LEVANTE* : El líder del Partido Popular de Alicante, José Joaquín Ripoll, salió ayer del juzgado de Orihuela en libertad sin fianza. El juez, sin embargo, imputa al presidente de la diputación por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios. El magistrado que instruye el caso Brugal, relacionado con la adjudicación de instalaciones de residuos en la comarca de la Vega Baja, le tomó declaración durante una hora. Ripoll deberá presentarse periódicamente en los juzgados.
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, no obstante había reclamado que se acordara una fianza de 500.000 euros para eludir la prisión. El juez rechazó la demanda.
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela acordó mantener la «situación de libertad provisional» para Ripoll, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Ripoll compareció en el juzgado «en el marco de las diligencias previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros», según el TSJCV.
El presidente de la diputación y del PP de Alicante prestó declaración ante el juez dos días después de haber sido detenido, junto a diez personas más, en el marco de la operación Brugal en la que se investiga también al empresario Ángel Fenoll y a su hijo, que comparecerán hoy en el juzgado.
En la comparecencia, que se desarrolló a lo largo de la tarde de ayer, «se han practicado las diligencias de imputación judicial», se señala en la nota.
A Ripoll, así como al resto de acusados que comparecieron ayer, se les explicó «que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, aunque sí que se les han expuesto, de forma minuciosa, las figuras penales y los prefectos legales a los cuales se pueden referir sus conductas».
El comunicado del TSJCV detallaba que el instructor había decidido mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que comparecieron a declarar de forma voluntaria, entre ellas el presidente de la Diputación de Alicante.
El TSJCV indica en el comunicado que «contra los autos dictados hoy por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de 3 días, según se les ha notificado a las partes en el día de hoy».
Ripoll salió a pie de las dependencias judiciales a las 19.45 horas y, sin hacer declaraciones, se limitó a emplazar a las decenas de periodistas que le han preguntado por su situación a una rueda de prensa posterior en la sede de la diputación.
El dirigente del PP prestó declaración asesorado por los abogados Fernando Candela y Bernardo del Rosal y en presencia del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.
El presidente de la Diputación de Alicante entró a las 16 horas en los juzgados oriolanos. Había llegado sobre las 13.55 horas, donde estaba citado a declarar a las 14 horas, y tras el receso previsto por el juez en la toma de declaraciones, volvió a las dependencias judiciales a las 16.00 horas para prestar declaración.
Ripoll fue el último de los seis detenidos que fueron interrogados por el magistrado oriolano a lo largo de la jornada.
Afirma desconocer los hechos y dice que ejercerá acciones legales
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, dijo anoche que desconoce los hechos que han motivado su comparecencia en el juzgado y que, en cuanto se levante el secreto sumarial, «evidentemente» ejercerá las acciones legales «que correspondan» a su defensa.
Así, ha manifestado desconocer «los hechos» que han motivado su declaración y «el porqué».
Ripoll, que compareció ante la prensa con la presencia de sus abogados, no quiso especificar los delitos que se le imputan.
Ripoll señaló además, que durante su comparecencia el fiscal solicitó «una fianza de 500.000 euros» y que se pesonará en el juzgado número 3 en base a lo que estimase el juez, como medida cautelar, y que el juez ha dictado un auto «sin ninguna medida cautelar».
El presidente de la corporación provincial recalcó además que declaró «de forma voluntaria» y que, por el secreto de sumario, no conoce las diligencias.
«En cuanto se levante el secreto sumarial ejerceré evidentemente todas las acciones legales que correspondan en mi defensa y desde todos los puntos», avanzó.
Además, el presidente de la Diputación de Alicante señaló que su comparecencia «voluntaria» ante el juez duró «una hora» en la que «durante los primeros 30 minutos» el titular del juzgado le explicó «que no había una citación judicial» sobre su persona, y que «podía hacer la declaración o negarse a ello», puesto que «no había sido citado judicialmente».
Tras esto, Ripoll trasladó al juez que «comparecería de forma voluntaria», y aseguró que una vez aceptada esa comparecencia, el juez le ha «imputado formalmente» y le leyó «todos los derechos» que le asisten y le explicó formalmente que hay un «secreto sumarial sobre las diligencias que se están incoando, que dura más de 3 años», y por ese motivo, «no podía contar ninguno de los hechos que están recogidos en esas diligencias previas», por lo que Ripoll afirmó que «desconoce qué hechos motivan» su declaración.
