,+Terra+M%C3%ADtica+-+mediterranea.org.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : La fiscalía quiere recuperar para la causa sobre fraude fiscal de una veintena de empresas, entre ellas Terra Mítica, toda la información judicial que se derivó de la querella del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por supuestas comisiones ilegales durante la construcción del parque. El juez, de permiso según consta en un escrito firmado por el secretario del juzgado, aún no ha contestado.
Eduardo Zaplana se querelló contra los empresarios imputados en el caso Terra Mítica José Herrero y Antonio Moreno Carpio, y contra los diputados socialistas autonómicos José Camarasa y Antoni Such. Lo hizo porque se hicieron públicas unas grabaciones realizadas por los diputados de dos reuniones mantenidas con los empresarios en las que Herrero y Moreno Carpio explicaban que el también empresario e imputado en el caso Vicente Conesa entregaba supuestamente dinero que presumían era para Eduardo Zaplana y que provenía del cobro de comisiones ilegales de las empresas que participaban en la construcción del parque.
La querella fue inicialmente archivada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en lo que a los diputados se refería, pero continuó viva para los dos empresarios. El Juzgado de Lo Penal número dos archivó la causa porque un día antes del juicio Eduardo Zaplana aceptó un supuesto perdón pedido por los empresarios acusados.
Ahora, la fiscalía, en el marco de las diligencias por fraude fiscal de más de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas en relación con la construcción del parque temático de Benidorm reclama toda la documentación del caso. Un escrito firmado el pasado día 12 y con registro de entrada en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia de seis días después pide al magistrado que reclame toda la documentación.
En concreto, la fiscalía reclama que se pida la querella interpuesta por Eduardo Zaplana, la información que generó en prensa, la ampliación de la querella, el sobreseimiento de la querella por parte del TSJ para los parlamentarios autonómicos, la declaración del empresario imputado Vicente Conesa, la de José Herrero, el informe pericial de procesado de las dos cintas de conversación, el informe fiscal, el escrito de conclusiones del fiscal, el escrito de defensa del empresario acusado y también imputado en el caso Terra Mítica José Herrero, el auto de señalamiento de juicio oral, el escrito de renuncia del querellante y la sentencia dictada. Y, además, la fiscalía pide al juez del caso Terra Mítica que se dirija a la Dirección General de la Policía, a la sección de acústica, y que le solicite una copia del disco compacto que se grabó con el contenido de las grabaciones y que fue remitida al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, el que se encargó de la investigación de la querella cuando quedó reducida a los dos empresarios.
Por último, la fiscalía de Valencia pide que el instructor del caso Terra Mítica cite a los peritos que firman el informe para que lo ratifiquen. Según fuentes de la causa, a pesar de que el grueso de la investigación se centra en el delito fiscal, el pago de comisiones ilegales no está ni mucho menos descartado, por difícil que pueda resultar acreditarlo con pruebas.
Precisamente, para encontrar esas pruebas están aún pendientes de respuesta las comisiones rogatorias instadas por el juez a entidades bancarias en el extranjero, en Andorra y Suiza entre otros destinos, para despejar si el presunto principal cerebro de la red, Vicente Conesa, directamente o a través de su mujer o alguno de sus dos hijos, imputados también, depositaron dinero en el extranjero, con qué objeto y con qué origen. La causa Terra Mítica está abierta por delito fiscal, falsificación, blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, alteración contable y estafa. Hay casi 30 imputados.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 26/05/2009
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mítica - mediterranea.org
Fiscalía reabre la investigación sobre comisiones ilegales en Terra Mítica
Madrid: Precisiones sobre la querella contra Lamela por prevaricación
Ante las informaciones incorrectas y confusas, cuando no falsas, que han venido divulgando diversos portavoces de la Comunidad de Madrid sobre la noticia hecha pública ayer acerca de la querella de la Fiscalía de Madrid contra el ex-Consejero de Transportes e Infraestructuras, Manuel Lamela, Ecologistas en Acción* quiere hacer las siguientes precisiones...
Plan de Carreteras 2007-2011
La querella se refiere al Plan de Carreteras 2007-2011. Algunas fuentes de la Comunidad de Madrid dicen ahora que dicho plan no existe, pero Ecologistas en Acción dispone de la trascripción de las comparecencias parlamentarias del propio Manuel Lamela en la que presenta dicho Plan y desgrana los diversos proyectos que incluye: cierre norte de la M-50, desdoblamiento de la M-600, ampliación de carriles de la M-607, desdoblamiento de la M-501…
¿Partidismo de la Fiscalía?
Los portavoces del Gobierno regional han hablado de la “utilización partidista y sectaria de los poderes del Estado contra los adversarios políticos de ZP”, o del “partidismo de la Fiscalía”. Pero los incumplimientos de la ley son flagrantes:
- Si no existía el Plan de Carreteras, como dice ahora el Gobierno regional, se incumple la Ley 3/1991 de carreteras de la Comunidad de Madrid, que impide actuaciones en carreteras si no están incluidas dentro de un Plan de Carreteras. La mejor prueba de este incumplimiento es que la Comunidad de Madrid modificó justo el artículo que establecía esta obligación en la conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos aprobada en diciembre de 2008. Pero hasta esa fecha, la normativa previa era de obligado cumplimiento.
