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DIARIODEMALLORCA* : El 'Caso Andratx', la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, sentará mañana, lunes, en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma al ex alcalde de esa localidad mallorquina Eugenio Hidalgo, y a tres de sus presuntos colaboradores.
Hidalgo, ex director general de Ordenación del Territorio Jaime Massot, el ex celador municipal Jaime Gibert y el ex abogado del Ayuntamiento de Calviá Ignaci Mir, comparecerán ante el tribunal para responder por la supuesta comisión de los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.
La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos entre 2 y 9 años de cárcel y elevadas indemnizaciones por la construcción de un vivienda unifamiliar, propiedad de Hidalgo, en una caseta de herramientas y aperos situada en una zona protegida de Andratx (Área Rústica de Interés Paisajístico).
El ex alcalde, "pese a la imposibilidad legal procedió en fecha 14 de febrero de 2003 a solicitar de Ayuntamiento una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola inexistente", según el escrito de acusación del Ministerio Público.
Los demás acusados colaboraron, de alguna manera u otra, para permitir "la construcción de una vivienda unifamiliar, de 3.035 metros cuadrados, prohibida por disposición legal", añade la Fiscalía Anticorrupción.
Una de las incógnitas del juicio que se celebrará en la Audiencia de Palma es la actitud que adoptará el ex celador municipal Jaime Gibert, quien el pasado mes de febrero alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público para auto inculparse a cambio de penas de cárcel más benévolas.
Gibert se ha comprometido a decir "toda la verdad" durante el proceso judicial, a pesar de que algunos abogados del resto de imputados han cuestionado la validez de una confesión realizada tras un pacto de conveniencia por "su nulo valor jurídico y moral", han subrayado.
Éste el primer juicio de la causa abierta el 27 de noviembre de 2006, y que tras una compleja instrucción en el Juzgado número 12 de Palma ha sido dividida en 70 piezas, algunas de ellas, todavía, secretas.
Desde que se puso en marcha la denominada 'operación Voramar', en la que intervinieron la Guardia Civil, inspectores de Hacienda, Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, la instrucción se ha centrado en la investigación de diversos delitos contra la ordenación del territorio.
En un año de instrucción, han prestado declaración en calidad de imputados y testigos más de 250 personas, y cuando estalló el caso, Hidalgo, Gibert, y también el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern Jaume Massot, fueron acusados de los siguientes supuestos delitos: negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, falsedades documentales, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Hidalgo y Gibert han ingresado en dos ocasiones en la cárcel de Palma, en la que permanecieron más de 40 días, mientras que Massot fue puesto en libertad después de declarar ante el juez tras permanecer detenido un fin de semana en el cuartel de la Guardia Civil.
El 'Caso Andratx' también repercutió de lleno en la vida política de Baleares, ya que la Guardia Civil grabó las conversaciones telefónicas del ex conseller de Interior José María Rodríguez, y en especial, una conversación que mantuvo con Hidalgo pocas horas del desarrollo de la 'operación Voramar' y posterior registro del Ayuntamiento de Andratx.
Además, también estuvo imputado el presidente del Consell Consultiu, órgano que asesora al Ejecutivo en cuestiones legales, Miguel Coll Carreras, por asesorar a una urbanizadora, Almudaina Dos, que mantiene un litigio con el Govern por la desclasificación de unos terrenos en el Port de Andratx.
El juez Álvaro Latorre archivó la causa relativa a Coll Carreras tras tomarle declaración en unos momentos en que toda la oposición exigía la dimisión del presidente del Consell Consultiu.
Los investigadores también han rastreado diversas cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales vinculadas, al parecer, con alguno de los principales imputados.
* Diario de Mallorca - EFE - 04 de mayo de 2008
Foto de archivo (28/11/06) de construcciones situadas en la costa de Andratx. El "caso Andratx", la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, sentará a partir de mañana lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma al ex alcalde de esa localidad mallorquina Eugenio Hidalgo y a tres de sus presuntos colaboradores. / EFE-ARCHIVO/Alonso M. Gamero
Andratx: La Audiencia de Palma juzgará al ex alcalde Eugenio Hidalgo y a tres acusados más
Ferrol, Vigo y Lugo tienen los cascos viejos más deteriorados de Galicia
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LAVOZ* : Aunque la opinión generalizada sobre los abundantes cascos históricos en torno a los que pivotan ciudades y pueblos gallegos es que ya estuvieron peor, lo cierto es que prácticamente ninguno ha logrado una regeneración integral en los últimos veinte años, mientras que existen abundantes casos de total abandono y degradación.
