Carballo: Las irregularidades en el litoral de la comarca copan cien expedientes

LAVOZ/A Coruña* : Ni los 500 metros de protección del litoral ni los servicios de vigilancia de Costas, la Xunta y los ayuntamientos han conseguido acabar con las irregularidades urbanísticas en la Costa da Morte, sobre todo en el litoral. En los concellos sí se aprecia un descenso en el número de casos abiertos en los últimos meses, pero siguen en marcha otros cuya instrucción comenzó hace varios años y todavía no han finalizado.

Carballo es el municipio donde se concentra el mayor número de procesos abiertos -también es el más poblado-, acercándose los casos a 40, la mayor parte de ellos concentrados en los lugares de Os Peados y Pedra do Sal. El pasado octubre se derribaba una vivienda en Os Peados construida sin licencia. En enero del 2008 el TSXG confirmaba al derribo de otra en Arou (Camariñas). A esas dos se sumarían dos órdenes más a lo largo de los últimos meses: dos en Pedra do Sal y una más en Calcoba, en Fisterra, pendiente para su demolición solo de que la empresa que tiene adjudicada la obra encuentre fecha para ella.

Son las cinco últimas en caer por orden judicial, aunque es seguro que habrá más, porque los procesos abiertos se acercan en toda la comarca al centenar.

En la mayoría de los casos se trata de viviendas construidas sin permiso alguno en suelo rústico o dentro de la zona de protección de Costas o demasiado cerca de otra vivienda. El número de expedientes varía dependiendo de los ayuntamientos. Los casos graves son escasos en los ayuntamientos más pequeños. Así, en Cabana hay cuatro, tres en A Ourixeira y otro en Canduas. En Malpica son algo más de media docena, casi todos situados en la zona costera de Seiruga. También cerca de media docena puede haber en Fisterra y Camariñas y algunos más en Cee, Fisterra, Muxía y Corcubión. En A Laracha, explica el alcalde, no hay ninguno, pero pasa por ser el único municipio en esa situación. A los expedientes abiertos habría que sumarle un número mucho mayor de viviendas en situación irregular y construidas en su día completamente al margen de la ley. No todas acaban en un proceso administrativo porque no todas son denunciadas. En Camariñas, por ejemplo, hasta hace poco se podía apreciar una obra junto al camino de la antigua cetaria, a escasos metros del mar. Pero en la zona, en general, los ayuntamientos prefieren no abrir investigaciones de oficio y muchos solo inician los trámites sancionadores cuando algún particular presenta una denuncia.

Así, es fácil encontrar viviendas en algunas zonas de la comarca que difícilmente hubieran obtenido un permiso municipal si lo hubieran solicitado. Sin embargo, muchas veces la pasividad administrativa o la falta de medios permitió que muchas de ellas se rematasen, permaneciendo en lugares, como Reira, en Camariñas, donde con las normas actuales -y seguramente con las antiguas- no deberían estar. A los expedientes abiertos por los ayuntamientos hay que sumarle también varios procesos iniciados por la Xunta, entre los que destacan los que están en marcha en Fisterra, donde Política Territorial denunció la ilegalidad de cerca de 400 viviendas, cuyo futuro se dirime en los tribunales sin que hasta ahora haya fecha para que se sepa que será de ellas. En general, casi todos los procesos importantes, abiertos por la Xunta o por los ayuntamientos, terminan en los tribunales, por lo que muchas veces las órdenes de reposición de la legalidad tardan años en llegar.





* La Voz de Galicia - E.E. - 30.09.2008
Foto: Carballo (A Coruña) - LuisM. Bugallo Sánchez, wikipedia.org

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Crisis / Forges

Viñeta Forges - elpais.com - 2008.09.29

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La Fiscalía denuncia la carencia de medios para perseguir los delitos urbanísticos

SER* : La Fiscalía General del Estado denuncia la preocupante carencia de medios de la mayoría de las fiscalías que se ocupan de delitos urbanísticos. Especialmente complicada es la situación de la Fiscalía de Baleares, que solo tiene un funcionario. Además critica la falta de colaboración de los ayuntamientos en la persecución de este tipo de delitos. A pesar de esto, las condenas han aumentado un 26 % en el último año.

Las Fiscalías españolas cuentan con muy pocos medios para perseguir la corrupción urbanística. La Memoria de la Fiscalía General del Estado recoge sus reclamaciones, en las que señalan lo difícil que es actuar contra este tipo de delitos, especialmente complejos, con las carencias que tienen de medios humanos y materiales. La situación de Baleares, es según el Ministerio Público "especialmente complicada", ya que sólo cuenta con un funcionario disponible, a pesar de los importantes delitos urbanísticos descubiertos últimamente en las islas.

En Fiscalías como la de Las Palmas o la de Bilbao, la falta de conexión con los Juzgados hace que sea habitual que existan procesos tramitados desde hace años sin que el Fiscal los conozca. Otras Fiscalías, como la de Teruel, llegan a pedir instrumentos tan básicos como un ordenador portátil. En la actualidad, el Fiscal ni siquiera puede visionar los atestados policiales que le llegan en formato electrónico.

Falta de colaboración de los Ayuntamientos

Además, La Fiscalía General del Estado critica la falta de colaboración de los ayuntamientos para perseguir este tipo de delitos. Sólo se hace más frecuente esta colaboración cuando los consistorios están inmersos en procesos electorales. A pesar de esta situación, las condenas han aumentado un 26 por ciento en el último año, lo que supone un incremento 10 veces superior a la media.





* Cadena SER - 29.09.2008
Foto: casas viñeta 120107, Maria Titos- el Periódico

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Medina del Campo: Vecinos reúnen más de tres mil firmas contra la pasarela

ELNORTE/Valladolid* : Las familias del barrio de la Mota de Medina del Campo salieron ayer a la calle para recoger firmas en contra de la pasarela peatonal que el Ayuntamiento quiere construir desde el castillo hasta el centro del pueblo por encima de las casas. Los afectados han conseguido reunir más de 3.000 firmas durante esta semana pero ayer, «el día grande», pensaban tener muchas más.

Sin embargo, la policía les pidió que se retiraran de los dos puestos en los que estaban, una mesa en la Plaza Mayor y otra en la puerta del mercadillo, «por orden de un superior».
«Ya no nos dejan ni expresarnos», se quejaba ayer uno de los vecinos de La Mota que estuvo en la puerta del mercadillo. «Vino un responsable del recinto y nos dijo que no teníamos que quitar porque iba a venir la Policía, pero nosotros seguimos recogiendo firmas hasta que nos echaron porque no teníamos permiso», explicó Dionisio, uno de los afectados. Los medinenses involucrados en el caso piensan que fue el propio alcalde, Crescencio Martín Pascual, quien dio la orden expresa de retirar las mesas de ambos lugares para evitar que recojan más solicitudes, ya que el proyecto es iniciativa suya. La idea es que la pasarela una la explanada del Castillo de la Mota con el centro del pueblo para dinamizar el turismo en la localidad pero, según Dionisio, propietario de una de las casas afectadas, «ni siquiera llega hasta el centro, porque la pasarela termina en el cruce entre las calles Isabel la Católica y Fernando el Católico, después hay que cruzar el río y pasar una calle hasta llegar al centro».

Sin alternativas
La polémica pasarela, con un presupuesto de 1.300.000 euros, «vulnera la intimidad» de los vecinos del barrio porque pasaría a tan sólo dos metros y medio aproximadamente por encima de las casas. El pasado lunes los vecinos pidieron entrevistarse con el alcalde de Medina del Campo, Crescencio Martín Pascual, y con el arquitecto que lleva el caso para que les explicase el proyecto que tenían, pero en su lugar, se presentó el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, quien «no propuso ninguna alternativa». Una de las afectadas declaró que el concejal además les contestó que «bastante ya hacían por los vecinos de La Mota y que no podían hacer nada más».
Los perjudicados apuntan en su petición, «que se lleve a cabo en una explanada» que se encuentra muy cerca de las viviendas, a 60 metros, «lugar donde no perjudica a ningún vecino». «Si esto supone un bienestar para Medina y que atraerá a los turistas, que se construya, pero por favor que no la levanten encima de nuestras casa porque nos van a quitar el aire», dijeron dos vecinas.




* El Norte de Castilla - 30.09.2008
Foto: Medina del Campo (Valladolid), proyecto pasarela castillo - medinapatasarriba.com

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Benidorm 'ficha' a una abogada ligada a un promotor en Urbanismo

ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP con mayoría absoluta, ha contratado como asesora jurídica para el departamento de Urbanismo a la abogada Rosa Cusac Crespo, hasta hace poco ligada al despacho de un promotor local con adjudicaciones municipales. El fichaje de la jurista engrosa la lista de cargos de confianza del alcalde del municipio, el popular Manuel Pérez Fenoll.

La abogada experta en urbanismo ha actuado hasta el momento como representante del agente urbanizador de la zona industrial de Benidorm, defendiendo intereses contrapuestos a los del Consistorio en materia de cesiones de terreno, apertura de viales y superficies de la parcela misma.

El Ayuntamiento adjudicó en 2002 a Benipoli, empresa del promotor local Enrique Ballester, este plan parcial, denominado PP 1/3, que posteriormente se subrogó en la sociedad mixta de Ballester con Enrique Ortiz denominada Terra Village Land. Cusac Crespo es cuñada del propio Ballester, está muy vinculada al Partido Popular. "Guarda una cordial relación con Pérez Fenoll", señalan, según las fuentes consultadas.

La letrada, además es cuñada de Juan Manuel Baeza Riojano, conocido militante del PP y directivo de la empresa La Generala, adjudicataria del concurso de mantenimiento de jardines y zonas verdes de Benidorm.

A partir de ahora la nueva asesora jurídica podría intervenir desde el Consistorio en los asuntos de la zona industrial, así como en los trabajos preliminares para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La contratación de la letrada está directamente relacionada con las diferencias existentes entre el actual concejal de Urbanismo, José Ramón González de Zárate, y el hasta ahora asesor jurídico de dicho departamento, Manuel Francisco López Ocaña.

