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ELPAÍS/Huelva* : Cinco años para abrir un albergue de inmigrantes en Lepe (Huelva). Esta localidad de 25.000 habitantes cuenta con diez asentamientos ilegales en los que malviven unos 1.000 extranjeros que vinieron como recolectores a las campañas de la fresa o la naranja. Ahora viven en chabolas de plástico y cartón mientras sueñan con un trabajo y un lugar donde dormir.
En 2006 la Junta entregó 350.000 euros para la construcción del centro. El alcalde, Manuel Andrés González (PP), asegura que la obra sigue "su curso normal" y da una nueva fecha de inauguración: enero de 2010. La oposición acusa al primer edil de "haber empleado el dinero en gastos superfluos".
El secretario general del PSOE de Lepe, David Taboas, alega que es "una verdadera vergüenza" que el Consistorio haya recibido de la Junta una suma tan alta, "la mayor en este tipo de subvenciones", y lleve con el proyecto desde 2005. Los inmigrantes no dicen nada. "No podemos pedir. Vivimos donde se puede", declaraba el pasado viernes J. H., de 27 años y procedente de Gambia (África). Caminaba con la cabeza agachada y una mochila. El termómetro marcaba 42 grados. "Que hagan el albergue está bien, porque aquí no tenemos qué comer ni dónde dormir. Todos vivimos en plásticos o en las cuadras que nos prestan", explica el inmigrante, que se dirige a uno de los asentamientos ubicado a 50 metros del futuro albergue. "Yo prefiero un piso independiente, pero no puedo pagarlo", añade.
Éste ha sido el primer año, de los cuatro que lleva en Lepe, que J. H., como otros cientos de inmigrantes, no ha conseguido trabajo en la campaña de recolección. La crisis económica del país llevó a los gobiernos locales a favorecer la mano de obra nacional. Ahora, reunidos en la plaza de la Fuente Vieja, donde las camionetas recogen a los jornaleros, esperan que, en septiembre, para la nueva siembra, cuenten con ellos.
"Esto va lentito", explica el trabajador de una fábrica de aluminio cercana al albergue. El encargado de las obras, Francisco Cienfuegos, reconoce el problema: "El albergue no lleva el ritmo que desearíamos todos". Cienfuegos no quiere apuntar a los posibles culpables del retraso y se limita a señalar que "el tema de los pagos" por parte del Ayuntamiento, "está complicado".
Taboas acusa al alcalde lepero de emplear todo el dinero que llega al Consistorio "en gastos superfluos como fiestas y agentes electorales que le llevan las campañas políticas". Según el socialista, el 75% de los ingresos del Ayuntamiento van a parar a las nóminas de los empleados, que él califica de "personal innecesario". También acusa al alcalde del PP de "despilfarro" e indiferencia con los problemas sociales.
El alcalde insiste en que "la obra civil está prácticamente terminada" y que el próximo año estará funcionando. Sobre la subvención de la Junta, alega que los 350.000 euros "apenas suponen un 10% de la inversión total del albergue cuando lo deberían haber pagado íntegramente".
El ex teniente de alcalde de Bienestar Social, Manuel Jesús González (PA), que se encargó del asunto en 2006, explicó entonces que el centro contaría con unas 300 camas y una zona exterior para 500 personas en acampada. Pero cuando el centro se inaugure, según Cienfuegos, contará sólo con 75 plazas y un "enorme terreno" para montar "más módulos de vivienda". El presupuesto es de 1.750.000 euros.
* ELPAIS.com - LIDIA JIMÉNEZ - Huelva - 17/08/2009
Foto: Lepe (Huelva) - geocities.com
Lepe: Cinco años para abrir un albergue
Con casa, pero sin luz ni agua
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LAVERDAD/Alicante* : Ocurre en Almoradí, Rafal, Algorfa, Benijófar, costa de Orihuela, Torrevieja y, en general, en todos los municipios de la Vega Baja. Centenares de vecinos de la comarca denuncian que las viviendas de nueva construcción son entregadas por el promotor a su propietario sin la correspondiente cédula de habitabilidad. Durante meses o incluso años, los dueños viven con luz y agua de obra debido a que han escriturado sin que el edificio cuente con todas las instalaciones y servicios básicos.
