LAOPINIÓN* : Ni una, ni dos, ni tres. Hasta 16 modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizó la concejalía de Urbanismo a lo largo de 2004, teniendo como protagonistas a tres de los casi cuarenta imputados que suman ya los casos Barraca y Umbra, dos presuntas tramas de corrupción urbanística que investigan los juzgados de Murcia. Se trata de Joaquín Peñalver, ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, presunto cerebro del Barraca; Jesús Zafra, arquitecto, socio de la mujer de Peñalver, Sandra de la Puente, (imputada en el Barraca) y también acusado en el caso Barraca; y Renato del Noce, ingeniero de Caminos, socio de Sandra de la Puente e imputado en el caso Umbra (fue detenido en la operación que la Guardia Civil desplegó en Murcia el pasado 5 de octubre, que llevó al registro de la Gerencia de Urbanismo y al arresto del ex director de la Gerencia Alberto Guerra y del abogado Higinio Pérez Mateos).
Joaquín Peñalver participó en las 16 modificaciones en su calidad de jefe de Planeamiento de Urbanismo, realizando los pertinentes informes técnicos que sirvieron de base para hacer los importantes cambios de planeamiento. Esas modificaciones, a las que ha tenido acceso este periódico, permitieron a un grupo de empresarios conseguir aumentar la edificabilidad de terrenos en la zona sur del municipio (desde Carrasco y hasta Sucina) adscribiéndole suelo forestal a esas parcelas, que después cedían al Ayuntamiento, administración que les permitía construir más viviendas de las autorizadas en un principio y hasta edificios de varias plantas a pie de monte.
Dieciséis modificaciones
De esas 16 modificaciones que se tramitaron en el 2004 mientras Peñalver fue jefe de Planeamiento, Jesús Zafra participó como arquitecto en ocho de ellas, cinco de las cuales realizó junto a Renato de Noce, implicado en el caso Umbra en el que se investigan los convenios firmados en la zona norte y la presunta falsificación de facturas de la remodelación del Casino de Murcia.
Además, una sociedad vinculada a Jesús Zafra actuó en cinco de las modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación en representación de distintas empresas promotoras y de construcción.
Las modificaciones del Plan en las que participaron los tres imputados en los casos Barraca y Umbra se realizaron en las pedanías de Baños y Mendigo, Gea y Truyols, Jerónimo y Avileses, Sucina, Sangonera la Verde y Los Martínez del Puerto. Más de 22 millones de metros cuadrados se vieron afectados por estos cambios en el PGOU, de los que casi 13 millones corresponden a suelo urbanizable y otros once millones a suelo forestal, que gozaba de la máxima protección en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que tardó en redactarse más de un lustro y que entró en vigor en 2001.
* La Opinión - 8.01.11
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
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ELPAÍS/Sevilla* : "Las obras realizadas contravienen lo autorizado en la licencia de obras, se han realizado en un suelo de especial protección y son incompatibles con el planeamiento urbanístico vigente (...) Este suelo es inedificable". El decreto de la arquitecta municipal María del Villar Garcés sobre las obras que ejecutó el alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Manuel Morilla (PP), en su cortijo, refleja con contundencia cómo el regidor vulneró la ley al ampliar la superficie construida en 255 metros cuadrados. Los trabajos incluían una "construcción secundaria anexa a la piscina" y un torreón que no debieron levantarse, según la técnica. La ampliación suponía una infracción grave según establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), pero el expediente sancionador fue archivado porque el delito prescribe a los cuatro años: fue supuestamente cometido en 2004, y el expediente se abrió en abril de 2010.
La Fiscalía de Medio Ambiente ya señaló el delito urbanístico por parte de Morilla y su esposa, Ana Fernández, el pasado julio, pero coincidió en la prescripción del delito.
Sin embargo, el expediente administrativo para restablecer la legalidad urbanística, prosigue. Al estar el caserío en suelo no urbanizable de especial protección, la obligación de devolver el terreno a su estado original no prescribe. La esposa del regidor solicitó el permiso de obras en 2004 por solo 45.800 euros para la gran reforma que supuso construir 255 metros cuadrados de nueva planta. Fernández ignoró el año pasado el plazo para presentar un proyecto de legalización de la construcción. Ahora acaba de presentar sus alegaciones. Este expediente, instruido por la arquitecta y la secretaria Ascensión Serrano y que debe resolverse antes del 19 de febrero, determinará si Morilla está obligado a demoler sus nuevas construcciones o por el contrario será legalizada con una indemnización económica. La última palabra depende del hijo del alcalde y concejal de Urbanismo, Francisco Manuel Morilla, y el alcalde en funciones, Alfonso Angulo.