Hoy en día, la Xunta actúa sobre 41 áreas de rehabilitación diseminadas en 32 ayuntamientos. Poco más de la mitad de esas actuaciones tienen como objetivo la rehabilitación de cascos históricos, algunos de ellos sin que cuenten con un plan especial de protección, es decir, sin un catálogo pormenorizado de los inmuebles incluidos en esas áreas.
El resultado es que, en función de la ciudad, el casco histórico puede presentar un aspecto más o menos aseado, incluso atractivo, o tratarse de un territorio vedado a la vida ciudadana por los problemas de derrumbe que presentan los edificios o las situaciones de marginalidad y degradación que han ido vaciando paulatinamente el barrio de comercios y vecinos. El grado de conservación mejora en función de los años que los concellos llevan aplicando políticas de protección y rehabilitación. Santiago, Allariz y Pontevedra han conseguido integrar con notable éxito sus centros históricos, mientras que Vigo, Ferrol o Lugo se enfrentan al inicio de un largo y oneroso camino para recuperar espacios ciudadanos en estado de auténtica ruina.
Otro problema común que afecta a los centros históricos gallegos reside en la permisividad urbanística que ha hecho en muchos casos que su recuperación sea arquitectónicamente imposible o que, simplemente, la nueva ciudad los haya sepultado.
En los últimos años, las actuaciones urbanísticas sobre los cascos históricos se han incrementado y han permitido, cuando menos, iniciar un camino de recuperación en algunos de estos centros urbanos. La necesidad de encontrar nuevos espacios para la construcción en una etapa de explosión inmobiliaria generó también la codicia especulativa con la adquisición de propiedades arruinadas para revenderlas a precios exorbitados.
Inyectar vida
La Xunta de Galicia pretende revertir definitivamente esa situación con la entrada en vigor de la nueva Lei de Vivenda, que recoge medidas concretas para forzar la rehabilitación de los inmuebles y el adelanto de una parte de las ayudas económicas a las que tengan derecho los propietarios.
Entre las actuaciones llevadas a cabo en los últimos planes se contempla la adquisición de edificios por parte de los consorcios que gestionan los cascos históricos, para ser rehabilitados y puestos luego en el mercado de alquiler como viviendas protegidas, además de dedicar una parte de esos inmuebles a la instalación de servicios públicos que obliguen a visitar la zona y refuercen la vida ciudadana en esos barrios.
* La Voz de Galicia - Jorge Casanova - 4/5/2008
Foto: Ferrol (A Coruña), casco vello - lavozdegalicia.es
NOTICIA RELACIONADA: ¿Recuperar o clonar? - La Voz de Galicia - 4/5/2008
El 'caso Faycán' se acerca a su fin con casi 50 imputados
LAPROVINCIA/GranCanaria* : La instrucción del caso Faycán, la supuesta trama de corrupción política de mayor envergadura detectada hasta la fecha en la isla de Gran Canaria, entra estos meses en su recta final con un total de 46 imputados -dos de ellos por filtrar información reservada- y casi tres años de bagaje a sus espaldas.
El magistrado que dirige las riendas de las pesquisas, Francisco Javier García, dispone ya de una nueva comisión de servicios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para rematar las diligencias previas abiertas en el verano de 2005 y, posteriormente, solicitar tanto al fiscal anticorrupción, Luis del Río, como a los más de 35 abogados personados en el caso la presentación de sus respectivos escritos de defensa y acusación.
Una de las pistas más fiables que señalan a que la instrucción se acerca a su fin es el hecho de que el juez, con plaza desde hace ya más de un año en un juzgado de lo Penal de la capital grancanaria tras dejar atrás la ciudad de los faycanes, ha solicitado en esta ocasión una prórroga de tan sólo tres meses, cuando en las dos anteriores ocasiones los plazos solicitados por su señoría -y concedidos- habían sido de seis.
CITAS. En fuentes cercanas a esta investigación, que gira en torno a una presunta trama orquestada para la adjudicación de obras y contratos y compras de productos a cambio de comisiones ilegales, se da por hecho que a lo largo de los meses de mayo, junio y julio García concluirá con la ronda de citaciones a imputados que comenzó este año.
