Gijón: El plan urbano, bajo sentencia

LNE* : A la concejalía de Urbanismo le crecen los enanos. Cuando todavía no se ha sobrepuesto del escándalo de Cabueñes y del llamado «caso Blanco», una sentencia judicial determina que su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es contrario a derecho por irregularidades medioambientales y de tramitación. El Ayuntamiento, que recurrirá este fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, asegura que nada cambiará hasta que se pronuncie el Supremo.

Esta situación sin precedentes en el municipio deja a Gijón en una posición muy comprometida. Si el PGOU finalmente se anula, habrá que repetir su tramitación, lo que ralentizaría algunas de las actuaciones residenciales que iban a marcar el crecimiento de la ciudad, actuaciones que suman 3.036.284 metros cuadrados de terreno -además del suelo industrial generado en Casares -y 7.454 viviendas, esto es, un 75 por ciento de los pisos anunciados al otro lado de la Ronda Sur. Éstos son los proyectos en riesgo de paralización.

l Castiello de Bernueces. La mayor operación urbanística surgida del PGOU, con un ámbito de actuación que ronda el millón de metros cuadrados, donde está previsto levantar unas 4.000 viviendas. En el proyecto participan una treintena de particulares y 18 empresarios de la construcción, en su mayoría, locales. Hace un par de semanas el Ayuntamiento le daba luz verde a su junta de compensación, formulismo administrativo imprescindible para emprender una iniciativa privada de este tipo. Con este paso entraban en la recta final del proceso de tramitación. Los promotores mantenían su idea de iniciar las obras de urbanización el próximo año pese a la crisis. A ver.

l Cabueñes. Se encuentra empañado por otro juicio, en el que se deberá dilucidar si el ex jefe de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento, Ovidio Blanco, actuó delictivamente en relación con este proyecto. EL TSJA echa leña al fuego. En juego está la construcción de 655 viviendas. Esta nueva área residencial, muy contestada por los vecinos, se extendería entre la antigua carretera de Villaviciosa y el Hospital, ámbito en el que tienen intereses cuatro promotoras y varios particulares, que iniciaron en junio de 2007 las pertinentes gestiones administrativas. También son propietarios de suelo el Ayuntamiento y Cajastur.

l Granda. Está liderado por la promotora Covibarges, con presidente asturiano y sede en Madrid. Abarca una superficie de 321.633 metros cuadrados bajo el nudo de la Autovía Minera, entre la carretera de Pola de Siero y la senda fluvial del Piles. El diseño de la actuación se presentó en los servicios urbanísticos municipales en marzo de 2008. Se trabaja con la previsión de edificar unos 1.200 pisos.

l Alto del Infanzón. Se trata de una operación de 370 viviendas unifamiliares, cuya configuración administrativa y técnica todavía está en pañales. Habrá que ordenar unos 543.000 metros cuadrados de terreno. Esta nueva bolsa de suelo urbanizable está localizada en la zona de La Providencia. La operación tendrá que aunar los intereses de un amplio grupo de propietarios, entre ellos, una promotora gijonesa.



2002. Se inicia la actualización del PGOU. Se encomienda el trabajo al arquitecto madrileño Luis Felipe Alonso Teixidor.

Diciembre de 2003. Primer período de información pública, sólo para sugerencias. La zona rural empieza a movilizarse en contra del PGOU.

Diciembre de 2005. El Pleno municipal da su aprobación definitiva del Plan General, que recibió más de 3.000 alegaciones. Se abre un plazo para la presentación de recursos de reposición.

Abril de 2007. Se aprueba el texto refundido, que incorpora la respuesta a esos recursos. El PGOU entra en vigor. Varios colectivos ciudadanos, principalmente rurales, continúan su batalla contra el plan en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Julio de 2009. El TSJA responde al primero de los contenciosos, interpuesto por una familia de Mareo de Arriba. El alto tribunal asturiano atiende su petición de anular el PGOU; entiende que no se ajusta a derecho por irregularidades medioambientales y de tramitación. La patronal de la construcción llama a la calma, pese a que esta sentencia podría paralizar proyectos residenciales de gran envergadura. El PP pide dimisiones.