El Seprona de la Guardia Civil denunció al regidor por enterrar junto a un arroyo los escombros que generaron las obras. Las placas de cemento y los restos de obra estaban cubiertos por tierra vegetal. La Consejería de Medio Ambiente evalúa el daño que los escombros causaron a un arroyo como cauce público.
La formación AMA-Morón ha remitido toda la información a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para que actúe y restablezca el orden jurídico perturbado. "Es imprescindible que la Fiscalía Anticorrupción investigue la financiación de las obras ilegales del cortijo", denuncia Isidoro Albarreal, portavoz de esta formación. Morilla, ex apoderado del torero Jesulín de Ubrique, se limitó a responder: "No sé nada de la construcción de mi casa. Yo de eso no entiendo".
La polémica reforma del cortijo Zafra
- La esposa del alcalde de Morón, Manuel Morilla, solicita una licencia de obras para reformar el cortijo Zafra con un presupuesto de 45.872 euros en marzo de 2004.
- El expediente para restaurar la legalidad urbanística aclarará si debe demolerse la construcción o legalizarse mediante indemnización. La arquitecta subraya los 255 m2 nuevos en un suelo "no urbanizable de protección especial", contrarios a la ley.
* El País - 8.01.11
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com
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LEVANTE/Valencia : La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento ha obligado al Ayuntamiento de Paterna a corregir un plan urbanístico de más de 2.300 viviendas para que se rebajaran las alturas de algunos de los futuros edificios en distintas zonas del sector Pla del Retor, al "no cumplir las servidumbres aeronáuticas aplicables el ámbito de actuación" por la cercanía del aeropuerto de Manises. Para lograr el visto bueno de Aviación Civil, el Plan Parcial de los antiguos terrenos militares, situados entre Lloma Llarga-Valterna, la autovía CV-365 y la Ciudad Deportiva Viña del Andaluz, ha modificado las alturas de los 22 bloques de edificación para "respetar las servidumbres aeronáuticas".
Con carácter general se establece una altura máxima de 21 plantas para los edificios situados en el vial perimetral al este del sector, mientras que en las zonas norte y sur los bloques quedan con un máximo de 12 y 14 alturas, respectivamente, con lo que estas fincas tendrán nueve y siete plantas menos. Mientras que en la zona terciaria se reduce el número de plantas de 10 a 9. Por tanto, lo que se hizo fue redistribuir la edificabilidad total del Plan Parcial entre las diferentes manzanas.
Se ha añadido en las Normas Urbanísticas del programa un artículo específico sobre las servidumbres del aeropuerto de Manises, donde se incluye la "necesidad de obtener resolución favorable" en el trámite de autorización de cualquier construcción o estructura en el ámbito del sector, con tal de no perjudicar las operaciones de los vuelos en el aeródromo. En el documento que se aprobó definitivamente en 2010 se hace constar que se trata de alturas máximas, por lo que la altura real de los 22 edificios que se construyan podrá ser menor.
* Levante - 8.01.11
Foto: Paterna (Valencia) - uv.es
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ELPAÍS/Vigo* : El 2010 fue otro año horrible para la promoción inmobiliaria. En Galicia, comunidad teóricamente menos afectada que otras zonas españolas, los cálculos más optimistas estiman que hay 20.000 viviendas nuevas sin vender sobre un parque total que debe superar con creces el único censo oficial que existe, realizado en 1991 por el Instituto Nacional de Estadística, de 1.137.000 hogares. De las grandes constructoras, únicamente Martinsa-Fadesa tiene en cartera un volumen apreciable de pisos vacíos. Son 1.370, casi todos en la urbanización Costa Miño Golf del municipio coruñés. La nueva caja de ahorros tiene a la venta otros 346 inmuebles de los que se ha tenido que hacer cargo, la mayoría en pago de préstamos fallidos solicitados por promotores.
