LAVOZDEGALICIA* : El desequilibrio entre la Galicia costera y la interior, un mal endémico diagnosticado ya hace tiempo, sigue arrojando cifras desalentadoras. Y ha dejado a esta comunidad dividida. Una pequeña porción de tierra que sigue la estela del mar, que está más desarrollada y poblada, vive algo separada del resto, como si fuera la tira alargada de una monda de naranja.
Un estudio de la Escola de Arquitectura y de la Facultade de Informática de A Coruña, que encargó la Consellería de Vivenda en la etapa del bipartito, revela que los municipios del medio rural gallego tienen 90.000 viviendas vacías, lo que supone el parque más alto de Europa. El trabajo fue solicitado por Teresa Táboas, ex conselleira y actual diputada del BNG, para conocer la realidad gallega y trazar una política encaminada a incentivar la rehabilitación. Plácido Lizancos, profesor de Arquitectura y uno de los responsables del informe, precisa que «o que máis sorprende das conclusións e que hai zonas onde as vivendas deshabitadas correspóndense con pisos novos»
Aunque el grueso de inmuebles vacíos son casas unifamiliares -típicas de labranza-, en los municipios rurales se han desarrollado promociones inmobiliarias que han tenido escaso éxito. «Por eso nós criticamos na nova normativa do solo que se abra a vía de levantar novas construcións no medio rural cando o que fai falla é unha intensa política de rehabilitación», argumenta la ex conselleira de Vivenda Teresa Táboas.
«Un deserto»
No hace mucho tiempo, el alcalde de Lalín y ex presidente de la Fegamp, el popular Xosé Crespo, ironizó sobre la acelerada desertización de la zona rural y llegó a afirmar que «a este paso moitos concellos so quedarían para ir de safari».
Los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que la comunidad gallega tiene ya 1.338 núcleos de población sin habitante alguno. Y que en un solo año 77 aldeas se han quedado sin habitantes, y que 8.070 tienen menos de diez vecinos. Ortigueira, uno de los municipios más extensos de A Coruña, lidera el ránking de aldeas abandonadas. Y el número de casas vacías es especialmente significativo en otros concellos coruñeses, como As Somozas y Carballo. En Lugo, municipios como Friol o Muras tienen también muchas aldeas fantasma. El informe elaborado por la Escola de Arquitectura y por la Facultade de Informática da cuenta de otros datos que subrayan la dispersión poblacional de la comunidad gallega: casi el 50% de los núcleos de población de España se encuentran en Galicia y el 72% de ellos tienen menos de diez casas.
En esta autonomía hay ya muchos concellos que tienen más casas que habitantes y, desde el año 1970, el 70% de los municipios perdieron más de la mitad de su población. El envejecimiento poblacional y, sobre todo, la crisis de la actividad agroganadera explican el vertiginoso proceso de desertización del medio rural. El declive del sector lácteo está arrastrando a toda la cadena de valor en los pueblos. «Se as explotacións non gañan cartos os veterinarios non teñen traballo, as empresas de produtos agrícolas tampouco e reséntense todos os negocios da vila; os comerciantes, os bares... Non só está en crise o sector lácteo senón todo o campo galego», recuerda Roberto García, secretario xeral del sindicato Unións Agrarias.
* La Voz de Galicia - 14.03.10
Foto: Galicia, construcciones abandonadas en los ríos - lavozdegalicia.es
Galicia: El área rural tiene 90.000 viviendas vacías, la cifra más alta de Europa
Costas veta una serie en TVE sobre la destrucción del litoral
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ELPAÍS/Madrid* : El Ministerio de Medio Ambiente ha bloqueado la emisión de un documental para TVE que encargó Cristina Narbona en 2006 sobre la destrucción del litoral y que fue financiado con 1.292.874 euros de dinero público. El Gobierno exige retirar dos minutos de vídeo en el que se superponen imágenes del Telediario sobre la corrupción urbanística como uno de los males del litoral.