* La Nueva España - M. SUÁREZ - 19.07.09
Foto: Gijón, Cabueñes - fotolog.com

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Aznalfarache: La plataforma de vecinos rechaza que se elimine el parque urbano de Los Pitufos

DIARIODESEVILLA* : La Plataforma de vecinos de San Juan de Aznalfarache critica, en sus alegaciones a la adaptación del Avance del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que "se altera notablemente el uso del suelo y los espacios libres, zonas verdes y hacen desaparecer del mapa como por arte de magia el único parque urbano declarado" como es el de Los Pitufos, que desde hace dos años sirve de almacén de las obras que se están realizando en el Pueblo por "(incompetencia y deterioro del equipo socialista que gobierna".

La plataforma también se queja de que "nos quieren meter por la cara unas 1.500 viviendas más que no corresponden con el documento de Avance de PGOU sin comtemplar el desarrollo de las viviendas protegidas que exige la ley".

La entidad califica de "bastante picaresco o quizás no por menos malintencionado" que el Ayuntamiento no haya colgado en la web municipal el documento de adaptación ni siquiera el 15 de julio, cuando se cumplía el plazo para entregar las alegaciones al mismo.

En el documento presentado, la plataforma de vecinos considera, en primer lugar, que la adaptación parcial omite sistemas generales de espacios libres, contemplados en la planificación actual, tales como Vistahermosa (junto a Tomares), el escarpe del castillo hacia Mairena y el parque de Los Pitufos, por lo que se "modifica arbitrariamente la ordenación estructural" prevista en el decreto 11/2008.

En vivienda, la plataforma vecinal considera que la Adaptación Parcial "encubre un sustancioso incremento de edificabilidad y no contempla el desarrollo de viviendas protegidas", por lo que incumple también el decreto 11/2008 por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. Según los vecinos, se incrementa el número de viviendas en más de 1.500 y no se contempla para nada la vivienda de protección, por lo que debería ser propuesto y modificado en un documento de planeamiento posterior a éste de adaptación. La tercera alegación tiene que ver con la construcción de la vía Parque del Zaudín. Se incluye en la red de tráfico principal y como sistemas generales viario, lo que no sería de utilidad para el pueblo de San Juan como viario, a que su construcción sólo prestaría servicio a los usuarios del centro comercial donde se ubica Media Markt.

Por otro lado y al no recogerla ningún otro documento como viario metropolitano, su financiación la tendría que sufragar el Consistorio sanjuanero, y actualmente las arcas municipales no están para eso, San Juan tiene otras muchas necesidades mucho más prioritarias.

La plataforma considera que incluir esta vía incumple la normativa en cuanto a que se ha modificado estructuralmente el documento de adaptación.







* Diario de Sevilla - A. S. A. , San juan de aznalfarache - 18.07.09
Foto: San Juan de Aznalfarache (Sevilla) - sevillaactualidad.com

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Gondomar "perdió" 700.000 euros en una permuta ilegal

ELPAÍS/Pontevedra* : Carlos Silva Mariño, alcalde de Gondomar en el anterior mandato y, tras la moción de censura del pasado día 7, concejal de Hacienda y Personal, impulsó como regidor la permuta de una parcela municipal de 10.725 metros cuadrados, clasificada como suelo urbanizable, por otra de 1.450 metros, falseando los precios de una y otra. El Ayuntamiento "perdió" casi 700.000 euros en la operación, que ahora ha anulado en sentencia firme el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La permuta fue aprobada por el pleno municipal en julio de 2004 con los votos del grupo popular, que gobernaba bajo la presidencia de Carlos Silva, y los votos en contra del BNG y PSOE. El gobierno valoró la parcela municipal en 900.000 euros y la particular, propiedad de Promociones Colmeiro y Martínez SA, en 574.997 euros, y dos meses después rechazó un recurso de reposición contra ese acuerdo presentado por el BNG, que acabó llevando el asunto al juzgado de lo contencioso administrativo de Vigo.