Ripoll también indicó que el juez le ha comunicó que «a lo largo de la instrucción los delitos de los que se les podía acusar, podrían ser los que están allí, o cambiarse a lo largo de la instrucción».
El presidente de la Diputación de Alicante apuntó que tras su declaración el juez le realizó una serie de «preguntas genéricas», del mismo modo que el fiscal, que le planteó dos cuestiones, así como unas preguntas realizadas por su defensa.
* Levante-emv - 9.07.10
Foto: José Joaquín Ripoll tras prestar declaración en el juzgado de Orihuela, rodeado de policías. Efe
Alicante.- El juez imputa a Ripoll por fraude, cohecho y tráfico de influencias
Pontevedra.- Abandona el cargo el delegado de Medio Ambiente que tiene un chalé ilegal
ELPROGRESO* : El jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra, Evaristo Juncal, acusado de levantar un chalé con licencia de galpón y de llevar 25 años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), abandonará su cargo "por decisión personal", según apuntan fuentes cercanas al departamento de la Xunta. Hace un mes, un periódico denunciaba las irregularidades urbanísticas de Juncal, también presidente del PP en Caldas de Reis, e incluso lo vinculaba con algún conocido narcotraficante gallego.
Este jueves era el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el que aclaraba que el jefe territorial abandonaría su cargo, que ahora ocupaba en comisión de servicios.
Al respecto, el BNG ha instado al titular del Ejecutivo gallego a que haga público el resultado de la investigación interna que su partido realizó sobre los negocios de Juncal. Además, el portavoz parlamentario de los nacionalistas, Carlos Aymerich, invitó al PPdeG a aprovechar el "abandono" del delegado de urbanismo para "hacer limpia" en la Consellería y llegar "hasta su cúpula", toda vez que el propio titular del departamento, Agustín Hernández, "está imputado por certificar obras en falso".
Desde la formación nacionalista, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, recuerdan que el conselleiro había reafirmado a Juncal tras saltar el caso, pero que ahora era necesaria una explicación del Gobierno ya que, a juicio del BNG, todo hace indicar que el resultado de la negociación interna "forzó la salida de su puesto" en Medio Ambiente.
* El Progreso - 8.07.10
Foto: Caldas de Reis, chale ilegal jefe territorial - elpais.com
La Fiscalía pide cárcel para el alcalde de Benamargosa porque su casa es ilegal
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MÁLAGAHOY* : El alcalde de Benamargosa (Málaga), José Gallego (PA), ha sido acusado de un delito contra la ordenación del territorio por construir sin licencia una vivienda de dos plantas y más de 230 metros con piscina. La Fiscalía le exige un año de cárcel y 15 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, además de la demolición de la vivienda. Gallego solicitó un permiso de obras en 2001 para reformar una vivienda derruida que existía en una finca en el paraje La Torre, en el término municipal de Benamargosa. Sin embargo, el Ayuntamiento, entonces gobernado por Antonio Jiménez (IU), se la denegó. En 2003 agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectaron que la casa estaba en obras y el 5 de noviembre de ese año inspectores de la Consejería de Obras Públicas comprobaron que la vivienda estaba concluida, salvo la piscina.
Se da la circunstancia de que esa finca, según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga, está clasificada como suelo no urbanizable con protección cautelar, al considerarse un complejo serrano de interés ambiental. No obstante, la Fiscalía precisa que la vigencia de este plan en aquellas fechas es dudosa puesto que no había sido publicado, por lo que el suelo debe ser considerado como no urbanizable común, conforme a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ya que Benamargosa carecía en aquel momento de normas de planeamiento. En diciembre de 2003, es decir con la casa ya edificada y con un acta por infracción urbanística abierta, el actual alcalde volvió a presentar en el Ayuntamiento una solicitud de la licencia de obras "con la intención de dar apariencia de legalidad a lo ya ejecutado", según precisa el fiscal en el escrito de acusación. En aquella época seguía siendo alcalde de Benamargosa aunque con el apoyo del PP. Cuando la petición de licencia de Gallego llegó a la junta de gobierno local halló vía libre.