El nuevo edil de Urbanismo ya trasladó al antecesor de Ocaña, Vicente Saval, al departamento de Seguridad Ciudadana. El fichaje también está vinculado a la polémica cesión gratuita de una parcela de 10.000 metros cuadrados realizada por el consistorio a una empresa privada (Lope de Vega S. A.) a través de un convenio. El secretario general municipal se negó a firmar el convenio y desaconsejó en pleno la autorización del acuerdo.





* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 29/09/2008
Foto: Benidorm (Alicante) - burbuja.info

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Cebreros: Denuncian el “estilo marbellí” en la tramitación de Las Dehesillas

ÁVILADIGITAL* : Varias organizaciones ecologistas han calificado de “disparate urbanístico” el proyecto de Las Dehesillas, promovido por Vemusa, propiedad del constructor cebrereño Enrique Ventero, y que contempla la construcción de 3.500 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, hoteles y otras instalaciones en una superficie de 244 hectáreas en Cebreros. Denuncian, además, el “estilo marbellí” en la tramitación de la urbanización.

CCOO, Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, Centaurea, la Asociación en Defensa del Alberche y la Asociación Geográfica Ambiental aseguran que “las vigentes normas de planeamiento otorgan la consideración de suelo rústico, y por tanto no urbanizable, al espacio de Las Dehesillas”. Sin embargo, entienden que el Ayuntamiento de Cebreros “ha venido realizando toda una serie de proyectos de actuación y actos de gestión urbanística, sin que esté aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada de los terrenos”.

En este sentido, denuncian que “se ha llegado a la confección de hojas de aprecio y el anuncio de expropiación a los actuales propietarios”.

Fue en 2004 cuando comenzó a arrancar el proyecto, aunque hasta 2008 no se ha dado el visto bueno al proyecto de actuación. El último capítulo ha sido la aprobación inicial, en el pleno municipal (con seis votos a favor del PP y dos en contra del PSOE) de las normas urbanísticas que posibilitan la construcción de Las Dehesillas, adjudicada al empresario Enrique Ventero en el mes de abril.

Parcelas rústicas con “garantías” de ser urbanizables
“El Ayuntamiento se lanza a la aprobación inicial del proyecto de actuación sobre los sectores SUD D-1 y SUD R-10 como suelo urbanizable delimitado, pese a que en las normas vigentes de Cebreros figuren como suelo rústico”, argumentan las organizaciones ecologistas, que señalan que “mientras tanto, la sociedad de Ventero se ha ido haciendo con una multitud de pequeñas parcelas rústicas, sabedor de que goza de la cobertura del Ayuntamiento para su proyecto”. Consideran, a este respecto, que “se adquieren parcelas rústicas que tienen la garantía municipal de ser clasificadas como urbanizables en el futuro”.

Los diferentes colectivos manifiestan, además, que el Estudio de Impacto Ambiental que salió en el mes de agosto a información pública, “es una pura farsa de un procedimiento previamente decidido y determinado por el Ayuntamiento de Cebreros al margen de las leyes, del interés general y de la objetividad a los que se debe de forma constitucional e inexcusable”.

Es por ello que estiman que el procedimiento se está realizando “a la inversa”, de forma que el promotor, a través de la empresa Las Dehesillas de Cebreros S.A.U, “tiene que ejecutar el proyecto y, en función de él, el Ayuntamiento se dedica a formular actos y resoluciones administrativas”. Incluso destacan la “intervención profesional de algunos concejales para persuadir sobre la venta e intermediación de terrenos rústicos de pequeños propietarios” y que la adjudicación del concurso “podría ser un monumental montaje”.

Para estas cinco organizaciones, “es una barbaridad, absolutamente opuesta al desarrollo equilibrado y sostenible”, dado que “pretenden transformar 244 hectáreas de viñedo en una nueva ciudad de 13.000 habitantes”.

Sin autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo
Destacan que los proyectos de actuación en los sectores SUD D-1 y SUD R-10 fueron aprobados en enero y que el Estudio de Impacto Ambiental, que debería haber sido anterior, se hizo público en agosto.

Y también resaltan la “carencia absoluta” de autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, a pesar de que se plantea la construcción de una presa para el abastecimiento de agua y un puente sobre el río Alberche; en cuanto a los aprovechamientos de agua, calculan que serán necesarios 1.500.000 metros cúbicos para consumo y 300.000 para el riego del campo de golf, que tampoco están autorizados.





* Ávila Digital - María Cuenca - 29.09.2008
Foto: Cebreros (Ávila) , ayuntamiento - pueblos-espana.org

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ANSE denunciará los proyectos de construcción de viviendas para segundas residencias en Calblanque

LAVERDAD/Cartagena* : La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) anunció hoy, en un comunicado, que denunciará en la reunión de la Junta Rectora "los proyectos de construcción de viviendas unifamiliares dentro del Parque Regional de Calblanque para segundas residencias".

A esta denuncia se une, igualmente, "la falta de ejecución de las obras de ampliación de la carretera Portmán-Atamaría, el mal funcionamiento de la Depuradora Sur del Mar Menor y sus vertidos al litoral, el deterioro de las Salinas del Rasall, y la falta de regulación de los cultivos intensivos de la zona norte del espacio protegido".
Todo ello se desprende de las conclusiones a las que llegó la Junta Rectora del Parque Regional de Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del Aguila, reunida hoy, para tratar asuntos relacionados con la memoria anual de actividades y la declaración de la zona como Reserva de la Biosfera y el Plan Integral de Gestión 2008-2012.
La Asociación lamentó que la Dirección General del Medio Natural "no haya incluido en el Orden del Día asuntos tan importantes como el Proyecto de Adecuación del Entorno de Calblanque presentado por el Instituto Municipal de Servicios del Litoral del Ayuntamiento de Cartagena el pasado verano, que pretende facilitar aún más el acceso de vehículos y visitantes a diferentes puntos de la zona costera del Parque".
En este sentido, ANSE pidió, como en sucesivas ocasiones, "una política activa de gestión de la afluencia de visitantes a este frágil espacio mediante el establecimiento de un cupo diario de vehículos, especialmente en periodo veraniego".
"Sin embargo, criticó, las medidas adoptadas hasta la fecha han sido insuficientes existiendo importantísimas tensiones e impactos relacionados con la afluencia masiva de automóviles y visitantes, sobrepasándose frecuentemente la capacidad de carga del espacio".
Y es que, precisó la asociación, "el proyecto presentado por el Instituto Municipal de Servicios del Litoral del Ayuntamiento de Cartagena pretende eliminar los únicos factores limitantes obrantes en la actualidad", por lo que, advirtió, "se aumentará de forma notable el número de visitantes y sus impactos, incumpliendo las determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila".
Por último, informó que el documento remitido "no incluye un análisis de alternativas que constituye uno de los elementos de partida básicos para cualquier trámite ambiental, resultando imprescindible en la Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000".





* La Verdad - EUROPA PRESS - 29.09.2008
Foto: Cartagena, salinas Calblanque - regmurcia.com

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Nueve de los 17 alcaldes acusados de corrupción en la pasada legislatura se mantienen en el poder

LEVANTE/Valencia* : La preocupación de los valencianos por la corrupción es relativamente baja. Lo atestiguan las encuestas y lo confirman las urnas cada cuatro años. Los dirigentes políticos inmersos en escándalos judiciales suelen salir indemnes de su cita con las urnas e incluso reforzados.

Cumplido el primer tercio del mandato surgido de las elecciones del 27 mayo de 2007, nueve de los 17 alcaldes que tuvieron problemas judiciales en los años anteriores, y cuya situación en los tribunales en muchos casos aún no se ha resuelto, mantienen la vara de mando. Trece de ellos, es decir el 72%, logró un apoyo similar o mayor al que tenían.
De la casi veintena de alcaldes y dirigentes que durante la pasada legislatura fueron objeto de acusaciones o imputados por presuntos delitos de corrupción -la mayoría relacionados con la ordenación del territorio- sólo cuatro perdieron la alcaldía en las urnas mientras. Del resto uno ya no volvió a presentarse (Medina en Orihuela) y otros dos decidieron abandonarla tras el primer año al frente del consistorio.
Primero lo hizo el alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, imputado en varios delitos, pero que logró la condición de aforado como senador por designación autonómica. Le siguió el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, quien acaba de ceder el cargo a su teniente de alcalde, Sonia Castedo también imputada por los mismos cargos.
La relación de escándalos judiciales en la Comunitat Valenciana ha sido elaborada por la Fundación Alternativas a través de un informe que cita a los 133 alcaldes o miembros significados de gobiernos con problemas judiciales durante la pasada legislatura en toda España. De esos 133 casos que el estudio La democracia en España recoge, 18 de poblaciones de la Comunitat Valenciana, cuatro en Valencia, dos en Castelló y 12 en Alicante. Muchas de las acusaciones siguen pendientes de resolución, y otras quedaron archivadas.
La Comunitat Valenciana, en cabeza
El informe concluye que el 70 por cien de los alcaldes o dirigentes acusados permanece en su cargo, una cifra que en la Comunitat Valenciana se reduce al 50%. Otra de las conclusiones es que las provincias costeras se llevan la mayoría de los escándalos, especialmente en el litoral mediterráneo andaluz y valenciano. Andalucía se lleva casi la mitad con 54 de 113. La Comunitat Valenciana es la segunda con 18 escándalos judiciales. Les siguen las comunidades de Madrid, Galicia, Canarias y Baleares.
Los casos analizados afectan en su mayor parte a cargos del PP, 12 de 18, en cuatro casos el dirigente era del PSPV, en uno de EU y en otro del Bloc. La mayoría de los populares mantuvieron la alcaldía al igual que el del Bloc, que incluso sumó concejales mientras tres socialistas perdieron adeptos y la alcaldía, al igual que el de EU. Los que más reforzados salieron pese al proceso judicial abierto fueron los alcaldes de Nàquera (PP) que logró un 5,8% más de votos, el de Bigastro (PSPV, 7,2% más), el de Riba-roja (PP, 4,6%) o el de Xàbia (Bloc, 4,1%).
También mantuvo la alcaldía el regidor de Torrevieja Pedro Hernández del PP. En cambio perdieron apoyo pero siguieron como alcaldes el de Zarra (ex PSPV) y el de Benissa (PP) y se hundieron en las urnas el ex alcalde de Sueca (PSPV) y el de Petrer (EU).






