ELPAÍS/Madrid* : "Mil jóvenes madrileños más han visto hoy solucionando el problema de acceso a la vivienda", aseguraba en marzo de 2007 el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, tras sortear la adjudicación en Tres Cantos de mil pisos del Plan Joven. Hasta una fiesta montamos en el pueblo cuando nos enteramos de que nos había tocado", comentaban varios de los adjudicatarios. Casi tres años después, la euforia se ha convertido en indignación y desasosiego.
El que más y el que menos había echado sus cálculos de cuándo podría ocupar su nueva casa y ninguno pensaba que ese momento podría demorarse más de cinco años, y que las condiciones ofrecidas inicialmente iban a variar, en el tamaño, el precio del alquiler y de compra a partir del séptimo año.
Alejandro Álvarez, de 30 años y empleado en una empresa de limpieza, es uno de los que con más fuerza levanta la voz contra todos los responsables de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, gobernado entonces por la independiente María de la Poza y ahora por el popular José Folgado, ex secretario de Estado de Economía con José María Aznar.
"Me enteré de rebote. Ahora vivo con mis padres en Colmenar Viejo, pero cumplía con los requisitos. Fue una gran alegría", recuerda Álvarez. "Estoy cansado de esperar y sobre todo harto de la falta de información. Nada de nada hasta hace unas semanas. Lo único que nos decían es que si queríamos podíamos renunciar".
La posibilidad de renunciar es algo que empiezan a valorar los afectados. Cada vez es mayor el número de adjudicatarios que decide hacerlo porque las cuentas no salen por ningún lado. En otras promociones del Plan Joven, son cientos los beneficiarios que ya lo han hecho -tanto los adjudicatarios como los que figuraban en una lista de reserva-, por lo que la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid ya ofrece las viviendas al resto de personas que se presentaron a los sorteos.
Hasta 62 nuevos beneficiarios han sido notificados públicamente el pasado 30 de septiembre, a través de la Dirección General de Vivienda, para que decidan si aceptan o no ocupar alguno de estos pisos ya entregados, que se encuentran vacíos en Torrejón de Ardoz, Ensanche de Vallecas (Madrid), Arganda del Rey, Villanueva de la Cañada, Meco y Robledillo de la Jara.
"Cuando nos den las casas tendré ya 33 o 34 años y más de 40 cuando llegue el momento de ejercer la opción de compra. Además, entre unas cosas y otras el alquiler se va ya hasta los 700 euros. Yo creo que por ese precio se puede encontrar hoy algo. No sé qué hacer", argumenta Alejandro, envuelto en un mar de dudas. Otras beneficiadas por el sorteo, como Rebeca de Mendoza, Clara Nuño o Zaida del Valle, jóvenes tricantinas de 23 años, también exponen sus quejas. "Mis padres me dicen que nos están tomando el pelo, que se aprovechan de nosotros porque somos jóvenes", explica Clara. "En el sorteo nos dijeron que serían pisos de 70 metros, que pagaríamos 441 euros de alquiler y que el precio máximo de venta estaría en 120.000 euros", comenta Rebeca de Mendoza, recién licenciada en Derecho y en paro.
Sin licencia de construcción
Como portavoz de la Asociación por las mil viviendas de Tres Cantos, De Mendoza sostiene que "ni los metros ni el precio final anunciados esta semana coinciden con los que figuraban en las bases del sorteo. Los adjudicatarios se encuentran ahora con que, en muchos casos, tendrán viviendas de unos 45 metros habitables a precios que oscilarán entre 180.000 y 200.000 euros". La reacción de Rebeca se produce tras recibir los mil beneficiarios de los pisos una carta del concejal de Urbanismo, Obras y Servicios, Jesús Moreno, donde les anuncia que las obras se iniciarían durante este mes de octubre; que las viviendas tendrían una superficie de 57 metros útiles, al precio provisional de 142.488 euros y un alquiler mensual en torno a 429 euros.
De momento, "las licencias para iniciar las obras no se han otorgado. La concesionaria todavía no nos ha presentado el proyecto de ejecución. Esperamos que lo haga en lo que queda de semana", indicaba el pasado miércoles el edil de Urbanismo.
