DIARIODEMALLORCA* : Los informes tenían que salir como fuera. Con esa contundencia se lo dijo el conseller de Educación de Jaume Matas, Francesc Fiol, a los arquitectos y responsables técnicos del Govern que debían avalar la contratación de Santiago Calatrava. Se trataba de elegir a Calatrava y solo a Calatrava. Para ello el ex president y su conseller pagaron 11.600 euros públicos a una asesoría privada, a la que se encargó que elaborasen un informe jurídico en el que se respaldase la elección sin concurso público del reputado arquitecto. Según se detalla en los 27 folios del escrito de petición de fianza redactado por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del Govern por una de las piezas en las que se ha dividido el sumario del caso Palma Arena, Matas se había reunido con el famoso arquitecto ya en 2006, pero el proyecto pagado con dinero público que el expresident pretendía convertir en el golpe de efecto que le llevase a la reelección no tomó forma hasta principios de 2007. Fue entonces cuando, según los fiscales, el expresident "decide de forma unilateral que durante la siguiente campaña electoral va a presentar un gran proyecto (...) con la única y exclusiva finalidad de favorecer sus intereses propios como candidato".
Tomada la decisión y designado a dedo su prestigioso ejecutor, Matas negocia los pormenores con Calatrava: le pagará 1,2 millones de euros públicos por presentarle un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un edificio destinado a albergar una ópera junto al Moll Vell de Palma. Con la adjudicación a dedo ideada, solo falta ejecutarla. Matas encarga de ello al exconseller y actual diputado autonómico del PP Francesc Fiol. La misión es compleja: se trata, según la Fiscalía, de "otorgar apariencia de legalidad a la decisión [de Matas], revistiéndola de las formalidades jurídicas necesarias". Y hay que hilar fino: según la Fiscalía, Matas pretendía además "ocultar su participación en la decisión y consecución del proyecto". ¿Cómo hacerlo? Siempre según el relato de los fiscales, Fiol y Matas ponen los ojos en el Ibisec, una empresa pública fundada para la construcción de colegios. ¿Por qué? "Al tratarse de una empresa pública los controles de legalidad no son exhaustivos", opinan los fiscales en su escrito.
Vistiendo el contrato
Pero aunque no haya controles exhaustivos, sigue habiendo leyes que cumplir. Se lo advierten al propio Fiol el entonces director general de Presupuestos de la Conselleria de Economía y los abogados del Govern. Así que el exconseller y aún diputado del PP busca avales a la adjudicación a dedo de Matas fuera del Govern y de los funcionarios contratados para evaluar este tipo de cuestiones, como recalca la propia Fiscalía Anticorrupción: "¿Para qué si no se contratan numerosos profesionales para integrar las asesorías jurídicas de los organismos públicos?", reflexionan los fiscales, que exponen la razón del comportamiento de Matas y Fiol:"Se pretendía contar con el respaldo de una consultora externa de prestigio para la apariencia de legalidad con la que se pretendía cubrir la contratación de Santiago Calatrava".
¿Y a quién se contrata? Pues a Landwel-Pricewaterhousecoopers, firma también conocida por haber puesto en nómina a Matas cuando perdió el poder en las urnas. Pero, pese a pagar 11.600 euros por ello, el aval pretendido para la adjudicación a dedo no es total: la consultora explica que al Govern que, para que la adjudicación tenga lo que lo fiscales llaman "apariencia de legalidad" , "el contrato deberá perfilar las características empresariales, personales, materiales y operativas del contrato a licitar, justificando su concurrencia exclusivamente en el adjudicatario".
Dicho y hecho: Fiol persevera en el encargo de Matas y "ante las evidentes carencias del expediente de contratación dada la falta de justificación de la adjudicación directa pretendida" (dicen los fiscales), reclama al jefe de Arquitectura de Vicepresidencia, que "textualmente manifieste que en su opinión el arquitecto Calatrava es el único que puede ejecutar el objeto del contrato". Pero el arquitecto se niega, salvo que antes firmen los arquitectos del Ibisec.