El responsable de la serie, el catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel Losada, se niega a retirar ese fragmento: "Desgraciadamente, la corrupción es parte de nuestra historia. Esto es una censura como la de las fotos de la Diputación de Valencia".
La serie Las riberas del mar océano es de todo menos neutra, especialmente, el capítulo 12, dedicado a la legislación. Bajo imágenes aéreas realmente espectaculares un locutor narra: "La costa concentra una parte sustancial de los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, de viviendas ilegales y de sentencias de demolición. Tras ella se esconde la complicidad social con la corrupción urbanística, que se manifiesta por la connivencia de algunos funcionarios, cargos públicos, profesionales y empresas de suministro. Todos ellos han consentido las actividades ilícitas y las prácticas corruptas. ¿Por qué hay tantos desmanes, abusos y corrupciones?".
Más adelante añade: "Gran parte del litoral español está en manos privadas, urbanizado, alterado profundamente o destruido. En muchos casos no existen las servidumbres de paso, protección y acceso al mar". Sobre El Algarrobico (Almería), se pregunta si se insiste de nuevo "en el desarrollo económico a toda costa".
En el documental hablan juristas como Tomás de la Quadra, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher -que define el deterioro ambiental como "un suicidio colectivo, algo brutalmente lamentable"- o Fernando Palao, el redactor de la Ley de Costas de 1988. Éste, que fue secretario de Estado en Fomento hasta hace un año, pide "una aplicación más estricta" de la norma y ha calificado en público de "pintoresca" la actuación del actual equipo de Costas con los chiringuitos.
La serie cita casos concretos de abusos como la urbanización en el Prat de Cabanes y plantea desmontar los poblados en primera línea en Chilches y Moncófar (todos en Castellón). El vídeo los sitúa dentro del dominio público y se pregunta si no sería más lógico trasladarlos en vez de regenerar las playas artificialmente.
"La serie no tenía absolutamente ninguna directriz política. No sólo eso, sino que me dieron libertad total para alcanzar unos objetivos que estaban bien definidos. Ni TVE ni yo somos una agencia de publicidad", explicó ayer por teléfono Losada, que lideró la serie junto al periodista Julio de Benito, ya fallecido. Losada añade que por respeto a De Benito no puede cambiar el documental que cerraron. La serie ha sido rodada durante más de dos años con personal de TVE.
El convenio entre el ministerio y la Universidad de Granada establece 10 objetivos del documental. El primero de ellos: "Transmitir que el litoral es de todos los ciudadanos y que todos tenemos el derecho y el deber de usarlo y protegerlo, de respetar y hacer respetar su ordenación, organización y control".
Los responsables del ministerio vieron la serie hace meses y plantearon seis objeciones técnicas. Según Losada, él las aceptó salvo la de retirar dos minutos en los que, con imágenes del Telediario, se suceden casos de corrupción: Telde, Andratx, Marbella... Losada justifica su resistencia: "Esas imágenes son fundamentales. Es parte de la historia de este país y no lo digo yo, sino los periódicos todos los días. Lamentablemente, es una parte de nuestra historia y si la ocultamos estamos condenados a repetirla".
Una portavoz del ministerio admitió ayer en un correo electrónico que, además de las objeciones técnicas, el departamento que dirige Elena Espinosa "solicitó que se eliminaran dos minutos de un capítulo de 45 en el que se afirmaba que el problema del litoral era la corrupción urbanística". Y justificó: "En opinión del ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la situación del litoral español responde a una mala planificación urbanística y a un exceso de edificabilidad, con independencia de que la corrupción sea, lamentablemente, una realidad en zonas de la costa".
Losada detalla cómo fue esa reunión, el pasado 24 de febrero en el ministerio: "Dijeron que el secretario general del Mar [Juan Carlos Martín Fragueiro] dio la orden de que con esas imágenes el capítulo 12 no se emitiría. La serie son 13 capítulos engarzados y como guionista no consiento que se cercene y no autorizo que se emita si no es la serie completa".
