadero alcalde” que logró “expoliar” la ciudad y las arcas municipales. Además, lo considera culpable de la llegada a la localidad del “dinero negro” y la “criminalidad organizada” debido al “ambiente generalizado de corrupción” que propició.
Pero el todavía encarcelado en la prisión de Albolote (Granada) no podía levantar en solitario un imperio de esas magnitudes. Según el auto de procesamiento, una pieza fundamental en la organización sería el abogado Juan Germán Hoffmann, “que en cierto modo asume y renueva parte de la estructura exterior de Roca con distintas sociedades de Suiza, Liechtenstein, Gibraltar o lugares tan exóticos como Singapur”.
En este vertiginoso ascenso al poder, el ex asesor de Urbanismo también “compra la voluntad de los representantes elegidos por el pueblo (ediles) con las cantidades que recibe de los promotores para que, de modo general, se sometan a sus designios votando sin mayores complicaciones todo lo que venía de Planeamiento y otros actos de su interés”, continúa Torres en su escrito.
Por otra parte, el magistrado recuerda que todo este procedimiento judicial se ha configurado para esclarecer si Roca podía ser propietario del inmenso patrimonio que se le presupone y que está valorado en cientos de millones de euros. Después de año y medio de ardua instrucción, el auto de procesamiento señala que los bienes y demás propiedades del detenido tienen un presumible “origen ilícito” porque no se logra explicar cómo una persona “insolvente”, cuyo nombre no aparece en ninguna de las sociedades interpuestas que administran todo ese patrimonio, termina estando detrás de esa inmensa fortuna. De hecho, Torres considera “llamativo” que haya preferido seguir en un aparente estado de quiebra por una pequeña deuda del pasado antes de pagarla y así poder poner a su nombre todos los bienes que ha ido adquiriendo desde que entró en el Ayuntamiento de Marbella.
El magistrado considera que procede mantener la situación de prisión incondicional para Juan Antonio Roca, Julián Muñoz y Pedro Román, y también la orden de detención europea de busca y captura para los imputados José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, Carlos Fernández Gámez y Alberto Hector Pedronzo Moreno.
* Diario Málaga Hoy - 24 de Julio de 2007
Foto: Marbella, Ayuntamiento /UrbPatasArriba
El caso Malaya acaba con fianzas por 5.241 millones y 86 procesados
El escándalo de los solares urbanos sin edificar en la comarca de la Sierra del Guadarrama
Foro Social de la Sierra del Guadarrama (Madrid)* : "Mientras la mafia especuladora impulsa la recalificación de centenares de hectáreas rurales, en nuestra comarca existen 18.622 solares clasificados catastralmente como urbanos que están sin edificar y que ocupan una superficie de 7.215,8 hectáreas (equivalentes a otros tantos campos de fútbol), lo que supone el 36,26% del total de la superficie urbana. En algunos municipios, como Pozuelo de Alarcón, El Boalo y Los Molinos los solares vacíos suponen el 50% o más del total de la superficie urbana. Este es un elemento más que pone al descubierto la actuación de las mafias especuladoras.
Aunque existen terrenos para, prácticamente, duplicar el número de viviendas en la sierra (lo que implicaría un desastre desde el punto de vista de la calidad de vida, el tráfico, la contaminación, la crisis del agua, etc.), el entramado político-inmobiliario sigue impulsando las recalificaciones de espacios naturales y rurales, dentro de la vieja estrategia de acumular la mayor cantidad de terreno posible, para elevar artificialmente su precio.
En la página web del Foro Social de la Sierra (www.forosocialsierra.org) puedes encontrar la noticia completa y el enlace a la base de datos de los municipios que contiene un mayor nivel de detalle (clasificación de los solares urbanos por superficie, etc.).