Las futuras comparecencias de la ex presidenta del PP en Telde, María del Carmen Castellano, y la del ex tesorero del partido en la localidad, Carmelo Oliva, junto a la de Guillermo Reyes -el último imputado, por prevaricación- se dan ya por más que seguras.
Tras 26 meses de detenciones e interrogatorios, las cifras no dejan de llamar la atención de propios y extraños por lo abultado de sus dígitos. Las diligencias practicadas hasta la fecha, con unas indagaciones en las que también han tomado parte activa la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía, la Agencia Estatal Tributaria y la Audiencia de Cuentas de Canarias, arrojan una instrucción que supera con creces los 8.000 folios agrupados en una veintena larga de tomos y varias piezas separadas.
ORIGEN. Tras la denuncia presentada en agosto de 2005 por María Luz Navarro -representante de una empresa a la que se le adjudicó una pequeña obra en El Calero y que dijo haber sido objeto de cohecho por parte del ex asesor Francisco Gordillo para poder cobrar estos trabajos- se iniciaron las investigaciones con la intervención de varios teléfonos -lo que ha motivado que a día de hoy se atesoren cerca de medio millar de llamadas telefónicas en CD- y la primera ronda de arrestos, acaecida el 1 de marzo de 2006 y en la que fue detenida la que es considerada como principal cabecilla de esta supuesta trama: la ex concejala de Obras, María Antonia Torres.
Con Torres se inició el carrusel de apresamientos y con los hijos de Torres, en abril de 2007, se cerró. Trece meses de ajetreo. Sólo 11 de las 46 personas que se han visto implicadas en este peliagudo asunto han tenido la suerte de no tener que dejar sus huellas dactilares en comisaría.
Las consecuencias políticas, sociales y económicas del caso Faycán han sido también numerosas. El trabajo del juez y de la policía propició la imputación de una docena de políticos -con la dimisión del alcalde Valido tras la salida del pacto de gobierno del CCN y de Ciuca y la imputación del ex parlamentario regional Jorge Rodríguez como 'platos fuertes'- y la creación de un verdadero estado de psicosis y temor en el seno de la plantilla del Ayuntamiento que se vio alentado por los arrestos de varios funcionarios y que provocó que, durante muchos meses, el consistorio se encontrase en estado de coma y la inversión pública congelada casi por completo.
El colectivo empresarial ha sido otro de los que se han visto sacudidos con virulencia. La relación de inversores imputados supera la quincena, pero se apunta a que la misma podría seguir ampliándose en los meses que quedan.
GORDILLO. Las confesiones de Francisco Gordillo, que reconoció que recaudaba las supuestas comisiones exigidas por Torres "para el PP de Telde", dieron pie a más citaciones, y el descubrimiento parcial del secreto de sumario, hace ahora un año, no hizo más que destapar la caja de los truenos y despejar algunas dudas.
Un bloc de 40 hojas con un dibujo de Mickey Mouse en su portada es, a día de hoy y salvo sorpresas devenidas del estudio detallado del patrimonio de cada uno de los imputados, una de las principales pruebas que pesan en contra de Francisco Valido y la mayoría de sus ex ediles. Unas iniciales y un reparto de euros que los peritos caligráficos atribuyen a Torres y que los agentes creen que se corresponden con pagos ilegales.
El anterior regidor vio hace un mes cómo su comparecencia ante el juez y el fiscal le añadían un nuevo cargo al de cohecho, el de prevaricación. Por su parte, Torres, que compartirá el banquillo de los acusados con sus tres hijos y su actual marido, el interventor Enrique Orts, tiene en su contra los cálculos de la Policía Nacional y un auto del juez. En los papeles se sostiene que la concejala, que sólo declaró la primera vez, pudo embolsarse más de 660.000 euros en comisiones.
Pocas noticias buenas han tenido en estos años los imputados de Telde. Salvo la masiva reducción o supresión de las fianzas -que no de los cargos- el trabajo de los investigadores ha contribuido a hacer aflorar sospechas hacia los más diversos ámbitos. Más allá de Obras Públicas, García ha puesto sus ojos en varias ramificaciones que se han saldado con el seguimiento a los acuerdos cerrados por el gobierno de PP y AFV-Ciuca con Grupo Europa o Santana Cazorla, por solo citar dos ejemplos. De hecho, Faycán ha cruzado fronteras hasta llegar a Moya, Guía de Isora o el Puerto.