Medio Ambiente considera que "no ha vetado ni censurado ningún capítulo" de esta producción y argumenta que "una serie de carácter divulgativo y didáctico, avalada por el mismo, no puede contener ningún tipo de error o inexactitud ni dar pie a interpretaciones tendenciosas". "El ministerio y TVE", concluye, "están a la espera de que puedan realizarse estos cambios para que se pueda emitir una serie que considera de un gran interés".
Miguel Ángel Losada admite que la serie "muestra cosas flagrantes contra la Ley de Costas y contra la Constitución". "Las imágenes desde el aire son, muchas de ellas, muy dolorosas porque muestran un deterioro de una franja única e irrepetible convertida en una franja para cimentar edificios".
En el caso subyacen las diferencias entre la gestión del actual equipo y el de Narbona, mucho más beligerante en público contra los abusos urbanísticos en el litoral. Hay varios ejemplos del cambio, que fuentes del sector justifican por la crisis económica, la presión de países europeos contra las expropiaciones y por el miedo a perder votos. En diciembre de 2008, el ministerio envió al Congreso una reforma legal que suavizaba la Ley de Costas para permitir vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. La reforma sigue encallada en la Cámara. La Estrategia de Sostenibilidad del Litoral de la pasada legislatura, que contemplaba derribos masivos para recuperar el dominio público, sigue en un cajón. El subdelegado del Gobierno en Almería revocó la decisión del Consejo de Ministros de expropiar El Algarrobico, algo que Greenpeace ha llevado a los tribunales, ya que considera que un subdelegado no tiene competencias para corregir una decisión del Consejo de Ministros.
EL CAPÍTULO MÁS POLÉMICO
-A MEDIAS. La serie Las riberas del mar océano nace del convenio firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente, que aportaba 1.292.874 euros, y TVE el 12 de diciembre de 2006. Cada capítulo abre con los logotipos del ministerio y de TVE.
-LA CORRUPCIÓN. Incluye dos minutos de imágenes del Telediario sobre escándalos urbanísticos: Marbella, Andratx, Gondomar, Telde... El Gobierno exige eliminarlas; no considera que la corrupción sea la causa del desorden en el litoral.
- EXCESOS. El documental muestra imágenes aéreas de La Manga del Mar Menor y se pregunta por qué debe el Estado financiar la defensa frente a los temporales y señala casos como Marina D'Or o El Algarrobico.
- DERRIBOS. El equipo filmó derribos en el litoral en los dos años que duró el trabajo. La serie plantea que poblados situados en primera línea de costa -Chilches y Moncófar, en Castellón, por ejemplo- sean trasladados al interior.
-EL GUIONISTA. Miguel Ángel Losada, catedrático de Costas en Granada, ha sido el responsable del guión y aparece en el documental. Se niega a eliminar las referencias a la corrupción: "Desgraciadamente, es parte de nuestra historia".
-EQUIPO ANTERIOR. Los agradecimientos comienzan por la anterior cúpula del ministerio en Costas: la ministra Cristina Narbona; el secretario general, Antonio Serrano, y el director, José Fernández. No figura el actual equipo.
* ELPAIS.com - 15.03.10
Foto: Imágenes aéreas de los excesos urbanísticos del Mar Menor (Murcia) - elpais.com
La Fiscalía de Madrid devuelve a Cataluña tres casos del ex alcalde Ros porque los desmarca de Pretoria
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EPA/Barcelona* : La Fiscalía Anticorrupción ha devuelto a la Fiscalía de Barcelona tres casos de supuestos "pelotazos" urbanísticos en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) que implican al ex alcalde Víctor Ros, al no apreciar que tengan relación directa con la trama de corrupción investigada en la "operación Pretoria".
