NORTECASTILLA* : El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, anunció ayer el Ayuntamiento prepara la modificación del Plan General para legalizar la última tanda de viviendas sin licencia de Puente Duero. El regidor, quien presidió en este barrio el primer concejo abierto de la capital después de 17 meses, advirtió que serán las últimas, siempre y cuando la operación cuente con el respaldo de la Junta, y que no se admitirá «ni una más».
Fuentes de la asociación de vecinos explicaron que en un primer momento se legalizaron cerca de 40 viviendas y quedarían por contar con las bendiciones municipales otras sesenta. Los propietarios de estas casas deberán pagar entre 3.000 y 4.000 euros para conseguir los papeles.
El primer edil atendió ayer a las demandas de esta zona residencial, con 1.163 vecinos, en un clima cordial. Entre las peticiones más urgentes, Juan Carlos Prieto, presidente de la organización vecinal, reclamó al Consistorio que actúe con los dos propietarios que se niegan a desmantelar los jardines de sus casas que invaden la calle Real, ahora en proceso de remodelación. El alcalde reconoció que se está ocupando claramente la vía pecuaria y dijo que se urbanizarán esos dos terrenos. «Únicamente no se hará, si me lo impide un juez», dijo. El máximo responsable municipal destacó que la obra en la travesía supondrá «un antes y un después para este barrio», que contará con un moderno bulevar de 750 metros con jardines, zonas para el paseo y juegos infantiles. «Los fondos provienen del Gobierno de España, pero quien decide dónde gastarlos es este equipo de gobierno», subrayó ante un auditorio de más de cien personas.
Asimismo, León de la Riva destacó la inversión de más de diez millones de euros de la Junta para construir un emisario que llevará las aguas sucias hasta la depuradora del Camino Viejo de Simancas.
Otras peticiones pasaron a la carpeta de 'se estudiará'. La más importante, el aumento de las frecuencias de los autobuses urbanos por la mañana para que pasen de una hora a treinta minutos. León de la Riva recordó el gran déficit que arrastra Auvasa y aclaró que, con los estudios técnicos en la mano, el número de usuarios no permitiría incrementar los autobuses. No obstante, se comprometió a darle una vuelta.
Respecto a la petición para buscar un aparcamiento para camiones, el alcalde avanzó que se está estudiando habilitar una explanada junto al campo de fútbol, siempre que la Consejería de Medio Ambiente lo autorice.
* El Norte de Castilla - J. ASUA - 29.05.09
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Valladolid: Urbanismo dará licencia a otra tanda de 60 casas ilegales en Puente Duero
Arca presenta alegaciones a la modificación de las NUR y acusa a Mazón de "fomentar la especulación urbanística"
EUROPAPRESS/Cantabria* : La asociación ecologista Arca ha presentado alegaciones a la propuesta del Gobierno de Cantabria para modificar las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) ya que, a su entender, "todas" las modificaciones planteadas implican un aumento de las posibilidades de construir en suelo rústico en los municipios del interior de la región.
En este sentido, ha denunciado el "interés" del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Ejecutivo autonómico, José María Mazón, de "fomentar la especulación urbanística" en la Comunidad.
En concreto, el presidente y vicepresidente de Arca, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, respectivamente, acusaron a Mazón de pretender, con la modificación de las NUR, y también, con la modificación de la Ley del Suelo, "trasladar la interior" de la región la "especulación urbanística que ya ha destruido bueno parte del litoral" de Cantabria.
En rueda de prensa, Canales precisó que dichas modificaciones permiten aumentar las alturas de las edificaciones, pasando de 6,5 a 7 metros; que los sótanos no computen como superficie construida por lo que, por tanto, "se podrá construir mucho más"; que las cubiertas y los tejados se alteren "como se quieran"; construir buhardillas debajo de los tejados; o construir sótanos en aquellas viviendas que no dispongan de ellos.
Asimismo, con las modificaciones del Ejecutivo se permite aumentar la edificabilidad del 0,2 al 0,3%, pasando la ocupación del 20 al 30%. A esta modificación, "a cara perro y directa", se añade una última por la que se reducen las distancias de las edificaciones a los linderos, a los ejes de los viales y de éstos a los cierres de las parcelas.
Según el presidente de Arca, estas siete modificaciones van a tener "una gran trascendencia" en el mundo rural ya que van a "desfigurar completamente" los núcleos tradicionales rurales.