* Levante-EMV - Carlos Alós - 29.09.2008
Foto: Torrevieja (Alicante) - levante-emv.com

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Hacienda halla un desfase de 16 millones en los ingresos urbanísticos de Estepona

ELPAÍS/Málaga* : Hacienda no ve claras las cuentas urbanísticas del Ayuntamiento de Estepona. Durante una inspección, la Agencia Tributaria ha detectado un desfase de 16 millones de euros en los ingresos por aprovechamientos urbanísticos entre 2003 y 2004 que ningún funcionario del Consistorio esteponero ha podido justificar. Los técnicos ven "indicios racionales de delito" por fraude del IVA y han decidido llevar la documentación a la Fiscalía.

A los inspectores les llamó poderosamente la atención la enorme diferencia entre los ingresos declarados por el Ayuntamiento de Estepona en la venta de aprovechamientos urbanísticos -plusvalías que recibe el consistorio por el cambio de la calificación de un suelo- y los contabilizados por la empresa municipal de planificación y desarrollo urbanístico (Empladus). Son 16 millones a los que se les pierde la pista sin razón aparente. Pidieron explicaciones en dos ocasiones, pero ninguno de los responsables municipales aportó razones para que dejaran de pensar que podría tratarse de un delito fiscal. El envío del caso a la Fiscalía ha dejado el caso en suspenso por la vía administrativa, pero Hacienda antes ha impuesto al Consistorio una multa de 1.500 euros por "obstrucción".

Las cuentas examinadas corresponden a 2003 y 2004, años en los que el ex gilista Manuel Reina, en prisión preventiva por el caso Astapa, era el responsable de Hacienda. En la contabilidad de 2003, la Agencia Tributaria advierte un desfase de 11,7 millones. A 31 de diciembre de ese año, el Ayuntamiento esteponero registraba una partida de 8,5 millones por aprovechamientos urbanísticos, mientras que la contabilidad de Empladus recogía aprovechamientos urbanísticos netos de 20,2 millones. En 2004 la diferencia es de 4,6 millones. Mientras el Consistorio anota una partida de 9,4 millones, la empresa municipal declara 14 millones.

"Habida cuenta de las discrepancias de tales cifras con las consignadas en las autoliquidaciones del IVA de 2003 y 2004, se solicita la confección de una nota que analice de modo conjunto las partidas de la ejecución final de los presupuestos y las concilie", recoge un informe de la Agencia Tributaria en el que se detallan las idas y venidas del inspector de Hacienda a quien encargaron investigar estas supuestas irregularidades. Pero la explicación solicitada nunca llegó.

El inspector trató de recabar información en el Ayuntamiento entre noviembre de 2007 y marzo de 2008. Visitó el Ayuntamiento y después de ser llevado de un lado para otro sin lograr la información propuso que se le abriera expediente al Consistorio por obstrucción.

Una de las personas a las que solicitó información fue al anterior edil de Urbanismo Rafael Duarte. "Quería un informe en el que se le explicase cuál era el criterio que se seguía para cobrar el IVA en unos aprovechamientos urbanísticos y a otro no, pero fue imposible dar con la solución. Ninguno de los trabajadores de Urbanismo o Hacienda acertó a dar estos parámetros por lo que no pude remitírselo, y yo no los conozco porque por esa época no estaba en el Ayuntamiento", ha explicado Duarte, que dimitió como concejal en julio al ser imputado en el caso Astapa. "Hice fotocopias de los convenios para ver si había algún patrón y elaboré un dossier que le entregué al interventor para que se lo remitiera", añade.

El inspector de Hacienda pidió el informe en noviembre y marzo, fecha en la que el interventor municipal alegó "sobrecarga de trabajo" para no entregárselo. El 10 de julio, su superior, el inspector regional de la Agencia Tributaria, Ignacio Méndez Cortesano, acordó imponer una multa de 1.500 euros al Consistorio esteponero por una infracción tributaria grave "por no aportar la documentación solicitada en el plazo concedido en el segundo requerimiento consecutivo".






* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 29/09/2008
Foto: Estepona (Málaga), vista casco antiguo - estepona.es

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Tenerife: La Fiscalía acusa a Urbanismo de modificar el "mamotreto" sin autorización

ELDÍA* : La fiscal de Medio Ambiente del Palacio de Justicia, Inmaculada Violán, ha trasladado al Juzgado de Instrucción nº2 de Santa Cruz de Tenerife una denuncia, que consta de catorce folios, para que se inicie la fase de instrucción al considerar el Ministerio Fiscal un presunto delito relativo a la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EL DÍA, la fiscal acusa a Urbanismo de realizar modificaciones "sustanciales" en el edificio de aparcamientos y centros comerciales de Las Teresitas sin la autorización de la Dirección General de Costas ni de la Comunidad autónoma, "sin constar que de momento tal modificación pudiera resultar acorde con el planeamiento urbanístico".

Añade, además, que la edificación levantada en estructura no ha afectado de momento a la zona de dominio público marítimo-terrestre, pero sí a la zona de servidumbre de protección, "y de llevarse a cabo la totalidad de las obras contempladas en el proyecto aprobado se produciría una invasión de dominio público marítimo-terrestre, tanto en la cabecera de la playa como en el final".

Por ello, la Fiscal solicita que se tome declaración en calidad de imputado al consejero director de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre el 17 de diciembre de 2004 hasta el 29 de octubre de 2007. Hay que aclarar que desde diciembre de 2004 hasta julio de 2006 el concejal de Urbanismo era Manuel Parejo,

y, a partir de esa fecha, se encarga de dicha concejalía Luz Reverón. Ambos podrían ser citados en calidad de imputados para que declaren ante la juez sobre el "mamotreto".

Asimismo, también pueden ser citados los técnicos que emitieron informes favorables previos a las resoluciones de Urbanismo, como son Epifanio Gómez Sánchez, Loreto Ariz Alonso y Candelaria Benítez Pérez, así como José Luis Roca y Esther Pérez Gómez en calidad de testigos. Mientras, Carlos Lamas Rúa y Carlos González de Ara serán citados como representantes de la Agencia de Protección del Medio Urbano.

En la denuncia, la Fiscal desprende que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz inició y tramitó un expediente para la aprobación del Proyecto de Ordenación Frente Marítimo Playa de Las Teresitas, en la zona de San Andrés, y el Proyecto Modificado número 1, aprobándolos sin contar con las autorizaciones preceptivas, "pese a que el mismo significaba en cabeza y final de la playa la ejecución de las obras en zona de dominio público marítimo-terrestre", según el deslinde vigente en la actualidad.

Para ello, añade la denuncia, se debía contar con la necesaria autorización del Ministerio de Medio Ambiente al existir sólo en el proyecto un convenio de colaboración entre las instituciones que aún no había sido firmado y que, por otro lado, estaba supeditado con carácter previo a un nuevo deslinde, y, además, en servidumbre de protección.

La fiscal dice que el ayuntamiento debía contar con el requerimiento de la Comunidad autónoma, "debiendo añadirse a ello por encontrarse en trámite de deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa que afecta a la playa de Las Teresitas". Argumenta también en este caso que "no era posible el otorgamiento de autorizaciones o concesiones, "no sólo por el dominio público terrestre sino también en su zona de servidumbre de protección". La fiscal acusa a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de no haber dado cuenta de los informes sobre la adecuación de los proyectos aprobados. Cabe recordar que la investigación se inicia tras la presentación ante la Fiscalía de un escrito de fecha de 28 de enero de 2008 por parte de José Manuel Corrales (PSC), Pedro Fernández, en nombre de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), y Dolores Jutta, de la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas.





* El Día - Ó.MARTÍN/ C. ÁLVAREZ - 28.09.2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org

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Urbanismo salvaje

JOSÉ LUIS RUBIO* : Construiría usted una cabaña brasileña en el Ártico o un iglú en El Cairo? No, ¿verdad? Eso sería una grave incoherencia ambiental. A menor escala, pero con las dolorosas consecuencias que se repiten cada año, nuestro urbanismo se ejecuta con un clamoroso fallo de concepción. Básicamente, ignora olímpicamente la torrencialidad de las precipitaciones en la planificación urbanística del territorio. No sé dónde se encuentran los planificadores cuando cada otoño nos cae el habitual diluvio.

Parece que para ellos es como si no lloviera y, como no llueve, el territorio se urbaniza sin tener en cuenta el régimen pluviométrico de elevada torrencialidad, los efectos y consecuencias de la topografía y geomorfología en la génesis de avenidas, las limitaciones en la capacidad de infiltración del suelo, la capacidad de drenaje, el diseño adecuado del alcantarillado, la dinámica de escorrentías superficiales y los factores que incrementan los efectos de riadas e inundaciones. Se entiende que existe una realidad patrimonial que son las viejas ciudades con antiguos cascos urbanos que constituyen una herencia del pasado que no se puede cambiar, aunque sí adaptar en la medida de lo posible. Lo que no se entiende es que aspectos básicos de la planificación y ejecución del urbanismo continúen haciéndose ignorando premisas evidentes y específicas del contexto natural. Esta ignorancia nos cuesta casi todos los años cuantiosas pérdidas económicas, daños materiales en inmuebles e infraestructuras, enormes procesos erosivos y sedimentarios e, incluso, pérdidas de vidas humanas. Esto se produce cada año en una u otra localidad valenciana. De ello saben mucho en Alcira, Carcagente, Gandía, Alicante, Denia, Beniarbeig... y, recientemente, Sueca.