Según datos del Informe Ardán que publica la Zona Franca de Vigo, durante el auge inmobiliario al menos 268 empresas constructoras incrementaron sus ingresos a un ritmo medio del 56% anual entre los años 2000 y 2006. Cuando la burbuja estalló, casi todas frenaron en seco sus números. "Llevo mucho tiempo en esto, pero nunca había visto tantas ventas sobre plano como por aquel entonces", recuerda Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin). De aquellos polvos llegaron pronto los lodos. Según los cálculos de la Aproin, siete de cada diez viviendas de uso turístico y residencial no encuentran ahora ninguna salida en el mercado. En las ciudades los promotores dicen no apreciar grandes stocks, aunque un repaso por las webs inmobiliarias muestra ofertas importantes, como la de una empresa que construye seis edificios en pleno centro de A Coruña, o la torre que acaba de terminar Sacyr muy cerca del centro de Vigo. El paisaje de grúas paradas de A Mariña lucense o los carteles de venta de urbanizaciones enteras en Sanxenxo son la cara más visible de la sobreoferta. El caso más paradigmático quizá sea el de la localidad de Salvaterra, donde el desarrollo de la Plisan, que se anunció como el mayor polígono industrial de Galicia, desató a principios de la década la bulimia del ladrillo, lo que de paso llenó las arcas municipales. Ocho años después, tras la anulación del plan sectorial que daba vida al parque y mientras los políticos buscan soluciones rápidas al problema, muchos pequeños constructores y algunos especuladores que compraron para revender han acabado pagando el pato.
"En el área turístico-residencial los ciclos remiten a gráficas con dientes de sierra", dice Garrido, "tarde o temprano esas promociones, incluidas las de la costa lucense, se terminarán y se venderán".
El sector sigue en pie de guerra contra la ley del suelo estatal, que obliga a las comunidades a reservar un mínimo del 30% de viviendas protegidas (en municipios como Vigo el ayuntamiento lo ha elevado al 40%). Aunque también hay dificultades para sacarlas al mercado. La Xunta se ha marcado, en el Plan de Vivenda 2009-2012, el objetivo de que 50.000 personas accedan a un piso de protección, para lo que es imprescindible inscribirse en el registro de demandantes. "Pero el registro no funciona. De los apuntados pocos compran. Muchos creían que las condiciones eran mejores, a otros no les dan crédito los bancos y algunos incluso pensaban que las viviendas se regalaban", resumen los promotores. Los mayores desarrollos de protección oficial en Galicia se encuentran ahora en el Polígono de Navia (Vigo), el Ofimático (A Coruña), Valdecorvos en Pontevedra y Narón.
En cuanto a la vivienda libre, de promoción privada y sin precio tasado, los empresarios quieren impulsar 5.000 ventas anuales dando garantías a personas que, pese a tener capacidad económica, no se atreven a comprar una casa por miedo a perder el empleo. Para conseguirlo le han presentado a la Xunta un Plan de Reactivación pidiendo ayudas a la financiación, rebajas de impuestos, beneficios en la rehabilitación y "racionalidad" a la hora de planificar leyes.
Promesas incumplidas
Al Partido Popular no le gusta el registro de demandantes, obligatorio para quienes quieran acceder a un piso de protección oficial. Lo dice el propio programa electoral que aupó a Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta. Su compromiso era sustituir ese trámite por un "registro de viviendas" en el que el promotor pondría a disposición pública una serie de inmuebles a un precio por debajo de un máximo -que fijaría anualmente la Xunta-.
Según los planes del PP, los empresarios tendrían que comprometerse a mantener las ofertas durante al menos un año con posibilidad de prórrogas. La Administración se limitaría a informar de las casas disponibles y la gestión sería a cargo de los promotores, Según la propuesta de campaña, eso abriría la puerta al despegue de las ventas, "de modo que se podrán comprar en unas condiciones muy ventajosas, similares a las que se aplican para las viviendas protegidas".
El plan, del que no se sabe nada, era un calco del puesto en marcha por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y que ha sido un rotundo fracaso. Aguirre anunció a bombo y platillo un acuerdo con entidades financieras y constructores para dar salida a 25.000 pisos vacíos. Al final, apenas un 5% aceptaron las condiciones y las ventas reales fueron anecdóticas. Por descontado, tampoco consiguió su principal objetivo, que era forzar la bajada de los precios hasta un 20%.
