ELPAÍS* : La Junta de Castilla y León sacó ayer a exposición pública la norma que ordena el urbanismo en 50 pueblos de la cordillera en León y Palencia y que, sobre todo, avala la construcción de la estación de esquí de San Glorio, en un espacio protegido. Éste es el tercer intento de la Junta por impulsar la estación. El primero lo anularon los tribunales por defectos de forma y el segundo lo abortó la comunidad el pasado mayo cuando EL PAÍS desveló que el informe para construir la estación y que costó 165.420 euros estaba fusilado de webs como El rincón del vago.
La comunidad explica que el nuevo planeamiento viene a "subsanar deficiencias observadas en el documento" previo, en alusión al plagio.
Las nuevas Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica Central no mencionan directamente el proyecto de San Glorio pero sí especifica que "se incluirá el esquí alpino como actividad autorizable en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Montaña Palentina", un parque natural con una de las dos poblaciones de oso pardo.
El Tribunal Superior de Castilla y León anuló en 2008 esa reforma porque se hizo sin ningún informe científico y esgrimió que los informes científicos consideran inviable el esquí en esa zona por el calentamiento. Pero la Junta, del PP, ha hecho del proyecto una bandera. El documento afirma que el esquí tiene "gran capacidad de generar actividad económica y empleo" siempre que haya "una significativa oferta de alojamiento".
* ELPAIS.com - 30.12.09
Foto: San Glorio - wikimedia.org
Castilla y León aprueba por tercera vez el esquí en una zona protegida
Santa Cruz: Un Plan General que enfrenta a vecinos y une a políticos
CANARIASAHORA* : La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santa Cruz de Tenerife cuenta con tantos defensores como detractores y en ambos bandos lo que se mueve son intereses privados, unos más legales que otros. Para los propietarios de viviendas ilegales, levantadas sin las licencias oportunas, muchas de autoconstrucción, su prometida legalización con el nuevo Plan supone poder llevar a cabo actividades bancarias que antes les estaban vetadas y, desde luego, una importante revalorización de sus propiedades. Frente a ellos, quienes ven que sus casas quedan fuera de ordenación argumentan que las actividades bancarias que hasta ahora podían emprender les estarán vetadas.
Estas dos posturas se vieron las caras de lleno este martes a las puertas del Ayuntamiento de la capital tinerfeña. Tras los insultos y el más que oportuno aviso de supuesta bomba, los vecinos que apoyan el Plan optaron por abandonar las inmediaciones del Consistorio, acusados de “estar comprados” por el equipo de Gobierno de Miguel Zerolo y, por ende, la Gerencia de Urbanismo que capitanea la concejal de CC, Luz Reverón.
Luis Febles Casanova, portavoz de la Asociación de Vecinos de Valleseco, un barrio en el que hay varias viviendas que resultarán legalizadas si el Plan sale adelante, alega que su aprobación supondrá “dinamizar la economía” de la ciudad, con potenciales construcciones a la espera de un marco legal ahora inexistente. En un comunicado remitido por Febles y apoyado por la Confederación Canaria de Asociaciones de Vecinos (CONCAVE) y otras veinte asociaciones vecinales más, muchas de ellas del litoral de Anaga, además de asociaciones deportivas y de la Tercera Edad, también vinculadas a toda la franja que abarca desde Cabo Llanos hasta Las Teresitas, el portavoz vecinal defiende el Plan porque “pensamos que su aprobación es imprescindible porque con ello este municipio recibirá un impulso más que necesario, se crearán puestos de trabajo y, sobre todo, se reactivará la economía”.
No es sólo la legalización de viviendas construidas sin licencia. La revisión del PGOU que se intentó aprobar este martes y que ha sido relegada al 4 de enero, conlleva la posibilidad de extender el tranvía hasta Las Teresitas, lo que beneficia a vecinos del Barrio de la Alegría, Valleseco, María Jiménez y San Andrés.
Beneficio para constructores
Un Plan General aporta seguridad jurídica en los planeamientos urbanísticos y permite a los constructores saber a qué atenerse. Tanto detractores como defensores del documento coinciden en el que el PGOU de 1992 que ahora se revisa está añejo, y que siete años de revisión son excesivos. Pero la Cámara de Comercio se ha posicionado a favor por el potencial inmobiliario que conlleva.
