SOITU/Madrid* : En la plataforma V de Vivienda son conscientes del mal rato que están pasando en el sector del ladrillo y se han solidarizado. Se han concentrado frente al Ministerio de Vivienda con unas huchas al más puro estilo Domund para recaudar dinero con el que "echar una mano a esta pobre gente", que lo están pasando muy mal con la crisis.
El tono irónico de la protesta es el que le da Daniel, de V de Vivienda, que confiesa con cierta sorpresa que "la gente ha soltado bastante pasta. Será porque había cámaras y eso". La movilización ha sido hoy porque es cuando la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se reúne con los constructores en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Suelo y Edificación, de donde quieren sacar el próximo Plan Estatal de la Vivienda 2009-2012. Ésa es la versión oficial. En palabras de Dani, lo que se va a ver hoy es "una escenificación de las concesiones lamentables a los constructores". Lo de entregar el dinero recaudado, por cierto, es simplemente simbólico, que a los de la plataforma les viene muy bien para poder sufragar sus actividades.
Anoche intentaron hacer una dormida frente a las puertas del Ministerio para protestar por la estrategia con que la administración pública está afrontando 'la crisis del ladrillo'. Pero no hubo forma. La zona estaba llena de antidisturbios y "no nos dejaban ni estar por la zona", según cuenta Dani. "Nos dejaron muy claro, pero muy claro, que iban a estar ahí toda la noche". Consiguieron negociar con ellos para que les dejaran encender unas velas haciendo la forma de una 'V', con la que querían expresar que la gente está a dos velas.
"Ahora hablan de crisis económica, pero la crisis de las personas y las familias lleva más de un año. Consideran crisis sólo cuando les va mal a los de siempre", protesta Dani. En su opinión, hasta ahora ha habido un sistema económico basado en la inflación del ladrillo y eso no es ni lógico ni sostenible. Ahora, según él, el Gobierno intenta ayudarles a seguir construyendo sin que pierdan beneficios: "habrá que construir allá donde haga falta". La solución, dice, debería pasar por los millones de viviendas vacías que hay en nuestro país.
Dani cuenta que en diciembre de 2006 había 25 millones de viviendas construidas para 45 millones de habitantes censados. "Somos uno de los países con mayor ratio de casas por personas de Europa". Desde 'V de Vivienda', defienden gravar las casas vacías, y "quien no quiera pagar por tener la casa sin ocupar, que la ponga en una bolsa de alquiler con un precio social, porque a 1.000 euros al mes, tampoco solucionamos nada", explica Dani.
Entre las críticas contra los planes del Gobierno, destacan las que atacan el supuesto apoyo a las viviendas protegidas. Según Dani, se están concediendo más licencias de vivienda protegida porque con la situación actual no hay quién venda una vivienda a precio libre. Para Dani, éste no es el uso que deberían tener las viviendas sufragadas por el Gobierno: "La vivienda protegida es para garantizar un derecho, no para proteger a los especuladores". Para eso, ya están las huchas y la solidaria contribución social.
* Soitu.es - MIGUEL MORENO - 17-06-2008
Foto: Intento de 'dormida' frente al Ministerio de Vivienda - EFE
"¡Una ayudita para salvar a los pobres constructores!"
El PP aplaza el tercer informe europeo sobre el urbanismo
ELPAÍS* : La redacción de un tercer informe sobre el urbanismo valenciano está en el aire. Los eurodiputados populares españoles han pedido a los órganos rectores del Parlamento Europeo que no sea la Comisión de Peticiones -que ha condenado por dos veces el urbanismo valenciano en sendos informes- la que lleve la voz cantante en la redacción de un tercero.