Correo-e: admin@forosocialsierra.org
Más detalle en www.forosocialsierra.org
* Foro Social de la Sierra del Guadarrama - 23 de julio
El urbanismo también da votos
XERARDO ESTÉVEZ* : "Las elecciones pasadas fueron las menos municipales desde 1979. Con el terrorismo y la corrupción como discursos dominantes, apenas se habló de los temas urbanos y la campaña culminó en un estado de confusión que, seguramente, fomentó la abstención. El municipalismo está de capa caída. Tanto, que se puede trastocar el sentido de todo un proceso electoral sin que pase nada grave, lo que demuestra el bajo perfil político de los ayuntamientos hoy en día. Pero también lo está porque el discurso ha perdido empuje al abandonar el hilo conductor que ensarta las políticas sectoriales con el crecimiento urbanístico y económico. Los municipios en general se han vuelto demasiado pragmáticos al dar una importancia desmesurada al vector construcción, tal vez impelidos a resolver el problema de la vivienda a cualquier precio y a obtener ingresos por otras vías debido a su escasa participación en el gasto público.
El Parlamento Europeo y la ONU han puesto en entredicho la forma de crecimiento territorial en España y alertado del peligro que se cierne sobre el individuo hipotecado, obligado incluso a prescindir de las vacaciones para poder afrontar los pagos. La cascada de advertencias de instituciones políticas y económicas mundiales no desvela nada que no hayan denunciado antes los organismos internos de control, pero que la alarma haya llegado tan lejos debe inducir a un repaso crítico del quehacer urbanístico en nuestro país.
En verdad, hay dos discursos, dos formas o modelos de ver la cuestión. Uno de ellos entiende la ciudad y el territorio como suelo y valores inmobiliarios; parece que cabe todo, que todo lo aguantan, y como lo que importa es crecer expansivamente, casi sin límite, se construye sin evaluar las consecuencias económicas, sociales y ambientales de ese crecimiento masivo en un futuro próximo. Le han cogido el truco a los conceptos de sostenibilidad y rehabilitación, que se ponen sin rubor al servicio del proyecto económico urbano. La otra vía sostiene que la ciudad y el territorio, costa o interior, han de crecer con un objetivo, construir para habitantes y no para duendes, como suma de un conjunto de factores que debe plasmarse en la práctica urbanística. Sus gestores suelen ser considerados timoratos porque, en lugar de mostrar entusiasmo por la actividad que a tantos beneficia, miran hacia el interior construido de las ciudades y acotan la expansión indiscriminada en sus bordes, distinguen el problema de la vivienda del negocio de la vivienda, proyectan al unísono infraestructuras y servicios y protegen patrimonio y paisaje.
Pues bien, uno es un modelo economicista más proclive a la perversión, mientras que el otro es propiamente urbanístico. No se puede negar la rentabilidad electoral a corto plazo del primero, ya que es muy grande el universo de compradores y vendedores de la mercancía suelo y vivienda; sin embargo, allí donde se ha aplicado el segundo, a pesar de no jugar tan fuertemente con estas bazas y procurar un crecimiento más ajustado a la realidad demográfica, los resultados electorales son buenos y duraderos, porque ese modelo alternativo conjunta mejor los esfuerzos públicos y privados a la hora de gestionar el planeamiento y, además, fomenta un pulso y una conducta ciudadana que incrementa y mejora el capital humano.
Yendo al fondo de la cuestión, ¿eran necesarios la destrucción de tanto territorio y espacios naturales, tan sonoros escándalos y tantas advertencias externas, para empezar a pensar que hay que cambiar de trayectoria? Sin lugar a dudas, era previsible y pudo haberse evitado en buena medida, pero creo que hoy en día podemos sentirnos un poco más optimistas en cuanto a la práctica del urbanismo. En primer lugar, porque el enfriamiento del sector permitirá introducir profesionalidad y raciocinio, dejando atrás la etapa de planeamientos desmesurados y devastadores, si bien las consecuencias de ese enfriamiento sobre el sujeto hipotecado deben ser materia de preocupación preferente para la administración. Segundo, porque los ciudadanos y las organizaciones admiten que es más rentable crecer con orden y no lastrar el futuro con los errores fruto de la mala planificación y, lo que es más significativo, la propia economía empieza a aceptarlo. En tercer lugar, porque las autonomías parecen ver la necesidad de regular el crecimiento desproporcionado de algunos ayuntamientos con instrumentos de ordenación supramunicipales que vinculen los intereses locales con el interés general, y de volcar sus esfuerzos en enfrentarse a la realidad metropolitana, que es el espacio del futuro.