La concejala de Urbanismo Luz Reverón, explicó en rueda de prensa el pasado 16 de diciembre que el nuevo Plan permitirá la creación de 10.000 viviendas de protección oficial, además de la urbanización de Montaña Fumero y la creación de un parque tecnológico que tanto el presidente de la Cámara, Ignacio González Martín como la misma Reverón, aseguran que ayudará a diversificar la economía capitalina.
En la reunión que Ignacio González y la concejala mantuvieron el pasado julio en la sede de la Cámara, con la presencia del alcalde Miguel Zerolo y de la patronal de la Construcción (Fepeco) y de los empresarios (CEOE), representados por Antonio Plasencia y José Fernando Rodríguez de Azero, de lo que se habló fue de licencias de obras y de agilizar los trámites burocráticos para sus concesiones. También del apoyo del sector bancario en la concesión de préstamos para esas potenciales nuevas construcciones,
Esta es otra de las quejas de los que incluso están a favor del Plan: que puede convertirse en un instrumento de enriquecimiento de un grupo de empresarios demasiado conocido por sus imputaciones penales en casos como el de Las Teresitas.
Pedro García, vecino de María Jiménez, está convencido de que el PGO “sin ser bueno” debe aprobarse ya mismo “porque los intereses privados se pueden defender de la misma manera ante los tribunales sin frenar con ello los intereses comunes”. El propio Luis Febles piensa igual. Enfrente tienen a quienes ven que la casa que han comprado con una hipoteca que deben seguir pagando pierde valor por quedar fuera de ordenación.
“Lo he preguntado en el banco”, asegura Hilda Lobo, vecina de El Toscal, y me han explicado que, pese a que no me variarían las condiciones de la hipoteca, no me dejarían renegociarla por falta de garantías. Necesitaría aportar avales igual que si careciera de vivienda”. El Toscal es uno de los barrios que más necesita de una rehabilitación, pero sus habitantes no quieren que pierda su condición de Bien de Interés Cultural. Está en el ojo del huracán desde el inicio de la redacción del nuevo PGO, cuando se tuvo que desistir de la construcción sobre dos casas terreras de unas torres de viviendas.
“Yo me enteré de que me quedaba fuera del Plan hace menos de una semana, al ir a preguntar a Gerencia de Urbanismo, pero allí mismo me dijeron que no me preocupara, que no pasaba nada. Si no pasa nada, ¿para qué me dejan una casa en el limbo legal, que no van a poder heredar mis nietos porque pierde valor conforme pasa el tiempo?, añade la misma mujer. Su casa, de 35 años de antigüedad, tiene fecha de caducidad, como define a los inmuebles fuera de ordenación el abogado Antonio Espinosa.
El suelo, en el aire
Los mismos argumentos de la Cámara de Comercio y de Coalición Canaria son esgrimidos por el Colegio de Arquitectos y el Partido Popular en Tenerife, que defiende la creación de puestos de trabajo gracias a la construcción que se permitirá con el nuevo PGO. Las voces políticas disidentes son las de Ciudadanos de Santa Cruz y el Partido Socialista, a las que se han sumado en las últimas semanas, miles de vecinos afectados por esa figura jurídica que se llama “fuera de ordenación” y que deja su propiedad del suelo en el aire.
El presidente de la Agrupación Local del PSC, Pedro Anatael Meneses, es claro al explicar qué significa quedar fuera de ordenación: “En un edificio fuera de ordenación no pueden realizarse obras de consolidación o modernización del mismo. Tampoco ninguna mejora que, en caso de expropiación por viales o zona verde, incremente su valor de expropiación”.
¿Qué obras se permiten? “Las pequeñas reparaciones que exijan la higiene, el ornato y la conservación del inmueble”, pero si el edificio sufre, por ejemplo, un incendio, las plantas fuera de ordenación no se podrían reconstruir y esos metros cuadrados de suelo, que seguirían perteneciendo al dueño de la vivienda siniestrada, se tendría que repartir entre el resto de propietarios, de tal forma que un inmueble de 100 metros cuadrados quedaría, legalmente, en 80 u 85 metros cuadrados.
