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COLPISA* : Los delitos contra el medio natural y el territorio han empezado a adquirir naturaleza jurídica propia por primera vez en España. Existían antes y se penaban mal que bien, pero es ahora cuando bulle la persecución oficial contra los nuevos delitos ‘estrella’, ambientales y urbanísticos. El incremento de la presión se explica, en buena medida, por la creación en 2006 de la Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo, y se traduce en un mayor número de causas abiertas en todo el país. En total, el año pasado se tramitaron 2.252 diligencias en materia de medio ambiente, incendios incluidos, y 1.594 en ordenación del territorio y urbanismo.
En este capítulo, las fiscalías del Sur de España advierten del contagio del ‘efecto Marbella’ a numerosas localidades de la costa y del interior andaluz.
La memoria de 2006 de la Fiscalía General del Estado, difundida este lunes, certifica el auge de este tipo de delitos ‘territoriales’, y también de la lucha penal contra ellos. Dado que la Fiscalía especial de Medio Ambiente echó a rodar en abril de 2006 tras el nombramiento de su titular, Antonio Vercher, no existen datos de años anteriores con los que poder comparar. Con todo, es evidente el incremento de los asuntos relacionados con el medio ambiente y ordenación territorial, y son excepcionales las fiscalías provinciales donde han disminuido en relación con años anteriores. También es notorio el alto número de sentencias, en especial en Cádiz, donde los tribunales dictaron 53 en temas penales medioambientales, 43 en Barcelona, 32 en Jaén y 12 en Córdoba, entre otras.
Corrupción y blanqueo
El compendio de la Fiscalía toca entre otros puntos los incendios forestales, el maltrato a animales – propone un endurecimiento de las penas e inhabilitaciones en la próxima reforma del Código Penal-, captaciones irregulares de agua, caza ilegal o tráfico de especies protegidas, pero carga las tintas en materia urbanística. Aunque el ‘boom’ del ladrillo ha propiciado un aumento general de las irregularidades y los delitos, el panorama cambia mucho según las regiones.
La nota alarmante la pone la Fiscalía de Málaga. “El ‘modus operandi’ delictivo de Marbella”, el modelo de corrupción urbanística y connivencia política acuñado en la ciudad malagueña “ha acabado extendiéndose a otras localidades costeras de la provincia”, en especial las más turísticas, asegura. La Fiscalía de Cádiz coincide y añade la memoria fiscal que en 2006 se ha detectado “la ejecución de construcciones ilegales como medio para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, con base en la impunidad que habitualmente se asocia a estas conductas”.
Los fiscales provinciales encargados de medio ambiente y urbanismo también señalan con el dedo acusador a las administraciones. La Fiscalía malagueña denuncia falta de rigor y diligencia inspectora de algunos ayuntamientos en el control de edificaciones ilegales, algunas en pleno monte y en zonas de protección natural. La de Cádiz critica sin ambages la ineficacia de la Junta en materia de control urbanístico y la impunidad derivada. La Fiscalía de Barcelona afirma que, salvo excepciones, la consejería catalana de Medio Ambiente no denuncia los hechos delictivos de que tiene constancia. Sevilla, San Sebastián, León y Madrid, entre otras, cargan contra la falta de colaboración de las corporaciones locales respectivas en materia de suelo, contaminación acústica y otras, y la de Teruel habla incluso de “fuertes indicios de connivencia o al menos pasividad en cargos municipales en cuestiones de medio ambiente en trámite en la capital”.
El fiscal de Pontevedra apunta, por otra parte, un fenómeno pujante en fechas preelectorales como las actuales, que es la litigiosidad urbanística. “La materia urbanística es de las más utilizadas a efectos políticos”, advierte.
Incendios
Los incendios forestales son otra de las grandes preocupaciones ambientales de la Fiscalía. En 2006 se multiplicaron las actuaciones, oficios y comunicaciones con las administraciones para extremar las labores preventivas en vertederos, control de barbacoas y líneas de alta tensión, y mayor rigor en la quema de rastrojos y para obtención de pastos, que son causas destacadas de fuegos en todo el territorio.
El informe del fiscal Vercher reclama más medios materiales y técnicos y subraya la “falta de una adecuada coordinación” entre los diversos cuerpos policiales -Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Vigilancia Aduanera, policías autonómicas, guarderías forestales, etc- que actúan ante infracciones medioambientales. Un problema, dice, que reclama “urgente solución”.