También dijo que estas modificaciones no se basan en "ningún estudio técnico", sino que son "modificaciones políticas" conforme a lo que "están pidiendo" los alcaldes de los municipios del interior de la región.
Respecto al informe de evaluación ambiental --creado a partir de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anuló las NUR por carecer de dicho estudio--, Canales indicó que si bien se ha realizado, es un informe "a la carta".
EL PROT, "ABANDONADO"
Frente a todo ello, Herrera señaló por su parte que el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) "ha quedado abandonado", pese al anuncio del consejero de que en 2009 se aprobaría dicho instrumento.
A este respecto, recordó que Mazón hizo esta "promesa" a principios de 2008, en base a una encuesta elaborada por la propia Consejería según la cual los cántabros pedían, de forma "aplastante", que se proteja el paisaje y se actúe contra la especulación urbanística. Así, Herrera hizo un llamamiento al consejero para que "cumpla la promesa adquirida con los cántabros".
"EN DIRECCIÓN CONTRARIA"
Por último, Arca sostuvo que la gestión del consejero "va en dirección contraria" a las medidas que se pusieron en marcha en la anterior legislatura en relación a la Ordenación del Territorio y Urbanismo.
"Primero modifican la Ley del Suelo para poder construir en el suelo rústico, para hacer habitables todas las cabañas. El segundo paso, dar mayor edificabilidad en ese suelo rústico y en los suelos rurales", advirtieron, al tiempo que señalaron que "se demuestra claramente que el señor Mazón por lo que apuesta es por la especulación urbanística en Cantabria".
* Europa Press - Santander - 29.05.09
Foto: Cantabria, vista - wikipedia.org
El juez envía a prisión a Segundo Rodríguez, ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote
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LAPROVINCIA* : El ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote Segundo Rodríguez González ingresó ayer en prisión incondicional en la cárcel de Tahíche, por orden del juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Arrecife, que investiga la supuesta trama de corrupción urbanística dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. A Rodríguez se le imputa un delito de cohecho y, además, fue suspendido el pasado lunes, cautelarmente, de militancia en el PSC.
Por otro lado, el magistrado ha decretado la puesta en libertad de la empresaria de un grupo de comunicación de Lanzarote, María José García Acosta, con los cargos de cohecho y tráfico de influencias; el presidente de los Jóvenes del PIL, Dayrán Jesús Muñoz Armas, con el cargo de cohecho; y el empresario Jorge Ramón Álvarez Pérez, gerente de la empresa de recogida de basura domiciliaria en los municipios de Tías, San Bartolomé, Teguise y Tinajo, así como en los colegios de Arrecife, con el cargo de cohecho. Los tres han quedado en libertad sin fianza. El pasado martes la que quedó en libertad, con cargos, fue Elena Martín, jefa de Contratación de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife.
Asimismo, cabe destacar que al empleado del Cabildo y persona de confianza de Dimas Martín y Matías Curbelo, Alfredo Rodríguez, también implicados en el caso y miembros del PIL, se le ha prorrogado su detención, por lo que tendrá que declarar en las próximas horas. Cerca de la media noche de este jueves el magistrado tomaba declaración a Matías Curbelo, asesor del Patronato de Turismo, por lo que al cierre de esta edición estaban pendientes de determinar los delitos que se le imputan.
El magistrado ha confirmado que durante la jornada de hoy seguirán prestando declaración los restantes imputados del caso, que sigue bajo secreto de sumario. Aún no han acudido ante el juez instructor Dimas Martín, Rafael Arrocha, Ubaldo Becerra ni José Miguel Rodríguez.
* La Provincia - A. F. - ARRECIFE - 29.05.09
Foto: Arrecife (Lanzarote) - EDDC.NET
La Fiscalía de Alicante, colapsada por los delitos urbanísticos
ELPAÍS* : El aluvión de denuncias, la mayoría relacionadas con la delincuencia urbanística (tramas político-empresariales gestadas a la sombra del boom del ladrillo) ha acabado por desbordar el destacamento de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, puesto en marcha a finales de 2004.
Desde esa fecha, y de manera ascendente, el departamento ha recibido una media de 100 denuncias anuales, lo que materialmente incapacita a su titular, Felipe Briones, para realizar una "supervisión con detenimiento" antes de enviarlas a los juzgados para iniciar la correspondiente investigación.
