ELPAÍS/Alicante* : En vísperas de la Navidad de 2007, dos personajes pasean por el puerto de Alicante. Son Enrique Ortiz, dueño de un imperio inmobiliario en Alicante y máximo accionista del Hércules, y Rafael Gregori, empresario de la automoción y ex presidente de la fundación del club alicantino. Hablan de repartir entre el propio Ortiz y Ángel Fenoll (que gestionaba la concesión a dedo del servicio de la basura) una contrata que todavía no se ha adjudicado. La policía, que les sigue los pasos, graba a Gregori cuando comenta el encuentro con Fenoll, cuyos intereses representa: "Le he visto en buena línea... Yo creo que eso es fácil, lo podemos arreglar".
Con acceso directo al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, Gregori hace de intermediario en una trama cuya investigación comenzó la primavera de 2006 porque Fenoll dejó entonces sobre la mesa del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, una bomba de relojería en forma de DVD con un supuesto soborno por la contrata de la basura de la ciudad de Orihuela. Fenoll pretendía reventar la concesión del concurso a otro adjudicatario, pero aquel DVD puso al fiscal y a la policía a revolver en los desechos de la comarca de la Vega Baja y, sobre todo, a seguir los pasos del propio Fenoll. Cuatro años después, la investigación ha dejado a la intemperie una trama político-empresarial que salpica al presidente de la Diputación de Alicante y a otros cargos del PP, e incluso al portavoz socialista en la institución provincial, expulsado de su partido hace unos días.
En la investigación han aflorado sobornos y pagos de favores (pisos, viajes de recreo a bordo de lujosos yates y entrega directa de dinero en sobres). Fenoll, verdadero corruptor de la Vega Baja y cosechador de votos para el PP desde que Luis Fernando Cartagena alcanzara la alcaldía con una moción de censura a finales de los años ochenta, pretendía quedarse con la contrata del Ayuntamiento de Orihuela (valorada en 190 millones de euros) y con la del plan zonal de La Vega Baja (valorada en 360 millones a lo largo de 20 años). Condenado en su día por comprar votos para el PP y por ayudar a Cartagena a falsificar una coartada cuando fue condenado y tuvo que dejar la política, Fenoll se movía en las entretelas del PP alicantino. Ortiz, a su vez, lo hacía en las del PP regional (es uno de los implicados en la supuesta financiación del partido de Francisco Camps en el caso Gürtel).
Fenoll gestiona la concesión a dedo del servicio de la basura en la playa de Orihuela y media docena de contratas menores, en este caso mediante concurso, en otros tantos municipios de La Vega Baja. El trabajo de la costa oriolana se lo adjudicó Cartagena cuando era alcalde, con el beneplácito del protector de Fenoll, Manuel Lorente, padre de Mónica Lorente, la actual alcaldesa de Orihuela, también imputada en el caso Brugal.
Pero el industrial, que de pequeño empujaba el carro de recogida de su padre, quería más. Quería ser el rey de la basura en toda la comarca. Comprar voluntades de políticos y técnicos llevó a que el 30 de mayo de 2007 fuera detenido con cinco miembros de su equipo por extorsión y cohecho. Era la primera fase de la Operación Brugal. Fenoll estuvo un mes en la cárcel y salió con una fianza de 100.000 euros. La investigación se incautó de centenares de grabaciones que destaparon su vocación extorsionadora. El industrial grababa las entregas de dinero a cargos del PP.
Tras el arresto y con el respaldo de su hijo Antonio Ángel, y el gerente del grupo, el edil del PP de Orihuela Javier Bru desplegó sus peones a dos bandas. Para la contrata de Orihuela, se aseguró el apoyo de tres concejales del PP de esa corporación (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez) y el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente. Los tres le asesoraron para comprar dos empresas tapadera "sanas" al tiempo que confeccionaban un pliego de condiciones a la medida de su oferta, en unión con la mercantil Sufi, que lograría el contrato el 28 de octubre de 2008.
Por otra parte, aunque la intención del presidente de la Diputación, Ripoll, era otorgársela a él, la contrata de la planta de basura del plan zonal de la Vega Baja cambió de rumbo a causa de su arresto y de la postura de la Generalitat, que prefería a Ortiz. Gregori, amigo personal de Ripoll y socio de Fenoll desde 2007, fue el encargado de la negociación. El plan era que el grupo ganador hiciera la planta en la finca La Pistola (en la pedanía oriolana de Torremendo) propiedad de Fenoll. Para ello se cambiaría la ubicación inicialmente propuesta.