A ellos acuden Fiol y su hombre en el Ibisec, Andreu Obrador. Este es el que les pide a cuatro arquitectos que firmen lo que exige Fiol, pero les tranquiliza: si no lo hacen "no tomará represalias". Menos tibio se muestra Fiol, que cuando se incorpora a la reunión "exige a los presentes que los informes de los arquitectos tienen que salir como sea". La presión funciona. Los arquitectos firman un escrito que dice textualmente:"Calatrava es el que presenta el perfil más idóneo a las características del encargo". Fiol ya lo tiene: el Ibisec ordena la contratación de Calatrava, articulada, según la fiscalía, "con desprecio total de las normas administrativas y legales de actuación pública". ¿Lo sabían Fiol y Matas? Según la fiscalía, sí. De hecho, pese al visto bueno de los arquitectos, la abogada del propio Ibisec advierten de que no cuela, como constata Anticorrupción: "No avala la adjudicación directa que se pretende". Pese a ello, días después, Matas adjudica a Calatrava sin concurso sus 1,2 millones de euros.
* Diario de Mallorca - 24.02.11
Foto: Palma, Matas con Calatrava - diariodemallorca
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LNE/Asturias* : Los presagios más negros se han cumplido: el Tribunal Supremo ha tumbado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes vigente en el concejo desde 2003. El municipio se queda sin normativa urbanística municipal, un hecho sin precedentes en España, dado que los dos planeamientos anteriores (aprobados en 1992 y 1986) también fueron anulados por los jueces y el inmediatamente anterior (aprobado en 1976) fue derogado por el Gobierno del Principado. El Ayuntamiento, a partir de ahora, deberá otorgar licencias urbanísticas basándose en las severas normativas regionales y estatales, lo que apenas dejará margen de maniobra para conceder permisos de obra nueva, según señalaron varios expertos. A la vista de la singularidad del caso, el futuro urbanístico del municipio es una incógnita, pues sobre el nuevo Plan General que se redacta desde hace más de un año -y que los dirigentes socialistas locales pretendían aprobar antes de que llegara este fallo- pende otra sentencia judicial que anuló la adjudicación al equipo redactor.
El Supremo ha desestimado los cinco recursos de casación presentados por tres juntas de compensación, el Ayuntamiento de Llanes y el Gobierno del Principado, y ha ratificado, punto por punto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que, en 2007, anuló el plan de Llanes. Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario, por lo que sólo quedaría la posibilidad de solicitar amparo al Tribunal Constitucional; claro que este organismo sólo es competente en asuntos que afecten a derechos constitucionales, lo que hace muy difícil que pueda aceptar un recurso sobre este asunto.
El Supremo ha sido muy claro: la sentencia del TSJA que anuló el plan de Llanes está «debidamente motivada» y es «plenamente congruente», pues se hurtó a los ciudadanos la posibilidad de alegar sobre actuaciones urbanísticas tan importantes como las propuestas (algunas ya ejecutadas o en ejecución) para La Talá, La Huertona, La Llavandera, El Sablón o el polígono industrial de Posada. Actuaciones todas ellas que ya habían sido anuladas por los jueces anteriormente (se incluyeron en el plan de 1992, también anulado) y que el Ayuntamiento de Llanes incorporó al planeamiento después de finalizada la fase de exposición al público. La conclusión del Supremo es contundente: «No hubo información pública respecto de documentación fundamental». Otra irregularidad: el Ayuntamiento clasificó suelo como urbano sin consulta previa a los interesados y al resto de la ciudadanía. Además, el Supremo ha dado la razón al TSJA, al señalar que la memoria del Plan General y el estudio económico financiero son «insuficientes y contradictorios».
El Supremo condena a los recurrentes a pagar los honorarios del abogado de la parte denunciante, Andecha Astur, lo que obligará al Ayuntamiento, al Principado y a la junta de compensación de La Talá a pagar 2.500 euros, cada uno. Las juntas de compensación de La Portilla-Pancar y La Huertona tendrán que abonar 1.000 euros. Los cinco recurrentes, además, deberán sufragar a partes iguales los gastos de procurador de Andecha Astur.
Ni los dirigentes del Ayuntamiento de Llanes ni los mandatarios del Gobierno del Principado quisieron emitir ayer valoración alguna sobre la sentencia del Tribunal Supremo.