El PP español, que en los últimos años ha soportado votaciones adversas no solo del resto de grupos del PE sino también de sus propios colegas de grupo, quiere taponar esta hemorragia y alega que la de Peticiones -comisión que preside el conservador polaco Marcin Libicki- no es la única comisión implicada en este espinoso asunto. Por ello han pedido que otras comisiones -Jurídica, Mercado Interior y Desarrollo Regional- participen de forma cooperativa en la elaboración del nuevo documento. Fuentes del PE aseguraron ayer que hasta el presidente de la Eurocámara, Hans Pöttering -que hace solo unos días se entrevistó con el presidente Francisco Camps en Bruselas- apostó en una reunión de coordinadores por que sea la comisión de Mercado Interior -más técnica y centrada en si el procedimiento de adjudicación de los planes urbanísticos es un contrato público o no- la que dirija los trabajos. Eso sí, escuchando al resto de comisiones implicadas, también la de Peticiones, que podría aportar un informe de opinión. Las mismas fuentes señalan que Libicki protestó y defendió el informe como propio. El polaco podrá ahora alegar a la propuesta de Pöttering. No hay una decisión tomada y, de momento, el informe, encomendado en un principio a una eurodiputada verde de la Comisión de Peticiones, está parado, reconocieron ayer fuentes del PP en la Eurocámara.
El urbanismo valenciano lleva varios años soportando la censura de las instituciones comunitarias. En 2007, la Comisión Europea denunció a España ante el tribunal de justicia comunitario al considerar que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) en vigor, y su predecesora, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), podían vulnerar las directivas europeas de contratos públicos. El asunto está pendiente de resolución.
Ante lo que se avecina, el Consell negocia en estos momentos la posible reforma de la LUV, entre otras cosas, para ajustarse a Europa, reconoció hace poco el consejero de Urbanismo, José Ramón García Antón.
* ELPAIS.com - C. V. - Valencia - 19/06/2008
Foto: parlamento europeo - junta andalucia
La mayoría de los ayuntamientos de Málaga han sido investigados
,+polic%C3%ADa+Ayuntamiento+-+laopiniondemalaga.es.jpg)
LAOPINIÓN* : El alto número de presuntas corruptelas afloradas en los últimos años en la provincia afecta tanto a municipios costeros como del interior, según se señala en la Memoria de la Fiscalía Provincial correspondiente a 2007, en la que se asegura que "el gran problema en la provincia de Málaga son los delitos contra la ordenación del territorio".
El documento incide en la "gran cantidad" de denuncias interpuestas contra alcaldes de diversos municipios de la provincia, tanto del interior como de la Costa, lo que, según la Fiscalía, evidencia que las ilegalidades urbanísticas no son "un problema exclusivo de municipios con determinadas características sino de todos en general", debido a que el "el urbanismo se ha convertido en la mayor parte del aporte financiero a los municipios", señala.
La Fiscalía abrió el año pasado 238 diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio en la provincia, así como 189 diligencias judiciales por estos mismos delitos, de las que 96 correspondieron a Málaga capital, 38 a municipios de la Costa y 55 a pueblos del interior. Sobre la incidencia de estos delitos, llama la atención sobre las "cada vez más frecuentes" denuncias contra municipios por la concesión de licencias de obras en contra de los informes de los técnicos municipales.
El Ministerio Público asegura incluso que "sería mucho más breve la lista con los municipios que no han sido denunciados, que con aquellos contra los cuales se ha iniciado alguna actuación por parte de la Fiscalía", al tiempo que indica que la gran mayoría de los hechos denunciados que han dado lugar a diligencias de investigación se refieren a delitos contra la ordenación del territorio.
Caldo de cultivo. Entre los casos más destacados del año 2007 se señala el acuerdo con los ex miembros de la corporación municipal marbellí que permitirá agrupar entre 50 y 60 procedimientos urbanísticos, así como la actuación en el municipio de Tolox, donde la Fiscalía ha presentado cargos de prevaricación contra el alcalde, Juan Vera (PA), el secretario de la corporación, el arquitecto técnico municipal y un asesor jurídico.
Los motivos de este alto número de procedimientos por irregularidades urbanísticas son múltiples, según se establece en un reciente estudio elaborado por el director del Instituto de Criminología de la UMA, José Luis Díez Ripollés, y por la criminóloga especializada en delincuencia económica Alejandra Gómez-Céspedes, que asegura que "el rápido crecimiento de la actividad urbanística en la Costa del Sol ha creado un favorable caldo de cultivo para el desarrollo de una notable delincuencia socioeconómica en la zona.