La Fiscalía hace constar en el escrito de acusación que "a pesar de tener conocimiento del informe jurídico desfavorable en el que se hacía constar claramente la improcedencia de la concesión de la licencia", el permiso de obras fue aprobado, aunque lo considera ilegal.
En este caso también están imputados dos ediles del PP, que votaron a favor, para los que la Fiscalía pide un año de prisión y ocho de inhabilitación; y el arquitecto municipal, que informó favorablemente la concesión de la licencia para reformar y rehabilitar una vivienda "aún constándole el estado de ruina que hacía imposible su reforma".
* Málaga Hoy - 8.07.10
Foto: Benamargosa (Málaga) - andaluciarustica.com
Tirajana.- El Seprona precinta una edificación ilegal en El Salobre
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) precintó en la mañana de ayer una edificación ilegal en El Salobre, en San Bartolomé de Tirajana, que según fuentes del instituto armado pertenece a varios miembros de la Policía Local de dicho municipio y de Santa Lucía. Presuntamente, los promotores de la vivienda habrían ignorado las prohibiciones de construir en esos terrenos, catalogados como suelo rústico.
Una unidad del Seprona acudió al barrio de El Salobre, un núcleo de casas que está fuera del ordenamiento urbanístico, y procedió al precinto de las obras que se realizaban en la parte trasera de un finca situada en el número 43 de la calle Archipiélago Canario. Se trata de una vivienda anexa a un gran chalet ya existente, también irregular, construido por dos hermanas y sus respectivas parejas, todos ellos agentes de la Policía Local. Precisamente, una de las misiones de dichos policías municipales es vigilar y denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas.
El Ayuntamiento de San Bartolomé desconocía ayer la actuación del Seprona, pero confirmó que en la subida a El Salobre, un barrio cercano a El Tablero, existen numerosas viviendas ilegales, algunas de ellas construidas desde hace más de quince años. El concejal de Disciplina Urbanística, David Delgado, explicó que la capacidad de abrir expedientes sancionadores en suelo rústico corresponde a la Comunidad Autónoma, por lo que consideró que la denuncia que dio lugar al precinto procede de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), o bien el Seprona ha actuado de oficio.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Bartolomé, aún pendiente de aprobación, contempla la ordenación urbana de un sector de El Salobre, a la que esperan acogerse los infractores.
* La Provincia - 9.07.10
Foto: Imagen de la edificación precintada ayer por el Seprona en la subida a El Salobre.- laprovincia.es
La Xunta oculta al Parlamento el aval jurídico para legalizar Barreiros
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ELPAÍS/Lugo* : La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que preside Agustín Hernández, oculta desde hace dos meses el preceptivo informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que debía avalar el polémico convenio de Barreiros, por el que el Gobierno gallego, la Diputación de Lugo que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro, y el ayuntamiento de A Mariña, pretenden regularizar más de 3.000 viviendas paralizadas por el bipartito cuya legalidad cuestionan la fiscalía y un juzgado de Lugo.
El PSOE a través de su diputado Ismael Rego ha utilizado todos los cauces posibles para acceder al preceptivo dictamen que debe avalar cada acuerdo del Consello de la Xunta. El último, una petición de amparo a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, para que solicite la documentación a la Xunta.
Antes, el parlamentario socialista lo había pedido a través del cauce reglamentario de la Cámara a la consellería y tanto él como su compañera de escaño y ex conselleira de Política Territorial, María José Caride, lo solicitaron a la actual secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, en sendas comisiones que se celebraron en el Parlamento. Rivas guardó silencio en la Cámara cuando ya había expirado el plazo legal de la Xunta para facilitar información al diputado. Cuando contestó por escrito, el departamento de Hernández alegó que no puede facilitar la documentación requerida, puesto que "no se trata de ningún acuerdo adoptado por el Consello de la Xunta, sino de informes internos destinados a la deliberación de los miembros de dicho órgano colegiado sobre la conveniencia de autorizar la firma del convenio".