Meneses añade que las viviendas fuera de ordenación tienen un fin: desaparecer, por lo que “en el mejor de los casos pueden mantener su valor, pero nunca se revalorizarán”.
Lo que se preguntan algunos vecinos preguntados por CANARIAS AHORA, y cuyas viviendas quedarán fuera de ordenación, es por qué se busca limitar el espacio ya existente si el Plan pretende una nueva regulación para futuras construcciones. ¿Es que van a sacar terreno a costa de quitármelo a mí?”, sospecha Hilda Lobo.
* Canarias Ahora - 30.12.09
Foto: Ayuntamiento Santa Cruz - photobucket.com
Andratx: El juez abre juicio oral contra Jaume Massot por otras dos piezas separadas
DIARIODEMALLORCA* : El juez del caso Andratx, Francisco José Pérez, está a punto de dar luz verde a la celebración de otros dos juicios orales contra uno de los principales implicados en dicho supuesto entramado de corrupción urbanística, Jaume Massot, encarcelado el lunes por orden de la Audiencia y tras ser condenado por el Supremo a 3,5 años de cárcel.
Eugenio Hidalgo, ex alcalde de Andratx por el PP, tiene pendientes de celebrar tres juicios y también está en prisión tras la confirmación de su primera condena por el Tribunal Supremo. Las defensas de ambos condenados barajan pedir un indulto y acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
El magistrado de apoyo que instruye el caso Andratx desde hace unos meses en el juzgado número 12 va a decretar el pase a procedimiento abreviado de dos de las 74 piezas separadas en las que se dividió el complejo sumario. En estas piezas aparece imputado Jaume Massot, que hasta el verano del 2003 fue jefe del área municipal de Urbanismo de Andratx. Después fue designado director general de Ordenación del Territorio en el Govern del PP presidido por Jaume Matas, cargo que dejó tras su detención, en noviembre del 2006, por la operación Voramar.
Massot, que arrastra ya tres condenas, será juzgado presumiblemente por estas dos piezas separadas a lo largo del próximo año. Las dos causas guardan relación con otros tantos delitos urbanísticos en los que Massot habría emitido informes y dictámenes claves para tratar de legalizar las irregularidades.
Hidalgo, tres acusaciones
Eugenio Hidalgo aparece como acusado en otras dos piezas separadas del caso Andratx, que ya están calificadas. Estos casos son las piezas número 60 y 74. El encarcelado ex alcalde de Andratx también tiene pendiente de celebrar un tercer juicio por supuesta prevaricación y coacciones contra la familia de la hoy alcaldesa de la localidad, Isabel Alemany, edil desde hace varias legislaturas por Unió Mallorquina (UM). Hidalgo, defendido en este sumario por Rafael Perera, está acusado de ordenar el cierre del aparcamiento de coches propiedad de la madre de Alemany y como represalia por las tareas de oposición que hacía la concejal de UM contra él en el consistorio. La acusación particular, que ejerce el abogado Miquel Borrás en nombre de Isabel Alemany, y el fiscal reclaman para Hidalgo una elevada pena de inhabilitación.
En la pieza 60 están acusados Eugenio Hidalgo, para el que la acusación particular en nombre del actual Ayuntamiento de Andratx, ejercida por los letrados Isabel Fluxà y Josep de Luis, pide un total de 8 años y 9 meses de cárcel; el constructor Manuel Zapata, que se enfrenta a 6 años de cárcel; y Jaime Gibert, suspendido celador municipal de obras, para quien, por su condición de arrepentido, se solicitan seis meses de multa.
En la pieza 74 únicamente aparece acusado Hidalgo, que se enfrenta a otra pena de 2 años y 3 meses supuestamente por desprenderse de parte de su patrimonio inmobiliario sin permiso del juez.
La acusación particular le imputa los delitos de alzamiento de bienes y desobediencia y el ex alcalde consiguió unos 350.000 euros con las propiedades enajenadas.