- Y si por el contrario sí existía el Plan de Carreteras, entonces se incumple la Ley estatal 9/2006, de Evaluación Ambiental de Planes y Programas, que obliga a evaluarlo ambientalmente en su conjunto. Nuevamente, la mejor prueba del incumplimiento es el siguiente movimiento de la Comunidad de Madrid, que ha encargado la redacción del Plan de Carreteras 2009-2020 para, esta vez sí, someterlo a evaluación ambiental en su conjunto. ¿Qué sentido tiene presentar primero un Plan 2007-2011 y luego un 2009-2020, si no es por que se quiere subsanar una actuación “irregular”?
No está de más recordar que hasta la redacción de este nuevo Plan de Carreteras 2009-2020 se le ha encargado a una empresa privada (la mercantil Equipo Técnico en Transporte y Territorio, S.A.). El ansia privatizadora de la administración regional llega hasta el punto de renunciar hasta a lo más básico, la planificación, y dejarla en manos de intereses privados.
“La Comunidad de Madrid evalúa ambientalmente todos los proyectos de carreteras”
Tampoco se han ruborizado los diversos portavoces al afirmar que el Gobierno regional cumple siempre la ley en materia de evaluación ambiental. Ahí están los casos del desdoblamiento de la M-501, o de la ampliación de la M-30, ambos con sentencias en contra. Aunque esta última obra fue ejecutada por el Ayuntamiento de Madrid, la autorización para realizarla sin evaluación ambiental vino de la Comunidad de Madrid.
Ecologistas en Acción confía en que a partir de ahora los administradores públicos de la Comunidad de Madrid pongan tanto empeño en el cumplimiento de la ley como están poniendo desde ayer en disfrazar de ataque injustificado algo que no es sino una evidencia: que la Comunidad de Madrid lleva tiempo funcionando como una auténtica insumisa de buena parte de la legislación ambiental.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 26.05.09
Foto: Madrid, carretera pantanos - publico.es
Salamanca: Ahora lo derribo, ahora no
ELMUNDO* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Salamanca ha paralizado de forma cautelar el derribo del Teatro Bretón, después de que la empresa propietaria empezará a tirarlo abajo con las primeras luces del día. La causa de la paralización no tiene que ver con el valor artístico del inmueble, sino con una sentencia sobre la construcción de una piscina ilegal en una zona verde que construyó la empresa Santher, propietaria del Teatro, en Villamayor de la Armuña y que le impide realizar trabajos en Salamanca durante un año.
La juez titular de dicho juzgado ha convocado el próximo jueves a la empresa y los denunciantes a una vista oral, en la que se decidirá si se autoriza continuar con el derribo o lo paraliza hasta que se cumpla el plazo de la sentencia anterior.
Las asociaciones vecinales, Izquierda Unida y Los Verdes Foro de Izquierdas pusieron el recurso a las 9 de la mañana de este martes al ver cómo avanzaban los trabajos de demolición.
A las 11 del a mañana, la jueza emitió el auto. Después, y según denuncia el PSOE, la Policía Local tardó más de una hora en hacerlo cumplir.
En ese tiempo, diversos miembros de las asociaciones denunciantes intentaron detener la acción de las máquinas, que continuaban trabajando, provocando momentos de fuerte tensión.
El recurso también se basa en que existe un expediente presentado por Ciudadanos en Defensa del Patrimonio ante la Junta de Castilla y León para que el Teatro Bretón sea declarado BIC, que ha provocado que el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León solicitara un informe justificativo de los valores y singularidad que concurren en el inmueble, por si reúne las características y relevancia necesaria para alcanzar la categoría de Bien de Interés Cultural, según lo previsto en la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León
Las obras de derribo han comenzado por la fachada de la Plaza de San Román y las retroexcavadoras han derribado un importante porcentaje del Teatro Bretón.
El Ayuntamiento de Salamanca concedió permiso a la empresa Santher a mediados de mayo para derribar el edificio, después de que fracasaran las negociaciones que los propietarios mantuvieron con Caja Duero y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez para comprar el edificio y darle un destino cultural. Sin embargo, el futuro de esos terreros será acoger una residencia de ancianos y un parking privado.
* El Mundo - José Manuel Blanco - 26.05.09
Foto: Imagen de parte del Teatro Bretón recién derribado. | E. Carrascal, elmundo.es
Declaran ante el juez 35 cargos del Gobierno valenciano que autorizaron contratos a Orange Market
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Valencia retoma las declaraciones en la investigación del caso Gürtel. Un total de 35 cargos de la Generalitat que autorizaron contratos entre la administración y la empresa Orange Market, presidida por Álvaro Pérez, El Bigotes, testifican hoy ante el juez. La directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, ha sido la primera en comparecer, tras llegar al tribunal minutos antes de las nueve y media de la mañana. A la entrada, no ha querido responder a las preguntas de los medios.