Los incendios del verano 2006 en Galicia, la talas en zona protegida en las Navas del Marqués (Ávila), las múltiples denuncias por contaminación acústica en Madrid, el escándalo urbanístico de Andratx (Mallorca) y la paralización de la subasta en Londres de vigas califales de la Mezquita de Córdoba fueron, entre otros, algunos de los asuntos de especial relevancia social en la actuación de las fiscalías encargadas de medio ambiente, urbanismo y patrimonio.
* Colpisa - 17/09/07
Foto: Níjar (Almería), construcción ilegal paralizada en el Parque Natural Cabo de Gata - diariodeleon.es
Fiscalías advierten del contagio del 'efecto Marbella' al urbanismo de numerosas localidades costeras
TSJEx exige al Ayuntamiento de Badajoz que edificio Biblioteconomía vuelva a su estado original
ELPERIÓDICOEXTREMADURA* : El Ayuntamiento de Badajoz cuenta con un mes de tiempo para devolver a su estado original el edificio donde actualmente se encuentra la Facultad de Biblioteconomía, en el recinto de la Alcazaba árabe, según la sentencia del 14 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo Saavedra, detalla que el texto jurídico insta al ayuntamiento a la presentación de un proyecto técnico que devuelva al antiguo Hospital Militar al estado anterior a las obras para ser la sede de la facultad y de la Biblioteca de Extremadura.
El TSJEX da conocimiento de este auto al Ayuntamiento de Badajoz, al ser la Administración pública que concedió la licencia de las obras de transformación, que en su día fueron pagadas por la Junta de Extremadura.
Estas obras se llevaron a cabo a través de un proyecto seleccionado por la Consejería de Cultura, desde un concurso público celebrado en 1998, que obtuvo el visto bueno e informes favorables del la Comisión de Bienes Inmuebles de Patrimonio Histórico de la Junta de Extremadura. El concejal recuerda que en esta comisión participó en su día, "sin presentar alegaciones", la Asociación Amigos de Badajoz, quien interpuso la primera demanda por la "ilegalidad" de las obras y su ataque al patrimonio histórico de la ciudad. Este proceso judicial se inicia con esta primera demanda de la asociación pacense en el año 2003, por la que el TSJEx les da la razón indicando que las obras no se ajustan a la Ley de Patrimonio, una sentencia recurrida por el consistorio pacense.
En octubre de 2006, el TSJEc desestima este recurso del consistorio de Badajoz, y ahora le insta al inicio de la adecuación prevista en su primera sentencia, por la que daba la razón a la asociación pacense anulando la licencia de obras concedida para realizar obras en el antiguo Hospital Militar para la construcción de la sede de ambas instituciones académicas. El TSJEx, por su parte, condenaba en su sentencia a la "restauración de los bienes del patrimonio histórico" a la situación existente con anterioridad a las mencionadas obras, ya que según la Ley de Patrimonio las obras que se realicen en un Bien de Interés Cultural, como La Alcazaba, deben ser para su conservación o rehabilitación, nunca para "alterar su carácter arquitectónico o paisajístico".
Según comentaron desde Amigos de Badajoz en noviembre del pasado año, su intención no es el derribo de los edificios construidos, sino "que estos se adecuen a la legalidad y se restablezcan los elementos patrimoniales del siglo XIX derribados de la estructura original del Hospital". En este aspecto coincide el concejal de Urbanismo pacense, quien observa que, si bien los técnicos municipales ya trabajan en la redacción del proyecto solicitado por el TSJEx, se ha solicitado una reunión con representantes de la Junta de Extremadura, como ejecutora de la obra, y con la asociación, "para lograr un acuerdo y remar todos en la misma dirección". Celestino Rodolfo reconoce que fue el consistorio quien otorgó la licencia de obras, pero con el visto bueno de la Junta de Extremadura, la Comisión de Patrimonio, la Universidad de Extremadura y Amigos de Badajoz, por lo que "todos deben saber cuál es su parte de responsabilidad". Para el edil, lo principal es buscar "entre todos" una solución que no afecte a los alumnos universitarios ni a la zona.