¿Cómo es posible que esta situación se haya cristalizado y continúe repitiéndose? Existe una responsabilidad obvia por parte de las distintas Administraciones, que en última instancia son las que deben evaluar y, en cada caso, aprobar o no todos los planes urbanísticos. A los profesionales urbanistas se les supone competentes en las actividades constructivas en sí mismas; pero, dado que estas se ejecutan en un medio con unas específicas condiciones y limitaciones naturales, sería lógico que estas se evaluaran adecuadamente con el concurso de los profesionales competentes y que se incorporaran en la concepción de los proyectos. Un urbanista-urbano no está obligado a conocer los factores, casuística y dinámica de las riadas e inundaciones pero, adecuadamente asesorado, sí que está obligado a incorporarlas en sus proyectos y, por su parte, la Administración esta obligada a vigilar para que esto se produzca. Esto implica no crear barreras y contenciones a las escorrentías, prever drenajes, facilitar la infiltración, adecuar vías de evacuación, laminar las corrientes superficiales, mejorar y adaptar lo existente, etc.

Algo está fallando estrepitosamente en este tema. Mientras tanto, ¿qué sitio, urbanización, ciudad o polígono industrial quedará anegado en la próxima lluvia torrencial? ¿Cuál será el costo de no actuar? ¿Hasta cuándo se va a perpetuar esta peculiar situación? De momento, mirando al cielo con preocupación, muchas preguntas y pocas respuestas.





* Las Provincias - Opinión - 27.09.08

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Los asesores de la Unesco reprochan al Concello de Santiago que no haya oído a la ciudad sobre el teleférico

LAVOZDEGALICIA* : Además de ser demoledor con el proyecto del teleférico para unir Santiago con el monte Gaiás, el organismo asesor de la Unesco en materia de patrimonio reprocha a los promotores del proyecto su sordera. «Se aconseja -se lee en el dictamen del Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)- al Ayuntamiento y al Consorcio de Santiago que sean más sensibles al parecer ciudadano respecto a la iniciativa del teleférico [hacia la Ciudad de la Cultura]».

El informe, rubricado por la presidenta del comité español del organismo asesor de la Unesco, María Rosa Suárez-Inclán Ducassi, asegura que los expertos del Icomos apenas encontraron opiniones favorables al proyecto fuera de las dos citadas instituciones, que son las que lo impulsan.

Por ese motivo, los propios asesores de la Unesco instan a que los responsables de la iniciativa del teleférico les remitan tanto a ellos como a la propia capital de Galicia «más opiniones, tanto de asociaciones ciudadanas que representen al tejido social compostelano, como de personas cualificadas de la ciudad».

En esa línea, la portavoz local del BNG y teniente de alcalde, Socorro García, pidió al regidor, Xosé Sánchez Bugallo, que comience de nuevo el proceso y que se abra a un debate ciudadano que ha sido inexistente. El Bloque, que gobierna en coalición con el PSOE, asegura que conoció el proyecto al mismo tiempo que los medios de comunicación. El PP de Gerardo Conde Roa también pidió al gobierno local que apueste por otras soluciones de conexión.





* La Voz de Galicia - Á.?P. - 28.09.2008
Foto: Santiago, Cidade da Cultura - lavozdegalicia.es

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El Puerto: Justifican el proyecto del campo de golf en los efectos sobre las viviendas ilegales

DIARIODECÁDIZ* : Uno de los argumentos fundamentales que esgrimió el Ayuntamiento, y que respaldó la Junta de Andalucía, para la construcción del campo de golf de la Carretera de Sanlúcar (cuya denominación comercial es Golf El Puerto) fue la presencia de viviendas ilegales "consolidadas" en su entorno.

Por paradójico que pueda resultar, el Consistorio recurrió a la situación ilegal de un núcleo de viviendas para promover la regularización de unas instalaciones también fuera del planeamiento.

Actualmente el equipo de Gobierno de PP y PA están tramitando la modificación del vigente PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) para declarar urbanizables los terrenos en los que está construido el campo de golf. Dos sentencias, de 2004 y 2005 (aunque recurridas actualmente ante el Tribunal Supremo) anularon el cambio del planeamiento que permitió originariamente la instalación de Golf El Puerto. En ambas se establecían que se habían producido unos errores formales en la tramitación, circunstancia que tanto el anterior gobierno de IP y PSOE como el actual de PP y PA apostaron por arreglar para 'salvar' el proyecto que actualmente está en manos de Caja Inmaculada y de una sociedad del ex consejero de Trabajo de la Junta Ramón Marrero.

Para ello, se iniciaron los trabajos para, primero, modificar la normativa local que impedía que estos suelos fueran urbanizables (hecho que también ha sido respaldo por la Junta) y, segundo, reiniciar la tramitación del cambio del PGOU en estas fincas.

Precisamente ahora, el Área de Urbanismo tiene que proceder a contestar a las alegaciones que se han presentado a esta modificación puntual del ordenamiento tras una nueva exposición pública. Y durante este periodo se ha podido tener acceso al documento técnico realizado por el Ayuntamiento y que respalda la necesidad de ejecutar el proyecto urbanístico en el campo de golf (que lleva aparejado la construcción de 700 viviendas cuya urbanización se está realizando actualmente).

En la justificación se recurre en varias ocasiones a la necesidad de que la ciudad tenga una infraestructura deportiva de este tipo por los beneficios que ello conlleva para el turismo. No obstante, uno de los argumentos más utilizados es la "oportunidad" que tendrán los diseminados ilegales aledaños a las instalaciones (caso de Montes de Oca o Dos Palmeras) con el campo de golf. Así se habla en el documento de que tendrá una "favorable repercusión" sobre sus alrededores "incrementando los sistemas generales y dotaciones de uso público, reordenando la planificación descontrolada". Así en el caso concreto de Montes de Oca asegura que resolverá los problemas de inundación que sufre el diseminado gracias a las conducciones que se instalarán con el campo de golf y su desarrollo residencial. Asimismo se dará una "solución definitiva" a la recogida de aguas fecales de estos núcleos ilegales, que en el documento, por cierto, denominan "barriadas".

Eso sí. En el escrito se produce una incongruencia ya que por un lado asegura que estos diseminados están plenamente consolidados. "Se constata la existencia de un conjunto de barriadas [...] que desde luego la acepción marginal no sea la más adecuada, ya que se trata de auténticas urbanizaciones, con algunas viviendas de alto nivel y en todo caso unifamiliares aisladas de gran calidad, que disponen de acceso rodado, abastecimiento de agua sanitaria, energía eléctrica y evacuación de aguas residuales". Pero más adelante, el mismo documento justifica la actuación en el campo de golf por la necesidad y oportunidad de dotar estos servicios a los diseminados. Este informe fue ratificado el pasado mes de julio en Pleno por PP, PA e IP.

Pero se da la circunstancia, además, de que éste es el mismo documento que se utilizó en 2001 para argumentar la modificación puntual del PGOU en estos suelos. El Área de Urbanismo no ha considerado necesario actualizarlo o adecuarlo a la situación actual ya que entiende, según su asesoría jurídica, que lo único que hay que resolver son los errores formales que determinó el TSJA que hubo durante el procedimiento y no el proyecto en sí ni su justificación.





* Diario de Cádiz - E. M. Cañas / El Puerto - 28.09.2008
Foto: Uno de los hoyos del campo de golf con Montes de Oca, al fondo. - diariodecadiz.es

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El Consell ignoró la Ley de Aguas en 129 urbanizaciones

ELPAÍS* : El Consell ha validado entre 2005 y 2007 sucesivas iniciativas urbanísticas sin tener acreditado el abastecimiento de agua mediante el preceptivo informe favorable de las confederaciones hidrográficas, como recoge la Ley de Aguas. En ese espacio de tiempo el Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, ha autorizado un total de 129 PAI (entre ellos gigantescas macrourbanizaciones como Gran Manises, Nou Mil.leni o Plan Rabassa) de espaldas a la norma estatal.

Esta práctica ha sido denunciada ante la Comisión Europea por el eurodiputado de Los Verdes, David Harmmerstein, por poner en riesgo los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Bruselas, a través del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha recogido el guante y ha abierto una investigación. La primera decisión ha sido recabar del Gobierno central el listado de proyectos autorizados sin el informe favorable de las cuencas hidrográficas. En el caso de la Comunidad Valenciana, los proyectos afectados, según la denuncia del eurodiputado de Los Verdes, son 129. En total, estas iniciativas prevén unas 200.000 nuevas casas con cerca de un millón de habitantes.

La Ley de Aguas (artículo 25.4 reformado el 22 de julio de 2005) establece como obligatorio la emisión de un informe previo de la confederación hidrográfica en el caso de los planes urbanísticos que planteen nuevas necesidades de agua. En el informe, el organismo de cuenca debe pronunciarse de manera "expresa" sobre la existencia de recursos hídricos suficientes. Como norma general, los PAI tramitados no incluyen ese documento. Y cuando lo recoge, siempre ha sido negativo. Este fue el caso del PAI de La Serreta, en plena huerta de La Nucia, que prevé levantar 3.834 casas.

En la mayoría de los planes aprobados definitivamente, la ausencia del preceptivo informe de la confederación se sustituye con por otros de empresas colaboradoras (Mancomunidades y Consorcios de Aguas) o simplemente la aprobación por parte de los plenos municipales de un "informe de disponibilidad de recursos hídricos", confeccionados al margen de los organismos competentes.

El recurso a entidades colaboradoras para garantizar el consumo de agua la futura población ha sido esgrimido en proyectos de envergadura como el Plan Rabassa (periferia norte de Alicante con casi 13.000 casas), el nuevo planeamiento Urbano de Sant Joan d'Alacant, que prevé unas 20.000 nuevas viviendas y el PAU 21, en Orihuela, con otras 2.286 viviendas.

La reacción del Consell a iniciativa de la Comisión Europea ha sido arremeter contra el denunciante. El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, acusó ayer en Alicante al eurodiputado de Los Verdes de utilizar la UE con "fines partidistas y en contra a los intereses generales de todo el mundo". Según García Antón, Bruselas "no investiga estos proyectos porque carezcan de nada, sino porque falta algún informe". El consejero, no obstante, se escudó en las entidades colaboradoras para asegurar que los proyectos, como el caso del Plan Rabassa, tiene garantizada el agua, pese a que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mantiene la tesis contraria.





* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 28/09/2008
Foto: Manises (Valencia), proyecto Gran Manises - lasprovincias.es

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"Se deberían hacer 1.500.000 casas, pero no para despilfarrar suelo"

ELMUNDO/Entrevista* : Carlos Hernández Pezzi preside el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y cree que la crisis se veía venir pero no se reconoció la existencia de la burbuja inmobiliaria, negada, según él, por políticos de todos los colores y que ahora se lamentan sin pensar que han engañado a los ciudadanos. Dice que el millón y medio de casas que ha prometido el Gobierno en 10 años se debe construir sin «aumentar el despilfarro de suelo y recursos».

Pregunta.- ¿Cuál es la reflexión como presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos sobre la crisis inmobiliaria?

Respuesta.- Era una crisis previsible, por lo que se ha denominado la «exuberancia irracional de los mercados», que se ha gestionado con información asimétrica en el sentido utilizado por Joseph Stiglitz, sin antecedentes y sin avisos, ni prevención, a pesar de lo insólito de un ciclo tan largo de crecimiento de la demanda, la oferta y el precio, lo que se conoce como burbuja. Su existencia se ha negado intencionadamente por muchos organismos y responsables económicos y políticos de todos los colores que ahora se lamentan, sin considerarse culpables de engañar a los consumidores. P.- ¿Dónde se ha originado y por qué? R.- En España, en el segundo semestre de 2006, el sector inmobiliario dio ya muestras inequívocas de agotamiento nacional y de entrada en crisis. En EEUU, con la crisis de las subprime en agosto de 2007, se ha desatado la crisis financiera mundial que vivimos, que tiene escala global y coincide con el encarecimiento de materias primas, energía y créditos.

P.- ¿Cuál es su papel, como presidente del Consejo, en momentos delicados o de crisis inmobiliaria?

R.- Hemos pedido prudencia en los momentos álgidos de sobrecalentamiento del sector. En la crisis procuramos favorecer el impulso a la salida al mercado de suelo urbanizado de todas las clases y administraciones, fomentar la rehabilitación masiva, procurar acelerar el proceso de adjudicación y construcción, la licencia digital, la oferta de más concursos en el mercado público y privado. Exigimos la voluntad política de acelerar mucho más las medidas de política de suelo y vivienda, sobre todo económicas y fiscales.

P.- ¿Se le ocurre alguna solución para que el sector inmobiliario se equilibre de nuevo? Es decir, para que la demanda encuentre casas a precios asequibles.

R.- Si se hicieran todas las viviendas de los planes, las programadas, y se ofertaran rápido los suelos públicos (Sepes; etc.) y privados susceptibles de ser urbanizados en un año y se acortaran los plazos de intervención administrativa y ejecución de la obtención de suelo, sólo a la mitad, tendríamos viviendas en tres años. En otro caso, la crisis se prolongará. La demanda de casas seguirá, pero la oferta tiene que adaptarse a más velocidad y poner en juego el parque edificado, ya que no se venderá tan deprisa si no se alquilan primero muchas viviendas desocupadas que no tienen salida en venta.

P.- El Senado aprobó una moción para la desaparición del Ministerio de Vivienda. Apunte razones para que exista y razones para que no.

R.- Creemos que su contenido y denominación son estrechos: para servir de verdad, debería abarcar el de un Ministerio del Hábitat Urbano o denominarse mejor para ser un Ministerio de las Ciudades. En otro caso, basta con reconducirlo a una Secretaría de Estado para las Ciudades y el Hábitat. Llamarlo de Vivienda es reduccionista en nombre y contenidos, cuando además de viviendas sostenibles hacen falta decenas de miles de plazas de guarderías, centros de dependencia, alojamientos especiales, equipamientos de tele-trabajo, rehabilitación y reciclaje de barriadas y ecobarrios integradores y no excluyentes.

P.- Parece que el futuro para que los ciudadanos tengan casas es la VPO. ¿Es ésa la única solución?

R.- Ni mucho menos. El futuro está en diversificar las gamas de la oferta y sus relaciones porcentuales, públicas y privadas. Hemos vivido el monopolio de la vivienda libre, nueva y de compra. Éste se ha demostrado como un camino ineficiente.

P.- ¿La VPO tiene el reglamento adecuado? ¿En qué aspectos hay que incidir para que existan buenas casas y, sobre todo, para lograr un reparto justo entre los aspirantes a vivienda?

R.- Lo mejor que se ha hecho en VPO son los cambios recientes (por ejemplo, las Normas para el Hábitat Galego). Los estándares, los baremos y las tipologías responden a otro tipo de sociedad y de usuario, a otras exigencias ambientales, económicas y sociales. Mantener la idea de una VPO unitaria con arreglo a la reglamentación de los 70 es tan irracional como la maraña de burocracia que tiene y que dificulta su acceso a los agraciados (entre un 5% y un 10% de los demandantes) que la reciben, ¡por sorteo!, al cabo de seis u ocho años de espera y trámites.

P.- ¿Se pueden hacer casas de 130.000 euros (como una VPO en Madrid, por ejemplo) en el mercado de vivienda libre?

R.- Se pueden hacer, claro, pero entre 1996 y 2006 se ha ido a lo más caro, pensando que el mercado lo aguantaría todo, sobre la base de calcular el beneficio sobre las posibilidades de hipotecarse de los compradores, normalmente sobre la base de dos nóminas por hogar.

P.- ¿Sirve para algo la Ley de Suelo?

R.- Sin ella seguiríamos en la apoteosis inmobiliaria que hemos vivido. La reforma del 1998 ha sido la causante de este gran desarrollo que ha agotado los recursos de suelo, ha propiciado corrupciones urbanísticas y no ha resuelto el problema de la vivienda, sino que lo ha acrecentado. La Ley de 2007 es un primer paso, falta acelerar los reglamentos, los planes autonómicos y locales y cambiar la cultura sobre el territorio de estas dos últimas décadas.

P.- Se habla de las ayudas a la emancipación de los jóvenes. ¿No le parece una forma de encarecer los alquileres? ¿Usted le ve virtudes?

R.- Ayudar a la emancipación tiene todas las virtudes. Encarecer los alquileres sobre esa base, por parte de los arrendadores, es, sin más, especular. Los españoles hemos especulado con los precios de la vivienda en venta y en alquiler. Lo contrario de la emancipación es atar a la gente a hipotecas de por vida. Las hipotecas a largo plazo se han revelado como anzuelos perversos para los jóvenes.

P.- ¿Puede el encarecimiento de las hipotecas cambiar el chip de los españoles y que alquilen casa en vez de comprar, como pretenden desde el Ministerio de Vivienda?

R.- El alquiler es la pretensión racional de los grupos inmobiliarios inteligentes, la creación de REIT y de un mercado profesional del alquiler de viviendas y oficinas debería ser una demanda conjunta del sector público y del sector privado. Cambiará el chip en cuanto haya posibilidades de alquilar y no retóricas y burocracia ineficiente. El alquiler es un grave problema de la economía española. Si no se alquila, la economía no se mueve y los recursos humanos tampoco.

P.- Por otra parte, ¿por qué hay que cambiar la mentalidad de los españoles para que alquilen en vez de comprar?

R.- Porque es saludable la mentalidad de que se puede alquilar y comprar, indistintamente, en etapas distintas de la vida. Ser propietarios es una condición pasajera, si el sistema económico funciona bien. Si funciona mal, el alquiler es menos arriesgado, como desgraciadamente vamos a comprobar ahora.

P.- ¿De qué es más partidario usted?

R.- De las dos cosas. Lo inaudito es que el alquiler haya descendido hasta por debajo del 10% gracias a unas campañas de desinformación del consumidor que se han hecho a mayor gloria del beneficio de sólo unos pocos y que han hecho creer que comprar era la única inversión, la más rentable y para siempre.

P.- ¿En qué aspectos debió mejorar el sector inmobiliario con vistas al futuro, cuando era pleno boom, todo se vendía y había dinero?

R.- En su propia sostenibilidad, en las buenas prácticas de información, calidad y precio, en la prevención de riesgos y en la estricta legalidad urbanística de los agentes urbanizadores.

P.- ¿De qué manera puede proyectarse la actividad del Consejo en los ciudadanos de a pie que simplemente compran o alquilan una casa?

R.- Cooperando con la sociedad para ser útiles. Trabajamos para los ciudadanos en la medida en que cooperamos con administraciones, promotores y usuarios en defensa de la calidad (CTE), transparencia (estadísticas de la edificación, concursos…) y asesoramiento urbanístico, constructivo y de mantenimiento (RITE, certificación energética, tasaciones, ITE, accesibilidad, patrimonio, rehabilitación de edificios…).

P.- ¿Por qué es tan difícil, o eso parece, planificar las ciudades urbanísticamente hablando para 10 o 20 años?

R.- Porque existe un déficit democrático de gobernabilidad y falta innovación en los mecanismos de participación.

P.- El Gobierno quiere hacer 1.500.000 viviendas protegidas en 10 años. ¿Se pueden hacer? ¿Se deben hacer?

R.- Se pueden hacer, falta el decidido impulso político colectivo. Se deberían hacer si contribuyen a compactar ciudades, restablecer equilibrios urbanos y a luchar contra el cambio climático. No sólo para resolver el problema de la vivienda y aumentar el despilfarro de suelo y recursos.

P.- ¿No cree que alguien debería hacer un estudio de población para comprobar qué tipo de casa y cuántas casas hay que hacer?

R.- Falta una Agencia de Innovación Urbana que, de forma transversal, barata, ágil y profesional, señale objetivos comunes a las ciudades, más allá de las fronteras autonómicas y locales que ahora sirven para justificar la exagerada politización territorial; y que, más allá de electoralismos y desarrollismos, procure la belleza y funcionalidad de los espacios urbanos del siglo XXI en España.