"Para rematar las obras de urbanización queda pendiente la ejecución de los dos accesos y de la depuradora", asegura Moreno. No obstante, para simultanear la urbanización con la futura edificación, el concejal asegura que la constructora FCC ha efectuado un reintegro en la caja de depósitos del Ayuntamiento para garantizar que las obras pendientes se van a concluir.
Otra de las preocupaciones que embarga a los potenciales propietarios de estas viviendas es la de la aplicación del IVA, ya que en otras promociones del Plan Joven los alquileres se ven gravados por este impuesto en una cuantía media de 60 euros.
Tampoco se incluyen en el alquiler los gastos de la comunidad, el seguro del inmueble o el importe anual del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que también se está cursando a los beneficiarios que ya residen en viviendas entregadas en otros municipios.
Marta Sanchís, adjudicataria de un piso en la vecina localidad de Colmenar Viejo pendiente de entregar, asegura que "en otra promoción en la que viven desde junio empezaron a pagar 80 euros mensuales de gastos de comunidad, con conserje, vigilante y señora de la limpieza, pero que ya han despedido al conserje y al vigilante para ahorrar gastos".
Mayor edificabilidad
En su estrategia de presión, la asociación ha interpuesto varios recursos contra la aprobación definitiva del Plan Especial presentado por FCC para la construcción de las mil viviendas. El primero, de reposición, ante el Ayuntamiento, fue desestimado, y un segundo, contencioso-administrativo, ha sido admitido a trámite el pasado mes de julio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El plan especial objeto de las demandas fue presentado por FCC para modificar las condiciones urbanísticas de las parcelas donde deben construirse los pisos. En el plan general se asignaba una edificabilidad de 62.775,86 metros cuadrados, repartidos en dos parcelas, para levantar 765 viviendas protegidas con una media de 82,06 metros cuadrados de superficie. Con el plan especial, esas dos parcelas se convierten en cuatro para albergar los mil pisos, ajustando la edificabilidad a los parámetros contemplados para el Plan Joven, con una media edificable por piso de 62,76 metros cuadrados.
El caso de los 1.000 pisos en alquiler con opción a compra nació con problemas desde el principio. Fueron sorteados precipitadamente, ya que ni siquiera en esa fecha (el 20 de marzo de 2007) se habían iniciado las obras de urbanización sobre el terreno de 3,3 millones de metros cuadrados donde deberían levantarse. La primera piedra de estas obras no fue puesta hasta cuatro meses después.
Para los vecinos "fue una simple medida electoralista", afirma la portavoz de la asociación. Desde la Comunidad de Madrid no se refieren al hecho en estos términos, pero dejan caer que así fue. "En muchos casos esos sorteos se celebraban por la presión ejercida desde los propios ayuntamientos", comentan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Madrid.
El convenio de Tres Cantos con FCC, en los tribunales
El pasado mes de febrero, el juzgado contencioso-administrativo número 15 de Madrid falló, en primera instancia, la nulidad del convenio urbanístico que el Ayuntamiento de Tres Cantos y la constructora FCC habían suscrito en abril de 2005. Las razones del fallo aludían a la falta de valoración de los deberes legales de cesión. No obstante, la sentencia desestimaba la impugnación de otros actos precedentes al convenio -que también había solicitado la oposición socialista en el recurso-, como la aprobación del Plan General, el pliego del concurso para adjudicar la concesión del único sector urbanizable, el procedimiento negociado y sin publicidad del mismo y la adjudicación a la constructora. La sentencia fue recurrida tanto por el Ayuntamiento, como por FCC, quienes estiman que se trataba de un simple defecto de forma.
El sector urbanizable en cuestión ocupa una superficie de casi 3,3 millones de metros cuadrados junto a la autovía de Colmenar (M-607) y a ambos lados del corredor ferroviario de alta velocidad que une Madrid con Valladolid y el norte peninsular. Dejando al margen las 43 hectáreas reservadas a espacios verdes y 152 a cesiones de redes públicas para equipamientos e infraestructuras, además de 7.500 viviendas, se contemplan casi 380.000 metros cuadrados edificables para uso industrial y terciario. De acuerdo con el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y FCC, ambas entidades se reparten el 50% de los 1,21 millones de metros edificables (el 34% para la constructora y el 16% para el consistorio). El 50% restante, para los propietarios del suelo, a los que, por la expropiación, les han sido abonados, en futuros derechos edificables, casi 432 millones de euros.