* LNE - 15.02.11
Foto: Actuación urbanística en Posada de Llanes, paralizada desde hace años por la quiebra de la constructora.- lne
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LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha mantenido este lunes en el juicio del caso 'Malaya' que la imputación por blanqueo de capitales en la operación inmobiliaria Crucero Banús es por los fondos "de procedencia delictiva" utilizados por el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, "tanto lo que invierte como lo que obtiene" del negocio, mientras que la defensa de éste ha alegado "indefensión", ya que ha existido "una inconcreción absoluta" en las acusaciones. Abogados y acusaciones han expuesto ante el Tribunal su resumen o informe de prueba sobre dicha operación, con lo que concluye este primer bloque del juicio, tras dos meses y 21 sesiones. El siguiente bloque, en el que hay una treintena de acusados por delitos de blanqueo de capitales, entre los que están Roca y supuestos testaferros de éste como letrados del despacho Sánchez Zubizarreta, Montserrat Corulla u Óscar Benavente, comenzará finalmente el día 1 de marzo.
La acusación pública ha especificado que esta operación "no es más que una de las manifestaciones de blanqueo que se imputa a Roca". Ha señalado que éste, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el excomisario Florencio San Agapito fueron los cuatro participantes y que estaban "al tanto" de todos los aspectos del negocio, con el que, ha dicho, obtuvieron "una importante plusvalía en poco tiempo", cifrada en unos seis millones de euros.
Ha precisado que se utilizaron mecanismos de ocultación y ha indicado documentos y testimonios en los que apoya su acusación. En su escrito provisional, el ministerio fiscal señalaba que éstos se concertaron para adquirir una parcela en Marbella sobre la que se lograría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, para revenderla "garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado". El perjuicio para el Ayuntamiento se cifra en casi cinco millones de euros.
Por contra, para la letrada de Roca, Rocío Amigo, las conclusiones del fiscal no definen el delito de blanqueo, reseñando que no fue hasta este mes "cuando rectificó su escrito y viene a decir de forma sorpresiva, ya concluida su prueba, que la imputación es el origen de los fondos, lo cual no se ha investigado". Considera que hay "una absoluta indefensión" por esa "inconcreción" en todas las acusaciones en cuanto al blanqueo "porque no sabemos el delito antecedente, que tenía que ser grave, y no sabemos en cuanto se cuantifica".
En este punto, el fiscal ha intervenido ante "las insinuaciones" de la abogada, asegurando que parece "que la señora letrada no entiende el escrito de acusación". Tras la intervención del presidente de la Sala, José Godino, ésta ha pedido disculpas al ministerio público en el caso de que "le moleste mi informe".
La defensa se ha referido también a las aportaciones de Roca y a un supuesto cuarto cheque que éste dijo en su declaración que aportó. "A mi cliente se le está acusando de muchas cosas, pero no se le puede acusar de mentir al Tribunal", ha apostillado, al tiempo que ha señalado que la sociedad Lispag, con la que se desarrolló el negocio, "como Teruel, existe, está ahí, y si alguien tuvo que tributar era esta entidad y en Suiza".
OTROS DELITOS
Por su parte, el abogado del Ayuntamiento, que acusa además por malversación, o alternativamente fraude, y por prevaricación, ha hecho referencia a un primer convenio con un empresario, rechazando los argumentos de que al interesarse Román por el negocio se pusieron condiciones "más gravosas". Ha aludido a una posible "extorsión" a ese empresario, que "no pudo mover su propiedad porque el alcalde --Jesús Gil--, sus colaboradores y Roca impidieron que ese convenio llegara a comisión de Gobierno".
El letrado Alberto Peláez ha indicado que el cuarto cheque supuestamente entregado por Roca "no aparece por ningún sitio" y que en los otros tres, que sí constan, está la "aportación ilícita" de éste. El letrado ha realizado cálculos con el dinero aportado para la operación y con los gastos abonados y ha apuntado a "una nueva dádiva que ahora hemos podido descubrir".