Hay un cuarto factor importante: la nueva ley del suelo, aprobada sin pena ni gloria en pleno fragor electoral, entró en vigor días pasados y tendrá, a no dudarlo, efectos positivos en este conflicto.
La ley del 98, la del "todo urbanizable", produjo secuelas desafortunadas, alentó la codicia del suelo y lanzó un misil directo contra la práctica urbanística. Un solo dato: según el Banco de España, entre 1998 y 2005 el precio del suelo urbano subió un 500%, mientras que la vivienda lo hizo en un 150%. La nueva ley habilita más mecanismos de transparencia en la redacción y aprobación de los instrumentos de ordenación; prohíbe enajenar el suelo público por encima del valor legal de repercusión para vivienda pública; impide alterar la delimitación de los espacios incluidos en la Red Natura salvo en casos excepcionales, sancionados por la Unión Europea. Además, considera variables relacionadas con la economía de los recursos, la prevención de riesgos naturales y contaminación, e incluye las infraestructuras de tratamiento y suministro de aguas y de transporte público en los costes de urbanización que ha de asumir el promotor. Resuelve la anterior indeterminación en cuestiones trascendentales, como la reserva de suelo para vivienda protegida, estableciendo unos mínimos de obligado cumplimiento. Por último, frente al errado sistema de valoración del suelo por el método residual, en función del ulterior aprovechamiento urbanístico, lo valora según su situación real en el momento de la tasación, prescindiendo de las meras expectativas. La ley ha salido adelante con el consenso del arco parlamentario, excepto el PP; lo que hace falta ahora es que se cumpla.
Es posible que estemos en el umbral de una nueva etapa en la que se afronte la corrección de los errores del pasado, poniendo sobre la mesa los costos de reparación para dotar de servicios, equipamientos e infraestructuras a quienes no los tengan. Un ciclo de práctica urbanística sensata donde se hable más de futuro que de ladrillo y se consolide la correspondencia entre el esfuerzo urbanístico de las administraciones y los resultados electorales, y donde los ayuntamientos dispongan de financiación y de apoyo político suficientes para garantizar su funcionamiento y desarrollo.
* Xerardo Estévez es arquitecto.
* ELPAIS.com - 24/07/2007
Facua pide que se dote al Ministerio de Vivienda de "mucho más contenido y más peso"
EuropaPress/Sevilla* : "La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Ación (Facua) destacó la "importancia" de la existencia de un Ministerio de la Vivienda, aunque consideró que es necesario dotar a este organismo de "mucho más contenido" través de propuestas y acciones "concretas y relevantes y aumentando la participación civil a la que se le ha dado poco peso en esta legislatura", con el objetivo de que sea eficaz.
El portavoz de Facua Rubén Sánchez advirtió de que el precio del metro cuadrado de la vivienda libre en Andalucía establecido en 1.740,4 euros por metro cuadrado al cierre del primer trimestre del año --lo que supone un incremento del siete por ciento respecto a la misma fecha de 2006-- supone una cifra "aberrante" y reclamó actuaciones por parte de las Administraciones para intentar solucionar el problema.
Sánchez apuntó que la subida por encima del Indice de Precio al Consumo (IPC) "aún no ha tocado techo" aunque se está produciendo una ralentización, "de forma desigual en las autonomías", del incremento del precio de la vivienda libre, por lo que el portavoz confió en que, en un plazo "razonable" de tiempo, la subida se ponga en línea con el IPC.
En este sentido, Facua reclamó que tanto el Gobierno central como los autonómicos y ayuntamientos "deberían introducir mecanismos para ralentización y llevar a cabo iniciativas para el fomento de la vivienda a precios asequibles".