Hidalgo ha sido condenado en tres ocasiones por flecos del caso Andratx: Dos son piezas separadas y la tercera es por una falta de injurias a Isabel Alemany. El Supremo confirmó el lunes la condena de 4 años de cárcel contra Hidalgo por construirse un chalé en una finca rústica protegida, gracias a un informe elaborado por Massot, sentenciado a 3,5 años de cárcel.
Fernando Mateas, actual defensor de Massot, y Rafael Perera, que, junto a Manuel Murillo, representa a Hidalgo no descartaron ayer la tramitación de sendos indultos para sus patrocinados.
La petición de indulto permitiría, de ser aceptada por el Gobierno, la reducción de la condena y la excarcelación de Massot e Hidalgo. Las defensas tampoco descartan recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, las numerosas causas pendientes de ambos encausados serían un obstáculo muy importante a la hora de obtener el indulto. De las 74 piezas separadas, 3 han sido juzgadas y unas 15 han sido sobreseídas. Otras 6 están a punto de pasar a juicio oral y el resto siguen abiertas.
* Diario de Mallorca - 30.12.09
Foto: El chalé ilegal de Hidalgo que habrá que demoler. - Lorenzo Gutiérrez, diariodemallorca.es
Declarada ilegal un área de ocio de la familia del juez decano de A Coruña
ELPAÍS* : Una piscina de 12 metros de largo, un campo de fútbol, dos casetas prefabricadas asentadas sobre un asfaltado de hormigón y equipadas de aseos, sofá, mesa de ping-pong, otra de comedor, nevera y televisión. Son "las instalaciones de ocio-recreo" construidas por la familia del juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián, en una finca de su madre situada en el municipio coruñés de Paderne, y declaradas ilegales por contravenir las normas urbanísticas, tanto autonómicas como locales, según determinó la Xunta, a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
En su resolución con fecha del pasado día 18 y que concluye el expediente abierto hace diez meses a raíz de la denuncia de varios vecinos, el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras ordena a los Mandián demoler todas las infraestructuras construidas en esa finca y reponer los terrenos a su estado anterior, además de impedirles "definitivamente los usos a los que dan lugar" las edificaciones que allí realizaron.
Las obras en una finca propiedad de María Isabel Mandián Maceiras, madre de dos jueces titulares de A Coruña, Antonio Fraga Mandián, el decano que ejerce en la sala de Primera Instancia número 8, y Javier, al frente del Juzgado de lo Social número 4, carecen de la más mínima autorización. No cuentan ni con permiso urbanístico de la Xunta ni con licencia municipal. Infringen varios artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia, así como las normas de Paderne, tanto las antiguas que estaban en vigor desde 1986 como el nuevo plan general de ordenación, vigente desde junio.
En ambas regulaciones ese terreno situado en el lugar de Tarreos está clasificado como suelo no urbanizable dado que se trata de una finca rústica de especial protección de las aguas. Y esa protección se reforzó al ser declarada como "sistema general de espacio libre de titularidad pública". Esa clasificación que afecta a la finca de los Mandián define espacios naturales que deben ser protegidos y que son destinados al disfrute de la población en general. No se permite ningún tipo de edificación en ese tipo de suelo, ni tampoco "actividad o uso que transforme su destino o naturaleza, o lesione el valor que se quiere proteger", establece la normativa.
"Las actividades" realizadas por la familia de Fraga Mandián en la finca "constituyen un uso prohibido" en suelo rústico de protección de las aguas, determina la Xunta, y son "incompatibles" con las normas urbanísticas. "No son legalizables las obras" que permitieron crear una piscina, un pozo de agua artesano, una fosa séptica así como la instalación de tres casetas, dos prefabricadas de madera y otra de hormigón "para el perro". La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística destaca además que la ley exige que la superficie mínima para poder edificar construcciones no residenciales, como es el caso, es de 5.000 metros cuadrados. La finca de los Mandián sólo mide 1.799 metros cuadrados. La Xunta ya los había expedientado antes por realizar trabajos "sin autorización" en ese terreno que "enturbiaron y desviaron el cauce" del regato das Fragas.
* ELPAIS.com - 30.12.09