* El Mundo - BENITO MUÑOZ - 26 de Septiembre de 2008

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Barcelona celebrará una consulta popular sobre la transformación de la Diagonal

EUROPAPRESS* : El Ayuntamiento de Barcelona celebrará una consulta popular sobre la transformación de la avenida Diagonal entre las plazas Glòries y Macià, por donde se conectará el Trambaix y el Trambesòs, después de que el Gobierno municipal --que forman PSC e ICV-EUiA-- asumiera hoy un ruego que ERC formuló en el plenario.

El primer teniente de alcalde de Bienestar y Cohesión Territorial, el socialista Carles Martí, aseguró que será la primera consulta popular celebrada nunca en Barcelona, y cuyo único referente es el proceso de participación de otoño del año pasado sobre el Plan de Actuación Municipal (PAM) 2008-2011.

"No lo hemos hecho nunca y hemos de ver como evolucionará todo esto", afirmó Martí sobre una acción que el presidente de ERC en el Ayuntamiento, Jordi Portabella, defendió con que será capaz de generar "sentimiento de pertenencia" y de querer "intervenir y formar parte de esta ciudad".

Portabella vio necesario celebrar la consulta ciudadana porque afecta a cinco distritos y significa "un cambio radical en toda la ciudad", además de que lo permite hacer la Carta Municipal, las Normas Reguladoras de la Participación Ciudadana, y la Ley Municipal y del Régimen Local de Catalunya. "Nos parece una medida de profundización democrática imprescindible", sostuvo.

Mientras Martí aseguró que no será vinculante porque "desde un punto de vista legal" sólo lo es si lo organiza el Gobierno del Estado, Portabella aseguró que lo puede ser según las normas. Sin embargo, no se concretará el procedimiento, los recursos y el calendario hasta enero, cuando se debatirá en la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda.

OFICINA DEL PROYECTO

En el mismo plenario, el cuarto teniente de alcalde de Vivienda, Urbanismo y Régimen Interior, el socialista Ramon García-Bragado, avanzó que se creará una Oficina del Proyecto Diagonal formada por técnicos y arquitectos que en los próximos nueve meses tendrá que formular una propuesta sobre la reforma, la cual servirá "como base" del proceso participativo.

García-Bragado presentó el planteamiento del equipo de Gobierno sobre el proyecto junto con el segundo teniente de alcalde de Acción Social y Ciudadanía, Ricard Gomà (ICV-EUiA), con lo que el Gobierno municipal dio una imagen de unidad en un momento en que ICV-EUiA se ha desmarcado de la propuesta de Urbanismo en la recalificación del Miniestadi, porque los socialistas no la han consensuado en el seno del Gobierno municipal.

El alcalde, Jordi Hereu, aseguró que en la transformación de la Diagonal el Gobierno buscará un "marco adecuado" para estudiar las soluciones técnicas y un proceso de participación. "Es posible hacer el cambio de la Diagonal y lo haremos porque es importante para la ciudad", dijo.

Gomà explicó que la voluntad del Gobierno es convertir el tramo de 3,8 kilómetros en "un paseo para las personas", configurando "una nueva identidad" con una apuesta para la protección del clima y la reducción del ruido.

La transformación tendrá que impulsar el transporte público colectivo y en bicicleta, lo que irá a la par con una "estrategia clara de reducción del tráfico privado", según dijo sobre el tramo entre Macià y Glòries, por donde hoy circulan 40.000 vehículos por sentido.

CALENDARIO Y COSTE

Los grupos expresaron su voluntad de llegar a un acuerdo, y tanto el presidente de CiU en el Ayuntamiento, Xavier Trias, como el del PP, Alberto Fernández Díaz, defendieron la importancia de establecer un calendario y el coste previsto de las obras.

Trias acusó al PSC de haber cambiado de posición después de que en los últimos años hiciera "oposición" al tranvía por la Diagonal y tomara decisiones que ha hecho la movilidad "más insostenible", con el carril bici compartiendo espacio con los peatones.

Fernández Díaz consideró que "únicamente las 18 últimas líneas" de la medida de Gobierno, formulada "en dos páginas y media", perfilaba "unas ideas vagas" de lo que pretende el Gobierno municipal sobre la transformación de la Diagonal, un proyecto "imprescindible, con o sin tranvía".

Reclamó que la reforma permita tener "un paseo y no un velódromo de ciclistas incívicos", y apostó por actuar con "más ambición" y hacer la reforma hasta Zona Universitària, sobre lo que el alcalde replicó que el tramo Macià-Glòries es el único eje de la Diagonal que no ha sufrido transformación alguna en los últimos años.





* Yahoo noticias - Europa Press - viernes, 26 de septiembre 2008
Foto: Barcelona, Av. Diagonal - wikimedia.org

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La Cañada Real Galiana sigue anegada desde las inundaciones del pasado lunes

RTVE/Madrid* : Las consecuencias de las inundaciones que tuvieron lugar el pasado lunes en Madrid, en concreto en el municipio de Coslada, siguen patentes en las zonas menos favorecidas de la capital. En la zona de la llamada Cañada Real Galiana, en concreto el asentamiento ilegal de chabolas denominado el Gallinero y a tan solo diez minutos de la Gran Vía madrileña, sufren todavía los efectos de estas inundaciones.

En este lugar olvidado por las administraciones locales, y que pertenece al distrito de Villa de Vallecas de Madrid, siguen viviendo entre ratas, lodo y barro .

Chabolas inundadas de agua, improvisadas calefacciones hechas con bidones para poder secar las infraviviendas, niños pequeños que no pueden ir a la escuelas porque no tiene ropas secas... Denuncian que les falta lo minimo para sobrevir , incluso lo más básico, leche, agua, y alimentos para los más pequeños.

Una situación que roza el esperpento cuando se ve a los niños descalzos que esquivan las ratas que salen de agua estancada desde el pasado lunes . Denuncian que ningún servicio de emergencia ha acudido en auxilio de estas personas, rúmanos, pero europeos .

La foto quizás más triste, es ver como los adultos se afanan entre el barro en la búsqueda de algo vital , los papeles de su documentación, para muchos tan valioso como la vida.

La Parroquía de Santo Domingo de la Calzada ha pedido todo tipo de ayuda humanitaria, comida, agua, colchones , picos , palas, de cara la previsión que este fin de semana vuelva a caer mucha agua en la Comunidad de Madrid.

Nadie explica como a esta gente se les ha dejado de lado en las partidas aprobadas por el gobierno regional para proporcionar ayudas a los afectados de las inundaciones de Coslada. Incluso a la Cruz Roja se le ha impedido que actúen en la zona .

Los bomberos trabajan para eliminar las bolsas de agua

Los voluntarios de la Parroquia de Santo Domingo que trabajan en la zona han reconocido el trabajo desarrollado ayer por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que trabajaron durante siete horas para eliminar las balsas de agua acumulada tras la tormenta del lunes.

El trabajo de los profesionales municipales resultó más fructífero que en días anteriores, ya que hoy el barro y fango estaba más asentado, por lo que las bombas han podido trabajar a un buen ritmo, ya que en principio están preparadas para funcionar a pleno rendimiento en aguas limpias.

"Había zonas muy anegadas, con bastante profundidad. Aunque las bombas han sufrido, han trabajado a un ritmo aceptable, aunque no óptimo. La zona ha quedado más limpia, pero si vuelven a llamarnos para solicitar ayuda, allí estaremos", destacó el portavoz de Emergencias en declaraciones recogidas por Europa Press.






* RTVE - CHEMA PUENTE 26.09.2008
Foto: Madrid, inundaciones Cañada real - rtve.es

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Ugíjar: Construir en un pueblo en plenas restricciones

PÚBLICO/Granada* : Por considerarlo contrario a la normativa que regula el desarrollo territorial y urbanístico; por suponer un impacto medioambiental de unas proporciones desmedidas sobre la zona; por ser un elemento contrario al desarrollo sostenible de la comarca; por considerar que el impacto sobre la pequeña y mediana empresa en la zona será perjudicial; por segregar el territorio con un tinte economicista y clasista...

...porque ni una empresa ni un grupo de particulares pueden determinar el desarrollo de un municipio en función de sus intereses y no de los generales; y porque la enorme carencia de agua no es compatible con un proyecto que pone en peligro el desarrollo de la principal actividad económica de la zona, la agricultura, y el abastecimiento de los vecinos.

Por esto último, la Comisión Europea ha abierto una investigación y por lo que Izquierda Unida, junto a todo lo demás, ha rechazado frontalmente la macrourbanización proyectada en Ugíjar (2.599 habitantes, Granada) con 795 viviendas y un campo de golf de 19 hoyos. "Nos manifestamos en contra en un pleno y presentamos las alegaciones, que incluyen las deficiencias hídricas tanto para las personas como para la agricultura", explica el portavoz de IU, Juan Francisco Arenas. De hecho, la organización agraria COAG también objetó el proyecto.

Inexplicable

"¿Cómo se puede explicar que nos corten el agua, que tengamos que recurrir a Almería, que ya de por sí tiene problemas, y se permita construir este pueblo paralelo que no tiene interés público?", se pregunta. En enero, el Ayuntamiento (gobernado por el PSOE) aseguró que sólo se había iniciado el trámite y que la iniciativa sería examinada.

El proyecto, cuyo titular es Baldomero López, ex alcalde del PP de Ugíjar, cuenta con un informe negativo de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Cuenca Mediterránea Andaluza de diciembre de 2006. El organismo ha rechazado cuatro proyectos más: dos en Ronda, uno en Colmenar y otro en Ardales (todos en la provincia de Málaga).

Insuficiente

El portavoz de Los Verdes en Andalucía, Andrés Sánchez, cree, sin embargo, que el papel de la confederación hidrográfica es ambiguo. "Se evaluarán solo los proyectos de los que esta se ha quejado, pero aún quedan muchos detrás", afirmó. Sánchez considera que el organismo ha pasado por alto construcciones que no tienen garantizado el acceso al recurso hídrico: "Ha dado el visto bueno que han dado también las comunidades".