Gregori desplegó una frenética labor de intermediación entre Ortiz y Fenoll en vísperas de la adjudicación. El contrato se otorgó el 3 de enero de 2008 como estaba previsto a una UTE integrada por Cespa y la empresa de Enrique Ortiz. Sin embargo, aún no había un pacto definitivo entre Ortiz y Fenoll y las presiones del entorno de Ripoll para cerrar el acuerdo eran constantes. El líder del PP tenía que tener contento a Fenoll, porque lo necesitaba para reflotar las precarias finanzas de dos televisiones locales controladas por los populares. La policía sostiene que el presidente de la Diputación recibió dos pisos o su equivalente en dinero, entre 800.000 y un millón de euros. Los corruptos financiarían la millonaria dádiva con el sobreprecio de la finca La Pistola y el aumento del canon a los usuarios de la futura planta comarcal de basura de la Vega Baja.
Tanta negociación estrechó lazos de amistad y Ripoll, Ortiz y Gregori coincidieron en una fiesta en la Feria de Sevilla y dos viajes (veranos de 2008 y 2009) a las Baleares a bordo del lujoso yate Elena, propiedad de Ortiz. Fenoll, que monopoliza el negocio de la basura en la Vega Baja, merced a un vertedero ilegal, estratégicamente ubicado en el límite entre las provincias de Alicante y Murcia, prefirió quedarse en Orihuela y seguir a lo suyo: repartir sobres.
* El País - 19.09.10
Foto: Alicante, diputación - ruraliberica.com
'Caso Brugal': La mafia que controlaba votos, voluntades y toneladas de basura
El TSJ emite una cuarta sentencia contra el plan urbanístico de Mestrets
LEVANTE/Castelló* : Nuevo revés al programa urbanístico de Mestrets. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha emitido una nueva sentencia contraria al PAI al cargar en los vecinos los costes urbanísticos de obras públicas. Mestrets ya suma así cuatro fallos en contra. En esta ocasión, el TSJ estima parcialmente el recurso presentado por cuatro vecinos de la asociación de afectados de Mestrets, concretamente, invalida la intención del Consell y el ayuntamiento de hacer asumir a los propietarios las cargas urbanísticas del encauzamiento de los barrancos del Sol y Canters, cuyo coste está establecido en más de 4 millones de euros, y anula la parte de la resolución concerniente a la obtención del suelo para dicha infraestructura, que fue aprobada en 2007 por la Conselleria de Infraestructuras.
"No es conforme a derecho en lo que se refiere a la obtención de suelo dotacional y al estudio de inundabilidad", apunta el tribunal refiriéndose al encauzamiento en su sentencia, con fecha del 17 de septiembre, a la que ha tenido acceso Levante de Castelló. Los demandantes alegaron contra la inclusión en el PAI de dicha obra pública al atender que su financiación debía corresponder a la administración y no a los propietarios al ser una infraestructura pública, y el juez asume este punto y considera que el coste de esta actuación depende de las instituciones públicas. La resolución no es firme, por lo que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Castelló pueden presentar un recurso de casación en el plazo de diez días.
En cambio, el resto de argumentos de los vecinos han sido desestimados por el TSJ. La asociación de residentes de Mestrets había recurrido también la tipología edificativa, así como el proceso de adjudicación seguido por la administración. Esta vez, el juez no hace mención a las cargas fijadas a los propietarios para la obtención de suelo de otros proyectos públicos como 3.000 viviendas protegidas, el Centre de Convencions de Santiago Calatrava, la sede de la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló y la ronda oeste de circunvalación.
Los tres fallos anteriores anularon el plan por cargarse en los vecinos parte de las cargas de dichas dotaciones públicas.
El TSJ, de esta manera, golpea de nuevo contra uno de los PAI de mayor envergadura que ha planificado el Ayuntamiento.
La Conselleria de Infraestructuras y el consistorio se han visto obligados a desvincular la ronda Oeste del desarrollo urbanístico para ejecutar sus obras y han optado por la expropiación forzosa para obtener los terrenos necesarios.
Luisa Pérez, portavoz de la asociación de afectados del PAI Mestrets, instó al Ayuntamiento de Castelló a modificar la unidad urbanística.