Dicho de otras palabras, la Xunta se ampara en el secreto de las deliberaciones del Consello de la Xunta para no facilitar un informe de la Asesoría Xurídica que, por fuerza, debe ser público, tal y como lo demuestra que en esta misma legislatura otros conselleiros han facilitado dictámenes similares no sólo al Parlamento, también a los medios de comunicación.Es el caso del titular de Presidencia, Alfonso Rueda, que entregó copias a los grupos y la prensa de un informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta para "demostrar" que la actual composición del Gobierno es paritaria y por tanto cumple con la Ley de Igualdad, algo que debe dirimir el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras una denuncia de los socialistas.
A la vista de las negativas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, el diputado Ismael Rego pide el amparo por parte de la Presidencia del Parlamento de Galicia, "para evitar la conculcación" de su "derecho fundamental a la información y la participación pública, y que reitere y resuelva de conformidad a tal derecho la solicitud realizada de información y documentación relativa a los informes utilizados por el Gobierno gallego en relación al convenio urbanístico de Barreiros".
Fuentes del departamento de Hernández insistieron ayer en que los informes que pretende consultar el PSOE (los de la Asesoría Xurídica y la Intervención de la Xunta) son documentación interna para deliberación del Gobierno y que como tal, deben permanecer en secreto. No obstante, admiten que si finalmente la presidenta del Parlamento los solicita (algo que Pilar Rojo decidirá previsiblemente esta mañana) consultarán a los servicios jurídicos de la Xunta si están obligados a facilitar esa documentación.
El convenio de Barreiros estuvo rodeado de polémica desde el principio al pretender regularizar con un plan supramunicipal el controvertido urbanismo de este municipio. La aprobación de las licencias de los edificios que se pretenden legalizar motivó una denuncia de la fiscalía contra el alcalde popular de Barreiros, Alfonso Fuente Parga.
* EL País - 8.07.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es
Orihuela.- Un tema que apesta hace casi un lustro
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LAVERDAD/Alicante* : Nunca ha parado el chismorreo en la ciudad con el asunto de la adjudicación de la basura. Empezó hace casi cinco años con las grabaciones que el empresario oriolano, Ángel Fenoll, hizo públicas sobre una charla que mantuvo con el entonces edil de CL, Jesús Ferrández, sobre presuntos intentos de compra de voluntades, para lograr el millonario concurso de recogida de residuos sólidos urbanos, por parte de la firma Urbaser. El terremoto político fue de tal calibre que un año después y pese a tener seis concejales, desapareció la formación que lideraba Ferrández del arco político oriolano, y el veterano político que había sido concejal de Urbanismo con Medina dejó la política activa.
El bombazo informativo supuso además la entrada en escena y por la puerta grande del Fiscal Anticorrupción Felipe Briones, que le puso la proa al ya ex alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, al que investigaba en distintas causas por presuntos delitos urbanísticos, algunos de los cuales ha ido desestimando la Justicia en los últimos meses.
El propio presidente de la Diputación Provincial y del PP alicantino, José Joaquín Ripoll salió a la palestra por las mismas fechas, exigiendo a Medina, que por entonces ya había abrazado el 'campsismo' que frenara la adjudicación del concurso al considerar que dicha contratación estaba «bajo sospecha».
Poco después del episodio, el equipo de gobierno de Medina encarga un informe a la Universidad Politécnica de Valencia para que ofrezca las claves de la adjudicación del polémico concurso tras valorar las ofertas. Tras varios meses de retrasos y con el alcalde a punto de marcharse, Medina anuncia el resultado de la UPV, que considera la de Urbaser la mejor oferta. O sea, la firma que según Fenoll intentaba sobornar concejales.
Un año después de las 'famosas' grabaciones de Fenoll, y con la adjudicación paralizada, tuvieron lugar las elecciones municipales que ganó Lorente. Pero en medio, la ciudad vivió hasta once meses de lucha interna contra el ex regidor y los suyos.
Tres días después de la victoria de Lorente en las municipales, fue detenido el propietario de Colsur. Y junto a él, su hijo Antonio Ángel y su colaborador, Javier Bru, que había salido elegido como edil del PP en Albatera. Un mes se pasaron los tres a la sombra. Un mes en Fontcalent en una operación que desde entonces se bautizó como 'caso Brugal'.