* Público - O. CARBALLAR/ A. JURADO - Sevilla - 26/09/2008
Foto: Ugíjar (Granada), plaza - pueblos-espana.org

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Bruselas investiga más de 250 urbanizaciones por carecer de agua

ELPAÍS* : La Comisión Europea ha abierto una investigación a más de 250 urbanizaciones españolas, aprobadas o en proceso de tramitación final por las autoridades locales o autonómicas a pesar de contar con un informe desfavorable de las respectivas Confederaciones Hidrográficas. Los informes negativos de las autoridades de las cuencas hidrográficas se basaban en la insuficiencia de agua para las necesidades que generarían los nuevos proyectos, tramitados entre 2005 y 2007.

Las urbanizaciones se encuentran localizadas en la Comunidad Valenciana, 129; Murcia, 121; Castilla-La Mancha, 6; y Andalucía 8.

La decisión de abrir una investigación por parte del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha sido el resultado de una investigación del eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, quien advirtió a la Comisión de que "este masivo desarrollo urbanístico podía poner en peligro los objetivos de la Directiva Marco sobre el Agua", en relación con el desarrollo sostenible.

Dimas ha solicitado a las autoridades españolas que le remitan la lista de los proyectos "que a pesar de haber recibido una opinión negativa de las cuencas hidrográficas han sido aprobadas definitivamente por las autoridades competentes". La petición incluye también "la demanda del promedio anual de agua que precisa cada urbanización". También se pide la lista de las urbanizaciones cuya autorización definitiva está pendiente, según la carta enviada por el comisario al eurodiputado el 22 de septiembre.

Bruselas quiere que las autoridades españolas expliquen "cómo intentan garantizar que los objetivos medioambientales de la Directiva del Agua se cumplen". Hammerstein señala que "la iniciativa permitirá al Gobierno central examinar las actuaciones urbanísticas de determinadas administraciones locales y autonómicas, cosa que hasta ahora no podía hacer". Aunque la directiva no entrará en vigor hasta 2009 y 2011, Hammerstein pidió la intervención de la Comisión apoyándose en una sentencia del Tribunal de la UE, que prevé la toma de medidas ante la evidencia de que las mencionadas urbanizaciones incumplirán la directiva.

Hammerstein afirma que "el boom del ladrillo con centenares de nuevas urbanizaciones es incompatible con un desarrollo sostenible que exige la UE" y recuerda que "el próximo año, España como el resto de Estados miembros, deberá presentar un plan de cada cuenca hidrográfica que garantice la sostenibilidad de los recursos hídricos".

El eurodiputado, nacido en Los Ángeles y ciudadano español desde 1986, es un tenaz militante que ha denunciado ante el Parlamento Europeo numerosas agresiones al medio ambiente en España en la última década.





* ELPAIS.com - ANDREU MISSÉ - Bruselas - 27/09/2008
Foto: Seseña (Toledo), grúas urbanización - bottup.com

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Huelva: Más trenes, menos autopistas y puentes faraónicos

Ante la avalancha de lenguaje propagandístico vacío de propuestas serias que se viene realizando desde diversas administraciones públicas de cara a la movilidad sostenible, Ecologistas en Acción de Huelva* ve necesaria la adopción de una serie de medidas que hace públicas para su debate y puesta en marcha urgente. Hay que comprometerse a avanzar hacia un transporte sostenible y dejar de recurrir a discursos vacios según se desarrolla la semana por la Movilidad que se viene desarrollando sin pena ni gloria.

Es indispensable la priorización del transporte público por ferrocarril y de las inversiones para mejorar su calidad.

* Urgente puesta en marcha de un servicio de trenes útil y de calidad en la línea Huelva - Sevilla. Menos promesas de AVE para ricos y medidas para bajar el uso de coche en la A-92: Aumento sustancial de las frecuencias, horarios adecuados para el enlace con otros transportes, mejoras en las vías de tren y en las estaciones existentes, etc.

* Apoyo al servicio de transporte de mercancías por ferrocarril en detrimento de un transporte por carretera que las colapsa y genera riesgos innecesarios para la ciudadanía.

* Inversiones en la línea de tren Huelva - Zafra para aumentar la frecuencia de trenes con horarios adecuados y mejora de la calidad y seguridad de un servicio que se está dejando morir.

* Recuperación del ferrocarril costero, que una por ferrocarril la costa con la capital y el resto de Andalucía. Nunca se debió cerrar la línea Huelva- Ayamonte, pero es fundamental retomar un proyecto de ferrocarril de cercanías que de servicio de calidad a la comarca con más población de la provincia.

* Red de carriles-bici, en la capital y entre todos los municipios del área metropolitana, respetando igualmente las vías verdes de la provincia y promoviendo su uso.

-Ecologistas en Acción de Huelva ve necesaria una moratoria en la construcción de grandes infraestructuras para el coche, camión y avión.

Es necesario renunciar a proyectos faraónicos y destructores que se llevan todos los dineros públicos como el proyecto de segunda Autovía a Punta Umbría por el Parque Natural de las Marismas del Odiel. Las autovías fomentan el uso del automóvil, contribuyendo al desmesurado aumento de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, así como al deterioro de la calidad del aire, que en Huelva ya genera problemas de salud pública dado el enorme aporte de contaminantes que ya tenemos por la contaminación industrial.

Hay que conjugar la apuesta por el ferrocarril con la priorización de otras formas de transporte público como el autobús y para eso es necesario, establecer el uso de carriles-bus tanto en las ciudades como en las vías de acceso a capital y en en el tramo de la A-92 que une Huelva con Sevilla.





* Ecologistas en Acción de Huelva - 24.09.2008

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Los asesores de la Unesco censuran el proyecto de teleférico al Gaiás

LAVOZ/Santiago* : Si el Concello de Santiago construye finalmente un teleférico entre el casco histórico y la Ciudad de la Cultura estará vulnerando la declaración de patrimonio de la humanidad. Así de contundente se muestra el Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos), el único organismo asesor de la Unesco en asuntos de patrimonio.

En un informe demoledor al que ha tenido acceso La Voz, los técnicos disuaden expresamente al Ayuntamiento de la construcción del citado teleférico.

La valoración la encargó el propio Concello y el Consorcio de Santiago. Proyectaba dos teleféricos para conectar la plaza de O Matadoiro (casco histórico) y la futura estación del AVE con la Ciudad de la Cultura, que se levanta a las afueras de la capital. Pero es precisamente el macrocomplejo el que recibe buena parte de las críticas del Icomos. Tachan su construcción de «huida hacia adelante». Dicen que se trata de un proyecto sin definir y aseguran que su gestión «aún está lejos de contar con un proyecto cultural sólido, solvente y viable». Abundan en estos argumentos afirmando que la creación de la Ciudad de la Cultura fue introducida en Santiago «de forma arbitraria por una decisión política poco acertada»

Para el Icomos, con el proyecto del teleférico, el Concello intenta aprovechar el tirón turístico del casco histórico «para dotar de un cierto contenido (o por lo menos de visitantes)» el complejo del monte Gaiás. Critica también la elección de la ubicación de la Ciudad de la Cultura y concluye que el teleférico responde más a las necesidades del Gaiás -llenarlo de visitantes- que a las de la propia capital de Galicia.

El Ayuntamiento de Santiago necesita pedir permiso a la Unesco para construir el teleférico. Según explican fuentes del Icomos, la declaración de patrimonio de la humanidad no incluía un teleférico, por lo que es necesario modificarla si finalmente se quiere integrar. La Unesco puede denegar el permiso para la obra. En todo caso, el informe del Icomos prefigura en buena medida la futura decisión de la Unesco. Eso, siempre que el Concello siga manteniendo su idea de construir el proyecto, una vez leído el demoledor informe del Icomos.

El estudio está firmado por la presidenta del comité español de este organismo de la Unesco, María Rosa Suárez-Inclán Ducassi, el 23 de septiembre, y se trata de una decisión colegiada de toda la directiva del Icomos, con dos miembros gallegos. En su opinión, no se puede argumentar «la necesidad de una infraestructura basada solo en conjeturas y sin saber cómo va a funcionar realmente la Ciudad de la Cultura». Los expertos encuentran que el impacto paisajístico del teleférico es «inadmisible». Además, aseguran que el proyecto del Gaiás fue completamente ajeno a las claves paisajísticas del entorno. De hecho, para el Icomos, se subordinaron las cuestiones medioambientales al proyecto de Peter Eisenman, cuyo coste se ha disparado por encima de 475 millones de euros. «Es la cultura al servicio de la arquitectura, y no al revés, como debería haber sido en una ciudad del rango cultural de Santiago», concluye tajantemente el informe. Pero el Icomos hace un matiz al dictamen: «Las consideraciones sobre el teleférico vienen viciadas desde el inicio, ya que el elemento que genera conflictos en la ciudad (y no exclusivamente paisajísticos) es la Ciudad de la Cultura».





* La Voz de Galicia - Ángel Paniagua - 26/9/2008
Foto: Santiago, Cidade da Cultura - j.gonzález, lavozdegalicia.es

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Operación Astapa: la juez reclama los informes urbanísticos de los últimos cinco años

ELECONOMISTA/Málaga* : La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Estepona, Isabel Conejo, encargada del "caso Astapa" contra la corrupción en el Ayuntamiento de esta localidad, ha requerido al consistorio los expedientes de Disciplina Urbanística de los últimos cinco años.

Fuentes del caso han informado hoy de que se trataría de miles de expedientes de ese negociado municipal que han sido entregados hoy mismo en su totalidad.
Declaran otras 17 personas

Esta solicitud de documentación se produce nueve días después de que se conociera que la Fiscalía había citado a declarar a 17 personas, entre ellas abogados, empresarios y ex concejales de Estepona, en el marco de la operación Astapa.

Por su parte, el alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), únicamente ha explicado que "el Ayuntamiento colabora con la Justicia proporcionándole la documentación que requiera", como se ha hecho.

