ELPAÍS/Vizcaya* : "Estoy satisfecho porque la justicia ha hecho honor a la verdad, pero también triste porque con esto pierde el pueblo. Estas cosas no pueden suceder". José María Zarate, un vecino de Zamudio de 50 años, ha podido con su alcaldesa, la peneuvista Sorkunde Aiarza, quien el pasado lunes ha tenido que abandonar su cargo condenada en firme por la justicia. Aiarza se queda sin poder optar durante los próximos nueve años a la reelección que pretendía ni a ningún otro cargo público -figuraba también en las listas peneuvistas a las Juntas de Vizcaya en los comicios de mayo-. La Audiencia vizcaína le ha condenado por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) por derribar una obra. La lucha de un vecino contra el poder ha caído del lado menos habitual. "Que se gane contra un Ayuntamiento es un milagro", apunta Zarate, en la puerta de su caserío en Zamudio.
Este vecino ya irritó a la Diputación de Vizcaya en la década de los noventa al revelar la existencia de unos restos históricos en el trazado previsto para el corredor del Txorierri, la carretera de circunvalación en torno a Bilbao abierta en 2003. Esos restos formaban parte de la ruta juradera del Camino de Santiago. El trayecto tuvo que variarse con un sobrecoste de seis millones de euros. "Cuando ahora he tenido este problema, te pasan la factura", opina, tras recordar que entonces el alcalde era el padre de Sorkunde Aiarza.
El litigio que ha supuesto la inhabilitación de la alcaldesa tiene su origen en el uso del camino rural del barrio donde reside Zarate, debido al paso de camiones de gran tonelaje. "Tuve seis entrevistas entre 2004 y 2006 con el aparejador Javier Argatxa y el concejal de Urbanismo, Juan Mari Lekerika, siempre con buenas palabras pero sin nada concreto. En 2006, les pedí una solución y el aparejador me dijo que podía delimitar el terreno con estacas".
El vecino solicitó la licencia de obras para ello el 3 de octubre de 2006. Ante la falta de respuesta, y amparándose en el silencio administrativo positivo, instaló 43 estacas en mayo de 2007. "La alcaldesa, que era la primera vez que daba la cara, apareció el primer día en la obra diciendo que no podía hacer nada. Después de dos horas, me dijo: 'Pues vale", rememora.
Cuando estaba a punto de finalizar la obra, la actual parlamentaria del PNV Arantza Aurrekoetxea, "que es la que que corta el bacalao en Zamudio", le dijo que "parara inmediatamente". "Vino a acojonarme, pero se fue como vino", añade Zarate.
Luego llegó el decreto de alcaldía y la orden de tirar las estacas, que llevaron a Zarate a presentar la denuncia en los juzgados. La junta municipal del PNV buzoneó dos veces por todo el pueblo octavillas defendiendo a la alcaldesa frente al vecino. "Ha sido muy duro, y todo porque el Ayuntamiento no actuó de oficio y ha querido favorecer a otro vecino", asegura Zarate, señalando a un hombre que labra la tierra en el terreno colindante, Ángel Aurre, "que tiene mucho peso aquí".
Zarate, quien además de lograr que se le repongan las estacas ha recibido una indemnización de 2.000 euros y 3.000 más por las costas procesales, cree que estos conflictos "pasan en muchos pueblos, pero no se denuncian". "Espero que con esto que me ha pasado se animen más", concluye.
En su sentencia firme que inhabilita a la alcaldesa hasta el 4 de febrero de 2020, la Audiencia desestima que haya sido un tema menor, porque se "tiene derecho a demandar que la actuación [pública] se ajuste a la legalidad".
Un largo litigio
- El conflicto se inicia en 2001 por el tráfico pesado que discurre por el camino vecinal junto al caserío de Zarate y que invade sus terrenos por la estrechez de la calzada. Entre 2004 y 2006 se reúne hasta seis veces con el Ayuntamiento para buscar una solución. El aparejador municipla le asegura que puede delimitar sus tierras con unas estacas.
- El 3 de octubre de 2006 pide licencia de obras, pero no obtiene respuesta en ocho meses. Acogiéndose al silencio administrativo positivo, realiza las obras entre el 21 y el 23 de mayo.
- La alcaldesa ordena por decreto el derribo de 43 estacas sin ningún informe y sin esperar a que el juzgado al que había recurrido Zarate se pronunciase.