Briones acusó a los reos de organizar una presunta trama de extorsión, cohecho y tráfico de influencias, a través de la cual intentaban ganar concursos y adjudicaciones relacionadas con el negocio de las basuras. Incluso busca Briones la comisión de supuestas presiones por parte de Fenoll a diputados provinciales para lograr adjudicarse el Plan Zonal de Residuos, potestad de la Diputación; y llega a sospecharse de la existencia de nuevas grabaciones del empresario a parlamentarios provinciales. Y el 'caso Brugal' entró en el ostracismo. Y en el olvido total.
Mientras tanto, el nuevo equipo de gobierno, liderado ya por Lorente, se puso manos a la obra. Y quiso empezar a gobernar. Por su parte, los grupos de oposición en el Consistorio de Orihuela empezaron a presionar al equipo de gobierno del PP para que acatara el informe de la UPV y adjudicara a Ubaser la limpieza, sobre todo porque pensaban que los populares tenían intención de otorgar ese contrato al propio Fenoll, afín a la corriente popular y uno de los grandes arietes de la victoria de Lorente sobre Medina en las primarias del PP.
Al final, en noviembre de 2007, la mayoría popular en el Ayuntamiento vota por dejar el concurso desierto y abrir un nuevo proceso, que incluyó la elaboración de otro pliego de condiciones, elaborado también por el equipo universitario que dirigió el profesor Lorenzo Avellá.
En mayo de 2008, cuando Mónica Lorente lleva un año en el poder, se empiezan a recibir en el Consistorio las nuevas ofertas del concurso de la basura en un concurso que rondaba los diez millones de euros. En esta nueva ronda participaron las firmas Cespa, Sufi, Liasur GTS, Urbaser, FCC en UTE con Odeco, La Generala, Colsur y Acciona. Entonces el Ayuntamiento recurrió al mismo catedrático, Avellá, pero esta vez para que valorara las ofertas presentadas. En septiembre de 2008, el PP otorga en solitario el concurso a la UTE que forman Sufi, Liasur y Gobancast, mientras que los recursos contra la decisión por parte de Urbaser siguen aún en los juzgados dando vueltas.
Por su parte, el Plan Zonal de Residuos había seguido su curso, puesto que en enero de 2008 se adjudicó el concurso por 20 años a la UTE de Cespa y Ortiz, para ubicarlo en Torremendo, en la finca La Pistola, que Fenoll había comprado en su mayor parte poco antes, y sobre cuya mediación circularon todo tipo de rumores. Pero el 'caso Brugal' seguía en silencio. Nunca más se supo del asunto, salvo cuando los periodistas hacíamos recuento de los meses que llevaba bajo secreto de sumario y un juez sustituía a otro en Orihuela, con la única obligación de prorrogar el secreto de las actuaciones. Y así hasta ayer mismo en que Felipe Briones volvió a darle al botón del 'tsunami'. Pero el secreto de sumario sigue.
* La Verdad - 8.07.10
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
La ciudad fenicia y la ciudad-codicia
CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI/Málaga* : Los componentes de eficiencia, compacidad y complejidad que deben dar lugar a la estabilidad y cohesión social de la ciudad sostenible han sido definidos por Salvador Rueda, al aplicar un modelo formal de sistemas agregados, para la evaluación innovadora de las morfologías, espacios públicos y movilidades urbanas de redes ciudadanas complejas e indicadores en Barcelona y Sevilla. El modelo de ciudad mediterránea del siglo XXI se asienta sobre los factores de precisión de la evolución urbana sostenible. La ciudad de Málaga ha tendido a configurase dentro de un sistema caótico debido a la desorganización morfológica del PGOU de 1973, que el PGOU de 1983 intentó racionalizar, cuya desvirtuación y pérdida de integridad han devaluado las sucesivas revisiones, que han acentuado sus modelos de expansión caótica y, a menudo, especulativa.