El abogado de la Junta de Andalucía, que también acusa por otros delitos, ha señalado que el control de Roca sobre el urbanismo, y en concreto en materia de convenios, ha quedado acreditado en estos dos meses fundamentalmente por las testificales. El abogado José Manuel Delgado Utrera ha manifestado que hubo un fraude al Consistorio, ya que el precio no se fija de forma objetiva, sino según el entonces alcalde, y con una valoración que "no se ajusta a la realidad".
Por su parte, la letrada del principal acusado ha pedido la absolución por todos los delitos y ha considerado que la mayoría de las sesiones se han dedicado a rebatir "unos delitos que no existen en ningún caso". Ha señalado que se ha acreditado que no hubo perjuicio al Consistorio, apoyándose en las declaraciones de testigos de cargo del propio Ayuntamiento; así como que no se utilizó información privilegiada sobre el plan en revisión, porque "no existía".
"Las motivaciones que mueven a la Junta y al Ayuntamiento hay que encontrarlas bien lejos de los tribunales de justicia y mucho más cerca de ciertos despachos oficiales", ha dicho la letrada, quien ha instado a estas acusaciones a que "purgaran" sus escritos, al señalar que la Administración andaluza "no puede pedir que mucha gente vaya a prisión cuando la propia Junta dice que el convenio no es impugnable". El caso del Ayuntamiento, ha dicho, es "más llamativo", ya que "podía haber iniciado un expediente de revisión" si había un perjuicio.
Amigo ha señalado que ni Roca ni los demás acusados "tenían a su disposición caudales públicos" y sobre todo ha precisado que el dinero que los promotores ingresaban en concepto de convenios "era privado y no se puede malversar dinero privado".
OTRAS DEFENSAS
Las defensas de los demás acusados han rechazado las acusaciones. En el caso del abogado de Hoffman, José Manuel Vázquez, ha indicado que los informes acusatorios son "conjeturas" y que las acusaciones "no tienen pruebas" y no se ha acreditado el conocimiento del origen ilícito de los fondos. Su afirmación de que el fiscal "quiere que este bloque se una al resto porque quiere confundir a la Sala", ha provocado la respuesta del representante de la acusación pública. Asimismo, ha manifestado que en las 21 sesiones se ha hablado "de pelotazo urbanístico sin que eso tenga consecuencia penal".
Los letrados del resto de acusados, como son San Agapito, Román, la hija de éste, el exalcalde Julián Muñoz, el tasador José Mora y el empresario José Ávila Rojas --los tres últimos acusados en esta parte sólo por el Ayuntamiento y la Junta-- han considerado que no existen pruebas de cargo contra sus clientes. En el caso del exregidor, su defensa ha precisado que no intervino en el convenio y que en la comisión de gobierno participaron otros cargos públicos que no están acusados en este bloque.
* La Opinión Málaga - 14.02.11
Foto: MARBELLA - JOSELELANZA - SUR
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LAVERDAD/Murcia* : Después de 4 años, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dado carpetazo al caso de la finca de La Zerrichera de Águilas declarando el archivo. El alto tribunal se basa en el decreto del Gobierno regional del pasado mes de diciembre que hace imposible la urbanización de este paraje protegido como LIC y ZEPA, a la vista del plan de gestión de la Sierra de La Almenara que ya tiene plena vigencia. La Comunidad Autónoma y posiblemente el Ayuntamiento de Águilas se preparan para hacer frente a una posible reclamación millonaria por supuestos daños y perjuicios. La consecuencia lógica era que la Sala de lo Contencioso Administrativo archivara el caso, máxime a raíz de la petición del letrado de la Comunidad Autónoma -como parte demandada- de que así se hiciera porque el decreto dejó sin efecto la orden de la Consejería de Obras Públicas de febrero de 2006 que declaró urbanizable esta finca pese a sus valores medioambientales. La Consejería abrió la puerta para construir una urbanización de lujo de 3.000 viviendas con campos de golf y zona hotelera sobre una superficie de 240 hectárea a diez kilómetros de Águilas, autorizando la reclasificación de los terrenos.
Esta orden se basó a su vez en un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental que corrigió otro anterior que había considerado incompatible la urbanización.