- El 31 de mayo de 2010, un juzgado condena por prevaricación a Sorkunde Aiarza, fallo confirmado por la Audiencia de Vizcaya el 29 de noviembre que supone inhabilitarle nueve años. Aiarza dejó su cargo el lunes.
* El País - 13.02.11
Foto: Zamudio (Vizcaya) - uribetur
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DIARIODEMALLORCA* : El contrato para construir una Ópera en la bahía de Palma no fue, según denuncia la Fiscalía, más que "un montaje" urdido y ordenado por el expresidente balear Jaume Matas y ejecutado por su conseller de Educación, el diputado Francesc Fiol, para beneficiar al arquitecto Santiago Calatrava y sacar rédito político. Tal como recalca el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación relativa a la pieza nº3 del caso Palma Arena, ninguno de los diferentes informes emitidos por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma avala que la contratación tuviera o pudiera hacerse "por adjudicación directa". A lo largo de 27 páginas, la Fiscalía aporta fechas y datos que apuntan a que las bases del contrato se pactaron mucho antes de lo que pretendió hacerse ver. Por ello, califica de "montaje" todo el expediente de contratación de la Ópera.
El Ministerio Fiscal subraya asimismo que no existe estudio económico del proyecto ni sobre su ubicación ni tampoco hay un "mínimo" análisis sobre la viabilidad física del mismo, en una zona que "ni siquiera es titularidad de la Comunidad Autónoma".
Por ello, considera que fue el expresidente del Govern el que, a principios de 2007, decidió "de forma unilateral" que durante la campaña electoral de ese año presentaría un gran proyecto para Palma "con la única y exclusiva finalidad de favorecer sus intereses propios como candidato a la Presidencia" balear.
El objetivo de Matas era dar "un golpe de efecto" que le beneficiase en las urnas pero el coste del mismo decidió "repercutirlos a la Comunidad Autónoma" siendo, a juicio de la Fiscalía, "plenamente consciente de la práctica imposibilidad material e inmaterial económica del proyecto".
Matas habría contactado para ello, en febrero de 2007, con el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, con el que, en un encuentro en Roma, habría fijado un acuerdo "verbal" para que fuera él el que pusiera firma al proyecto del palacio de la ópera.
En este acuerdo ya se habría hablado del coste (1,2 millones de euros) por el anteproyecto, un trabajo que no se presentó nunca ante el Govern y que el pasado 9 de febrero Calatrava entregó en los juzgados.
A continuación, según la Fiscalía, el expresidente balear habría iniciado una serie de actuaciones para "dar apariencia" de legalidad a su decisión y al acuerdo con Calatrava, para "ocultar" su participación en los hechos y para "simular" la existencia de interés público en la contratación del arquitecto.
La vía elegida por Matas para hacerlo fue el entonces conseller de Educación, Francesc Fiol, según señala la Fiscalía en su escrito, y es efectivamente el segundo el que presenta al Consell de Govern el 30 de marzo de 2007 la propuesta de contratar un anteproyecto para una potencial ordenación de la bahía de Palma.
Los acuerdos aprobados ese día en el Consell "ofrecen ya los perfiles de un arquitecto determinado" y garantiza los 1,2 millones de euros prometidos. Todo ello muestra que el proyecto y el contrato "no es más que una pura simulación por orden de Jaume Matas", escribe el Ministerio Fiscal.
Para la Fiscalía, tanto Matas como Fiol y el gerente del Ibisec (empresa pública a través de la cual se gestionó la contratación), Andreu Obrador, eran entonces conscientes de que se iba a beneficiar con fondos públicos y "de manera arbitraria" a Calatrava y para taparlo encargaron varios informes, ninguno de los cuales justifica la adjudicación directa que se realizó.
Cuando Calatrava recibió la invitación para participar en una negociación para encargarse del proyecto (propuesta a la que nunca respondió el arquitecto), la Fiscalía señala que ya se le envió un borrador del contrato dejando entrever que "no se produce negociación alguna" pues todo estaba acordado de antemano.
* Diario de Mallorca - 12.02.11
Foto: Palma - maqueta Ópera Calatrava - diariodemallorca
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LAOPINIÓN* : Abiertos quince nuevos procesos judiciales contra la expropiación de parcelas en Someso para construir un campo de fútbol y una carretera. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza, que obliga al Ayuntamiento coruñés a desembolsar 8,2 millones de euros a propietarios expropiados, no desanima al Gobierno local a luchar, de nuevo en los tribunales, contra las nuevas peticiones de devolución de terrenos realizadas por otros particulares afectados. La Junta de Gobierno Local acordó ayer personarse en los nuevos recursos: siete por el campo del Relámpago y ocho por el vial que va a Pocomaco. El Ejecutivo municipal decidió personarse en los recursos promovidos contra el Concello por varios particulares, a quienes se les denegó la reversión de fincas expropiadas en Someso.