Así ha ocurrido, por ejemplo, con las viviendas de la urbanización Blue Lagoon. Después de siete años, el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas ha comunicado a los vecinos que sus pisos carecen de cédula de habitabilidad porque el promotor no ha presentado los certificados correspondientes. En esta situación están otras urbanizaciones o edificios de la Vega Baja, como Vegamar I (Almoradí), Fontana (Algorfa), Benisol (Benejúzar), Vegamar II (Rafal) o Corona e Icaria (Torrevieja).
La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU), con sede en Torrevieja y especializada en asuntos urbanísticos, calcula que entre un 15 y un 20% de las viviendas de la Vega carecen de licencia de primera actividad. Y es que los ayuntamientos no pueden conceder la cédula de habitabilidad hasta que no están todas las obras acabadas (asfaltado, conexión de la luz de baja tensión, etc.) y hasta que no disponen de los obligatorios certificados de luz, agua, ahorro energético o telecomunicaciones.
La mecánica del engaño es sencilla. Cuando el promotor escritura las viviendas asegura al propietario que todo está en regla. Éste suele fiarse y ni siquiera pregunta si está la cédula de habitabilidad. Una vez que entran a vivir en el inmueble comprueban que aún tienen luz y agua de obra e, incluso, empiezan a llegar facturas por estos servicios a nombre de la comunidad de vecinos. Según denuncia el presidente de AECU, Honorio Fernández, "los administradores de fincas, normalmente contratados ya por el promotor, cargan a los nuevos propietarios facturas de luz y agua de las obras, en una práctica abusiva y absolutamente ilegal".
Hay muchos casos. Los propietarios del edificio Vegamar I, en Almoradí, han recibido facturas de cantidades atrasadas adeudas por el promotor. En Algorfa ha ocurrido algo similar en tres bloques de pisos de 130 viviendas.
* La Verdad- 17.08.09 -
J. MARTÍNEZ
Foto: Edificio de Torrevieja, entregado sin cédula de habitabilidad. J. M. , laverdad.es
Las aguas fecales de 200.000 valencianos desembocan en el mar sin depurar
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LASPROVINCIAS* : Naciones Unidas identifica el entorno de Valencia como punto negro prioritario de contaminación en el Mediterráneo por los vertidos industriales y las aguas residuales urbanas. Los vertidos fecales llegan hasta el litoral valenciano, en algunos casos, tal y como salen de las viviendas. Y muchos vecinos ni siquiera lo saben. En total, los residuos urbanos de más de 200.000 valencianos de al menos 15 municipios llegan hasta el litoral sin haberse depurado de forma correcta, contaminando las playas en la que nos bañamos.
La presión urbanística y la falta de suficientes plantas depuradoras o de insuficiente tratamiento en algunos puntos de la costa valenciana han sido incluso motivo de denuncia por parte de la Unión Europea, cuya normativa establece que es delito verter al mar las aguas residuales sin depurar. Pese a que hace ya varios años que entró en vigor esta normativa europea, al menos en 15 grandes localidades de la Comunitat Valenciana no se depura de forma correcta. En muchas más, incluso en Valencia, las plantas no dan abasto y parte de las aguas residuales no se tratan correctamente. Las últimas tecnologías permiten incluso depurar los vertidos hasta su reutilización para otros usos.
Tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace han alertado, principalmente, de la situación en Castellón, donde el tratamiento de las aguas residuales de unas 150.000 personas de Vinaròs, Peñíscola, Alcalà de Xivert, Alcossebre y Benicarló, además de Moncofa y Oropesa, es insuficiente. En el norte de la provincia, los residuos urbanos tan sólo reciben un pretratamiento y llegan directamente al mar a través de un emisario submarino.
Julio Varea, de Greenpeace, explica además que los vertidos industriales en Castellón son «muy graves. Principalmente en el polígono del Serrallo, donde está ubicada una refinería. El río Mijares vierte al mar muy contaminado», explica.
En la provincia de Valencia hay problemas muy graves de depuración. Por ejemplo, los residuos de 12.000 habitantes de Meliana van a parar a las acequias de la huerta y desde allí, directamente, al mar. Es más, en los dos kilómetros de playa de esta localidad, situada junto a Alboraya, no está permitido el baño. Algo similar ocurre en Massalfassar, con 2.000 habitantes.