* La Provincia - ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ - TELDE - 04 de mayo de 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
Los vecinos advierten que el hotel del Valencia genera un 'grave' precedente urbanístico
LEVANTE* : La segunda modificación del PGOU que permitirá al Valencia la construcción de un hotel de hasta 20 alturas anexo al nuevo estadio de Corts Valencianes culmina un proceso auspiciado por el Ayuntamiento de Valencia que ha convertido "una parcela pública deportiva en una parcela privada lucrativa".
Lo dicen las alegaciones que ha presentado contra la nueva modificación del planeamiento la plataforma vecinal de Benicalap contraria a la construcción del estadio.
Los vecinos reclaman que en los 89.000 metros cuadrados de edificabilidad que tiene la parcela se mantenga como uso dominante el deportivo; que las tiendas y oficinas previstas se construyan dentro de las instalaciones y que no se exima al club del cumplimiento de las normas urbanísticas del plan de Ademuz que obligarían a retranquear 15 metros la línea de fachada. El hotel no cabría con ese retranqueo.
Los vecinos critican las interpretaciones "interesadas" de los usos permitidos y que "las modificaciones se han hecho para que el cómputo de la edificabilidad sea favorable al uso terciario", ya sean tiendas, oficinas o un hotel.
Insisten en que el uso hotelero "está claramente prohibido" en el PGOU y que la doble recalificación "sentará un grave precedente en la ciudad" porque abrirá la puerta a que las parcelas educativas o sanitarias -calificadas como el suelo del nuevo Mestalla como sistema general- se puedan segregar para construir zonas comerciales y oficinas.
Las normas urbanísticas permiten igualmente usos terciarios, oficinas e instalaciones recreativas como actividad complementaria, si bien hasta ahora no se ha dado el caso de que un centro educativo o deportivo rentabilice esa posibilidad. Los vecinos alegan que el club -a quien asesora el arquitecto y autor del PGOU de 1988, Alejandro Escribano- ha hecho una interpretación "torticera" de las normas urbanísticas y pretende que haya una edificabilidad deportiva y una lucrativa -que se gana a costa de no computar la edificabilidad de las gradas, entre otros elementos-. La plataforma cree que "se está perjudicando el interés patrimonial de todos los ciudadanos" porque las permutas que se hicieron con el club se calcularon en base a un terreno deportivo.
El valor pasa de 45 a 150 millones
El solar municipal de Corts Valencianes, que tiene una superficie de 69.000 metros cuadrados se valoró en 45 millones de euros. Con los nuevos usos hoteleros permitidos el valor de mercado se incrementaría a 150 millones. Los vecinos consideran en que el uso terciario que se permite en el nuevo estadio debe ser complementario del uso dominante, que es el deportivo y "no un negocio al margen de dicha actividad".
Esto sólo permitiría al club construir pequeños comercios de material deportivo, oficinas para el club y otros espacios para las peñas deportivas. La modificación del PGOU aprobada inicialmente el 29 de febrero aún tiene que pasar por la comisión territorial de Urbanismo. La construcción de un hotel en las proximidades del campo valencianista no es nueva. De hecho el club todavía tiene pendiente un pleito con Barcino Hotels que recurrió la suspensión unilateral del contrato suscrito con la sociedad deportiva en 2001 y 2002 para dedicar la estructura existente adosada al estadio a establecimiento hotelero y explotar los aparcamientos en el subsuelo respectivamente. La empresa incluso obtuvo licencia de obras en 2002.
Sin embargo, cuando el TSJ anuló la ampliación del campo (decisión posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo y aún sin ejecutar), el consistorio suspendió el permiso y, al parecer, no llegó a notificarlo. El Valencia entonces resolvió los contratos y las firmas afectadas acudieron a los tribunales. La cadena hotelera intentó sin éxito que el club le compense con una de las torres previstas en la reclasificación de Mestalla.
* Levante-EMV - H. G., Valencia - 04 de mayo de 2008
Foto: En obras. La construcción del nuevo estadio avanza en el antiguo solar municipal de Corts Valencianes/ fernando bustamante, levante-emv.com
El alcalde de Sayalonga, imputado por presuntas irregularidades urbanísticas
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SUR/Málaga* : Un juzgado de Torrox ha citado como imputado al alcalde de Sayalonga, el socialista José Luis Navas, para declarar en un procedimiento judicial abierto por presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con la construcción de cuatro viviendas en suelo agrícola. En concreto, al regidor se le imputan presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho.