* ELPAIS.com - JUAN CARLOS MARTÍNEZ 16/10/2009
Foto: Marta Sanchís, Zaida del Valle, Clara Nuño, Rebeca de Mendoza y Alejandro Álvarez son afectados por el retraso en la entrega de sus viviendas.- SANTI BURGOS, elpais.com
¿Dónde está el piso que me tocó?
Ferrol corta el suministro a un hotel con orden de derribo pendiente desde el 2003
ELPAÍS/A Coruña* : No tiene licencia de primera ocupación ni de actividad, y tampoco se certificó oficialmente el fin de la obra, pero la puerta del Hotel Galiano está abierta al público desde 2007. Este establecimiento, propiedad del promotor ferrolano José Fernández Gómez, conocido como Jofer, volvió ayer al centro de una larga polémica urbanística que desde hace una década enfrenta al municipio con el propietario de la empresa Ferrol Hoteles, y que lleva camino de eternizarse en los tribunales, con una orden de derribo empantanada en los juzgados entre una maraña de plazos y recursos.
A primera hora de ayer, un equipo de 18 personas enviado por el gobierno local, formado por abogados, policías locales y técnicos de Gas Natural, Unión Fenosa, y Emafesa -la empresa municipal de aguas de Ferrol-, desfilaron por la calle desde del ayuntamiento hasta el hotel para cortar el suministro de este céntrico establecimiento, situado entre las calles Real y Galiano.
El propietario, no obstante, hizo caso omiso y pocos minutos después de las 9.00 horas, el hotel volvía a abrir la puerta con grupos electrógenos para autoabastecerse. Desde el municipio contraatacaron levantando acta de la infracción del propietario para trasladar a los juzgados un presunto delito de desobediencia de José Fernández, que ya acumula otras causas abiertas por idéntico motivo.
Desde el Gobierno local justifican que se adoptó esta decisión "para reponer la legalidad urbanística y preservar la seguridad de los ciudadanos", de acuerdo con una sentencia reciente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que desestimó el último recurso del promotor contra el corte de los servicios.
Órdenes de paralización
La intención de ejecutivo que lidera en minoría el socialista Vicente Irisarri es precintar en el plazo más breve posible una construcción que es "un cúmulo de incumplimientos sistemáticos y reiterados". "Estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance" manifestaron ayer desde el gobierno local. Apuntan, además, que el municipio sería responsable de forma subsidiaria en caso de accidente o catástrofe ya que el inmueble no cumple los protocolos de seguridad, carece de las perceptivas certificaciones de la Consellería de Industria y elude los controles administrativos.
Según fuentes del departamento de Urbanismo de Ferrol, la lista de irregularidades de esta edificación es extensa y arrancan incluso antes de su construcción "en la tramitación de la primera licencia". Desde 1999, tres corporaciones locales de distinto signo político han abierto expedientes contra la obra, que acumula cuatro órdenes de paralización de la actividad y varias sentencias favorables al municipio que han sido sistemáticamente recurridas. A última hora de la tarde de ayer, tanto el hotel como las dos cafeterías seguían abiertas pese al corte de suministro.
* ELPAIS.com - LORENA BUSTABAD - Ferrol - 16/10/2009
Foto: El hotel Galiano Plaza sufrió ayer el corte de sus suministros - elcorreogallego.es
La picaresca urbanística del Ayuntamiento de C.Villalba
SALVEMOSLACHOPERA* : Mientras estamos asistiendo en el escenario de la evaluación medioambiental de la consejería del ramo de la Comunidad de Madrid a un nuevo replanteamiento -aunque de forma todavía bastante tímida- de la filosofía y praxis que ha de impregnar el estudio y análisis de la mayor parte de los proyectos urbanizadores de nuestra región, sobre las premisas de una mayor contención de las actividades destructivas y masificadoras hacia nuestro medio rural, aquí en Collado Villalba se pretende continuar, según las palabras del alcalde en el último pleno, con el proyecto lesivo de liquidación de un paraje natural, como es la Chopera, y que constituye el punto y el contrasentido irracional, es decir la excepción que confirma la regla, a este nuevo rumbo que está imprimiendo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, más en concreto su departamento de Evaluación Ambiental.