Esos presuntos pelotazos urbanísticos llegaron a manos del ministerio público a raíz de tres denuncias, dos de las cuales se dirigen contra el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, imputado en la trama de "Pretoria", mientras la tercera implica en una trama de corrupción a Albert Carbó, director de oficina bancaria y hermano de Genís Carbó, otro de los imputados.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, la Fiscalía de Barcelona está estudiando ahora las denuncias por esas irregularidades urbanísticas, para decidir si abre diligencias contra los implicados, entre los cuales figura el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros, del PP.
Una de las denuncias acusaba a Ros de haber beneficiado supuestamente a dos primos suyos mediante una recalificación derivada de la creación en abril de 2006 de un nuevo sector de Sant Andreu de Llavaneres -la zona de La Riera- en el nuevo planteamiento urbanístico del municipio.
La otra denuncia contra Ros estaba relacionada con un convenio urbanístico supuestamente irregular vinculado a la compra del edificio modernista "La Bodega" de Sant Andreu de Llavaneres que el consistorio firmó con la sociedad Cortijosa, empresa que comparte administradores con una de las sociedades investigadas en la operación "Pretoria".
Esa denuncia fue enviada por el grupo municipal Sos Llavaneres en el año 2007, aunque fue archivada, pero sus impulsores volvieron a presentarla el pasado 2 de noviembre al hallar nuevos indicios que la relacionaban con Luis García, cerebro de la trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón.
La tercera de las denuncias que ahora ha vuelto a manos de la Fiscalía de Barcelona pide que se investigue a Albert Carbó, director de una sucursal bancaria de Caixa Laietana y en la que presuntamente tiene una cuenta corriente el imputado Luis García.
La denuncia mantiene que algunas de las operaciones urbanísticas de la operación "Pretoria" se financiaron mediante ventajosos créditos concedidos por esa oficina bancaria.
Genís Carbó fue imputado por el juez Garzón por el cobro de 244.000 euros de la empresa Niesma, propiedad del presunto máximo responsable de la trama de corrupción, Luis García, "Luigi", en una operación urbanística en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).
* European Pressphoto Agency - EFE - 14.03.10
Foto: Llavaneres (Barcelona) - infomet.am.ub.es
Málaga: Arranca hoy ´Ballena Blanca´, la primera macrocausa de la Costa
LAOPINIÓN*: Hoy arranca en la Audiencia Provincial el juicio de ´Ballena Blanca´, la primera macrocausa que estalló en la Costa del Sol en marzo de 2005 con la detención de casi medio centenar de personas, entre ellas la del prestigioso abogado Fernando del Valle, por una amplísima trama de ´lavado´ de dinero procedente de actividades delictivas.
Finalmente, se sentarán 21 personas en el banquillo de los acusados para las que el fiscal pide un total de 65 años de cárcel y más de 86 millones de euros en multas.
El juicio se celebrará de lunes a miércoles y se prolongará durante unos seis meses. Será enjuiciado por la Sección II, con su presidente, Federico Morales, a la cabeza.
Hoy no sólo se jugarán su futuro los 21 acusados de la trama, sino que también estarán en tela de juicio la instrucción del juez Miguel Ángel Torres y el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción en la provincia, cuyo primer gran caso fue sin duda éste. Y es que ´Ballena Blanca´ es el hermano mayor de las macrocausas que luego han venido y de la innovadora forma de investigar: el hecho de comparar el patrimonio de los imputados con los ingresos legales declarados, para averiguar el desfase y pedir una explicación sobre el mismo.
En ´Malaya´, ´Troya´, ´Hidalgo´, ´Astapa´ o ´Arcos´ también se hizo así, con la recompensa de la desarticulación de importantes tramas delictivas especializadas en la corrupción política y urbanística o en el ´lavado´ de dinero negro a gran escala. Una sentencia condenatoria significará la bendición judicial al trabajo realizado desde principios de la década por los fiscales Anticorrupción, las unidades especializadas de la policía (Udyco) y el propio juez Torres.
El interés mediático es tal que se han acreditado 176 personas para seguir el juicio entre redactores, fotógrafos, cámaras y productores. En total, son 25 medios locales, regionales y nacionales los que estarán presentes.
