ELPAÍS/Málaga* : La escena se ha repetido en 60 ocasiones. El Ayuntamiento de Marbella, presidido por Ángeles Muñoz (PP) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que aplace la ejecución de 60 sentencias que afectan a viviendas ilegales de la ciudad, amparándose en que es mejor esperar a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para ver si esas construcciones tienen cabida y no es necesario demolerlas.
Hasta el momento, la postura del Ayuntamiento ha sido secundada por la Junta de Andalucía, que denunció las irregularidades y solicitó la ejecución de varias sentencias. De hecho, el equipo redactor del PGOU ya propuso regularizar 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones por el que los promotores aportan de su bolsillo los terrenos para zonas verdes y equipamientos esquilmados a sus vecinos en los últimos 15 años.
"La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha aceptado nuestra petición en cuatro ocasiones", declararon ayer a Europa Press fuentes municipales. La situación se ha dado cuando todas las partes implicadas están de acuerdo en dejar en suspenso la sentencia, como en el caso de la nave de materiales de construcción La Juanita, levantada sobre una zona de equipamiento y condenada a ser expropiada.
Los problemas llegan con la entrada en escena de intereses de particulares cuyas casas han perdido vistas o zonas de recreo por las viviendas ilegales. Entre ellas está la comunidad de propietarios Los Monteros, que reclama la ejecución de una sentencia que implicaría la demolición de parte de la vivienda que el actor Antonio Banderas tiene a pie de playa. La licencia de obra, otorgada en 1995, ha sido anulada porque parte de la construcción ocupa una zona destinada a equipamientos.
En este caso, como en el resto, el Ayuntamiento ha pedido tiempo al TSJA, mientras que la comunidad de propietarios se ha negado a aplazarlo más. "No se puede dejar la ejecución de una sentencia a un plazo indeterminado teniendo en cuenta que ni siquiera se han resuelto las alegaciones que se han realizado en su aprobación inicial", opina la abogada Inmaculada Gálvez, letrada de la comunidad de propietarios, en su escrito. "El Ayuntamiento tendría que haber marcado un plazo máximo para su cumplimiento", añade.
En su lucha para que el consistorio no dilate más la ejecución, los vecinos de Los Monteros han denunciado ante la Fiscalía al equipo de gobierno de Ángeles Muñoz. Estos residentes creen que la negativa de la alcaldesa a derribar propiedades ilegales con sentencia firme hasta que se apruebe el nuevo plan supone prevaricación. En su denuncia, los vecinos hacían notar que en la delegación de Urbanismo no se había movido un dedo para ejecutar cuatro sentencias, entre las que se incluye la demolición de parte del chalé de Banderas.
El fiscal todavía tiene que resolver si acepta otra denuncia similar de Ecologistas en Acción. En ella, también se acusaba al equipo de Muñoz de supuesta prevaricación al negarse a revisar 1.000 licencias y convenios con irregularidades suscritos por el GIL entre 1991 y 2006.
Los vecinos de Arroyo Guadalpín también batallan por conseguir que se ejecuten los fallos. Reclaman que se cumpla una sentencia que anula la licencia del edificio Jardines del Príncipe porque sobrepasa la edificabilidad y les quita vistas.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 21/03/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
Marbella solicita que se aplace la ejecución de 60 fallos urbanísticos
Los barrios también somos Madrid
OTROMADRID* : Declaración por los barrios de Madrid. Los barrios somos parte de esta ciudad.