El archivo da paso a otra fase en esta polémica historia, ya que la promotora Inverlur, que pertenece a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (La Kutxa) y el Grupo Inversor Hispania, que son a la postre los perdedores, se plantean exigir el pago de indemnizaciones al Gobierno regional y probablemente al Ayuntamiento de Águilas, tal y como se desprende del auto del TSJ al que ha tenido acceso 'La Verdad'.
De acuerdo con el auto, los magistrados Abel Ángel Saez, Joaquín Moreno Grau y María Consuelo Uris Lloret apuntan que el archivo obedece al hecho de que ha sido derogada la orden de la Consejería de Obras Públicas que recurrió la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse). Fueron los ecologistas quienes consiguieron paralizar este proyecto por la vía del contencioso en septiembre de 2007, y son los mismos que ahora han ganado el caso en su totalidad. Existe otro recurso que presentó el PSRM-PSOE contra este desarrollo urbanístico, aunque se cree que decaerá porque no llegó a formalizarse la demanda.
Los magistrados entran a considerar de forma tangencial los perjuicios económicos que hayan podido sufrir los promotores, pero sólo para decir que si la disposición ha podido producir efectos mientras ha estado vigente «es una cuestión ajena a lo aquí planteado y no impide el archivo del presente procedimiento, sin perjuicio del derecho que asiste a las partes de interponer las acciones que estimen pertinentes como consecuencia de la derogación de la orden recurrida».
Las empresas codemandadas, Inverlur Águilas S.L.U. y el Grupo Inversor Hispania S. A., que creó Trinitario Casanova, han dejado constancia en el proceso de que se reservan las acciones para reclamar la pérdida de derechos patrimoniales y los daños y perjuicios que creen que se han causado. La inmobiliaria de la caja de ahorros del País Vasco se ha mostrado conforme con el archivo de la causa debido a la pérdida del objeto (la imposibilidad real y definitiva de urbanizar la zona), si bien apunta que se plantea reclamar. El Grupo Inversor Hispania, por su parte, sí se ha opuesto al archivo argumentando lo contrario y haciendo saber que desde el año 2006 -cuando la Consejería dio luz verde a la urbanización- se han visto afectados sus intereses.
El Ayuntamiento se desmarca
Otro aspecto llamativo del caso es que el Ayuntamiento de Águilas, que es también parte codemandada, se ha opuesto al archivo, invocando causas de nulidad. Argumenta su letrado que si se archiva el procedimiento por haber sido derogada la orden de la Consejería significa que ésta era válida y eficaz desde el principio y surtió efectos hasta la derogación. El Ayuntamiento aguileño, que hizo un trámite paralelo al del Gobierno regional (de hecho, revitalizó el proyecto urbanístico que previamente había archivado) cree que debe mediar una declaración de nulidad. Fuentes consultadas opinan que el Consistorio trata, a la postre, de cubrirse las espaldas ante la posibilidad de que tenga que hacer frente a una reclamación.
La Zerrichera tiene abierto otro frente con la querella que presentó la Fiscalía contra el alcalde de Águilas y varios altos cargos de la Comunidad por presuntos delitos en la tramitación del expediente.
* La Verdad - 12.02.11
Foto: Águilas (Murcia), terreno La Zerrichera - reporterodigital
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ELPAÍS/Barcelona* : La fiscalía de Barcelona se ha querellado contra la exalcaldesa de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat) Tomasa Jiménez, contra el ex teniente de alcalde de Urbanismo Joan Martí Aparicio y contra el exsecretario municipal Manuel Benito Gironés. Les acusa de un delito continuado de prevaricación por una operación urbanística en la que el Ayuntamiento pagó 1,3 millones de euros a los propietarios de unas fincas para construir una escuela de educación infantil y primaria. El fiscal sostiene que es un gasto innecesario porque las fincas estaban catalogadas como equipamientos comunitarios y se podían haber ocupado directamente. Tomasa Jiménez, que entonces era alcaldesa del PSC, continúa en el Consistorio como primera teniente de alcalde de Urbanismo, al igual que Martí Aparicio, responsable de Hacienda y Presupuestos. La actuación supuestamente delictiva que investiga un juzgado de Sant Boi fue revocada por el nuevo Consistorio, tras la entrada de otro secretario municipal que descubrió la operación y denunció el caso.