Sobre las comparecencias de diversas personas ante la Fiscalía por este caso, que estaban previstas para esta semana en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Estepona o en dependencias policiales en Madrid, no ha trascendido información al respecto.

Se desconocía también si quienes debían acudir lo harían como imputados o testigos y estaba previsto que, una vez que declararan en la Policía, la jueza los citara en la sede judicial a partir del próximo octubre, al igual que ya hizo con anteriores imputados por esta operación que arrancó hace algo más de tres meses.
Astapa se salda con 41 imputados

El caso Astapa, donde se investiga un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio, suma por ahora 41 imputados, 26 de los cuales fueron detenidos entre ellos el entonces alcalde, concejales, empresarios, abogados y funcionarios municipales.

Cinco de los arrestados acabaron ingresando en prisión, donde permanecen aún cuatro de ellos: el ex alcalde Antonio Barrientos, expulsado del PSOE tras su detención por este caso y que dimitió del puesto a raíz de ello; el que era su jefe de Gabinete, José Flores, y los concejales José Ignacio Crespo y Manuel Reina, del Partido de Estepona (PES) creado por ex integrantes del GIL.

Otros 18 arrestados -entre ellos cuatro ediles- quedaron en libertad con fianzas entre 15.000 y 500.000 euros según los casos, a los que se sumó más tarde uno de los presos que quedó libre tras abonar una cantidad, mientras otros tres pasaron a estar en libertad con cargos, pero sin fianza.

Esta operación desembocó en la elección de un nuevo alcalde en esta localidad de la Costa del Sol, el socialista David Valadez, hace poco más de dos meses.





* El Economista - Ecodiario - 26/09/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org

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Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para el ex alcalde de Firgas acusado de prevaricación

ECODIARIO/GranCanaria* : La Fiscalía ha solicitado imponer 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al ex alcalde de Firgas (Gran Canaria), Francisco Ponce, acusado de un presunto delito continuado de prevaricación.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará el próximo lunes 29 de septiembre el juicio contra el ex primer edil, entonces del Centro Canario-CCN, acusado de otorgar sendas licencias urbanísticas a viviendas unifamiliares a pesar de los informes técnicos y jurídicos desfavorables, según el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso Europa Press.

La Sala adoptó la suspensión del primer señalamiento del juicio previsto para el pasado 11 de junio y su aplazamiento a petición de la defensa del que fuera alcalde del municipio del norte de la isla en 1990, de 76 años de edad y con problemas de salud.

La Fiscalía solicita en su escrito de conclusiones provisionales imponer a Ponce la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de doce años por un presunto delito continuado de prevaricación y para los entonces concejales Asunción Nuez Arencibia, José Manuel Marrero Navarro y Alfonso Marrero Marrero solicita inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años por el mismo cargo.

El que fuera primer edil Francisco Ponce fue condenado por sentencia de 10 de enero de 2002 a la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación.

NORMAS ANULADAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO.

Según el escrito del Ministerio Público, en virtud del acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 14 de diciembre de 1990 fueron definitivamente aprobadas las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Firgas, contra las cuales presentaron recursos de reposición en vía administrativa entre otros el Ayuntamiento de Firgas, ya entonces presidido por el alcalde Francisco Ponce, recursos que fueron parcialmente estimados mediante otro acuerdo de la comisión de 5 de julio de 1991.

Interpuesto recurso contencioso administrativo contra ambos actos y siendo parte el Consistorio, que se personó en el trámite de conclusiones alegando su inadmisibilidad, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 28 de julio de 1993 anuló ambos acuerdos por ser contrarios al ordenamiento jurídico.

Además, mediante auto de 16 de mayo de 1994 la misma sala ordenó ejecutar provisionalmente dicha sentencia, pese a la oposición del Ayuntamiento para impedir el desarrollo urbanístico conforme a las normas anuladas, al estimar que causaría a la entidad local demandada y a los particulares afectados mayores perjuicios que los derivados de la suspensión de la aplicabilidad de las normas anuladas.

El 18 de julio de 1994 el director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias remitió escrito dirigido al entonces alcalde de Firgas requiriéndole para que la corporación se abstuviera de conceder licencias de obras en suelos clasificados como urbanos en las normas anuladas, limitándose a concederlas exclusivamente a los delimitados en 1974 y según el procedimiento legal, cumpliendo, entre otros, el informe preceptivo de dicho centro directivo en todos los proyectos para los que se solicitase licencia municipal de obras y debiendo acompañar el promotor, entre otros el visto bueno del técnico municipal.

Sin embargo, el día 2 de diciembre de 1994 se reunió en sesión ordinaria la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Firgas, a la que asistió Ponce y los entonces tenientes de alcalde Alfonso Marrero, José Manuel Marrero y Asunción Nuez, además del ex secretario municipal sin facultad de participar en la toma de decisiones.

INFORMES DESFAVORABLES.

En dicha sesión se decidió otorgar sendas licencias urbanísticas para la construcción de viviendas unifamiliares, a pesar de los informes desfavorables del secretario del Ayuntamiento y de la oficina técnica municipal evacuados respectivamente en los expedientes urbanísticos municipales tramitados con carácter previo al otorgamiento de las licencias solicitadas.

La acusación pública insiste en que en ambos casos el fundamento de los informes desfavorables del secretario y del técnico municipal fue que habiendo quedado anuladas las normas subsidiarias del planeamiento de Firgas por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el suelo donde se solicitaba autorización para construir tenía la consideración de suelo rústico.

Por ello, los dos empleados municipales alertaron de que el Ayuntamiento no podía otorgar la licencia sin la previa autorización de la obra por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias.





* El Economista - Ecodiario - EUROPA PRESS - 25.09.2008
Foto: Firgas (Gran Canaria) - infoNorte

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Madrid: Adiós a 27 instalaciones públicas

ELPAÍS* : El recorte municipal afecta a escuelas infantiles, centros de mayores y polideportivos, la mayoría en áreas del sur o nuevos barrios. El Ayuntamiento anuncia que cierra el grifo. Que todas las obras de equipamientos pendientes de licitar se cancelan. Pero que la deuda de más de 6.000 millones de euros que soporta y que lo han llevado hasta la frontera legal del endeudamiento no tiene nada que ver con no poder afrontar más gastos.

Es culpa de la crisis y la exigua financiación del Gobierno central, esgrimen. Y que, además, si no se hubiera hecho la M-30 en dos años, dijo ayer el vicealcalde Manuel Cobo, ahora estaría "empantanada" y no podría terminarse. Acabada la infraestructura, lo que queda "empantanado" son los equipamientos públicos para barrios.

Pero Cobo fue ayer incapaz de concretar de qué instalaciones se va a privar a los ciudadanos para ahorrar. Ni él ni el concejal de Hacienda, Juan Bravo, lo sabrán hasta que no se cierre el presupuesto, según dijo. Pero, si se cumple su anuncio, serán bastantes; todas las que no son competencia del Ayuntamiento y que hasta ahora construía y gestionaba. Eso supone al menos 27 instalaciones que constan en el capítulo de inversiones de Hacienda para 2008 y que no se han adjudicado todavía. A eso hay que sumarle obras en calles y zonas verdes. En total, 200 millones de euros.

Ése es el cálculo realizado por este periódico con datos proporcionados por IU y por el PSOE (según los socialistas sumarían más de 40). El listado de instalaciones afectadas por el recorte incluiría, al menos, ocho instalaciones deportivas, 10 centros para mayores, seis escuelas infantiles y tres centros culturales. Todos por construir o pendientes de remodelar. La mayoría, en barrios del sur o en áreas pertenecientes a nuevos desarrollos.

Otros proyectos, como la remodelación del mercado de la Cebada (cuyo polideportivo lleva cerrado desde agosto) también pueden quedar suspendidos. Todo esto es, al igual que la presumible subida de impuestos para afrontar la crisis que no descartó ayer Cobo, una incógnita que sólo se despejará cuando en unas semanas se presenten los presupuestos.El Ayuntamiento señala hacia el Gobierno central para justificar su recorte presupuestario. La cancelación de proyectos puede interpretarse como una medida de presión al Ejecutivo de Zapatero para que aumente las partidas presupuestarias a los ayuntamientos. "Yo invito al resto de los ayuntamientos de España a que se sumen a nuestra iniciativa. No podemos seguir así. Lo que hacemos es dejar de abordar nuevas obras que engordarán la bolsa de servicios impropios de los ayuntamientos", explicó ayer el concejal de Hacienda, Juan Bravo.

Según este edil, la medida se puede interpretar como "una huelga de ampliación de servicios que no corresponden a los ayuntamientos, una huelga a la que estamos dispuestos". Ésta es la línea, según Bravo, que sigue la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por el socialista Pedro Castro.

En ningún caso se dejarán de prestar los servicios de los que ya disponen los ciudadanos, pero no habrá más. Al menos hasta que el Gobierno de Zapatero asuma su coste. "Garantizamos el gasto en los servicios sociales que ya se prestan", explica Bravo. De todas formas, explicó el edil de Hacienda, se seguirá elaborando la redacción de proyectos "por si acaso cambia la situación y se pueden hacer".

La subida de impuestos prevista, como mínimo, será la actualización del IPC. También en función de la partida que destine el Gobierno al Ayuntamiento se tomarán otras decisiones.

Para la oposición, el recorte no tiene ninguna justificación. "Resulta difícil de explicar, hasta para Gallardón, cómo va a seguir gastando en las obras de su Palacio de Cibeles, en el eje Prado-Recoletos, con beneficios privados por medio, o en remodelar el río mientras deja a miles de vecinos sin centros de mayores o escuelas infantiles", criticó ayer el portavoz de IU en el Ayuntamiento.

Los socialistas, por su parte, pedirán a Gallardón que comparezca en el Pleno del próximo lunes para explicar los recortes. Además, su portavoz, David Lucas, atribuyó a la "mala gestión" la situación financiera del Consistorio", y afirmó que "es en épocas de crisis cuando las administraciones públicas han de apostar más por la actividad y el dinamismo que generan empleo".





* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 26/09/2008
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org

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