Todos los afectados recurrieron por la vía administrativa, al igual que hicieron en 2004 los vecinos que ahora tienen que recibir del Ayuntamiento una indemnización de 8,2 millones. En aquel entonces, también urbanismo se negó a devolver las parcelas, por lo que los propietarios tuvieron que recurrir al contencioso.
La historia se repite de nuevo con estos quince propietarios de parcelas, adquiridas por el Ayuntamiento entre 1989 y 1990. Ocho de ellos poseían fincas en San Vicente de Elviña, que fueron adquiridas para levantar el campo de fútbol del club Relámpago, que nunca se llegó a realizar y se convirtieron suelo para el último gran desarrollo urbanístico de la ciudad en Someso. En los siete casos restantes, los terrenos se expropiaron para la construcción de la carretera a Pocomaco (la que divide la urbanización de Someso), aunque los demandantes sostienen que sólo se usó para ello una parte de las fincas y el resto fue destinado a edificaciones.
Pese a que el argumento municipal ya fue rechazado por el Superior, el Concello coruñés, tal y como había anunciado, decide pleitear e insiste en que no cabe derecho a reversión "puesto que las fincas no se expropiaron, sino que fueron adquiridas mediante compraventa. "Al igual que en todos los procedimientos jurídicos en los que decide tomar parte, se persona para defender los intereses de todos los coruñeses", señala el Gobierno local en una nota de prensa enviada tras la junta. El acuerdo de la Junta de Gobierno Local se toma con los votos a favor de los socialistas y los nacionalistas que, aunque se levantaron en las votaciones que negaron la devolución de los terrenos por vía administrativa, sí defienden que se pleitee ante el juez en defensa de los intereses ciudadanos.
En cuanto a la condena firme del Superior, los propietarios que deben ser indemnizados transmitieron su rechazo oficial a la oferta de suelo municipal como forma de pago de las compensaciones de 8,2 millones. Así lo constató el representante de los expropiados en un escrito entregado en el registro municipal el pasado 7 de diciembre. El PP criticó entonces que el Gobierno municipal hubiese aprobado los presupuestos sin incluir el dinero que ha de abonar a los dueños de las parcelas afectadas. El Ejecutivo pretendía canjear la indemnización con patrimonio público de suelo.
La junta de gobierno acordó ayer personarse en el recurso de una agrupación de afectados (entre los que se incluyen afiliados de Aproinco) que, bajo el nombre de la Asociación Parque Ofimático, ha impugnado el pliego de contratación del Concello para urbanizar el polígono. La intención de los demandantes es que el Contencioso paralice de forma cautelar el concurso de adjudicación. La existencia del recurso de los particulares fue hecha pública por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), en una rueda de prensa celebrada en enero, en la que acusaron al Concello de precipitarse en sacar a concurso la urbanización ante la inminencia de las elecciones y en la que exigieron la paralización del proceso hasta que se resuelvan todas las incógnitas que existen en torno al proyecto. La denuncia incluye las irregularidades que, a su entender, existen en el pliego de contratación. Aproinco criticó que el Concello tenga potestad para no indemnizar al futuro adjudicatario si se paraliza el proyecto, una situación que, en su opinión, tras la denuncia presentada, se puede producir al día siguiente de resolverse el concurso.
* La Opinión Coruña - 12.02.11
Foto: La urbanización de Someso - laopinion
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LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana le da 5 días al Ayuntamiento de Orpesa para iniciar la demolición del edificio Bernat y un plazo de un mes para finalizarlo. Contra el auto no cabe recurso alguno. La decisión les fue notificada ayer a las partes y tiene fecha de 4 de febrero. Tras la recepción por el consistorio empieza a correr el tiempo para cumplir la sentencia. La actual corporación orpesina es la heredera de la irregular construcción del edificio en 1986. El TSJ resolvió así poner fin, apunta el auto, a todos los recursos de nulidad interpuestos desde enero de 2010 por los propietarios de los apartamentos. Considera el alto tribunal valenciano que "no ha lugar a la suspensión cautelar" de la ejecución de la orden de derribo y, además, "interfieren en una resolución judicial", en referencia a la dictada en diciembre de 2009, que fue refrendada por el Tribunal Supremo, y que ordena derribar el edificio, en primera línea de la playa de Morro de Gos.