Así, se detallan los indicadores socioeconómicos que favorecen la corrupción urbanística en la Costa del Sol, entre los que se citan la rápida evolución del parque inmobiliario, la importante presencia de la delincuencia organizada en la zona y sus inversiones en el mercado inmobiliario, la abundante llegada de capitales de dudosa procedencia, la constitución de numerosas sociedades mercantiles instrumentales para el blanqueo de capitales y el rápido crecimiento de una población multicultural y con escaso arraigo.
Golpes policiales. El informe ´Corrupción urbanística: estrategias de análisis´, publicado en la ´Revista Española de Investigación Criminológica´, detalla cómo en Málaga se multiplicó por 14 el número de viviendas iniciadas entre los años 1991 y 2003, cuando se pasó de 5.630 a 83.274 viviendas. Además, entre 1999 y 2003 Málaga fue la provincia en la que más viviendas se iniciaron en todo el territorio español (324.666), por encima de Madrid y Barcelona.
También destaca cómo en 2006 la inversión extranjera directa en actividad inmobiliaria supuso un 76% para Andalucía, mientras que para el resto de España fue del 24%. Entre los diez principales países inversores en Andalucía se identifican tres paraísos fiscales: Luxemburgo (el principal inversor), Gibraltar (en quinto lugar) y las Antillas Holandesas (el noveno).
El estudio reseña las principales operaciones llevadas a cabo en los últimos años contra la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, entre las que se citan las operaciones ´Delfín´, ´Bóxer´, ´Turrón´, ´Sugar´, el grupo de Mounir Abdelkader Mohamed, ´Ballena Blanca´, ´Malaya´, ´Hidalgo´ y el caso del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.
El impacto de las actuaciones judiciales y policiales contra la corrupción urbanística ya se ha dejado notar en el mercado. Según un reciente informe de la consultora Aguirre Newman, entre enero de 2007 y enero de 2008 el precio del metro cuadrado de viviendas plurifamiliares cayó un 2,5%, con descensos mucho más significativos en determinadas áreas, como Mijas-Costa y Fuengirola, donde superaron el 12% y el 15%, respectivamente.
* La Opinión de Málaga - MIGUEL ÁNGEL REINA - 18 de junio de 2008
Foto: Corrupción. La policía registra el Ayuntamiento de Marbella durante la primera fase de la operación ´Malaya´. L. O.
La trama corrupta de Estepona financió a partidos con las comisiones ilegales
,+ayuntamiento+2+-+wikipedia.org.jpg)
ELPAIS/Málaga* : La red corrupta de Estepona capitaneada por sus dirigentes municipales acumuló tal volumen de comisiones ilegales fruto de su extorsión -gracias a la complicidad de técnicos, abogados y empresarios- que le permitió lucrarse personalmente, pagar actividades municipales y financiar a los dos partidos políticos que gobernaban la localidad hasta 2007 (PSOE y Partido Estepona, PES).
Una caja b municipal, que manejaban el alcalde socialista, Antonio Barrientos, el concejal de Hacienda, Francisco José Zamorano, y su antecesor, el edil Manuel Reina, del PES (integrado por ex dirigentes del GIL), atesoraba el dinero de las comisiones ilegales. Posteriormente, tal fondo se repartía entre los ediles corruptos, sus formaciones políticas, y el pago de actos municipales de concejalías.
La investigación impulsada desde 2006 por la Fiscalía Anticorrupción y la Comisaría General de Policía Judicial, a resultas de una denuncia interna contra la trama, ha evidenciado que las comisiones recabadas desde el Ayuntamiento de Estepona sirvieron para esos fines ilegales.