Jesús lleva mucho tiempo acudiendo a la playa de Meliana y admite que en «los últimos tres o cuatro años ha habido una mejora, porque antes yo me encontraba hasta gatos, perros y ovejas muertos». Jesús añade, sin embargo, que todavía «deja bastante que desear. Las acequias de los huertos que desembocan aquí arrastran tomates y pimientos». Mati, vecina de Alboraya, afirma que es «una pena» que la playa de Meliana «esté tan sucia, pues es muy tranquila para pasear».
En Massamagrell todavía hay una acequia que vierte al mar aguas residuales, aunque en este caso la competencia pertenece a La Pobla de Farnals. «Ya les hemos pedido en varias ocasiones que solucionen el problema de los vertidos», dice Jorge Ferrer, concejal de Medio Ambiente de Massamagrell.
En Puçol, pese a que las acequias ya no vierten aguas residuales sin tratar, la calidad de las aguas no ha sido lo deseable y no se ha conseguido este año la bandera azul. En realidad, ninguna playa de l'Horta Nord cuenta con este distintivo.En Alboraya, antes de celebrarse la Copa América, se instalaron unas redes para que no se vertieran sólidos al mar. Y es que, por ejemplo, a la acequia de Vera todavía llegan aguas residuales de unos 10.000 vecinos del norte de Valencia con tan sólo un pretratamiento, que no una depuración. Y llega a las playas con más usuarios de Valencia, la de la Patacona.
Desde Acció Ecologista Agró explican sin embargo que se desconoce realmente la situación de depuración en l'Horta. «La mayoría de alquerías de la huerta no están conectadas a ninguna depuradora, así como algunos barrios o calles de cada población», explica un representante de la organización, que no quiere echar la culpa a los agricultores.
Escasa capacidad
En las zonas más turísticas, el problema principal es que llegado el verano, las depuradoras no pueden asumir todas las aguas fecales que llegan para ser tratadas por el aumento de población. Ocurre en Arenals del Sol, en Elx, en Torrevieja, en urbanizaciones de Orihuela o incluso en la playa del Postiguet, junto al puerto de la ciudad de Alicante. En total, más de 50.000 personas.
Los vecinos de la playa de San Gabriel, una pequeña cala alicantina, luchan porque se recupere una zona que puede que desaparezca con la ampliación del puerto de Alicante. Mientras, se bañan entre aguas sin una buena depuración por el vertido del emisario submarino.
* Las Provincias - M. J. CARCHANO - 16.08.09
Foto: PROHIBICIÓN. Un cartel del Ayuntamiento de Meliana, en l'Horta Nord, prohíbe el baño en la playa donde llegan las aguas residuales de la población. /M. J. C. , lasprovincias.es
¿Quién nos defiende de nuestros defensores?
LOS VECINOS DE COSTA BALLENA* (Rota) nos hemos movilizado en defensa de nuestros derechos, incluso con manifestaciones y cortes de carretera, como han informado profusamente los medios de comunicación, pero también por otras vías, como los proyectos de reorganizarnos que hemos puesto en marcha. ¿Qué ha empujado a echarse a la calle a apacibles madres y padres de familia, venidos desde todos los rincones de España para disfrutar de unos días de descanso? Que nadie defiende nuestros derechos. La privación de un servicio público esencial como el suministro de agua potable no es la única causa de insatisfacción.
Con ser gravísima, lo que además ha soliviantado a los vecinos ha sido la falta de respuestas de quienes tienen la obligación de darlas y la responsabilidad de velar por nuestros derechos y el modo en que se nos trata desde esas instancias.
El primero en fallar ha sido el Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), el órgano administrativo encargado de financiar, administrar y gestionar el conjunto turístico; en otras palabras, nosotros mismos, puesto que el Consejo Rector se elige entre las comunidades de propietarios y nos habíamos desentendido, en la confianza de que, como suele ocurrir, alguien daría la cara en nuestro nombre. Ese Consejo Rector no ha dado prácticamente señales de vida a lo largo de esta crisis. Pasadas las tres de la tarde del viernes día 14, siete días después de que nos cortaran el agua, el Consejo Rector ha emitido un comunicado para informar de que en todo este tiempo ha asistido a tres o cuatro reuniones. ¡Gran actuación! Nosotros entonamos el correspondiente 'mea culpa', pero el Consejo Rector debe dimitir y ceder su lugar a personas dispuestas más a preocuparse por el bienestar de sus convecinos que a justificar su inacción.