Hubo un tiempo en el que no era necesario decirlo, cuando los barrios éramos protagonistas de la historia de un Madrid que despertaba a la modernidad. De aquella época fueron las remodelaciones y las luchas por una vivienda digna. Tiempos en que nuestros sueños se convirtieron en grandes logros: parques, colegios, centros culturales, instalaciones deportivas y un largo etcétera. Gracias a la participación de todos estábamos construyendo una ciudad más humana. Orcasitas, El Pozo, Carabanchel, Palomeras, Vallecas, Villaverde, San Blas o Caño Roto…. fueron barrios emblemáticos, formados a partir de la inmigración de los años cincuenta y sesenta, cuando nuestros padres vinieron a buscarse a vida a la gran ciudad, como ahora hacen miles de inmigrantes. Cuando Madrid estaba en plena "movida" los barrios incluso fuimos capaces de crear nuestra propia cultura urbana: fuimos los "hijos del agobio", con nuestra música: el rock urbano y las rumbas, nuestro lenguaje, el cheli, y nuestra identidad: el barrio obrero con sus bailongos, charlas de patio y fiestas de gigantes y cabezudos. Supimos superar con imaginación y voluntad los años duros de la crisis y la heroína. Porque en ese tiempo, que ahora parece remoto, los barrios teníamos voz y sentíamos "orgullo de barrio" como sinónimo de convivencia democrática y lucha por las libertades. Actualmente los barrios hemos caído en el olvido. Se nos ha relegado al papel de pequeñas ciudades dormitorio en torno al "Gran Madrid". Pequeñas islas donde la lucha por la vida se desenvuelve al margen de lo institucional y lo mediático. Hay barrios que tienen incluso más habitantes que otras que llaman ciudades y sin embargo permanecemos invisibles, diluidos en la gran urbe impersonal. De nuevo los barrios reivindicamos nuestro papel en el diseño de la ciudad. Porque tenemos nuestra propia identidad, nuestra historia, nuestras costumbres y manifestaciones culturales. Porque aunque entendemos que cualquier proyecto de ciudad ha de tener una proyección global, ésta no debe ser incompatible con los barrios. Por el contrario, los barrios podemos contribuir a enriquecer la ciudad, a hacerla más habitable, más cohesionada, más humana. Los barrios tenemos un gran papel que desempeñar en el Madrid del siglo XXI. ¡Queremos salir de la invisibilidad y formar parte de esta ciudad! ¡Queremos tener una voz propia y que sea tenida en cuenta! Porque los barrios también somos Madrid
ADHESIONES
MOVIMIENTO VECINAL
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM)
A.VV. Progreso de la Fortuna
A.VV. Los Pinos de San Agustín
A.VV. Los Pinos de Retiro Sur
A.VV. Barrio de Zofio
A.VV. Valle Inclán de Prosperidad
A.VV. Barrio del Lucero
A.VV. Las Águilas
A.VV. Poblado de Orcasitas
A.VV. Cornisa de Orcasitas
A.VV. Orcasitas
A.VV. La Unión de Vallecas
A.VV. La Popular
A.VV. Las Cárcabas
A.VV. Comerciantes de Villaverde
A.VV. La Princesa
A.VV. San Fermín
A. VV. Cuatro Caminos
A.VV. Villarrosa
Centro Sociocultural Mariano Muñoz
Movimiento por la Calidad de la Educación en el Sur y en el Sureste de Madrid
Más adhesiones en www.orcasitas.net
* Otro Madrid - Orcasitas reivindica los barrios como parte del modelo de ciudad - 18/03/08
Foto: Madrid, Orcasitas manifestación ante el Ivima (4 de marzo, 2008) - orcasitas.net
Ávila: Viviendas sin licencia y sin red de saneamiento en el Campo Azálvaro
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ÁVILADIGITAL* : El Ayuntamiento de Santa María del Cubillo ha actuado “con una política de hechos consumados” y “sin ajustarse a derecho” en relación con la urbanización ‘El Castillo’ del Campo Azálvaro, en las inmediaciones del embalse de Serones, donde ya hay construidas varias viviendas que no cuentan con red de saneamiento y que podrían estar contaminando el río Voltoya, del que se abastece la capital abulense.
El presidente de Centaurea, Carlos Bravo, ha manifestado al respecto, después de las declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila de tres de los testigos por la ejecución de obras “ilegales” en la zona, que la empresa Lagos SA, promotora del proyecto, y el propio Ayuntamiento de Santa María del Cubillo “vulneran la normativa”.
La urbanización, que contempla la construcción de 2.000 viviendas unifamiliares junto al río Voltoya, del que se abastece la capital abulense, ha llegado a la vía penal por los trabajos ejecutados durante el pasado verano en la zona, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulara el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales.