El tribunal valenciano acuerda "requerir al Ayuntamiento de Orpesa, para que en un plazo de 5 días inicie la obra de demolición" del edificio, con "un plazo máximo de un mes" para haber concluido el derribo.
El auto del tribunal es tan directo como el emitido en diciembre de 2009 que daba un plazo al alcalde, Rafael Albert, para cumplir la sentencia y poner en marcha el proyecto de demolición. En caso contrario le impondría a Albert 1.000 euros de multa por cada semana que pasase sin ejecutarse el derribo. Desde enero de 2010 hasta ahora el pleno ha aprobado el proyecto de demolición y se lo adjudicó a la empresa Piaf. Asimismo, periódicamente informó al tribunal de las gestiones realizadas para cumplir su auto.
Contrato de la demolición
La orden de demolición efectiva e irrecurrible, afirman los juristas, del Bernat llega a poco más de dos meses de la Semana Santa, fecha en la que los propietarios de los apartamentos se pueden encontrar sin edificio.
El consistorio de Orpesa aprobó en marzo de 2010 adjudicar a Construcciones Piaf SL la demolición del Bernat con un coste para el consistorio de 137.996 euros. La oferta de la empresa para demoler el bloque, estaba muy por debajo de los 199.250 euros previstos. El posterior acuerdo plenario para derribar el inmueble fue el que recurrieron varios vecinos.
El edificio fue construido con licencia de obras de 1986 por Moliner Bernat, uno de los afectados, dado que posee una planta particular y varias que alquila como apartahoteles. Ahora los damnificados podrán pedir al ayuntamiento, que autorizó el edificio, la indemnización pertinente.
El asesor jurídico de los vecinos de la Urbanización Los Rosales, afectados por el edificio Bernat y autores del recurso que ha llevado a la sanción del TSJ, recuerda que entre las irregularidades urbanísticas del Bernat está el exceso de altura y volumetría o la amplitud de la separación del inmueble y Los Rosales, dado que la calle que los separa se quedó en 3,5 metros, en vez de los 6 de ancho previstos en el planeamiento urbanístico.
Las irregularidades no afectan a todo el edificio, sino a una parte, aunque ejecutar la sentencia parcialmente sería costoso y complicado tecnológicamente. El derribo afectaría a 19 viviendas, 6 habitaciones y 2 apartamentos del hotel y probablemente a otras 6 viviendas y otras tantas habitaciones del apartahotel.
El grupo de gobierno del PP en el consistorio sostuvo en pleno que cumplirá la sentencia, pese a considerar ilógico que tras derribar el inmueble vuelva a erigirse uno similar y en el mismo sitio.
* Levante - 12.02.11
Foto: El TSJ ordena la inapelable demolición del Bernat - levante
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LAOPINIÓN* : «No estamos preocupados en absoluto». Así de contundente se muestra el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, al valorar la imputación del actual director de la Gerencia de Urbanismo, Ángel Lajarín, en el caso Umbra, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Murcia en torno a los convenios de la zona norte. Precisamente, Lajarín sustituyó de forma provisional hace tres meses a Alberto Guerra, que dimitió de este cargo (de libre designación por parte del Gobierno local) tras su detención el 5 de octubre en la operación desarrollada por la Guardia Civil en el marco de las investigaciones del caso Umbra.
Según explicó Berberena a esta redacción, la imputación de Lajarín se produce para que pueda ir acompañado de un abogado en su declaración ante el juzgado de instrucción número 8, que lleva este caso. El funcionario municipal deberá responder acerca de las presuntas facturas que supuestamente falsificó Renato de Noce en las obras de remodelación del Casino, de la que el empleado público era codirector (la rehabilitación del Casino fue una de las contraprestaciones que recibió el Ayuntamiento por uno de los convenios que suscribió con entidades privadas en la zona norte). También deberá responder sobre las valoraciones que se hicieron de esos terrenos, cuya responsabilidad era del ex jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, también imputado. Se da la circunstancia de que Lajarín es el tercer gerente de Urbanismo imputado en este caso (Guerra y Pedro Morillas, que era director cuando el convenio del Murcia, son los otros). También está acusado en el Umbra el concejal Berberena, el dueño del Real Murcia, Jesús Samper, y dos funcionarias más, entre otros.