Navas, sin embargo, ha asegurado que las cuatro viviendas agrícolas cuentan con todos los permisos y licencias municipales, por lo que dice estar seguro de la legalidad de su actuación como alcalde.
Asimismo, el mandatario se ha mostrado convencido del sobreseimiento y archivo del caso una vez que el juzgado que ha abierto las diligencias conozca y analice toda la documentación.
El procedimiento judicial se inicia a raíz de una denuncia realizada ante la Fiscalía por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la construcción de cuatro viviendas en suelo rústico, concretamente en la zona conocida como Bajatillo, según ha declarado el alcalde.
Denuncia
Las presuntas irregularidades urbanísticas por las que el juzgado torroxeño ha citado a declarar a Navas fueron detectadas a raíz de una inspección rutinaria de los agentes del Seprona, aunque el alcalde dice estar convencido de que detrás se esconde la denuncia de un particular. «Son cuatro viviendas agrícolas que cuentan con su preceptivo proyecto de actuación», según el regidor. El proyecto de actuación es exigido para justificar el uso agrario de la parcela en la que se quiere edificar. «Estamos hablando de casas que están construidas desde hace entre tres y un año en parcelas que superan los 5.000 metros cuadrados y que toda la vida se han dedicado al cultivo del níspero y el olivo», ha asegurado Navas.
El alcalde ha anunciado su intención de iniciar acciones legales una vez que se archive la causa para restituir su imagen. «No se puede acusar gratuitamente a nadie de esta manera, porque no hay ningún indicio de delito», ha asegurado Navas.
El de Sayalonga no es el único alcalde de la comarca que está procesado por un presunto delito urbanístico. Recientemente, la Fiscalía de Málaga ha solicitado un año y medio de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo público para el alcalde socialista de La Viñuela, Juan Millán, por conceder presuntamente tres licencias de obras para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y sin realizar los trámites necesarios en los expedientes.
Otros casos
También la Fiscalía ha denunciado al alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE), por conceder presuntamente licencias de reforma cuando en realidad se trataba de nuevas construcciones en suelo no urbanizable. El pasado mes de marzo, el ex alcalde popular de Cómpeta, Leovigildo López, ya retirado de la vida pública, era condenado a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística, también relacionado con la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable.
* SUR - 04.05.08 - A. PELÁEZ / J. CANO
Foto: Sayalonga (Málaga) - participaenandalucia.net
El mal ejemplo de Seseña
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ELPAÍS* : Seseña (Toledo) se ha convertido en el gran emblema del fiasco inmobiliario. En la macrourbanización de Francisco Hernando, Paco El Pocero, los inversores que adquirieron viviendas compiten con el promotor con descuentos suculentos. Hernando lo tiene mal para levantar 13.508 viviendas. De éstas, hace un mes tenían licencia de primera ocupación 2.536. En la urbanización sólo residían 750 personas. Sin embargo, Seseña es sólo la punta del iceberg.
Según los datos del Consejo de Colegios de Arquitectos Técnicos y Aparejadores, Castilla-La Mancha es la quinta comunidad que más ha construido en los últimos tres años: 123.000 viviendas de obra nueva. De éstas, de acuerdo con el Colegio de Registradores y el INE, las inmobiliarias han vendido sólo 38.907, lo que arroja una enorme bolsa de 85.763 pisos sin hallar comprador. Dos de cada tres de los terminados desde 2005.
El director de Análisis de la consultora Aguirre Newman, Javier García-Mateo, asegura que muchas de estas promociones se han ido construyendo al calor del trazado del AVE en la comunidad. "Eran poblaciones con suelo muy barato que se adquirió con fines especulativos", afirma.
Las viviendas que se han ido construyendo en Castilla-La Mancha no han parado de crecer. Se terminaron alrededor de 31.000 en 2005, 37.500 en 2006 y 47.500 el año pasado. En cambio, la demanda se mantuvo muy estable durante todo este tiempo: se vendían unas 12.000 casas al año.