Por su parte, el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, declara, en el transcurso de la inauguración de la nueva sede de la Universidad Popular de la ciudad, que "el tema se ha cerrado a favor de Amigos de Badajoz", asociación con cuyo presidente, Antonio Manzano, asegura haber mantenido ya una primera reunión para "trabajar en la línea de hacer lo mejor posible para la ciudad". Por ello, Celdrán insiste que la siguiente fase del proceso pasa por una reunión en la que participen todas las entidades implicadas para "llevar a cabo lo que la sentencia ordena", puesto que le "extrañaba que la resolución se dirija únicamente al consistorio", cuando "hizo lo que más convenía según los informes favorables, con todo hecho desde la Junta extremeña".
* El Periódico Extremadura - 18/09/2007
Foto: Badajoz, edificio Biblioteconomía - elperiodicoextremadura.com
Accidentes en la construcción
ALFREDO J. MARTÍNEZ CUEVAS* : El sector de la construcción lleva mucho tiempo siendo una locomotora que tira de la economía española. Sin embargo, existe una losa que pesa sobre él: la siniestralidad laboral. Las cifras de accidentes de trabajo sólo se pueden calificar como graves, sin paliativos. Incluso alguien las ha calificado como de “alerta roja”. Lo es tanto por lo que se refiere al drama humano y social de los accidentados y sus familias como para la propia sociedad y sus consecuencias. El problema afecta al conjunto de la economía española, pues si los resultados fueran otros, los recursos económicos destinados a paliar sus consecuencias podría dedicarse a cubrir muchas otras necesidades de las que tenemos déficit.
La aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 1995, y su correspondiente reglamento de desarrollo, en 1997, fueron bien recibidos. Sin embargo, no sirvieron para atajar el problema, al menos de momento. Es más, durante unos años fueron aumentando las cifras que nos proporcionaban las diferentes formas de medición estadística. Así ocurrió hasta 2004 en que comenzó un suave y lento declive, en cualquier caso muy insuficiente. Las normas por sí solas no son buenas ni malas. La cuestión es querer hacer prevención o no hacerla, independientemente de aquéllas.
La solución al problema es tan compleja como lo es el propio sector productivo. El propio legislador, en la Exposición de Motivos de la reciente Ley de Subcontratación, reconoce que no resulta posible atribuir el origen de la situación a causa única. Es más, parece dudar e indica que uno de los factores “puede” estar relacionado con la utilización de una forma de organización productiva denominada subcontratación. Debemos resaltar la duda del “puede”.
Sigamos con las opiniones vertidas por el legislador y que cualquiera puede leer en el BOE. Con la modificación de la ley en diciembre 2003 se reconocía que, desde la entrada en vigor de la ley los poderes públicos, Estado y comunidades autónomas, los agentes sociales, las empresas y los trabajadores y demás entidades dedicadas a la prevención han desarrollado un ingente esfuerzo, en todos los órdenes y cada uno en su ámbito de responsabilidad. Continuaba con la necesidad de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa.
En 2006, con otra nueva modificación normativa, se seguía insistiendo en el reconocimiento de los esfuerzos realizados y en la deficiente incorporación del nuevo modelo de prevención en la empresa. En ambos casos se insiste en que los cumplimientos de las normas son fundamentalmente formales. En 2003 se hablaba de proscribir el cumplimiento meramente formal y documental de las obligaciones. En 2006 se insistía en que, en muchas ocasiones, el cumplimiento es más formal que eficiente. Coincidencia de diagnóstico de la seguridad fingida, como si lo que se hiciera es pura cosmética, en lugar de seguridad. Lo curioso es que en el primer caso se exponía el problema con un Gobierno del PP y en el segundo, en 2006, bajo Gobierno del PSOE. Si el problema está tan definido, ¿por qué no se ataja de forma contundente? Alguien deberá dar respuesta a ello.
En cualquier caso, entendemos que el problema no se soluciona sólo con lo antes indicado. Hay muchas más cuestiones. Veamos las que entendemos como más importantes. Con frecuencia se señala con dedo acusador a los técnicos, como responsables de los problemas. Creemos que es un error, como lo demuestra el hecho de que, haciéndolo así, el problema sigue sin resolverse. Somos defensores de la seguridad integral, en la que todos los sujetos e instituciones intervinientes en el proceso tengan su cuota de responsabilidad, comenzando por el promotor en la elección de profesionales y empresas idóneos para cada proyecto, continuando por proyectistas, administraciones públicas en las concesiones de licencias y autorizaciones, profesionales, empresas, servicios de prevención y los propios trabajadores.