El fiscal Antoni Pelegrín relata en la querella que el 25 de abril de 2006, el Ayuntamiento abonó a los cuatro propietarios de las fincas 1.357.825 euros, IVA incluido. El dinero salió la empresa Adendia SL, que pactó con el Ayuntamiento que actuaba así a cambio de que se le adjudicaran de forma directa 2.000 metros edificables de propiedad municipal en régimen de vivienda libre y que todo se recogiera en un convenio.
El fiscal asegura que los querellados conocían la ilegalidad del pacto y que el secretario informó a favor con el argumento de que tenía que pagar ese dinero para cancelar el derecho de reversión a favor de los antiguos cuatro propietarios. Sin embargo, el fiscal recuerda que la Generalitat nunca exigió esa cancelación como requisito para poder consumar la cesión gratuita de la finca en la se construirían las escuelas.
Pese a que la operación urbanística se ha deshecho, el fiscal relata que el Ayuntamiento de Sant Climent está obligado a devolver a la inmobiliaria el dinero que recibió más los intereses.
* El País - 14.02.11
Foto: Sant Climent de Llobregat (Barcelona) - webnode
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LAVOZ/Lugo/Entrevista* : Jose Luis Fiuza Diego (Lugo, 1954) es un abogado de larga y reconocida trayectoria en Lugo que hace poco más de un año impulsó la creación de la Asociación por la legalidad del plan urbanístico de Lugo, Alpul, en la que no tiene cargos, pero es su asesor legal y uno de sus miembros más activos. Las denuncias iniciales en la prensa han pasado ahora al juzgado, que ya imputó a algunos empresarios y responsables políticos. Además, en esta última semana tuvieron que declarar el alcalde y la delegada de urbanismo por una denuncia por injurias.
-¿No le importa que pueda ganarse la fama de «malo de la película» por llevar a varios políticos y constructores de la ciudad al banquillo por vía penal en vez de recurrir el proyecto por la vía del contencioso?.
-Yo no llevo a nadie al banquillo, eso es misión de la fiscalía y de los jueces. Alpul, simplemente, denuncia hechos y comportamientos que entiende que pueden ser constitutivos de delitos. La Presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, ya en el 2006, declaró a un diario nacional que «la mayor corrupción es el urbanismo», añadiendo que «la situación es preocupante y ningún ciudadano puede permanecer impasible al fenómeno de la corrupción en el urbanismo». Ahora, los políticos nos atacan por seguir las directrices de la magistrada.
-¿Por qué no acudió a tomar declaración al alcalde y a la delegada y envió a otro abogado?
-Días antes de las declaraciones, los imputados, a través de sus representantes legales, presentaron un escrito en el Juzgado en el que se hacía referencia a mi persona. Entendí, por ello, que, para que tuviesen plena libertad para hablar de mí, era preferible que yo no fuese ese día.
-¿Cómo valora la comparecencia del alcalde y la delegada ante el juzgado?
-Durante meses, ambos repitieron hasta la saciedad que estarían encantados de acudir al Juzgado a decir por qué habían dicho lo que dijeron. Pues bien, responden a la jueza que sí dijeron lo publicado y que no tenían ninguna intención de injuriar. Ni una palabra más. A la acusación, se negaron a responder. ¿Dónde explicaron sus injurias?. Por cierto, nada más terminar las declaraciones, vuelven a injuriar.
-¿Por qué, al fin, se decide a hablar y concede entrevistas?