El director del Máster de Asesoría y Consultoría Inmobiliaria de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, sostiene que los promotores han jugado con el desplazamiento de ciudadanos madrileños a la periferia para edificar en Castilla-La Mancha. "Creían que la subida de precios de la capital expulsaría los ciudadanos de la comunidad. Y compraron suelos a precios bajísimos para vender pisos a precios muy altos, pensando que la demanda sería infinita. Pero el exceso de oferta es enorme", afirma Bernardos.
García-Mateo recuerda que en Castilla-La Mancha se han desarrollado resorts turísticos. El mayor de todos, está previsto que esté operativo en 2010. Es El Reino de Don Quijote, a tres kilómetros de Ciudad Real, que tendrá un casino de la firma americana Caesars. Se trata de un desarrollo urbanístico que cuenta con 1.250 hectáreas. En él habrá un casino, hoteles, balnearios y, cruzando las vías del AVE, 8.900 viviendas, de las cuales se construirán 2.000 en una primera fase.
* ELPAIS.com - LL. PELLICER - Barcelona - 04/05/2008
Foto: Seseña macrourbanización - ULY MARTÍN (El País)
La M-30 pudo incumplir las normas ambientales
El Juzgado nº 22 de lo contencioso administrativo de Madrid, a instancias de Ecologistas en Acción*, planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trataba de determinar si los proyectos de ampliación y reforma de la M-30 cumplieron con la normativa ambiental comunitaria. Tras las declaraciones de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea todo parece indicar que el Tribunal dará la razón a la organización ecologista.
Ecologistas en Acción interpuso en julio de 2005 un recurso contencioso administrativo contra la aprobación de los proyectos de la M-30 que afectaban a las riberas del río Manzanares, tras haber presentado las correspondientes alegaciones e incluso presentado ante el propio Ayuntamiento el pertinente recurso administrativo.
A lo largo del procedimiento, Ecologistas en Acción ha defendido la nulidad de los proyectos por la flagrante vulneración de la normativa medioambiental y de protección del patrimonio histórico y cultural que supuso su aprobación. El Ayuntamiento, como es sabido, se oponía arguyendo que la obligación de someter a la previa evaluación de impacto ambiental a los proyectos de reforma de autovías y carreteras no resulta aplicable a “vías urbanas” como la M-30.
Pero, en contra de esta interpretación del gobierno municipal, el Magistrado-Juez Titular del citado Juzgado entendió en su Auto que el proyecto “Madrid calle 30” supone una “magna y compleja obra de ingeniería civil que responde a un proyecto global y unitario de mejora y reforma de la práctica totalidad de la autovía de circunvalación de Madrid” que ha sido “fragmentado y tramitado como quince proyectos distintos e independientes” sin que ninguno de ellos haya sido evaluado ambientalmente con carácter previo a su aprobación, lo que “justifica la necesidad de cuestionar si es preceptiva desde la óptica normativa europea de medioambiente su sumisión a previa y preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental”.
Dado que la normativa de evaluación ambiental tanto española como autonómica derivan de la Directiva 85/377 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, el Juzgado núm. 22 de lo contencioso resolvió en enero de 2007 remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por cierto, que se trata de la primera vez que se ha utilizado este mecanismo en un asunto de carácter medioambiental.
De este modo, el máximo intérprete de la legislación comunitaria se pronunciará en breve acerca de la aplicabilidad de la citada normativa comunitaria a los proyectos que aprobó y ejecutó el Gobierno municipal presidido por Alberto Ruiz-Gallardón. Y, para la organización ecologista, después de escuchar las declaraciones de la Abogada General, no le cabe duda de que el Tribunal de Justicia de la UE fallará quitando la razón al Ayuntamiento.
Una vez exista sentencia firme del Tribunal Europeo, el Magistrado-Juez del Juzgado contencioso administrativo nº 22 dictará su sentencia que, en buena lógica, no podrá contradecir a la más alta instancia judicial europea. Se hará así evidente lo que ha venido defendiendo Ecologistas en Acción desde el primer momento: que pese a los intentos de distracción del Ayuntamiento, pocas dudas hay de la continua vulneración de la legislación ambiental que ha supuesto esta obra, que sólo ha estado sujeta a los intereses electoralistas de Ruiz-Gallardón. Convienen recordar que entre otros, la obra acumula un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, un duro informe del Parlamento Europeo y, ahora, un más que previsible refrendo de esta ilegalidad por parte del Tribunal Europeo de Luxemburgo.
* Ecologistas en Acción de Madrid - 30 de abril 2008