* Levante - 18.09.10
Foto: Mestrets, protesta vecinos (archivo) - levante-emv.com
Una marcha ciclista conmemora la Semana Europea de la Movilidad
MADRIDIARIO* : Representantes de las Instituciones Europeas en España han celebrado hoy la Semana Europea de la Movilidad con una marcha ciclista de ocho kilómetros que ha recorrido el interior de la madrileña Casa de Campo. La marcha, organizada por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, tenía como objetivo cambiar los hábitos de transporte del público ofreciendo alternativas al automóvil respetuosas con el medio ambiente.Para el director de la oficina de representación de la Comunidad Europea en España, Francisco Fonseca, lo verdaderamente importante es que esta Semana Europea de la Movilidad "la siguen ciudadanos de más de 1800 ciudades en toda Europa, demostrando que los ciudadanos reivindicamos sostenibilidad y calidad de vida".
Esta iniciativa de la Unión Europea, a la que cada año se suman más ciudades, quiere concienciar a los ciudadanos de las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente.
Se trata de animar a las autoridades y a los ciudadanos a "fomentar alternativas al automóvil" y a "realzar su impacto positivo para la salud pública y el medio ambiente", continúa Fonseca.
El lema de esta Semana de semana 2010, 'Muévete con inteligencia y vive mejor' reconoce los efectos perjudiciales de las tendencias actuales del transporte urbano para la salud de los ciudadanos.
La Semana de la Movilidad culmina con un día sin coches, el 22 de septiembre, día en que las ciudades reservan zonas destinadas exclusivamente a peatones, ciclistas y transporte público
La marcha, celebrada en un ambiente festivo con música y charanga, ha contado con la participación de adultos y niños que al final del acto han participado en el sorteo de una bicicleta y de un viaje a Bruselas para dos personas.
* Madridiario - 18.09.10
Foto: Madrid, bicicletada Semana Movilidad 2010 - madridiario.es
El ATC a Zarra: la sombra de la corrupción planea sobre la instalación
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Finalmente, el Consejo de Ministros no ha tomado la decisión de designar Zarra (Valencia) como el candidato a albergar el Almacén Transitorio Centralizado (ATC), pero todo indica que éste será el elegido. Para ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* es significativo que el lugar elegido se caracterice por la sombra de la corrupción, donde el propio alcalde está imputado. El paso final en la instalación del ATC, donde se depositarán todos los residuos de alta actividad de las centrales nucleares españolas, no ha podido ser más rocambolesco. Ante la fuerte oposición encontrada en todos los municipios candidatos, finalmente se ha optado por enviarlo a uno donde planea la sombra de a corrupción y donde la comunidad autónoma no opondrá resistencia alguna.
La decisión aún no está tomada, pero todo indica que Zarra será finalmente el elegido.
Esta probable decisión es indicativa de la actitud de la industria nuclear y es el culmen de un proceso que ha pecado de ocultismo y de contactos clandestinos con los alcaldes implicados. Finalmente, el dinero ha tentado a quien podía tentar. El Ministerio de Industria y la propia ENRESA no han sido capaces de arrojar alguna luz sobre el proceso y de hacerlo mínimamente democrático. La casi segura elección de un municipio caracterizado por la corrupción urbanística es un hecho muy sintomático.
Una prueba más de la falta de democracia de todo el proceso es que la decisión se quiere tomar sin tener en cuenta ni siquiera las alegaciones presentadas a la candidatura de Zarra, que todavía no han sido respondidas.
Ecologistas en Acción recalca que la gestión de los residuos radiactivos no puede acometerse de forma independiente del futuro de la energía nuclear. Sólo será posible llegar a un consenso social cuando se establezca un calendario de cierre admisible de las centrales nucleares. Hasta entonces, sólo se podrá actuar comprando voluntades, tal como se viene haciendo desde la fundación de la propia ENRESA.
Sin embargo, esta posible decisión no significará la construcción del ATC. Ecologistas en Acción recuerda que la plataforma local es muy activa en la lucha contra el cementerio y que, a partir de ahora, toda la lucha contra el cementerio nuclear, desperdigada por la Península, se va a centrar en este único sitio.
Por último, Ecologistas en Acción expresa su solidaridad con los/as habitantes de la comarca y les ofrece su apoyo para intentar que el ATC no se instale.
