C.VÁZQUEZ.- El País*/Valencia : "Ha sido la legislatura del cemento y del tsunami urbanístico. La de la avalancha de Programas de Actuación Integrada (PAI), del adiós a la LRAU y de la movilización ciudadana contra la destrucción del territorio con el lema de "somos un país, no un PAI". En estos cuatro años se han sucedido escándalos como el del Atrium Beach, pelotazos como el de Porxinos, las inspecciones del Parlamento Europeo y la condena que supuso el Informe Fourtou de las prácticas urbanísticas valencianas. Si en una década el suelo urbanizado ha crecido un 60% en la Comunidad Valenciana, a partir del año 2000 el ritmo de urbanización parece precipitarse.
El informe Destrucción a toda costa de Greenpeace del año 2006 concluía que el litoral valenciano tiene el 33% de su primer kilómetro de costa urbanizado. Alicante sobrepasa la media con cerca del 50% -una de las más elevadas del litoral español-, seguida de Valencia, con el 29% y Castellón, con el 23,5%. Casi la mitad del litoral está urbanizado y está previsto que se urbanice otra quinta parte del mismo. Según el Instituto Internacional de Economía de la Universitat de València se ha recalificado suelo para triplicar los actuales niveles de urbanización. "Ahora nos encontramos con ese mismo avance pero en sólo cinco años", dice Carles Arribas, de Ecologistas en Acción.
El Consell no proporciona datos sobre el suelo reclasificado en esta etapa de vorágine. Sólo en dos ocasiones la Consejería de Territorio ha hecho públicas las solicitudes que tenía encima de la mesa. A finales de 2006 su titular, Esteban González Pons, explicaba que tenía peticiones de ayuntamientos para recalificar cerca de 195 millones de metros cuadrados de suelo fuera de los planes generales.
De 542 corporaciones municipales, 123 pedían recalificar de rústico a urbanizable 67,2 millones de metros cuadrados en la provincia de Valencia, 68 millones en la de Castellón y otros 59 millones en la de Alicante. Entre un 30% y un 40% del total pueden salir adelante, según fuentes de la consejería. Un año antes Blasco cifró en 55 millones de metros cuadrados las solicitudes de reclasificación de suelo.
"Es verdad que ha habido un bajón en esta última etapa, pero en pocos días aprueban ahora miles de nuevos pisos", apostilla Arribas, en alusión a los 35.000 pisos proyectados en Manises, Catarroja y Alicante, concretamente en el PAI de Rabassa, el más grande de la Comunidad Valenciana, con 4,5 millones de metros.
Compromís pel Territori, altavoz de decenas de plataformas vecinales, habla de 412 millones de metros cuadrados urbanizados, de un millón de nuevas viviendas previstas y de 95 campos de golf solicitados.
La coordinadora ofrece algunos datos. San Miguel de Salinas, un pueblo de 6.600 habitantes, proyecta la construcción de 70.000 nuevas residencias. Vilamarxant es el municipio con más PAI, con 13 proyectos en total; Cabanes, en Castellón, tiene el de mayor extensión, y Cullera es la población con más rascacielos proyectados, 33 en total. "Es el periodo en que se ha destruido más territorio en menos tiempo" apostilla Paco Sanz.
Para el decano de los arquitectos valencianos, Juan Castillo, ésta ha sido una legislatura convulsa y de final complicado. Convulsa por los cambios de titulares en la consejería -dos en cuatro años- y por la renovación de toda la legislación urbanística.
En esta vorágine, el Consell y el Gobierno central se han visto las caras a propósito del agua. La valenciana lidera el ránking de comunidades que proyecta más viviendas sin garantía de suministro. La Confederación Hidrográfica del Júcar calcula que unas 150.000 viviendas proyectadas están pendientes de que se verifique la garantía de abastecimiento de agua y otras 100.000 han recibido una resolución negativa. La Delegación del Gobierno ha recurrido una docena de PAI al no estar garantizado el suministro hídrico o por otras deficiencias. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha paralizado ya cautelarmente dos PAI proyectados en Parcent y La Nucia.
La sensación de desorden urbanístico se ha trasladado a la población. Así la opinión de los valencianos sobre la política urbanística y de ordenación del Consell empeoró el año pasado, según un sondeo de Opina para EL PAÍS. Con una nota media del 2,56, la gran mayoría de los valencianos opinaba que las actuaciones del Ejecutivo del PP relacionadas con el urbanismo han ido a peor. Un 21,9% cree que la situación es muy mala (15,3% hace un año); un 14,1% califica esta política de mala (13,2% en 2005) y el 27,5% de regular. Un 36% de los encuestados reprobaba la gestión del Consell en esta materia.
Los promotores inmobiliarios descargan la responsabilidad de lo que sucede sobre la Administración. "Si se construye mucho es porque se dan muchas licencias", decía en su día Benjamín Muñoz.
LOS COMPROMISOS ELECTORALES SOBRE EL URBANISMO
PP: Conseguir en la próxima legislatura que el 95% del territorio se encuentre ordenado por planes generales. Desacelerar el ritmo de crecimiento del consumo de suelo hasta que sea inferior a la tasa de crecimiento del PIB valenciano. Potenciar el modelo urbano policéntrico concentrado y aprobar los planes de protección de la huerta y del litoral. Plan especial para las actuaciones urbanísticas en terrenos situados en la franja litoral de 500 metros, donde sólo se permitirán densidades bajas y equipamientos públicos.
PSPV-PSOE: Poner fin al crecimiento urbanístico descontrolado y a las reclasificaciones de suelo al margen de los planes generales. Proteger una franja litoral de 500 metros. Presentar los planes de protección de l'Horta y del Litoral. Modificar la ley del Golf. Fomentar la participación de los ciudadanos en los procesos de ordenación del territorio.