Esta "ingente" carga de trabajo de Anticorrupción, según fuentes de la Fiscalía de la Audiencia de Alicante, ha llevado al fiscal-jefe, Juan Carlos López Coig, a replantearse esa área. La primera iniciativa pasa por el aumento de fiscales en esta área, "uno como mínimo, aunque lo deseable serían dos dedicados exclusivamente a Anticorrupción", precisan fuentes del ministerio público. López Coig ya ha cursado esa demanda al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Y mientras llega la respuesta de la Fiscalía General del Estado, López Coig ya ha dado algunos pasos para conseguir "aligerar" de trabajo a Briones. Una de las primeras decisiones ha sido designar un fiscal de apoyo en los partidos judiciales de Orihuela y Torrevieja (estos dos núcleos urbanos de La Vega Baja centraron la investigación de Anticorrupción en sus dos primeros años de andadura). Otra medida, en este caso para el resto de partidos judiciales de la provincia, es repartir las denuncias propias del destacamento entre los fiscales de la zona, estén o no especializados la materia.
La precariedad de medios del destacamento de Anticorrupción es tan severa, que incluso el despacho carece de rotulación identificativa.
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante se puso en marcha a finales de 2004 con el primitivo objetivo de luchar contra las redes mafiosas instaladas en la provincia, y en especial en la comarca de La Vega Baja. En esa zona anidaban grupos organizados criminales relacionados con el tráfico de drogas y la prostitución que blanqueaban sus ilícitos beneficios mediante el negocio inmobiliario.
Sin embargo, pronto el fondo de las denuncias presentadas ante el destacamento que dirige el fiscal Felipe Briones derivó hacia tramas político-empresariales vinculadas, básicamente, con programas urbanísticos municipales. En la actualidad, según mantiene la Fiscalía Anticorrupción, el grueso de las denuncias que tramita incluye siempre presuntos delitos de cohecho y prevaricación relacionados con el urbanismo.
La creación de este departamento de anticorrupción, según fuentes de la Fiscalía, actuó como incentivo ante los ciudadanos y los partidos políticos para sacar a la luz supuestas tramas corruptas, ante la garantía de que sus denuncias iban a ser canalizadas por un fiscal con dedicación exclusiva.
Briones estima que anualmente su departamento recibe un centenar de denuncias. La cifra multiplica por diez las diligencias que tramitan los destacamentos homólogos que operan en el resto de España, donde las diligencias que incoan los correspondientes titulares apenas superan la decena.
El volumen de denuncias, según fuentes de la Fiscalía, frustra, primero, una investigación detallada de los casos antes de ser remitidos a los juzgados y, en segundo término, el seguimiento de la instrucción en primera persona del fiscal Briones.
De las cerca de 500 denuncias que han llegado al departamento desde su creación, Briones sólo está presente a título personal en la instrucción y en calidad de acusador público en 40 causas. Las demás están en manos de los fiscales de los distintos departamentos. Este dato, derivado la falta personal, "desvirtúa" la naturaleza de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del ministerio público.
Solo en dos de los 40 sumarios, la intervención de Briones ha obedecido a una orden expresa de la Fiscalía General del Estado. Se trata de las causas del supuesto desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercalicante y de la denuncia por supuestos delitos urbanísticos y contables en el Ayuntamiento de Orihuela.
Al primer sumario, y por lo que respecta a uno de los primeros implicados, el ex alcalde de Alicante y diputado autonómico Luis Díaz Alperi, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de echarle el cierre definitivo. El alto tribunal ha rechazado el último recurso, presentado por el PSPV, contra la exculpación del ex regidor alicantino.
Mientras, el segundo sumario, desglosado en 16 causas (la principal contra el ex alcalde José Manuel Medina, del PP, por el uso de bienes de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales) prosigue una cansina instrucción en las distintas oficinas judiciales del palacio de justicia oriolano. La causa que afecta al ex alcalde ha sido archivada inicialmente por el juez y está pendiente del recurso de apelación ante la Audiencia.
Al caso Orihuela, en La Vega Baja se suma el sumario abierto al actual alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, por supuesto tráfico de influencia en la compraventa de una finca, el falso soborno de San Fulgencio y el cohecho y cuatro delitos urbanísticos del ex alcalde socialista de Bigastro.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 29/05/2009
Foto: Alicante, vista - J.Navarro, diarioinformacion.com