* Ecologistas en Acción - 17.09.10
Foto: Zarra (Valencia), manifa contra cementerio nuclear (archivo) - EFE
Urbanismo sólo ordena derribar los galpones de tres de las trece casas expedientadas
LAOPINIÓN/A Coruña*: Los galpones de A Zapateira se ofertan de nuevo en las paradas de buses de los campus sin que el Ayuntamiento haya terminado con esta irregularidad. El departamento de Urbanismo arrancó hace dos años una investigación a raíz de la denuncia de la Universidad, que detectó al menos 150 infraviviendas. En total, el Gobierno municipal abrió trece expedientes, de los que sólo tres están pendientes de demolición. Existen siete casos donde ya no se puede ejecutar la orden de derribo porque los microapartamentos funcionan desde hace más de seis años. Los vecinos y la Universidad piden que se agilice la construcción de la residencia.
La Concejalía de Urbanismo reaccionó a finales de 2008 a la denuncia de la Universidad, tras detectarse la existencia de 150 galpones para estudiantes en A Zapateira, y notificó a los propietarios que era preciso el cese "inmediato" de la actividad. Dos años después, con el inicio del curso y con la problemática sin resolver, el Ayuntamiento asegura que es complejo conseguir el derribo de estas infraviviendas. De los trece expedientes abiertos, en sólo tres el Gobierno municipal tramita la orden de demolición. En otros casos, responsabiliza a la Xunta del problema o argumenta que ha pasado tanto tiempo que ha prescrito la posibilidad de decretar la desaparición de estas habitaciones para estudiantes.
En las paradas de los autobuses próximas a los campus universitarios se pueden leer carteles, con número de teléfono incluido, donde se alquilan galpones a alumnos de Elviña y A Zapateira. Regresan los estudiantes a las aulas y vuelven las infraviviendas. La Universidad denunció en 2008 la existencia de al menos 150 galpones y las posteriores inspecciones de los técnicos del Ayuntamiento no han servido para poner fin a esta situación.
Los trece expedientes que abrió el Ayuntamiento para que se restablezca la legalidad urbanística apenas han surtido efecto. Sólo en tres de los casos, el departamento de Urbanismo sigue con el proceso administrativo para la demolición de los galpones, una tramitación que desde María Pita puntualizan que se alarga porque los interesados han presentado recursos para evitar el derribo de las infraviviendas.
En siete de los casos analizados, el Concello reconoce incluso que se ha llegado tarde para obligar a los propietarios a demoler las habitaciones que alquilan a los universitarios, es decir, que la situación irregular de los galpones no es nueva, sino que más bien se ha convertido en una forma habitual que tienen varias familias de A Zapateira para aumentar sus ingresos. "En siete expedientes se comprobó que las edificaciones tenían más de seis años y, por tanto, está prescrita la posibilidad de, en su caso, ordenar su demolición. En estos casos se ordenó el cese de uso de esas edificaciones para usos residenciales, excepto uno en el que la edificación puede albergar el uso residencial comunitario", puntualiza un portavoz local.
El Ayuntamiento también responsabiliza a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de las irregularidades urbanísticas de A Zapateira. Destaca que en dos casos la Xunta es la administración competente para reponer la legalidad urbanística porque los galpones están en suelo rústico.
La existencia de microviviendas para estudiantes en A Zapateira es una realidad. El colectivo vecinal del barrio reclamó el jueves el derribo de estas construcciones como "medida ejemplar", para evitar la proliferación de esta actividad en los alrededores del campus. Los residentes están convencidos de que la otra forma de solucionar este problema es con la construcción de la tan demandada residencia universitaria de Elviña, pues entienden que es la mejor contraoferta a los bajos precios de los galpones si se comparan con los alquileres que se pagan por pisos en el resto de la ciudad.
"Es importante abrir la nueva residencia universitaria porque, de lo contrario, esto es carne de cultivo para los especuladores", apostilló Juan Manuel Sánchez-Albornoz, presidente de la asociación de vecinos. La Universidad está de acuerdo con esta hipótesis, convencida de que mientras no se ponga en marcha la residencia será imposible acabar con los galpones del barrio de A Zapateira.
El vicerrector de Infraestruturas de la Universidad, Xosé Lois Martínez, reclamó a la Xunta que acelere los trámites para la contratación de la obra de la residencia de Elviña, que contará con más de 600 plazas para estudiantes y profesores: "Está sin adjudicar pese a que se concedió la licencia y se licitó hace más de un año".