En todo ello, entendemos, que hay carencia de cultura preventiva. Algo similar ocurre con la formación en la materia, donde concurre una exigencia legal al considerar la necesidad de una formación a todos los niveles educativos. Si es así desde 1985, ¿por qué aún no se educa de forma reglada comenzando por los niños, pasando por estudios intermedios y de trabajadores y finalizando en escuelas técnicas en las que los futuros profesionales tienen atribuciones específicas y no cursan asignaturas troncales u obligatorias para poder titularse? Creemos que alguien no hace sus deberes, tampoco aquí.
* Alfredo J. Martínez Cuevas, profesor de Seguridad
* Diario de Sevilla - Tribuna - 18 de Septiembre de 2007
El promotor del hotel junto al mar en Calp desafía al ministerio al reiniciar las obras
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LEVANTE-EMV* : Dos meses han estado paradas las obras del hotel de 27 plantas de la playa de la Fossa y durante ese tiempo un cartel situado por el promotor en la parcela advertía de que ayer lunes retomaría los trabajos. La contundencia del cartel hacía presumir un desembarco de máquinas y un inicio de las obras a todo trapo. Pero no. Los primeros trabajos fueron más bien tibios. Alrededor de las 11 horas, entraron en la parcela dos máquinas excavadoras. El terreno, por las últimas lluvias, estaba inundado y de ahí que los primeros trabajos consistieran en bombear el agua. Pese a que no hubo mucha más actividad, ya queda claro que el promotor no desiste.
Cuenta con la licencia municipal que le otorgó el anterior equipo de gobierno del PP y también con la autorización de la Conselleria de Infraestructuras. La parcela está a escasos seis metros del mar y el hotel que se pretende construir alcanzará los 104 metros y se convertirá con diferencia en la torre más alta de Calp, donde la construcción en vertical no tiene límite.
Eso sí, el promotor también sabe que el Ministerio de Medio Ambiente ha recurrido la licencia con la clara intención de que se anule. El hotel no invade el dominio público marítimo-terrestre, pero sí -así lo sostiene el ministerio- los aparcamientos y sótanos previstos.
La titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya anunció a finales de junio, en una visita a Calp, que consideraba que la autorización de la conselleria no se ajustaba a derecho y de ahí la decisión de recurrirla. Sugirió incluso la posibilidad de expropiar la parcela y así impedir que esta gran torre se levante en primera línea del litoral.
Así pues, esta torre de 27 alturas, por lo inundada que ayer estaba la parcela (la excavación está por debajo del nivel freático) y por el recurso del ministerio de Medio Ambiente, es una especie de gigante con pies de barro.
Mientras tanto, el nuevo equipo de gobierno (PSOE, Bloc y PSD) está maniatado. El anterior gobierno local del PP aprobó en 2004 una modificación del Plan General de Calp que reducía de 1.000 a 500 metros cuadrados la superficie de la parcela mínima en la que se pueden construir torres sin límite de altura. El hotel de 104 metros tiene licencia y, por tanto, el único resquicio es ese que ha encontrado el ministerio de la posible invasión del dominio público.
Con todo, el nuevo gobierno local quiere revisar el planeamiento y cerrar la puerta a los nuevos proyectos de torres junto al mar.
El promotor de este hotel de 27 alturas, que es un conocido empresario de Calp, paralizó las obras en julio y agosto para cumplir la ordenanza de ruidos, pero, en el cartel situado en la parcela, advertía de que podía haber realizado otros «trabajos molestos» que «voluntariamente» tampoco acometería hasta después del verano.
Ayer terminó la tregua. Las máquinas volvieron a estos terrenos que están junto al paseo de la Fossa y, en los próximos días, cuando se saque toda el agua, continuarán las obras de excavación.
* Levante-EMV - A. P. F., Calp - 18 de septiembre de 2007
Foto: Calpe (Alicante) - parcela futura torre - levante-emv.com
Ley del Suelo: soltar lastre
ISIDRO LÓPEZ* : La Ley del Suelo se ha vendido, en los medios afines al Gobierno, como la intervención legislativa de mayor carácter social y ecológico de la legislatura. Frenar la especulación, aplicar los principios de sostenibilidad y garantizar el acceso a la vivienda son los tres ejes en los que se ha querido situar esta Ley, en oposición, siempre dentro de los medios, al dogmatismo neoliberal de la Ley del Suelo de 1997. Sin embargo, más allá del prestigio que le da a cualquier ley el ser atacada por Esperanza Aguirre y Jiménez Losantos, la Ley de Suelo tiene más de continuación del proyecto de 1997 de lo que podría parecer si tan sólo se leen los titulares. De hecho, la Ley del Suelo junto al PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes) son las dos apuestas del Gobierno para capear los aires recesivos que vienen.