Así, de esa manera, y nos congratulamos por ello, nos podemos encontrar en el BOCAM con municipios como Brunete, Ciempozuelos, Móstoles, Alcobendas y Navalcarnero, por ejemplo, que para aprobar sus PGOU han tenido que rebajar sustancialmente el número de viviendas a construir. El caso de Móstoles es paradigmático en relación a las semejanzas con Collado Villalba por la instalación de un nuevo hospital en sus respectivos términos, puesto que para poder llevarlo a cabo han tenido que realizar una revisión del planeamiento anterior en toda regla (y no una superficial modificación puntual, como se quiere hacer aquí), pese a que, además, la zona donde se va a ubicar era ya de por sí anteriormente urbanizable y teniendo en cuenta también que en el caso mostoleño sí que se ha admitido la DIA en los plazos estipulados por la ley ambiental. Una de las nuevas medidas en las que se sustenta esta nueva orientación en la política evaluatoria son los denominados informes de Impacto Ambiental, cuya principal característica supone el mandato informativo e impedimento de la recalificación de terrenos limítrofes con otros municipios “para mantener franjas de protección ambiental”, de obligado cumplimiento para algunos municipios, entre ellos Alpedrete, cuyo sector ‘Polvorines’ se va a ver afectado por tal medida, siendo una zona muy próxima a la Chopera de Collado Villalba, que está encuadrada en la zona norte de este término municipal, protegida por leyes ambientales tal y como indica el Informe de Análisis Ambiental del PGOU, y muy cercana a las lindes municipales alpedreteñas a través de Cerca Montero, demarcación calificada como ‘Monte Preservado’. Ante este panorama, está claro que la única baza que juega el Consistorio villalbino ante la Comunidad para justificar la no inclusión de los terrenos colindantes a la A-6 e ITV como idóneos para la ubicación del hospital en el Estudio de Alternativas que enviará a la Consejería, será que el sector del Caño de la Fragua ya está afectado por un Plan Parcial, a lo que nuestro colectivo responderá adecuadamente para tratar de desenmascarar tamaña mentira, puesto que aquél es posterior a la formal petición que realiza la Comunidad de Madrid, y además, en contra de lo dice el regidor, la legalidad de la aprobación del Plan Parcial está todavía en entredicho hasta que no se pronuncien definitivamente los tribunales, entre otras cosas por manifiestas irregularidades en su aprobación, como es por ejemplo haber sobrepasado el plazo del primer cuatrienio de aprobación del Plan Parcial.
* El Faro del Guadarrama - Opinión - 15.10.09
El TSJCyL confirma la paralización de la expropiación de los terrenos del polígono Soria II
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HERALDO* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) con sede en Burgos ha confirmado, en una nueva sentencia, las medidas cautelares solicitadas por Ignacio Marichalar y Sáenz de Tejada contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Soria que acordó la expropiación de terrenos para construir un nuevo polígono industrial en las inmediaciones de la carretera de Almajano.
La sentencia, que es firme, desestima los recursos de apelación interpuestos por el Ayuntamiento de Soria y la empresa pública Gesturcal de la Junta de Castilla y León contra la medida cautelar, rechaza "la totalidad" de sus pretensiones y hace expresa imposición de costas a las partes apelantes, según informaron a Europa Press fuentes del bufete Díaz de Aguilar. Con este fallo, el TSJCyL confirma la medida cautelar de suspensión adoptada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria tras interponer un recurso Ignacio Marichalar, y en consecuencia ratifica la sentencia del Juzgado que manifiesta que "la medida de suspensión cautelar debe por tanto acordarse en esta pieza porque en todo caso es indudable que existe un interés general en proteger todo el entorno de Numancia que podría quedar irreversiblemente dañado con la ejecución inminente de la obras del futuro polígono Soria II", dice la sentencia.