* El País - 7.01.11
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
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CANARIAS7* : El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria proyecta una cierta sensación de indefensión en cuanto se abre un plano de la ciudad. Los litigios por el suelo parecen aflorar sin solución de continuidad y, lo que es peor, sin capacidad de reacción. Cuando no hay que tirar la biblioteca general del Estado, surge una familia reclamando 170 millones de euros por la desembocadura de El Rincón o dos torres de quince plantas de altura proyectan una sombra de inquietud sobre el futuro de Ciudad Alta. La herencia se ha convertido en un arma arrojadiza y en un lastre. El Partido Socialista la enarbola en cuanto le estalla uno de estos regalos bomba que dejó activados los gobiernos de José Manuel Soria. Según el concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento, Néstor Hernández, «el Plan General que dejó el Partido Popular en el año 2000 puede suponer a la ciudad 232,81 millones de euros».
Esta cifra es una estimación ajustada. Lógicamente, no habrá que pagarla de golpe, pero dimensiona a las claras la precariedad en la que se encuentran las arcas municipales frente a las consecuencias de la gestión de corporaciones anteriores.
La herencia vuelve a pesar como una losa y la hacienda pública apenas le queda margen para respirar. En estos tres últimos años de mandato se han pagado ya por sentencias relativas al suelo unos 37 millones de euros. Y a fines de octubre, Néstor Hernández anunciaba que este año habría que hacer frente a 42 millones de euros, a los que se sumaría una cifra similar en 2012.
Cardona. Es en este escenario donde el Partido Popular anuncia la elección de Juan José Cardona como candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. En el Ayuntamiento ya lo esperan con los guantes enfundados porque él fue protagonista de algunos de los episodios más controvertidos de la ordenación urbanística de la ciudad, no en vano fue el que rubricó el Plan Especial que permitió la operación del Canódromo. Y no se descarta que en plena campaña electoral el candidato del PP sea llamado por el juez para tomarle declaración respecto a este caso, que aún sigue vivo en las instancias judiciales. De hecho, en el seno del PP hay opiniones calladas por el riesgo de los daños que su candidatura podría sufrir en caso de que este pleito se reavive en el palacio de justicia.
El del Canódromo ha sido sin duda la operación que más ha marcado el devenir de la gestión urbanística de los últimos años. Fue una actuación que ha sido condenada ya por los tribunales hasta en cuatro ocasiones y que está a la espera del dictamen del Tribunal Supremo y del juzgado de Instrucción a nivel autonómico. Ha sido también el origen de la primera comisión de investigación en el Ayuntamiento capitalino, que concluyó con la condena del «urbanismo fallido» de José Manuel Soria, caracterizado por una apuesta por la permuta frente a la enajenación mediante subasta, que conducía a que las plusvalías de las operaciones se las llevara el operador privado.
Aunque el origen de muchos de los litigios no llevara la firma de Juan José Cardona, su presencia sí se hizo notar como concejal de Urbanismo al impulsar el Plan General del año 2000, que llevó, entre otros asuntos, al callejón sin salida de Pavía.
En todo caso, desde el grupo municipal popular la lectura es bien distinta. En diferentes ocasiones, sus concejales han asegurado que todos los cálculos del grupo de gobierno son «capítulos de infundadas reclamaciones y sentencias que llevan pregonando todo el mandato sin que se ajuste un ápice a la realidad».
En octubre, y en reacción a la reclamación de 170 millones de euros por los terrenos de El Rincón, el Partido Popular señalaba: «Es como si este gobierno le pusiera todas las noches una velita a Santa Rita pidiendo que llegue una reclamación al Ayuntamiento para poder meterse con el PP».
Sin embargo, hay realidades que escapan al debate político. La lista de causas pendientes en los tribunales de justicia amenaza con ensombrecer el futuro de una ciudad ya de por sí asfixiada por la crisis.
* Canarias 7 - 8.01.11
Foto: Las Palmas, torres Canódromo - Q.Curbelo, canariasahora.es
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LAOPINIÓN/Málaga* : La ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, ha asegurado este viernes que no sabía el trabajo concreto que realizaba para el Ayuntamiento marbellí el letrado y presidente del Sevilla, José María del Nido, acusado en el caso 'Minutas', y ha explicado que en ese momento era concejala "rasa". "Mi trabajo eran los barrios y tratar de arreglar cosas. Hasta el año 2003, no empecé a darme cuenta de que había papeles en el Ayuntamiento", ha declarado. Yagüe, que ha comparecido como testigo en el juicio que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga sobre las presuntas irregularidades en los encargos realizados por el Consistorio marbellí al letrado, ha afirmado que sólo coincidió una vez en una reunión con Del Nido. Sin embargo, ha insistido en que no sabe lo que desempeñaba, y sólo cree recordar que el trabajo que hacía era relacionado con el Tribunal de Cuentas.