* La Opinión - 18.09.10
Foto: Planos aéreos de cuatro parcelas en las que los dueños de chalés de A Zapateira tenían en 2008 sus galpones, que aparecen enmarcados. / la opinión
El Cabanyal: La suspensión del Pepri no implica denegar licencias
LEVANTE/Valencia* : La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que mantiene que la suspensión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del barrio de El Cabanyal de Valencia "no implica la necesaria e indiscriminada denegación de concesión de licencias municipales de cualquier tipo, sobre cualquier bien", ubicado en esa zona. El texto, fechado el 15 de septiembre y difundido este viernes por la asociación de vecinos del Cabanyal, añade que "habría que analizar cada clase de licencia solicitada, comprobar la calificación jurídica del inmueble concreto, estudiar el tipo de intervención propuesta y analizar el impacto del Pepri sobre las mismas, y sólo posteriormente conceder y denegar aquellas".
La suspensión del Pepri, añade, "debe limitarse a aquellos aspectos que supongan expolio" en los términos que establece la orden CUL 3631/2009 del Ministerio de Cultura que ordenaba al Ayuntamiento de Valencia parar la ejecución de los derribos en el conjunto histórico. "En base a los principios de proporcionalidad y menor onerosidad, así como el de conservación de actos administrativos, deben entenderse aplicables las restantes disposiciones del Pepri".
La institución ha realizado este informe a petición de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura, después de que éste conociera la decisión del Consistorio valenciano de suspender diversas licencias de obra y actividades económicas solicitadas por vecinos sobre inmuebles situados en el ámbito de aplicación del Pepri y justificándolo en el cumplimiento de la orden ministerial, explica.
Por ello el Ejecutivo central planteó a la Abogacía del Estado si, teniendo en cuenta los términos de la orden y la admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra el decreto del Consell que avalaba el Pepri, esta suspensión de concesión de cualquier licencia en el barrio "podría repercutir gravemente en la protección y conservación de los inmuebles singulares del conjunto histórico-artístico del Cabanyal".
El escrito, consultado por Europa Press, señala que a la hora de determinar, aplicando las previsiones del Pepri, qué licencias pueden o no concederse, "habría que distinguir si los permisos solicitados lo son de obra o de actividad, y, a su vez, dentro de las licencias de obra, estudiar individualmente cada una de ellas y distinguir tipos de intervenciones, ya que habrá solicitudes para ejecutar obras de conservación, rehabilitación o adecentamiento de los bienes que será necesario conceder para garantizar y contribuir activamente a la conservación del Bien de Interés Cultural".
Habrá otras obras, por ejemplo que sean "indiferentes", a los objetivos de conservación del patrimonio histórico, respecto a la cuales, "tampoco existirían inconvenientes jurídicos, tras su estudio sobre el valor específico y su papel urbano para concederlas", apunta.
En definitiva, "únicamente aquellas solicitudes de licencia de demolición o transformación que afecten a la conservación del conjunto histórico en los términos de la orden CUL 3631/2009 son las que deberían denegarse".
Lo mismo sucedería con las licencias de actividad, prosigue el informe, en las que habría que distinguir su finalidad, ya que incluso algunas "pueden contribuir a la conservación del patrimonio histórico como actividades tradicionales o simbólicas del barrio".
"Luego en principio entendemos que a priori la orden de Cultura que determina la suspensión parcial de la aplicación del Pepri, no puede implicar la denegación de la concesión de cualquier tipo de licencia municipal, sobre cualquier inmueble ubicado en el citado barrio, con carácter general", insiste.
ESTUDIO INDIVIDUAL
En esta línea, manifiesta que el Ayuntamiento de Valencia debería estudiar individualmente cada licencia para determinar en cada caso si la aplicación de la suspensión parcial del Pepri permite o no la concesión de las mismas, correspondiendo exclusivamente a los interesados el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales pertinentes, frente a la denegación de licencias por la corporación municipal.
La Abogacía del Estado --que matiza que desconoce las resoluciones desestimatorias del Ayuntamiento sobre las licencias y sus argumentos, por lo que sus consideraciones son generales-- añade que la suspensión en la aplicación del Pepri del Cabanyal "afecta sólo a aquellas determinaciones o previsiones del plan cuya ejecución pueda ser causante de expolio del patrimonio histórico español".
"Es sólo este ámbito, el de la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la expoliación, al que se circunscribe la competencia exclusiva del Estado atribuida por la Constitución", aclara.
* Levante- EP- 17.09.10
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - EFE