Parte del botín, según la investigación, fue a los bolsillos de los miembros de esta trama, a la que se atribuye, entre otros delitos, el de blanqueo de capitales. Esa sospecha policial se desprende de frases comprometedoras grabadas a los supuestos corruptos. Además, se cimenta en la constatación del incremento patrimonial injustificado detectado en algunos de los concejales investigados. Como dicho patrimonio, según la investigación, procede de unos fondos delictivos (comisiones), los ediles incurren en blanqueo de capitales. Para ocultar el uso del dinero sucio contaron con la ayuda de promotores y constructores. Los ingresos de la caja b que manejaba el alcalde, al que se le imputa el delito de llevar una doble contabilidad en el municipio que gobernaba, tenía distintos orígenes, todos ilegales:
- Convenios urbanísticos. El Ayuntamiento de Estepona hace una cesión de suelo al promotor y valora la contraprestación que debe recibir. Dicha valoración siempre se hacía por debajo del precio real pero, en realidad, el promotor devolvía parte del dinero regalado por el ayuntamiento a los encargados de gestionar la caja b.
- Adjudicaciones irregulares de obras y servicios. El otorgamiento de un contrato forzando la ley a un empresario amigo tenía un precio. El peaje se integraba en los circuitos financieros clandestinos municipales.
- Aportaciones directas de empresarios a concejalías. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, unidad policial de delitos económicos, sospechan que las aportaciones de empresas privadas a distintas concejalías para sus actividades públicas respondían a previos favores municipales a sus firmas.
- Otorgamiento de licencias municipales de todo tipo bajo exigencia de previo pago. La exigencia a particulares de un peaje ilegal se convertía en otra fuente de ingresos para la caja b.
- Favores municipales a amigos o parientes. Según su tipología y gravedad, pueden revestir carácter penal o no. Los favores, en ocasiones, pudieron ser agradecidos económicamente, según la investigación.
- Contratación ilegal de personal. La trama gobernante prescindió de concursos para encumbrar así en el aparato municipal a sus parientes o amigos.
Cada uno de los imputados en esta operación se ve implicado en distintas operaciones delictivas. Así, el alcalde socialista cometió supuestamente media docena de delitos (prevaricación, nombramiento ilegal, cohecho, tráfico de influencias, doble contabilidad y blanqueo de capitales). Su jefe de gabinete, José Flores Simón, es sospechoso de tráfico de influencias, malversación y blanqueo.
El concejal de Hacienda, el socialista Francisco José Zamorano, cometió supuestamente un delito contra la Hacienda Pública además de controlar la caja b del ayuntamiento. La investigación le atribuye además los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, negociación prohibida a funcionario público, información privilegiada, y blanqueo de capitales. En esa concejalía estuvo durante la pasada legislatura el concejal Manuel Reina, del Partido Estepona, acusado de idénticos delitos. Uno de los empresarios detenidos, Enrique González Ceano, gestionó la última campaña publicitaria electoral del PSOE en Estepona.
Otros presuntos cómplices de los responsables políticos para convertir la gestión urbanística en comisiones ilegales fueron los arquitectos municipales Ignacio de la Hoz y Arturo Cebrián, junto a altos cargos vinculados al Urbanismo como Andrés Arturo Flores Gómez, Xavier Wittmeur, casualmente responsable en el Ayuntamiento de la valoración de suelos. En total hay 26 detenidos a los que ayer empezó a interrogar la titular del juzgado número 1 de Estepona.