COMPROMÍS PEL PAÍS VALENCIÀ: Moratoria urbanística inmediata que permita una ordenación territorial sostenible. Paralización de los proyectos que no acrediten la suficiente transparencia informativa y anulación de todo PAI aprobado fuera de los planes generales.
*ELPAIS.com - Valencia - 12/05/2007
Foto: manifestación depredacion territorio valencia 21 abril/ elpais.com
El tsunami urbanístico
El 'boom' alimenta la demanda de vivienda social en Barcelona
LL.PELLICER.- El País* : "Barcelona tiene una demanda de vivienda insaciable. Como prueba, el último sorteo de viviendas de protección, en el que 54.440 personas optaron a 1.509 pisos. Sólo había casa para el 2,8% de los solicitantes. En todo 2006 se rifaron 2.200 viviendas, insuficientes para una ciudad que ha sufrido una de las mayores escaladas inflacionistas de España. En la última legislatura la obra nueva se ha encarecido el 66,6%, mientras que la segunda mano, el 55,6%. El perfil de un piso nuevo en la capital catalana es, según los promotores, el de una vivienda de 71,3 metros cuadrados que cuesta 590.000 euros.
Paradójicamente, Barcelona es la ciudad que más pisos sociales construye en Cataluña. A pesar de que el número de pisos protegidos el año pasado fue el 12% inferior al de 2005, la capital catalana concentra uno de cada cuatro pisos iniciados en toda la comunidad. El gobierno municipal (PSC, ERC e ICV) se propuso promover 10.000 pisos públicos entre 2004 y 2007. El último balance del Ayuntamiento señala que el 41,8% de las viviendas prometidas están terminadas, mientras que el 43,6% están en construcción o ya pueden empezar las obras. Las licencias del resto, 1.530 pisos, aún están en trámite.
La producción de vivienda pública ha dado un salto cuantitativo en los dos últimos años. Antes era más bien nula. En 2001, en pleno comienzo del boom inmobiliario, sólo el 5% de las licencias otorgadas por el consistorio correspondían a pisos sociales. ¿El culpable? Los socialistas apuntan a los gobiernos de la Generalitat que lideró CiU durante 23 años, que, dicen, ignoraron las necesidades de Barcelona. CiU acusa a los tripartitos municipales de dejadez y de haber malvendido suelo que poseía en el frente litoral.
La inversión del Ayuntamiento a partir de 2003 ha empezado a dar sus frutos en los últimos años. El consistorio inyectó 540 millones de euros en la compra de solares y otros 172 millones en la promoción de pisos y empezó a levantar viviendas para jóvenes y ancianos en suelo dotacional. Todo eso ha permitido que en los dos últimos años uno de cada tres pisos construidos en Barcelona sean protegidos. En cuatro años la promoción ha crecido el 139%.
Sin embargo, la entrada de más pisos sociales en el mercado no ha podido contener los precios de la vivienda ni acercar la producción de pisos públicos a la de otras ciudades. Madrid (35.000 viviendas), Sevilla (15.000) y Valencia (12.500) siguen teniendo los planes de vivienda más ambiciosos de España, aunque no escapan a la tragedia de los sorteos. El jueves, en Madrid 217.000 ciudadanos optaban a 1.378 pisos públicos.
Para los próximos años, Barcelona cuenta con nuevos desarrollos que suman cerca de seis millones de metros cuadrados de techo para viviendas, de las cuales el 54% serán públicas. Pero la lista de demandantes, lejos de irse desinflando, parece que puede engrosarse. El 25% de los ciudadanos con menos recursos hoy no podría acceder a un piso, ni tan sólo de protección, según el Libro Blanco de la Vivienda en Barcelona, de Antón Costas. De acuerdo con el informe, al próximo gobierno local se le plantea un reto nada fácil: dar alas al alquiler social, dar prioridad a los colectivos con riesgo de exclusión y buscar fórmulas imaginativas para crear más vivienda pública. Y deberá hacerlo ante una ciudadanía no sólo preocupada, sino también movilizada, ante el difícil acceso a una vivienda digna.
LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS
PSC. 12.000 pisos públicos, más de la mitad de alquiler. Creación de una bolsa de intermediación que administre 10.000 pisos. Expropiación de solares y fincas abandonadas para crear vivienda social.
CiU. 6.000 pisos para mayores y otros 3.000 para jóvenes, pero ayer propuso construir otros 10.000 en los muelles del puerto de Barcelona. Aportaciones del 20% del precio del piso por parte del Ayuntamiento, que sería copropietario.
PP. 12.000 pisos protegidos. Fomento del alquiler para que salgan al mercado 10.000 viviendas vacías. Pisos de alquiler a 20 años con opción a compra. Ayudas directas para la entrada de un piso a jóvenes, familias numerosas, discapacitados y ancianos.
ERC. 10.000 pisos públicos y 10.000 rehabilitaciones de pisos para destinarlos al alquiler. Mejora de la lucha contra el acoso inmobiliario. Creación de pisos en edificios en desuso del Ministerio de Defensa.
ICV-EUiA. 12.000 pisos públicos la mitad de alquiler. 2.500 pisos dotacionales para personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social. Los nuevos desarrollos deberán tener entre un 35% y un 50% de vivienda pública.
Ciutadans. Prioridad a la vivienda pública de alquiler. Impedir la venta de suelo público hasta alcanzar los compromisos de construcción de vivienda protegida. Atraer al sector privado a la promoción de vivienda pública.
*ELPAIS.com - Barcelona - 12/05/2007