El pasado mes de mayo, otra sentencia del TSJCyL confirmó las medidas cautelares autorizadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria que fueron solicitadas por Ana Marichalar y Sáenz de Tejada. Esta sentencia consideró, al igual que el Juzgado de Soria, que "la inmediata ejecución del acuerdo incidiría directamente en la propiedad privada al continuar el expediente expropiatorio, sin que por otro lado se aprecie al no tratarse de una expropiación urgente, que de la suspensión se derive perjuicio para el interés público".
Además de este recurso en el Contencioso que acaba de resolverse, la tramitación para la puesta en marcha de este nuevo polígono auspiciado por la Junta de Castilla y León se encuentra pendiente de otro recurso interpuesto contra la legalidad de la modificación urbanística realizada por la Corporación Municipal soriana para poder llevar a cabo este polígono.
La paralización judicial a la que se está viendo sometido este proyecto ha motivado ya que el actual equipo de Gobierno y los agentes sociales abogen por un cambio de ubicación y se invierta la cantidad acordada en la segunda fase de Valcorba
En este sentido, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, mostró la semana pasada su disposición a valorar el cambio de ubicación del Polígono industrial Soria II. La Junta estudiará la cuestión "siempre y cuando exista la oportuna propuesta del Ayuntamiento de Soria", contando además con el criterio del empresariado soriano. El anuncio se produjo después del encuentro que el consejero mantuvo con la presidenta del PP soriano, María del Mar Angulo.
* Heraldo de Soria - 16.10.09
Foto: Numancia (Soria) - elmundo.es
Lanzarote: ´Caso Unión´ y asociación ilícita
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LAPROVINCIA* : Una trama compleja, perfectamente organizada, que tendría la finalidad de cometer los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación... El magistrado del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha ido cerrando el círculo de la Operación Unión contra la corrupción urbanística y el cobro de comisiones en Lanzarote.
Las investigaciones llevadas a cabo por la sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, la Fiscalía de Arrecife y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han podido demostrar que los delitos cometidos por destacados miembros del PIL, empresarios y funcionarios encajan perfectamente en el concepto legal de la asociación ilícita al tratarse de una trama que bajo la apariencia de actividades legales podría esconder actos ilícitos.
Aunque la Operación Unión se encuentra bajo secreto de sumario lo cierto es que los datos que han trascendido demuestran que algunos miembros del PIL utilizaban presuntamente el Ayuntamiento de Arrecife para cobrar comisiones por la adjudicación de obras o servicios públicos e incluso promover cambios en el futuro plan general de la capital a cambio de beneficios económicos.
Unas actuaciones ilícitas que se llevarían a cabo no de forma aislada, sino de forma permanente, y con la necesaria colaboración de funcionarios públicos, empresarios y una importante red de colaboradores.
Dimas Martín sería, presuntamente, el encargado de dar las órdenes (se situaría como el fundador de la trama) mientras que concejales del Ayuntamiento de Arrecife como José Miguel Rodríguez (que llevaba el área de Hacienda y Urbanismo) y Ubaldo Becerra (el ex encargado de definir el futuro Plan General) serían los encargados de ejecutarlas. En un escalafón más bajo se encontrarían trabajadores públicos o asesores como Alfredo Rodríguez (personal del Cabildo) y Matías Curbelo (asesor del Patronato de Turismo) a los que la Guardia Civil detuvo in fraganti con cerca de 100.000 euros a raíz del cobro de una de estas presuntas comisiones ilegales.
Las investigaciones siguen tejiendo la red corrupta que se movía como pez en el agua por las instituciones públicas. Una asociación ilícita jerarquizada, en la que cada uno sabía cuál era su rol. E incluso es posible que exista una contabilidad paralela. Cientos de miles de euros que se han movido ilegalmente, en forma de dinero negro, y al que las unidades especializadas de la Guardia Civil le están siguiendo el rastro.
* La Provincia - D. RIVERO - ARRECIFE - 15.10.09
Foto: Arrecife (Lanzarote) - lanzarote.com