TODOS LOS DETENIDOS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE ESTEPONA Y SUS CARGOS
Bloque políticoLos delitos en que ha podido incurrir el colectivo de políticos imputados son los siguientes: doble contabilidad, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación, falsedad cometida por funcionario público, asesoramiento prohibido, uso de información privilegiada, aceptación de nombramiento ilegal, nombramiento ilegal, revelación de secretos, negociaciones fraudulentas.- Antonio Barrientos, alcalde, del PSOE.- Francisco Zamorano, concejal de Economía y Hacienda, portavoz del PSOE y ex senador.- Marisa Rodríguez, concejala socialista de Playas.- Asunción López, concejal socialista de Cultura.- María Victoria López Cabezón, concejal socialista de Educación.- Manuel Reina, concejal del PES (antiguo responsable de Hacienda).- José Ignacio Crespo, concejal del PES.Técnicos municipales y abogadosLa mayoría, acusada de tráfico de influencias, cohecho, uso de información privilegiada, participación en nombramientos ilegales, falsedad cometida por funcionarios, alteración de precios en concursos y subastas, blanqueo de capitales, actividad profesional prohibida, asesoramiento prohibido, delitos contra la ordenación del territorio, edificaciones ilegales.- José Flores, jefe del Gabinete de Alcaldía.- Arturo Cebrián, arquitecto municipal.- Andrés Flores, jefe del servicio jurídico de Urbanismo (en libertad con cargos).- Juan Simón, arquitecto municipal.- Pedro López, ex gerente de Urbanismo.- Javier Wittmeur, ingeniero de Obras Públicas, candidato en las últimas elecciones del PES.- Ignacio de la Hoz, coordinador del Plan General (libertad bajo fianza de 50.000 euros).- Manuel Barroso, abogado.- Ana María Crespo, hermana del edil del PES José Ignacio Crespo (en libertad, fianza de 30.000 euros).Promotores y constructoresLa mayoría, acusada de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias por particulares, falsedad documental, blanqueo de capitales.- José Romero, presidente de la promotora Prasa (en libertad con fianza de 500.000 euros).- Vicente y Félix Delgado, dueños de la constructora Codelsa (libertad bajo fianza de 100.000 euros).- José Antonio Bazán, dueño de Agrojardín (en libertad bajo fianza de 300.000 euros).- Luis Fernando Linares, ex consejero delegado de Valle Romano (en libertad con fianza de 500.000 euros).- Enrique González Ceano, dueño de la empresa que gestionó la última campaña del PSOE (libertad sin fianza).- José Luis Cabas, empresario (en libertad con fianza de 30.000 euros).- Manuel de la Cruz, empresario (libertad sin fianza, pero con cargos).- Daniel Delgado y Armando Pérez, abogados de Valle Romano (en libertad con fianza de 100.000 euros).
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 19/06/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Presidente TSJA reconoce que la justicia 'llega tarde' al control de los delitos urbanísticos
TERRA* : El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, reconoció hoy que la Justicia 'llega tarde' al control de los delitos urbanísticos y medioambientales ya que no siempre cuenta con la 'prontitud' que requieren estos asuntos, si bien aseguró que se actúa con 'toda la contundencia' que permite la ley.
En comparecencia parlamentaria para presentar la Memoria de actividades y funcionamiento del TSJA 2007, Méndez de Lugo dijo que Andalucía en materia urbanística tiene la 'especial singularidad' del 'boom' turístico de toda la costa, que ha generado unas construcciones que ha tenido consecuencias tales como la aparición de situaciones 'anómalas'.
En este sentido, manifestó que estas situaciones han producido que se hagan intervenciones que a la postre han generado en investigaciones. Así las cosas,, Méndez de Lugo indicó que cuando se produce un asunto de envergadura 'colapsa a un juzgado por completo como ocurrió en Marbella y como sucederá en Estepona', ya que 'un juez y un fiscal medianamente preparados difícilmente pueden hacer frente a un asunto de esta índole porque esto requiere dedicación exclusiva'. 'Eso se obviaría de alguna manera si hubiese un equipo de jueces volantes para reforzar órganos judiciales en momentos determinados', apostilló.
De esta manera, puso de manifiesto 'para una mayor eficacia' la necesidad de que los juzgados y tribunales cuenten con peritos expertos en contabilidad, así como que los jueces y magistrados adquieran también conocimientos en la materia para 'interpretar todos esos macroprocesos que se escapan siempre entre la oscuridad de los números y los papeles que quieren reflejar una situación normal, cuando lo que hay debajo es una situación anómala'.
'Si todos nos pusiéramos más a tono para arreglar a justo tiempo estos males, posiblemente no llegaríamos a situaciones como las que se han producido', añadió el presidente del TSJA, quien reiteró que la Justicia ha actuado 'no con la prontitud necesaria' entre otros asuntos porque los juzgados de lo Contencioso están trabajando con 'sobrecarga añadida de otras materias que no dejan que asuntos como estos tengan la prontitud que todos deseamos'.