La parcela de Promociones Colmeiro era de uso comercial que el plan general de entonces -anulado un año después por el Tribunal Supremo- hacía prácticamente inviable por las reservas de suelo para aparcamientos que requería su utilización teórica. La parcela municipal, a la entrada de la localidad por la carretera de A Ramallosa, admitía, sin embargo, un desarrollo residencial. El perito judicial fijó para la primera un valor de 418.116 euros y para la municipal, de 1.422.225 euros. El gobierno de Silva había aceptado una diferencia de valor de 325.000 euros cuando esa diferencia se elevaba, según el perito judicial, a 1.004.000 euros.

La sobrevaloración de la parcela privada y la infravaloración de la municipal había tenido el efecto de burlar el tope del 40% de la diferencia de valor entre ambas para permitir con ello la permuta, ya que de superar ese porcentaje, como era el caso, tendría que haberse tramitado por un sistema de subasta.

El juzgado estimó en su sentencia, en julio de 2007, que había una falta de motivación de la permuta y que hubo "una incorrecta o fraudulenta valoración de las parcelas". Promociones Colmeiro y Martínez recurrió el fallo ante el TSXG, que en sentencia firme, con fecha 30 de junio último, ha desestimado el recurso de la promotora y ha anulado el acuerdo plenario de julio de 2004 que aprobó la permuta.

Ahora el asunto se complica porque en la parcela municipal ya hay construido un bloque de unas 40 viviendas. "Un nuevo pelotazo urbanístico del gobierno de Carlos Silva queda al descubierto", señalaba ayer el BNG al dar a conocer la sentencia, después de la agitación que ha vivido el municipio en las últimas semanas por causa de la moción de censura que expulsó a los nacionalistas del gobierno para hacer alcalde al candidato del PP, Martín Urgal, en un confuso procedimiento de militancias aún no aclarado.

Una primera tentativa de moción de censura, en mayo, fracasó porque el candidato a sustituir al alcalde nacionalista, Antón Araúxo, era el ex alcalde Carlos Silva, condenado a prisión e inhabilitación, como toda su junta de gobierno -aunque están pendientes de que se falle su recurso-, por prevaricación urbanística en relación con un pequeño lote de las más de 300 licencias que concedieron al amparo del plan general de urbanismo anulado por el Tribunal Supremo. La candidatura de Urgal a la alcaldía, en lugar de la "poco estética" de Silva, permitió que la moción de censura prosperase con el apoyo de los cuatro concejales del grupo socialista y de un independiente.

En el nuevo gobierno, Carlos Silva figura como concejal de Hacienda y Personal y es el único que mantiene la militancia en el PP, ya que el resto del grupo pidió la baja momentos antes de ejecutarse la moción de censura, el pasado día 7, "para no perjudicar al partido" en relación con el pacto antitransfuguismo. Todo el grupo socialista, por su parte, fue expulsado del PSdeG por apoyar la moción.

En el pleno que sirivió de estreno al nuevo gobierno, el viernes, los concejales de ambos grupos, que teóricamente deberían engrosar un nuevo grupo de "no adscritos", se reivindicaron como miembros de sus anteriores grupos, un tema secundario, según explicó el nuevo alcalde, Martín Urgal, para quien lo importante es que "hay 12 actas legítimas de concejales que trabajan para que Gondomar avance".

En el PP provincial reafirman ese criterio, hasta el punto de que el vicepresidente de la Diputación y del partido, José Manuel Figueroa, presentó el pasado jueves en la sede de la Diputación en Vigo, junto a Martín Urgal y Carlos Silva, la I Festa da Anguriña, una estrambótica celebración para promocionar el turismo y esa "excelencia gastronómica" de Gondomar de la que no se tenía la menor noticia y que se limita a aprovechar una marca comercial de Pescanova. La festa se celebrará hoy y todo ello es reflejo, según el BNG, de la "corrupción rampante, en urbanismo y en todas las actividades", que se ha reinstalado en el ayuntamiento de Gondomar desde la moción de censura.






* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 19/07/2009
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es

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Con tapón irrellenable

RAFAEL DE LA FUENTE* : La convocatoria del Consejo de Europa a la cuarta reunión para la implementación de la Convención Europea del Paisaje nos alegró a los españoles que trabajábamos en ella. En lo referente a las expectativas de España, la reunión prometía ser interesante. Tendría lugar los días del 10 al 13 de Mayo de 2006. En el Ljublijanski Grad, el castillo de Ljubljana, la bella capital habsbúrgica de Eslovenia. Parecía un buen augurio. En especial para nosotros. El Gobierno español había firmado la Convención en Florencia el 20 de Octubre del 2000. Pero este tratado internacional aún no había sido ratificado por el Congreso de España.

Los indicios nos confirmaban que la entonces ministra de Medio Ambiente, doña Cristina Narbona, cumpliría su compromiso con el Consejo de Europa: la convención debería ser ratificada antes del final de aquella legislatura, prevista para la primavera de 2008. Pensábamos que probablemente ésta sería nuestra última reunión antes de la entrada en vigor en nuestro país de este importante tratado internacional, en el que la mayoría de los españoles allí presentes habíamos puesto nuestras esperanzas.
Este convenio, como se le denomina en España, había nacido con dos versiones iniciales, una francesa y la otra en inglés: La Convention Européenne du Paysage (CEP) y la European Landscape Convention (ELC). Una convención es un tratado internacional de mayor rango que un convenio. No pude evitar la impresión que se nos aguaba el título – aunque lógicamente no el contenido– de un tratado que puede ser muy importante para los legítimos intereses de España, como país turístico. Y particularmente por representar este Convenio o Convención una oportunidad para cambiar una situación que desde hace medio siglo parecía no tener salida en nuestro país: la destrucción, impune demasiadas veces, de patrimonios naturales y urbanos muy valiosos, sobre todo desde el punto de vista de los intereses turísticos de España. Además de nocivos efectos colaterales, como la corrupción, enquistada en diversas zonas turísticas de la geografía de nuestro país.
Después de un retraso de siete años, gracias al empeño de la ministra Narbona, el Convenio Europeo del Paisaje fue ratificado por el Congreso el 26 de noviembre de 2007. El 29 de febrero de 2008 se celebró en Madrid el acto institucional que solemnizaba la entrada en vigor en nuestro país del tratado europeo para la protección del paisaje. Con la presencia de personalidades del Consejo de Europa y presidido por la ministra, ya en los últimos metros de su etapa política. El texto del tratado entró en el B.O.E. el día siguiente, el 1 de marzo de 2008. La ministra cumplió con su palabra. Muchos lamentamos que su mandato no continuara en la nueva legislatura.
Ha pasado más de un año y la Convención Europea del Paisaje parece ser uno de los secretos mejor guardados de España, tanto por las Administraciones Autonómicas como la Central. Y esto me trae a la memoria la aparente falta de entusiasmo por la Convención que observé entonces en un importante (y ligeramente despectivo) dignatario español presente en las sesiones de trabajo en aquel histórico castillo de la capital de Eslovenia: el Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno Balear, entonces presidido por don Jaime Matas. Seis meses después, me encontré en los periódicos con la noticia de la detención del Director General. Se le imputaban graves delitos relacionados con el caso Andratx. Un mayúsculo escándalo vinculado a la corrupción urbanística en Baleares y por los que parece ha sido recientemente condenado.
En los tiempos del "ancien régime" se decía que en el extranjero nos envidiaban, ya que España era la gran reserva espiritual de Europa. Pues sí. Y además con tapón irrellenable.






* La Opinión de Málaga - Opinión - 16.07.09

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