Así, la organización señaló que la nueva Ley del Suelo atribuye un porcentaje de terreno público para viviendas de Protección Oficial (VPO), un porcentaje que Sánchez invitó a aumentar a los gobiernos autonómicos, ya que "hasta que no exista un porcentaje importante de VPO no se establecerá un mercado paralelo que provoque la ralentización del precio para que muchos ciudadanos puedan acceder realmente a las viviendas", agregó.
Además, el portavoz aclaró que es positivo lo conseguido en materia de vivienda hasta el momento pero hay que "ir más allá" haciendo que el Gobierno garantice el cumplimiento de lo establecido en la Ley.
Por otra parte, Facua pidió al Gobierno central la puesta en marcha de un protocolo que proteja a las familias en situaciones "especiales" de sobreendeudamiento, de forma que se les pueda cancelar el pago de la hipoteca durante unos meses sin que tengan que pagar comisiones extraordinarias por demora ni el riesgo de embargo. Una medida que algunas entidades bancarias ya aplican pero que la asociación consideró que debe ser una iniciativa pública y no privada.
El portavoz de la entidad advirtió que aunque aún no se ha producido una gran subida de embargos en viviendas, no descartan que se llegue a esta situación en un "período breve de tiempo, en dos o tres años, debido al continuo crecimiento del Euríbor y, por tanto, de los recibos".
De este modo, Sánchez criticó la "enorme irresponsabilidad" del sector bancario que "no tienen ningún criterio de responsabilidad social respecto a los consumidores españoles ya que introduce más fórmulas para seguir concediendo hipotecas pese a la subidas de los tipos de interés y de las viviendas".
Así, este portavoz advirtió a los usuarios de la existencia de publicidad que anuncia hipotecas a 50 años pero cuyos tipos de interés son "más caros que el resto por lo que las cuotas son similares a las de 30 años".
En este sentido, Sánchez indicó que existen algunas hipotecas a 50 años "que no suponen una reducción de pagos sino que paguen al final la misma cuota que una de 30 años pero durante 20 años más". "No deja de ser aberrante el hecho de que una persona pague una vivienda hasta los 85 años", concluyó.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
El portavoz de Facua destacó la "importancia" de la existencia de un Ministerio centrado en el ámbito de la vivienda, en relación a la petición del PP, que pidió la eliminación de dicho departamento. Para Facua, este Ministerio es "fruto de la importancia que tiene la vivienda en nuestra sociedad por el elevado precio y la dificultad de acceso a ese mercado".
Sin embargo, Sánchez aclaró que aunque es "positiva" su existencia, también es necesario dotar a este organismo de "mucho más contenido".
Por ello, exigió al Gobierno central que, en relación a la "nueva etapa" del Ministerio de Vivienda con Carme Chacón al frente, se "abran más puertas" a la participación civil de cara al Ministerio "implicando más" a las organizaciones de consumidores para que "cuente con las opiniones de los usuarios y que coordine el cumplimiento de normas como la nueva Ley del Suelo", potenciando, además, acuerdos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para aumentar la bolsa de suelo público para viviendas.
* Finanzas.com - 23/07/2007
Foto: eleconomista.es
Diez borrones en el litoral español
J.Lafuente/El País* : "Una metástasis es la propagación de un foco canceroso en un órgano distinto de aquel en el que se inició. En el caso de las costas españolas, el cáncer se caracteriza por un crecimiento desproporcionado, en todas las direcciones y a toda velocidad. Ecologistas en Acción, en su informe anual Banderas negras, alerta de borrones, puntos negros, células tumorales que se expanden y ocasionan un grave daño al litoral español. El informe, de 142 páginas, identifica los 574 lugares más afectados por las actividades humanas. La degradación del paisaje, la erosión costera, la pérdida del valor turístico y de la identidad de los pueblos costeros son algunos de los síntomas que las costas españolas sufren desde hace años.
Éstos son los diez lugares que, según Ecologistas en Acción, podrían considerarse los mayores ejemplos de la "metástasis" costera.