Ocupación de suelo
Antes de analizar el contenido de la Ley, quizá sea necesario describir brevemente qué han venido a significar el suelo y la vivienda para las administraciones públicas españolas en el último decenio. El suelo es el factor de más peso en los precios de la vivienda y además, por ser una mercancía no producida, el más sensible a las espirales de crecimiento de precios tan frecuentes en el mercado inmobiliario. En un contexto económico en el que los salarios reales (salarios descontada la inflación) llevan estancados o en retroceso desde hace 20 años, el alza continuada de precios de la vivienda ha sido la principal fuente de crecimiento del consumo privado y ésta ha sido una de las aportaciones más dinámicas al crecimiento económico español. Para que esto haya sucedido ha sido necesario que el crédito haya fluido hacia unas familias más sometidas que nunca a los imperativos del capital financiero y que las inmobiliarias hayan dispuesto de todo el suelo urbanizable necesario para expandir este proceso. Los enormes costes sociales en forma de destrucción y despilfarro de recursos naturales que ha supuesto este modelo invasivo de ocupación de suelo quedan fuera de las cuentas “propiamente económicas” y sólo podemos estimarlos por aproximaciones.
En este contexto, una bajada de los precios de la vivienda significa una caída del crecimiento económico. Desgraciadamente, ningún gobierno, ni estatal ni local, ni de ‘izquierdas’ ni de ‘derechas’, quiere oír hablar de una ralentización económica que sería deseable por muchos motivos. Las administraciones no tienen ningún interés en fijar las condiciones de una bajada sustancial y posterior estabilización de los precios de la vivienda, ni siquiera en franjas de mercado como la (VPO). Pero, lo quieran o no las administraciones públicas, los precios de la vivienda van a bajar y estos son los que determinan el precio del suelo. El fin central de esta Ley del Suelo es sentar las bases de una bajada ‘estratégica’ de los precios de la vivienda, que sea menos aguda y prolongada de lo que podría ser si no hubiera intervención estatal, permita a nuevas franjas de población acceder a la propiedad y abra posibilidades de mantener tasas de beneficio que mantengan la capacidad operativa de las grandes y medianas inmobiliarias y constructoras. Es decir, con esta ley se están poniendo las bases de un nuevo boom inmobiliario, de igual o mayor destructividad social y ambiental.
A manos de los promotores
En la mayoría de su texto esta Ley del Suelo es una recopilación de artículos referentes al suelo que estaban dispersos hasta hoy. El punto novedoso y núcleo de la nueva Ley del Suelo, atañe a los mecanismos de valoración del suelo rústico. Hasta ahora los suelos rústicos cercanos a zonas urbanas o en expectativa de urbanización se valoraban en función de los precios esperados de las futuras viviendas que allí se iban a construir. A partir de esta Ley, la valoración de los terrenos rústicos se hará a partir de su renta potencial (valor de su producción real) como superficie rústica, pudiéndose multiplicar hasta por dos en función de las rentas de posición (es decir, por cercanía a una gran ciudad o a una infraestructura, etc). Para justificar esta medida se invoca la lucha contra la especulación (en el sentido de retención de suelo), pero en la práctica es una medida inspirada en los famosos ‘agentes urbanizadores’ valencianos. Se trata de abaratar el suelo rústico y con ello dar el control del proceso urbanizador a los promotores frente a los propietarios de suelo.
Un mismo espíritu
Más allá de la retórica del libre mercado, la característica central de la ley de 1997, promovida por el PP, consistía en poner todo el suelo posible en el mercado para disparar la oferta de viviendas y acelerar el ciclo de compraventas. En este sentido, la nueva ley va muy por delante de la anterior al eliminar la figura del propietario, entendido como traba a este proceso. El objetivo: al abaratar los costes del suelo rústico se eleva el margen de beneficio de la promoción inmobiliaria y esto atrae nuevos capitales tanto procedentes de otros sectores como de otros países.
* Isidro López. Observatorio Metropolitano
* Rebelión/ Diagonal - 17-09-2007