De momento, la concejalía de Urbanismo mantiene a Ángel Lajarín en su puesto de director, aunque de manera provisional. Sobre la posibilidad de nombrarlo director de la Gerencia de forma definitiva (confirmarlo en el cargo), Berberena precisó que «todo se verá a su debido tiempo».
* La Opinión de Murcoa - 12.02.11
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
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RAÚL RUBIO RUBIO* : La rama más oscura del derecho no es ni la civil, ni la penal, ni siquiera la procesal. Es la urbanística. Si en cualquier disciplina del derecho un buen abogado te puede sacar de un apuro por el que a otro han condenado, en el urbanismo es imprescindible un buen experto, el sentirse avalado por la razón y el 'rezar lo que se sepa' para que te la den». Me lo decía un profesor de derecho mientras opositaba a secretario de ayuntamiento. Nunca entendí muy bien como podía ser tan difícil aplicar unas normas que, a priori, no me parecían más complicadas que las del derecho administrativo, comercial o internacional. Pero el tiempo me ha terminado convenciendo. Sobre todo desde que en los pequeños pueblos extremeños se han creado los planes de urbanismo. Pueblos en los que se quieren poner en práctica normas o planes propios de ciudades mayores y termina siendo todo un inconveniente para la construcción y el desarrollo. En Jaraíz de la Vera esperan «una modificación de las normas urbanísticas», según informa HOY, tras ser anuladas al ser recurridas por un particular. En otros pueblos de la provincia se están preparando candidaturas a las elecciones municipales teniendo como parte esencial del programa el cambio en los planes de urbanismo.
Hace quince días solicité información sobre las obras de la Diputación de Cáceres en Villanueva de la Sierra. No me han contestado. En dichas obras han tenido que realizar varias modificaciones sobre la marcha. Si la obra la hubiese realizado un particular seguro que la habrían parado.
Estas obras se hacen en terrenos particulares, sin conocimiento de los propietarios y sin ser expropiados. Las medidas determinadas en el proyecto se han modificado arbitrariamente. Todo ello seguro que no tiene ninguna repercusión en los honorarios de los ingenieros. Las contradicciones no se limitan al proyecto de obra y su ejecución. La Junta hace unos planes de urbanismo en los que se imponen las unidades de actuación (UA). Estas consisten en la agrupación de varias pequeñas parcelas, varios propietarios y planificar la urbanización de las mismas de forma conjunta. Dado que en los pueblos pequeños no existe gran demanda de viviendas, estas UA son irrealizables. Pero si alguno de los propietarios quiere urbanizar su parcela de forma individual es imposible, según informa la oficina comarcal de urbanismo.
Ahora bien, si la Diputación o el Ayuntamiento quieren realizar trabajos en la zona, todas las normas anteriores no son tenidas en cuenta. Esto, que puede parecer un abuso, se multiplica por mil cuando se trata de pagar. Terrenos que eran rústicos antes del plan de urbanismo, los convierten, por su gracia, en urbanos. Al propietario ni siquiera le interesa que sean urbanos. Si con anterioridad al plan no pagaban ningún impuesto, pasan a pagar diez euros por metro cuadrado o más. Lo venden como un favor al propietario del terreno, pues siempre podrá venderlo a mejor precio. Ellos valoran unilateralmente los terrenos. El propietario no interviene en todo el proceso, salvo que sea experto en el tema o busque asesores. Esto último se descarta, pues cualquier experto cobra por la consulta lo que no vale el terreno.
Algún secretario de Ayuntamiento llama especulador al dueño de los terrenos, para el que estas tierras continúan siendo pequeñas viñas, de entre 500 u 800 metros cuadrados, donde antes se sembraban patatas o forraje por su cercanía al casco urbano. Hablamos de metros cuadrados valorados en menos de 50 euros, no en los 1.000 o 2.000 de otros sitios. Al final el propietario paga más impuestos y no puede construir. Paga por un terreno del que no dispone y además es especulador, en unos pueblos donde el casco urbano cada vez esta más abandonado, los vecinos son menos y sus propiedades menos valiosas.
Hay normas que merecen la insumisión o al menos la intervención del director general de Urbanismo, como anuncia en HOY, para clarificar las mismas. Cuando varios organismos administrativos tienen competencia en un mismo tema (competencia no implica responsabilidad en la administración) el pagano de sus 'obras' es el ciudadano.
* RAÚL RUBIO RUBIO | PERIODISTA
* HOY - Opinión - 13.02.11
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