Para todo esto, reclamó 'más medios materiales y humanos que auxilien a jueces y magistrados', una oficina 'moderna y ágil' especializada en este tipo de causas y 'que se llegue a la digitalización de expedientes para que los documentos estén en lugar seguro y no haya penosas situaciones de desapariciones de causas'.
Previamente a la comparecencia, Méndez de Lugo manifestó en declaraciones a los periodistas sobre la trama de corrupción urbanística destapada en Estepona que estos asuntos generan 'cierta alarma social', pero es un síntoma de que los organos judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado funcionan, por lo que cuando los presuntos responsables lleguen a juicio, 'tendrán las sanciones correpondientes'.
*
Terra Actualidad - Europa Press - 18.06.2008
Foto: tribunal justicia andalucía - junta
La ley anticorrupción vigente desde 2007 no se aplica en los municipios
ELPAIS* : Las medidas anticorrupción introducidas en la Ley del Suelo aprobada en mayo de 2007, que afectaban a concejales y alcaldes, no se pueden aplicar por falta de base jurídica para hacerlo. En la disposición adicional novena de esa Ley se establecían medidas de transparencia, como la obligación de publicar cada año las declaraciones de bienes de concejales, alcaldes y miembros no electos de los gobiernos municipales.
En esa disposición se decía que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los "términos fijados por el Estatuto municipal".
Pero el Estatuto municipal es una figura jurídica inexistente en los ayuntamientos, porque se incluyó en el proyecto de nueva Ley de Gobierno Local que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura y sigue empantanado. Esta laguna jurídica permite a los ayuntamientos no aplicar uno de los instrumentos que el Gobierno socialista creó en el pasado mandato para combatir la corrupción urbanística.
Gijón es uno de los pocos ayuntamientos españoles en los que, por acuerdo del pleno, todos los concejales han decidido hacer pública su declaración de bienes y actividades aunque carecen del Estatuto municipal que debería regular esta situación.
Desde que en abril de 2006 la Operación Malaya destapó en Marbella (Málaga) el mayor caso de corrupción habido en una Administración pública en España, nueve alcaldes -y decenas de concejales- han sido detenidos por corrupción urbanística en distintos puntos del país: seis del PP, uno del PSOE, uno del Partido Andalucista y una del GIL, la de Marbella. Además del que fuera regidor de Ciempozuelos (Madrid), a quien el PSOE forzó a dimitir poco antes de ser imputado. Todos, salvo este último, eran alcaldes de municipios costeros de Andalucía y Murcia, y de Canarias y Baleares.
Mientras el PSOE ha optado por la expulsión del partido de sus cargos públicos imputados, el PP ha dudado: en unos casos ha dado de baja a sus dirigentes implicados en casos de corrupción, pero en otros los ha mantenido y siguen al frente de las instituciones donde saltó el escándalo.
El PSOE recuerda que en estos casos hace tiempo que adquirió el compromiso de expulsar a todos aquellos cargos socialistas en cuya conducta "existan indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares relacionadas con el ejercicio de sus funciones". También aseguran los socialistas que si ahora se conocen más casos de corrupción es sólo porque el Gobierno se ha volcado en destaparlos mientras en otras épocas "se dejaba hacer".
En el PP no lo tienen tan claro. Ha habido casos donde se ha expulsado a alcaldes o concejales detenidos o imputados por corrupción (en Telde y Andratx), mientras que en otros casos, como los de Mogán, Alhaurín el Grande o el del presidente de la Diputación Provincial de Castellón, prefieren esperar a ver si la instrucción judicial termina con el procesamiento de los dirigentes populares antes de actuar.Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE), fue condenado en noviembre de 2006 a seis meses de inhabilitación por delito electoral. Fue indultado por el Gobierno y volvió a ser elegido alcalde.
CÓDIGO ÉTICO DEL PP
- Artículo 8. Comunicar a la dirección del PP y poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de comisión de un delito.
- Artículo 10. Constituirá motivo de expulsión inmediata la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros.