“Contaminación directa”
Según Bravo, a pesar de no estar aprobado el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales ni el de Aguas Negras, ni estar aprobados los planes parciales –un informe de noviembre de 2002 de la Consejería de Fomento indicaba que los planes parciales de Cantos Altos, La Lancha y El Castillo no estaban aprobados porque no existía Plan de Saneamiento- ya están construidas al menos diez viviendas “que son habitadas temporalmente” y que podrían estar contaminando la zona.
“Además de ser ilegales porque no tienen licencia, a dónde van esas aguas, si no está hecho el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales ni el de Aguas Fecales, y no están las depuradoras construidas”, ha cuestionado Bravo, quien ha destacado que “se está produciendo una contaminación directa al medio ambiente y eso es delito”. “No sabemos si a través del subsuelo o de forma directa, pero puede estar llegando al río Voltoya, que es Área Crítica para la cigüeña negra y también fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Ávila”, ha manifestado.
Tras la declaración como testigo de la secretaria del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, Mª Carmen Fernández Ballesteros, Bravo ha resaltado que, “frente a lo que sostiene la secretaria de que esos planes parciales están aprobados por silencio administrativo, hay documentación de la Consejería de Fomento que dice no lo están, por lo que no se pueden iniciar las obras”.
Fernández Ballesteros, por su parte, no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación porque “eso les corresponde a los políticos, los funcionarios no debemos dar opiniones”.
Durante su declaración ante el juez, según ha explicado Bravo, la secretaria sostuvo los mismos argumentos que el representante legal de Lagos SA, Jesús Gutiérrez Talegón, que es hasta el momento el único imputado. Así, defendió ante Miguel Ángel Pérez Moreno, el juez titular del Juzgado número 2 de Ávila, que “los planes parciales están aprobados” y que no se ha ejecutado ninguna obra en relación con el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales.
Bravo ha destacado, sin embargo, que “no ha podido refutar los documentos que ha mostrado el abogado de Centaurea en los que se muestra que no están aprobados esos planes parciales”.
Viviendas “consolidadas”, pero sin licencia
En cuanto a las viviendas que ya están construidas, la secretaria “ha reconocido” ante el juez que “no tienen licencia”, pero considera que “están consolidadas porque ha pasado mucho tiempo desde que se construyeron y se consideran legales”. “El Ayuntamiento no puede tomar la decisión de legalizarlas”, ha manifestado Bravo al respecto.
También este miércoles declararon ante el juez el secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo, Francisco Javier Machado, quien reconoció que no están aprobados los planes parciales, y el vocal de la Ponencia Técnica, Javier Melgosa, que emitió un voto particular en representación de la Federación Regional de Municipios y Provincias por ser entonces concejal en el Ayuntamiento de Ávila y que explicó en su comparecencia que votó en contra porque no estaban aprobados los planes parciales ni se había superado el trámite ambiental.
Contradicciones en la declaración del promotor
Y por lo que se refiere a la declaración del imputado, que compareció ante el juez el lunes, Centaurea considera que “mintió” e incurrió en varias contradicciones al asegurar, por una parte, que no se habían ejecutado obras relacionadas con el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales y después, a preguntas de su abogado, que los trabajos realizados se referían a la “red de saneamiento de aguas pluviales y residuales, abastecimiento de aguas y de electricidad, telefonía y viales”.
Fue el 3 de agosto de 2007 cuando la asociación ecologista Centaurea y Comisiones Obreras denunciaron ante el Seprona el inicio de obras ilegales en la urbanización, después de comprobar que “en plena temporada de incendios y de cría y concentración de la cigüeña negra, diversa maquinaria pesada trabajaba realizando las calles”. Sólo un mes antes, el Tribunal Superior de Justicia había anulado el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales.
Cabe destacar también que ambas organizaciones han iniciado una campaña para que Campo Azálvaro sea declarado Paisaje Protegido, por tratarse de una zona con una gran riqueza ambiental en la que anidan varias especies protegidas.