- Algeciras: A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó el proyecto de construcción de una depuradora hace cinco años, el municipio sigue vertiendo sus aguas residuales a la bahía "con total impunidad", según el estudio. En esta ribera se localizan además diez puntos de vertidos industriales y urbanos, más los que producen diariamente los cerca de 400 barcos que cruzan el estrecho diariamente y los que están fondeados.
- Marbella: El municipio andaluz es ya un clásico entre los más contaminados en el informe anual de los ecologistas. Denuncian que no sólo es que el 100% de la costa esté ocupada, sino que los futuros Plan General de Ordenación de Urbana (PGOU) pretenden seguir edificando, con lo que conlleva la masificación de la costa: más consumo, más residuos, más contaminación.
- Playa de las Marinicas: Una amplia superficie de arena fina puede ser un paraje sin parangón si no fuese porque está pegada a una central térmica, la de Carboneras, con dos grupos de carbón y una desaladora. Los ecologistas dan la alarma acerca de los cada vez mayores vertidos de salmuera que aparecen, así como de las emisiones contaminantes, especialmente de Mercurio, que se expanden por el aire comarcal.
- Marina de Cope: El mayor complejo urbanístico de España está en el litoral virgen de Murcia. El Gobierno de Murcia, del PP, eligió un parque natural para crear una gigantesca ciudad que albergará a 60.000 personas. El Ejecutivo autonómico ya ha advertido de que los planes seguirán adelante incluso si el Tribunal Constitucional anula la ley.
- Ampliación del Puerto de Valencia: La Copa del América no sólo ha traído un espectáculo de vela a la capital de Turia. El aumento de las instalaciones del puerto, con un crecimiento de la dársena de dos kilómetros, puede causar una grave alteración de la bahía de Valencia. Al sur del puerto, hacia el Saler, los ecologistas alertan de que puede acentuarse el proceso de degradación al erosionarse la línea costera con una gran perdida de arena.
- Las seis playas de Barcelona: La organización denuncia las obras que acometen en seis riberas de la capital catalana, donde se verterán 1.145.000 metros cúbicos de arena procedentes de un yacimiento submarino que ya había sido utilizado con anterioridad. El proyecto pretende construir también 15 diques sumergidos para evitar pérdidas de arena que, según Ecologistas en Acción, dejarán a las playas con muy poca renovación.
- Andratx: Hace dos años, en 2005, este municipio mallorquín fue el segundo que más creció en número de edificaciones nuevas en las Islas Baleares. Nada extraño si no se tratase del decimosexto en número de habitantes. El "urbanismo depredador" que se ha instalado en Andratx ha destruido kilómetros de costa y de pinares que representaban un gran valor paisajístico y medioambiental.
- Oyambre: La perla negra de Cantabria es un campo de golf que altera y destruye el parque natural sobre el que se sitúa. Un espacio, en funcionamiento, cuyas obras han supuesto alteraciones morfológicas del terreno y cuyo mantenimiento, dicen los ecologistas, implicará la desaparición de las dunas y la imposibilidad de su regeneración.
- Llanes: Hay quien considera a este municipio asturiano de apenas 13.000 habitantes como la Marbella del Norte. La organización asegura en su informe que, sin duda, es la localidad asturiana, y quizás del norte peninsular, que más ha sufrido el proceso urbanizador. El Plan General de Ordenación Urbana, anulado el pasado abril por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y recurrido por el Ayuntamiento de Llanes, prevé crear más de 15.000 viviendas en el concejo.
- Puerto Industrial de Granadilla: Un nuevo "atropello" está de camino en Tenerife. El puerto de Granadilla, que ha sido adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE), podría suponer, según los ecologistas, tres problemas: la desaparición de seis kilómetros de las mejores playas de la isla: El Médano, La Jaquita y Pelada; la interrupción de la alimentación de arena a las playas, y la contaminación de las aguas de toda la zona sur de la isla, con grave riesgo de mareas negras.
* ELPAIS.com - Madrid - 23/07/2007
Foto: Algeciras /uca.es