Andratx (Mallorca)
Eugenio Hidalgo (PP) Siendo alcalde fue detenido en noviembre de 2006 y condenado
a cuatro años de prisión el pasado mes de mayo. Se había construido un chalé ilegal en un área protegida.
Telde (Gran Canaria)
Francisco Valido (PP) fue imputado por cohecho en noviembre de 2006 por presuntos cobros de comisiones a cambio de contratos. Suspendido de militancia por el partido, renunció a la alcaldía.
Mogán (Gran Canaria)
Francisco González (PP) sigue siendo alcalde. Revalidó su mayoría absoluta en 2007 a pesar de estar en libertad con cargos por cohecho y malversación. El partido lo apoya porque aún no hay sentencia judicial.
Alhaurín (Málaga)
Juan Martín Serón (PP)
fue detenido en enero de 2007. Está imputado por cohecho y prevaricación por su participación en una presunta trama urbanística. Sigue siendo alcalde, en libertad con fianza.
Totana (Murcia)
José Martínez Andreo (PP), detenido junto a otras 15 personas en noviembre de 2007 por corrupción urbanística. En prisión hasta febrero de 2008, pagó una fianza de 70.000 euros y volvió a su puesto de alcalde.
Diputación de Castellón
Carlos Fabra (PP), presidente de la Diputación de Castellón, está acusado de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal. Su partido lo apoya plenamente y él mantiene todos sus cargos.
CÓDIGO ÉTICO DEL PSOE
- Artículo 44. Faltas muy graves. 1) La falta de probidad y honradez en el desempeño de cualquier cargo público [...] 2) La utilización del nombre del partido para el lucro personal.
- Artículo 46. Podrán imponerse las siguientes sanciones en supuesto de faltas muy graves: Suspensión de militancia de más de un año y hasta dos años; inhabilitación para desempeñar cargos orgánicos por un periodo de más de un año y hasta dos años; inhabilitación para desempeñar cargos públicos dependientes del partido más de un año y hasta dos años; expulsión del partido.
Ciempozuelos (Madrid)
Antonio Torrejón (PSOE) Su partido le forzó a dimitir, en octubre de 2006, poco antes de ser imputado por cohecho y blanqueo. En libertad bajo fianza, concurrió a las elecciones con otro partido y es concejal.
Carboneras (Almería)
Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE), fue condenado en noviembre de 2006 a seis meses de inhabilitación por delito electoral. Fue indultado por el Gobierno y volvió a ser elegido alcalde.
Estepona (Málaga)
Antonio Barrientos (PSOE) fue detenido ayer junto a otros ediles y funcionarios por el supuesto cobro de comisiones a cambio de licencias de obras. El partido anunció la expulsión de este alcalde.
* ELPAIS.com - J. M. R. - Madrid - 18/06/2008
Foto: especulacion viñeta
¿Por qué decimos NO a la Expo?
COLECTIVOS DE ZARAGOZA* : La Expo 2008 de Zaragoza ha traído consigo la “Gran Transformación” de nuestra ciudad. Esto es lo que nos dice la propaganda oficial. Y sin duda, Zaragoza se está transformando, pero... ¿en qué? Las operaciones urbanísticas asociadas a los macroeventos (Expo, Fórum, Copa América, Olimpiadas…) no son un efecto secundario sino su principal razón de ser. A nadie se le escapa que, para hacer las exposiciones y charlas previstas, hubiera bastado con la Feria de Muestras, la Multiusos y algún otro espacio más. Pero ese no era el objetivo, claro.
Los tres meses que nos esperan de fuegos artificiales son la excusa, pero también una pieza fundamental, para convertir nuestra ciudad en una empresa dinámica y competitiva – una marca - que compita con otras ciudades por turismo e inversiones. Para ello, Zaragoza, tiene que quedar “bonita”, “limpia” y, sobre todo, generar “un ambiente propicio para los negocios”.