La concepción de la ciudad como instrumento al servicio de la lógica inmobiliaria ha acabado imponiéndose sobre cualquier otra, hasta el punto de que los representantes municipales entienden como suyos los intereses de los propietarios y sus lógicas de ocupación de la ciudad y creación del espacio público; y de la reorganización de sus intereses de cara a la urbanización, las prioridades y secuencias de acción en infraestructuras. Las etapas de la integración de los elementos de ciudad se miden sobre proyectos estrella o proyectos motores que apenas esconden su vocación meramente individualista, cuando no especulativa. Esta visión inmobiliaria se consolida en la ausencia de una perspectiva metropolitana, en el discurso hueco de la ciudad poli-céntrica y las lógicas discursivas de la confrontación que esconden la dependencia de los intereses de los tratantes de suelo. Este proceso es verificable en cualquier zona de la ciudad, desde Los Montes, hasta Campanillas o Churriana, en lo que son grandes áreas de actuación, hasta las microescalas de las barriadas o las actuaciones puntuales. Sea en el Centro Ruso, en el puerto, en Colinas del Limonar, en Teatinos o en Campanillas o Arraijanal, la lógica especulativa busca revalorizar activos que la iniciativa privada ha puesto en juego, sin buscar la reversión de plusvalías.
El endeudamiento municipal y la falta de alternativas visibles al actual proyecto de gobierno de la ciudad nos lleva a un territorio plano, consecuencia de acciones puntuales que pujan por la renta de activos inmobiliarios puestos en juego. Cierto que para fundamentar las perspectivas y los resultados se ha creado un discurso sostenible ad hoc, mediante el eficaz Observatorio del Medio Ambiente Urbano y las redes de ciudades en los que éste está inscrito, pero ello, en lugar de atenuarlo, acrecienta el perfil benefactor y compasivo para la mera mitigación de efectos inducidos, frente a la evolución sostenible de cambios de modelo a medio y largo plazo.
Las consecuencias catastróficas para los planos activos y las redes de participación, socialización y creación de tejido económico "micro, pequeño y medio" productivo de la ciudad de Málaga, entendida como ciudad mediterránea, son cada vez más patentes, en la destrucción de su tejido innovador, empresarial y comercial, dejados al exclusivo interés de la demanda inmobiliaria y la patrimonialización de activos, mediante venta o alquiler. La financiación de las operaciones es externa, eso sí, sin riesgo alguno para los promotores-pantalla o los nombres de paja, que se mueven en las esferas de esa construcción económicamente improductiva. Un ejemplo paradigmático es el puerto, cuyo Plan Especial representa el descrédito de todos los modelos democráticos de hacer urbanismo, porque se salta a la torera las reglas y procedimientos más elementales. No crea valor, sino que desertiza los vínculos con el comercio y la cultura, de partes sustantivas de la ciudad, privatizadas de hecho, al depender de una operación cuyo coste y concesión tenemos que sufragar -entre todos- a los promotores.
La destrucción del comercio no se compensa con la construcción de equipamientos sin gestión, que buscan concesionarios en la iniciativa privada, como pasa con las guarderías y con los de tercera edad, como en Madrid, a la que Málaga sigue tercamente en su destino de ciudad adusta y costosa.
Al destruir la identidad de ciudad en tecnología, comercio y diseño, se acaba con la innovación, el riesgo y la creatividad. El tejido urbano mediocre implica la destrucción del centro. Pero el centro de Málaga no es el centro histórico sólo. La ciudad de raíz fenicia se concibe con los barrios en centralidades complementarias y eso requiere cooperación en la construcción del espacio público. Algo que está en las antípodas de esta urbe confrontada, en la que brillan por su ausencia el Consejo Económico Social y los lazos de participación y solidaridad. Así, los procedimientos de construcción del espacio público tienden a ser paulatinamente opacos.
Adaptados a Málaga, son patentes los 5 mitos de la innovación empresarial aplicados al urbanismo que denuncian los expertos: la excesiva dependencia de los grandes proyectos, la fascinación malsana por los líderes mediocres, la aplicación errónea de los métodos y proyectos de otras ciudades, el círculo vicioso de la recriminación y la confrontación y la resignación a los cambios superficiales particulares. Sin embargo, los fundamentos de la ciudad sostenible no están en el slogan o en la propaganda, sino en los lazos y la trabazón del capital humano y productivo, en la fortaleza democrática y el tejido social culto, con el espacio público como fábrica de educación de la civilidad futura. Y esos se nos están hurtando a cambio de negocios que no añaden valor y dejan residuos decepcionantes por todas partes.
* Carlos Hernández Pezzi, arquitecto
* Málaga Hoy - opinión - 8.07.10