En una instancia superior, y con mayor responsabilidad por tanto, tampoco nos hemos sentido defendidos por el ayuntamiento de Rota, gobernado por la mayoría minoritaria de un grupo local con el apoyo del Partido Popular. El ayuntamiento de Rota sí ha dado señales de vida, incluso insistentes, pero siempre a remolque de los vecinos y para escudarse en excusas técnicas y echar la culpa a otros, empezando por los roteños de hecho que somos nosotros: que éramos muchos en Costa Ballena fue la primera exculpación, a pesar de que las evidencias lo desmienten (secundada, por cierto, por la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que adujo, según Europa Press, que había "un exceso de consumo (...), más población consumiendo agua de lo inicialmente previsto").
Todo eso es falso. Las previsiones eran las correctas. Lo que ocurre es que durante años nadie se ha preocupado de completar las obras necesarias para satisfacerlas. El ayuntamiento anuncia ahora que demandará a Medio Ambiente "por los problemas de abastecimiento de agua de la urbanización Costa Ballena". Bienvenido al coro, pero llega tarde y desafinando. Es el ayuntamiento el que ordena abrir o cerrar el grifo de Costa Ballena. La orden que ha dado es cerrarlo.
Necesitamos pues alguien que nos defienda. Apelamos primero al pueblo de Rota, del que formamos parte, que ha sido objeto de una campaña intensiva en contra del forastero. Queremos que sepan que sólo hay roteños de derecho y roteños de hecho, cuya única diferencia es que unos votan aquí y otros no. Los que vivimos en Costa Ballena, y un número cada vez mayor de forma permanente, pagamos aquí nuestros impuestos, nuestro recibo del agua --la que nos cortan-- y más de un millón y medio de euros adicionales al año para que Costa Ballena no les cueste nada a los roteños de derecho. Dentro del pueblo de Rota, apelamos especialmente a sus empresarios y comerciantes; generamos empleo y una fortuna en comercios e industrias y contribuimos a la prosperidad de Rota. Estamos comprometidos con Rota y hemos elegido y queremos vivir aquí, aun cuando el ayuntamiento siga hablando en sus comunicados de "Rota y Costa Ballena"; el lenguaje desnuda el pensamiento.
Apelamos en segundo lugar a los partidos políticos y, con mención especial, al Partido Popular. Nos gustaría haber recibido algún indicio de que su organización local, sospechosamente silenciosa en todo este tiempo, defiende a los roteños de hecho, sin perjuicio de que participe en el gobierno municipal. Formulamos la misma pregunta a su organización provincial. ¿Están dispuestos a defendernos o también creen que somos aves de paso que no se sienten emocional y materialmente unidos a Rota, Cádiz y Andalucía, donde hemos decidido invertir y vivir, algunos de nosotros, cada vez en mayor número, para el resto de nuestra vida?
Nos gustaría también que nos hubiera defendido la Junta de Andalucía. A fin de cuentas, es su proyecto, aunque no lo recuerde. Fue la Junta la que promovió Costa Ballena, proyectada en los años 90 como "modelo de turismo y ocio avanzado". Es difícil de entender cómo ahora, una vez transferidas desde la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) las competencias a los ayuntamientos en cuyos términos municipales se ubica (por cierto, el proyecto no está todavía concluido en su totalidad), la Junta no tutela los derechos de los roteños de hecho y se lava también las manos.
Con el agua que nos racionan a nosotros.
* Juan José Alcázar, Javier Barroso, Miguel Morer, Francisco Romero, Eusebio Sánchez y Concepción Zapata (Comisión Gestora de la Asociación de Comunidades de Propietarios de Costa Ballena y de la Asociación de Centros Comerciales de Costa Ballena)
* Diario de Cádiz - Opinión - 17.08.09