"Apuro me da de que no tengo ni idea", ha apostillado sobre la contratación y la labor de Del Nido y ha precisado que ella "tan sólo" era concejal de Participación Ciudadana y su cargo en ese momento "no era relevante". "Quién me iba a decir a mí que se iba a contratar a Del Nido o a quien fuera, qué quiere que le diga, que explicaciones las mínimas, pues ya se lo estoy diciendo", respondió, a preguntas del fiscal Anticorrupción.
A este respecto, Yagüe, acusada en el caso 'Malaya' contra la presunta trama de corrupción en Marbella, ha especificado, en su declaración como testigo, que con Gil como alcalde "no se hacía nada sin que él lo supiera" y ha manifestado que éste regía el Ayuntamiento de Marbella desde el Club Financiero, por lo que ha asegurado que lo vio "muy pocas veces" en el Consistorio, tan sólo para algunos plenos.
Sobre las sociedades municipales de Marbella, la ex regidora ha añadido que "incluso ahora" desconoce el objeto social y su control financiero, aunque fue presidenta de una de ellas. "Entonces es que no tengo memoria, pero de verdad que no lo sé", ha dicho sobre estas entidades Yagüe, quien ha indicado que está en tratamiento y ha repetido en numerosas ocasiones la expresión "no tengo ni idea" para referirse a su etapa como edil.
En cambio, de cuando fue alcaldesa, a partir de la moción de censura a Julián Muñoz, sobre la que ha dicho que se hizo porque "había malestar" en el equipo de gobierno, sí ha señalado que "lo que se tuviera que hacer legalmente se hacía, eso lo tengo claro", a lo que ha añadido que "lo que he hecho ha sido inmaculado y transparente con lo que me han dicho personas como el secretario y el interventor y he intentado corregir lo que estuviera mal".
El poder de Gil
Por su parte, la ex edil Isabel García Marcos, entonces concejala del grupo socialista en la oposición, ha asegurado que Gil hacía "uso y abuso de un poder absoluto" y que no iba al Ayuntamiento, sino que "tenía mando a distancia". No obstante, ha precisado que "su poder se notaba, no hacía falta que fuera" y que éste "no aceptaba ningún tipo de indicación ni nada".
"Jesús Gil no daba la posibilidad de participar en nada y el querer ejercer cualquier funcionario las funciones de la manera que fuera si era contraria a Gil no había nada que hacer", ha indicado, al tiempo que ha afirmado que Del Nido fue a partir de 2003 "el sustituto" del que hasta ese momento había sido el asesor jurídico del Ayuntamiento y hombre de "máxima confianza" de Gil, José Luis Sierra.
"Relación cordial" entre Muñoz y Del Nido
García Marcos ha asegurado que el también ex regidor Julián Muñoz decía "que quería más independencia de Gil", aunque para encabezar la lista "tenía que decir 'sí, buana'". Ha manifestado que había una relación "cordial" entre Muñoz y el presidente del Sevilla y ha dicho que el entonces secretario municipal, Leopoldo Barrantes, también acusado en este caso, no dificultó la labor de oposición a pesar "de las circunstancias difíciles".
Respecto a la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. García Marcos, acusada también en el caso 'Malaya', ha señalado que fue "una batalla campal para saber qué estaba ocurriendo" por la falta de información de la oposición y ha explicado que ese tipo de encargos para hacer alegaciones se hacían a asesores externos "con lo que teníamos menos posibilidad de enterarnos", aunque afectaba "a la cuenta general".
Asimismo, ha explicado que no había control previo en las sociedades, cuya existencia "siempre estuvo poco justificada". Al respecto, la que fuera edil del PSOE, expulsada de este partido tras haber entrado en el equipo de gobierno con Yagüe como alcaldesa, ha indicado que cuando se denunció el mal funcionamiento de estas entidades "no hubo resultados a otros niveles, con lo que creo que se actuaba en la creencia de que era impunidad o de que era correcto todo".
* La Opinión Málaga - 7.01.11
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
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