El macroevento es una pieza fundamental para crear la ciudad-marca, la ciudad-competitiva, la ciudad-empresa, porque acelera la transformación urbana, pero sobre todo porque genera el consenso de los agentes económicos y sociales, y el entusiasmo ciudadano alrededor de un objetivo común: La Expo, que pronto se equipara con la propia ciudad. Así se va generando un “patriotismo de ciudad” donde no hay intereses encontrados, donde lo que es bueno para la ciudad es bueno para sus ciudadanos, donde no hay apenas debate, donde no hay fisuras acerca del modelo de desarrollo.
Y para triunfar, el tema elegido es muy importante. Sin duda una Expo sobre maquinaria agrícola no hubiese despertado el mismo fervor social. Siempre se eligen temas como la paz, el deporte, la cultura... Aquí se eligió “agua y desarrollo sostenible”, con lo que, además, se ganaba el apoyo de parte del tejido social que podría haber sido crítico con todo lo que se venía encima. El problema es que lo que es bueno para atraer al turismo y a la inversión, lo que es bueno para “la ciudad”, casi nunca lo es para la gente que vivimos en ella.
La Expo nos deja una ciudad hipotecada por años, si no décadas, en una locura de derroche (papeleras, bancos y fuentes exclusivos a 1.873 euros la unidad, fachadas y edificios que se tiran al día siguiente del cierre...) y de desfases presupuestarios consecuencia de las prisas. El suculento negocio para los mismos pocos de siempre a costa de las arcas públicas (de Zaragoza o de Madrid) ya está hecho. Al resto nos quedarán unos servicios sociales camino de la precarización y la privatización, unos mínimos presupuestos para cultura...
La Expo nos deja un río herido a su paso por Zaragoza, con un canal cavado en su seno para meter barcos grandes para turistas. Un azud. Unas riberas, por fin arregladas, tras la tala de centenares de árboles porque ralentizaban el ritmo de las obras. Más de una decena de denuncias por parte de organizaciones ambientalistas que han recibido el silencio por respuesta.
La Expo nos deja un meandro de huerta periurbana convertido en un centro de ocio privado (campo de golf, canal de aguas bravas, apartahotel..) y en un parque empresarial a unos precios de risa.
La Expo nos deja una ciudad con la calle prohibida para su disfrute y para la protesta. Cientos de nuevos policías de diferentes cuerpos, que han venido para quedarse, se encargarán de los que nos quejemos, pero también de los pobres y no tan pobres que quieran dormir en los parques, de los que coman o beban fuera de un negocio, de los que jueguen...
La Expo nos deja una ciudad inabarcable, con nuevos barrios como Arcosur que contaban con gran oposición política y social, hasta que por arte de la magia de la permuta de terrenos de Ranillas, una parte de esa oposición desapareció. Nuevos barrios con miles de viviendas nuevas mientras más de 50,000 viviendas siguen vacías en el centro consolidado de la ciudad. Nuevos barrios en medio de una nada que habrá que urbanizar y dotar de servicios mientras los barrios antiguos necesitan esos recursos para mantenerse. Nuevos barrios que necesitarán el coche para moverse.
Pero sobre todo, la Expo nos deja en el camino de un modelo de desarrollo devorador de recursos naturales y de personas, con esa lógica política que prima el beneficio privado por encima del bien social necesaria para “poner la ciudad en el mapa” y traer inversiones y turistas. Donde la ciudadanía no somos más que mendigantes de trabajo, consumidoras/es y público dispuesto para el aplauso. Y todo ello con la hipocresía de la etiqueta verde como generador de legitimidad.
Por todo esto hacemos un llamamiento, no sólo a no colaborar con la Expo, si no a luchar contra este macroevento y lo que representa, en la forma que cada cual encuentre más oportuna; a resistirse contra este modelo de desarrollo; a rebelarse contra la ciudad-empresa; a romper consensos legitimadores; a crear resistencias.
La información que te falta en:
www.expo-no.es
Firman: Colectivo de Objeción y Antimilitarismo-Alternativa
Antimilitarista MOC (Zaragoza), Ecologistas en Acción (Zaragoza), Asociación El Cantero de Torrero (Zaragoza), Espazio Alternatibo (Zaragoza), CGT Aragón y La Rioja, ...
* Indymedia - 12 jun 2008