* Ávila Digital - María Cuenca - 19/03/2008
Foto: Santa María del Cubillo (Ávila), urbanización Campo Azálvaro - aviladigital.com
Urbanismo y corrupción urbanística
JUAN IGNACIO GONZÁLEZ* : En estos últimos años se han construido en España más de 800.000 viviendas al año. Esto ha hecho decir irónicamente al Instituto Nacional de Estadística que en España el modelo de familia que más crece es 'el piso vacío'. Al mismo tiempo que esto ocurre, los ayuntamientos tienen un déficit económico crónico y un serio problema de financiación que sólo puede superar con los recursos económicos extraídos del juego inmobiliario. Si a estos datos sumamos que la expansión urbanística descontrolada se produce en muchas zonas rurales tradicionalmente deprimidas y con fuertes tasas de desempleo, tenemos el marco institucional específico de la corrupción política.
Así pues, se dan unas serie de características institucionales estimuladoras de la corrupción política con apoyo y connivencia social: un falso mercado inmobiliario dependiente de decisiones políticas y administrativas. Los ayuntamientos tienen en su mano decisiones políticas que crean mercado y estructuras de oportunidades inmobiliarias fabulosas, o las cierran. La estrategia más racional de un promotor urbanístico pasa por la compra de voluntades políticas municipales, más que por la mejora de la eficiencia, de la productividad, de los precios o de la calidad.
La financiación y la liquidez de los ayuntamientos dependen de las rentas obtenidas con la expansión urbanística. Los alcaldes pueden, con estos fondos, avanzar y ofertar políticas visibles y tangibles, que con la financiación ordinaria sería mucho más difícil.
Teniendo en cuenta el modelo de financiación municipal existente y el modelo económico basado en el ladrillo, está claro quién es el que se acerca más a esta oferta. No debemos olvidar también que la financiación proveniente del ladrillo parece que aleja la tentación de aumentar la presión fiscal municipal (aunque esto es una ilusión que los datos demuestran como falsa, pues el 100% de los municipios españoles con más presión fiscal, están sometidos también a una fuerte presión urbanística).
Estas características dibujan el entramado de intereses que gobiernan las decisiones municipales. Los intereses convergentes de los promotores urbanísticos (ganar dinero), de los políticos municipales (ganar las elecciones) y de los electores (más servicios, menos impuestos, más expectativa de renta y trabajo) se ven ampliamente satisfechos en este modelo de especulación y expansión urbanística que implica, en muchas ocasiones, corrupción política. En lo inmediato, cada uno de estos tres actores gana, aunque al final, todos perdamos.
Son muchos los neoliberales que platean que si se eliminase la regulación administrativa del suelo desaparecería la corrupción. Y están en lo cierto. Tan en lo cierto como estaría quien afirmara que si eliminamos la policía desaparecería la corrupción policial. ¿Pero qué ocurriría, entonces, con el Estado de Derecho y la seguridad pública? Esta solución es tan inválida como la de cortarse la cabeza para eliminar la migraña. Pero que ésta no sea la solución no implica que no haya soluciones.
Es clave reducir la capacidad de decisión urbanística de los ayuntamientos y complicar y elevar (comunidades autónomas y Estado) las competencias. Establecer mecanismos de participación ciudadana cualitativos, y por último, desmercantilizar y desprivatizar la vivienda, despojándola de su carácter de bien de consumo, en favor de su naturaleza de derecho fundamental, por medio de una fuerte entrada del sector público (VPO, alquileres, etcétera).
Las rentas públicas del suelo deben ser recaudadas y distribuidas por las comunidades autónomas, sin participación de los ayuntamientos. El objetivo es evitar que exista una asociación directa o indirecta entre la renta inmobiliaria obtenida y los presupuestos y liquidez de los ayuntamientos y, en paralelo, hay que aumentar la participación de los ayuntamientos en los gastos del Estado (el 40%).
* El Comercio Digital - Opinión - 21.03.08 - JUAN IGNACIO GONZÁLEZ