En concreto, Juan Carlos López Caballero acusa a los 21 procesados de 41 delitos de blanqueo de capitales, 141 de falsedad documental, tres contra la Hacienda Pública y dos contra la Administración de Justicia.
El fiscal considera que Fernando del Valle formaba, junto con otros dos notarios también encausados, la cúpula de la organización de blanqueo y pide para él 15 años de cárcel y 36 millones de euros de multa. Sin la aportación de estos tres encausados, según el acusador, hubiera sido imposible tejer semejante maraña de sociedades con las que encubrían la identidad de sus clientes, la mayoría pertenecientes a mafias internacionales. Para desviar el dinero, se crearon más de medio millar de sociedades ´pantalla´ y fueron blanqueados supuestamente 150 millones de euros. Del Valle, explica López Caballero, conocía el origen delictivo del líquido que después ayudaba supuestamente a ocultar.
* La Opinión Málaga - 15.03.10
Foto: Málaga, ciudad de la Justicia - elpais.com
Cartagena: Marcha contra la Urbanización de Cala Reona
LAOPINIÓN/Murcia* : Más de un millar de personas recorrieron esta mañana el camino comprendido entre la entrada a Cabo de Palos y Cala Reona, para protestar por el proyecto urbanístico aprobado recientemente por el Ayuntamiento de Cartagena, una marcha convocada por ANSE y ANECA, según informaron fuentes de la organización ecologista en un comunicado.
De este modo, los convocantes leyeron en la playa un manifiesto en el que se informaba de que el Ayuntamiento de Cartagena aprobó esta semana la recalificación de suelos en una superficie de 60 hectáreas de Cala Reona y su entorno. "Justifican la decisión en que nuestro municipio tiene buena parte de su costa protegida y tiene derecho a urbanizar este pequeño pedazo de litoral para seguir apostando por el turismo", indicaron.
"Este argumento, mirando los efectos que sobre el paisaje costero han tenido las urbanizaciones que trepan por las laderas de los acantilados asomándose al Mediterráneo o al Mar Menor, o la destrucción de la mayor parte de La Manga por la avaricia urbanística, con miles de viviendas vacías todo el año y centenares de ellas en venta, no justifica la urbanización", defendieron desde ANSE.
Asimismo, en el manifiesto se afirmó que "nuestros gobernantes presumen que la protección de nuestra costa montañosa o algunos enclaves del Mar Menor se debe a ellos, y quieren que olvidemos que fueron ellos mismos los que, no solo en la década de los 80 con el primer intento de urbanizar Calblanque, sino hace tan solo unos pocos años, impulsaron la desprotección de parte de Calblanque para facilitar su desarrollo urbanístico junto a la bahía de Portmán".
Por otro lado, acordaron decirle a la alcaldesa de Cartagena y a su gobierno municipal "que los que nos oponemos a la urbanización de Cala Reona no estamos en contra del turismo. A nosotros también nos gusta viajar y conocer otros pueblos, paisajes y culturas, y bañarnos en playas como Cala Reona. Y porque nos gusta el turismo, y lo consideramos un elemento más para el desarrollo económico de los pueblos, pensamos que la destrucción que del desarrollo urbanístico no debe llegar a la puerta de Calblanque".
Y es que, según afirmaron, "la necesidad de proteger Cala Reona contra su urbanización es, sobre todo, una cuestión de sentido común, una necesidad en un litoral mediterráneo demasiado maltratado por los humanos, una apuesta por un modelo de desarrollo que hace de la conservación de sus paisajes un atractivo turístico que genera economía, que mantiene y aumenta la calidad de vida de las personas que viven aquí e incluso de los que compraron una vivienda en sus proximidades, una deuda de respeto hacia la naturaleza y sus habitantes".
* La Opinión Murcia - 14.03.10
Foto: Marcha contra la Urbanización de Cala Reona - JAVIER CONESA, laopiniondemurcia.es