El Bigotes, quien mantiene una íntima amistad con el presidente valenciano, Francisco Camps, obtuvo contratos de la Generalitat vinculados directamente a la actividad del jefe del Ejecutivo. La mayor parte de las adjudicaciones estaban relacionadas con la Consejería de Turismo, si bien, el Bigotes también hizo negocios muy ligados a la esfera del presidente valenciano.
Entre los 35 altos cargos citados hoy por el magistrado instructor de la causa abierta por un supuesto delito de cohecho, no hay ningún consejero valenciano. Las declaraciones de los imputados en la rama valenciana del caso Gürtel se iniciaron la semana pasada con la comparecencia del ex vicepresidente y ex consejero de la Generalitat valenciana Víctor Campos, el portavoz popular en las Cortes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el presidente Camps, y del ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, y el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez.
Tras ser interrogado durante casi una hora por el juez, el tribunal mantuvo la imputación sobre el presidente Camps, quien declaró estar "contento y satisfecho" de haber podido contar lo que había ocurrido en los últimos meses. El presidente valenciano no aportó ninguna prueba en su comparecencia y se presentó sin las facturas de los trajes por valor de más de 12.000 euros, que supuestamente recibió de las empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa.
Personación del Estado
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado hoy que la Abogacía de Estado está a la espera del informe que prepara la Agencia Tributaria para comprobar si se han puesto "en juego" intereses "importantes" para la Hacienda Pública en el caso Gürtel. "Si hubiese en juego intereses importantes para la Hacienda Pública de todos los españoles por supuesto. No lo dudo", ha respondido Caamaño en declaraciones a RNE, al ser preguntado si el Estado se personará en la presunta trama de corrupción.
Por otra parte, el presidente del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, ha pedido disculpas "a los periodistas que hayan podido sentirse aludidos" por sus palabras sobre la investigación de la trama corrupta, y ha subrayado que cuando dijo que "alguien debería estar en la cárcel" se refería "a quien de forma interesada" está "filtrando el sumario del caso". Ayer por la tarde, Ripoll ya se disculpó con el mismo argumento.
* ELPAIS.com - 26/05/2009
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
"Las medidas llegan tarde"
ELPAÍS/Entrevista* : Ángel Núñez dejará pronto su puesto de fiscal de Medio Ambiente en Cádiz, desde el que coordina al resto de compañeros de Andalucía, para dedicarse temporalmente al asesoramiento para la reforma del Código Penal. Durante años ha sido el azote de administraciones, jueces y particulares contra el urbanismo ilegal.
Pregunta. ¿Cómo se encuentra la Fiscalía que abandona?
Respuesta. Esta Fiscalía sufre una pertinaz falta de medios, sobre todo, de personal. La de Cádiz es una Fiscalía tremendamente compleja con cuatro unidades, Ceuta, Cádiz, Algeciras y Jerez, cada una de las cuales es más grande incluso que la de otras capitales. Y eso resulta complicado de trasladar a los que tienen que hacer las dotaciones de medios. Se suple con una enorme dedicación y horas y horas de trabajo.
P. La Junta ha puesto en marcha un plan de inspección con la colaboración de los ayuntamientos. ¿Es el camino correcto?
R. Sí. La necesidad de imponer la disciplina urbanística es absolutamente perentoria y para imponerla lo primero que hay que saber es cuál es la situación y trazar un mapa de la ilegalidad. Hasta ahora se avanzaban cifras muy dispares pero no se ha realizado el inventario que se está realizando ahora.
P. ¿Se llega a tiempo?
R. No. Se ha llegado tarde por una conjunción de factores: ha habido desidia municipal para aplicar las competencias que contiene la ley; han faltado órdenes judiciales de demolición; se han antepuesto intereses electorales, incluso con momentos de corrupción. Las medidas llegan tarde pero había que hacer algo. Es una situación irreversible pero hay que ponerle coto y decir de ahora en adelante no va a volver a suceder.
P. ¿Y cuál ha sido el papel de la Fiscalía?
R. Hemos conseguido un doble objetivo: que los tribunales hayan ido atendiendo nuestros planteamientos y que la sociedad tome conciencia de que las víctimas de los delitos urbanísticos somos todos. Es la sociedad la que se debe movilizar para ir en contra de estos comportamientos, frente a los grupos de presión que tratan de influir en los ayuntamientos.
P. Ahora va a participar en la reforma del Código Penal. Casos como el de Marta del Castillo han avivado el debate sobre el endurecimiento de las penas, incluso el de la cadena perpetua. ¿Esa presión influirá?
R. Me aventuro a decir que no. Cuando se producen hechos de esa magnitud y cuando se les da mucho relieve, no exento de amarillismo, la reacción popular es lógica. Pero considero que el agravamiento de las penas no conduce a una mayor eficacia del derecho penal. Lo que hay que hacer es dotar de medios a la justicia para que responda de una manera más rápida y eficiente.
* ELPAIS.com - 25.05.09