-Porque estoy harto de mentiras y manipulaciones tanto de estos políticos como de ciertos periodistas y medios que sistemáticamente desprecian la verdad, publicando solamente aquello que favorece a determinados intereses. Pero tengan la seguridad que muchos tendrán, en su día, que dar explicación de sus actos. Por ahora, recopilamos pruebas que serán publicadas y denunciadas en su momento. Por mi parte, desde el nacimiento de Alpul, no he querido salir en los medios, ni lo hubiese hecho ahora, si no fuese porque se publican mentiras con mi nombre y apellidos. Afirman que tengo intereses en una finca, lo que en cualquier caso no sería ningún delito. Pero tienen la mala fe, de ocultar que, obligados por la Xunta, tuvieron que recalificar mi propiedad el pasado diciembre, exactamente como yo lo había solicitado en mis alegaciones, por lo que me dieron todo lo que pedí. Por tanto, si pensase solo en mis intereses, debería apoyar el plan. Pero claro, si reconocen esto, se quedan sin argumentos para atacarme; por ello, siguen y seguirán mintiendo.
-Los abogados del alcalde y de la delegada de urbanismo dijeron que Alpul era un sindicato de intereses y que ustedes recurrían al juzgado porque no habían conseguido lo que pedían del plan general de urbanismo.
Si Alpul es un «sindicato de intereses», no teniendo a ninguno de sus miembros imputado, ¿como creen sus abogados que deberíamos denominar al «sindicato de cargos públicos imputados por la justicia»? Afirman una cosa, y a las tres líneas, la contraria. Están desorientados. En un mismo escrito son capaces de decir que Alpul se constituyó para la defensa de intereses particulares; que la asociación encubre un sindicato de oportunistas; que han perdido el norte, que se han metido en política por intereses particulares y vestidos de asociación benéfica, y acto seguido, en la misma página, ensalzar a sus miembros a los que consideran pudorosos, vergonzosos, cautos y cultos, y que no se les ha llamado sinvergüenzas, que es cosa muy distinta y en la que, ni de lejos, se ha pensado. ¿En que quedamos?. O somos una cosa o la otra. Pero que nadie lo olvide: ellos son los que están imputados por la Justicia, no Alpul.
-Acusan a Alpul de tratar de erosionar el prestigio del alcalde y otros cargos públicos del Ayuntamiento de cara a las elecciones municipales
-Le voy a recordar unos hechos recientes: Un juzgado de lo contencioso considera que hubo desviación de poder en la calle Armórica. Un juzgado de instrucción dicta un auto donde refiere indicios de graves responsabilidades en el alcalde, cargos públicos y funcionarios. Otro juzgado de instrucción que investiga las multas se encuentra con una orden del alcalde de no multar donde esa tarde tenía un mitin. La inmensa mayoría de esas multas desaparecieron o prescribieron. El tercer juzgado de instrucción imputa por injurias al alcalde y a la delegada de urbanismo. El mismo juzgado investiga unas diez presuntas actuaciones delictivas en el PXOM, imputando a particulares y a la delegada de Urbanismo. Un juzgado de instrucción acompañado de la policía entra en el Ayuntamiento para requisar la documentación de unas oposiciones. ¿De verdad cree que necesitan que les ayudemos a erosionar su prestigio? Yo creo que ellos lo hacen mejor que nadie.
-Según dijo el letrado de María Novo, la querella que les iba a presentar, la retiene por ahora.
-La señora Novo, cada vez que se encuentra en una situación complicada, anuncia la inmediata presentación de esa ya vieja querella. Recordemos que el pasado miércoles, día que es imputada por el PXOM, dice que al día siguiente sus abogados anunciarían su presentación. Pasado el día, dicen que por ahora van a esperar, que tienen cuatro años para interponerla. Desde luego sería un impresionante ridículo que presente una querella contra Alpul por denunciar los mismos hechos por los que un juzgado la está imputando a ella. Sabe que con ello tendría asegurada la presentación de una querella por denuncia falsa. De todas formas, la delegada es hábil, pues trata de concentrar la atención en Fixós cuando la realidad es que deberá responder a las preguntas sobre muchas más recalificaciones del PXOM. No en vano, en la aprobación del 2009, era la máxima responsable del urbanismo.
-¿Y por si era poco, nuevo conflicto con las oposiciones a agentes de movilidad?
-Ahí los políticos se han metido en un callejón sin salida. Las oposiciones se paralizaron porque no aprobaron los que quería el mandamás, se ocultaron documentos al juzgado...
* josé luis fiuza diego abogado y asesor legal de alpul
* La Voz de Galicia - 13.02.11
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