Un informe europeo sobre el derecho a la vivienda constata la "situación de crisis" en España

EUROPAPRESS* : Un informe elaborado a partir de la Misión Oficial en el Estado español del Relator Especial de Naciones Unidas, Miloon Khoothari, revela la "situación de crisis" que atraviesa España a la hora de garantizar el derecho a la vivienda de sus ciudadanos. El documento analiza los principales problemas de España para garantizar este derecho y plantea una serie de recomendaciones concretas dirigidas a adecuar las políticas habitacionales.

El informe describe las principales obligaciones del poder público sobre el derecho a la vivienda y presenta algunos de los colectivos más damnificados con "esta situación de crisis", según afirmó el vicepresidente del Observatori Derechos económicos, Sociales y Culturales (DESC), Gerardo Pisarello, en la presentación del análisis.

El estudio también recoge los límites y potencialidades de las respuestas institucionales dadas a esta problemática y algunas reacciones y propuestas de organizaciones y movimientos sociales.

Pisarello destacó que los acuerdos jurídicos que España ha asumido respecto al derecho a la vivienda "muestran el claro desencuentro entre los compromisos adquiridos y el panorama habitacional realmente existente dentro del conjunto del territorio español".

El vicepresidente del Observatori DESC señaló que "la falta de vivienda social asequible y la ausencia de controles adecuados sobre el mercado de propiedad privada" producen fenómenos muy generalizados como "la especulación urbanística la corrupción y el caso del acoso inmobiliario".

En el texto también aparecen los colectivos que más se han visto afectados por esta vulneración del derecho a la vivienda donde figuran los 'sin techo', personas mayores, jóvenes y la población gitana, entre las más afectadas.

A raíz de las conclusiones del informe se elaboran varias recomendaciones que se centran en que el Estado español centre sus esfuerzos en desarrollar una política de vivienda asequible donde se priorice a los colectivos más afectados y se controle a los principales fenómenos de vulneración.

Por otro lado, el Relator Especial de Naciones Unidas, Miloon Khoothari, destacó "la necesidad de cambiar el panorama a nivel autonómico y estatal" de la vivienda en España y comentó que actualmente "el Estado español está tomando los pasos adecuados" para reconducir esta situación.

Khoothari afirmó que existen una serie de características únicas en España respecto a Europa como "la importancia de la propiedad privada, el abandono de la vivienda o la fuerte especulación", que constituyen un difícil panorama.

El Relator de Naciones Unidas indicó que el próximo 10 de marzo, Ginebra acogerá el Consejo sobre Derechos Humanos, en el que se expondrá este informe, y donde se abrirá la posibilidad de diálogo con el Gobierno español para establecer diferentes medidas de actuación en materia de vivienda.







* Europa Press - BARCELONA, 18 Feb. 2008
Foto: Vivienda Digna


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El 'caso Hidalgo' destapa el cobro de comisiones urbanísticas en Estepona

ELPAÍS/Málaga* : "Sé que ha habido que soltar un contrazo de dinero para que den la licencia de urbanización (...) Cuando estamos pidiendo presupuesto y nos estamos comprometiendo es porque vamos a tener el permiso de forma inmediata", aseguraban en conversación telefónica a Jan Nadir, uno de los imputados por blanqueo de capitales en el caso Hidalgo en marzo de 2007.
"Se va a tener en el mes de marzo, porque para esto nos ha costado el otro día soltar un montón de dinero a una gente del Ayuntamiento", añadía el intermediario del negocio.

La conversación, incluida en un informe policial dentro del sumario del caso, destapa una serie de negociaciones y presuntos pagos con personas que podrían ser funcionarios públicos o relacionados con el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Estos movimientos buscaban conseguir que se pudiera edificar en unos terrenos que Nadir -dedicado a la explotación de gasolineras y detenido en Bélgica por un fraude de IVA cometido en este sector- estaba interesado en comprar.

Según los investigadores, el empresario firmó a través de Petroazul SL, una de sus empresas, un acuerdo con las sociedades Donkasa SL y Parque Rosales SL por el que adquiría unos terrenos en el municipio de Estepona, con la condición de que se pudiera edificar en ellos. "Esta operación sería del todo imposible sin la connivencia de una persona que se encuentra dentro del área de Urbanismo de Estepona, en este caso Arturo Cebrián", recoge el escrito del grupo de blanqueo de capitales.

Cebrián es uno de los cinco arquitectos que trabajan en el área de Urbanismo. Está contratado como empleado municipal desde 2004 y mantiene la sociedad Arce Arquitectura SL, dedicada a proyectos de arquitectura y urbanismo. Según las fuentes consultadas, su principal cometido es informar de expedientes de licencias y planeamiento.

Las pesquisas policiales han determinado que el arquitecto formaba parte de las sociedades vendedoras de los terrenos y que mantenía relación con los administradores. "Es claro y notorio el deseo de Arturo de que la operación llegue a buen puerto y la implicación personal que mantiene, con reuniones, entrega de documentación y sus planteamientos futuros", añaden los investigadores.

Entre una de las conversaciones telefónicas intervenidas, grabada el 5 de marzo del año pasado, se observa cómo Nadir y Cebrián hablan del proyecto y evalúan los avances.

-Nadir (N). ¿Vamos a tener este mes la terminación de la urbanización.

-Cebrián (C). Sí, si seguramente sí.

-N. Entonces es para saber cómo va el tema.

-C. Pues a mí me gustaría tener una reunión contigo. (...) También para que podamos hacer un poco de planes para el futuro, para los proyectos.

-N. Sí, sí, eso podemos hacerlo pero, eso independientemente del proyecto, la urbanización no tiene nada que ver con esto.

-C. No, no tiene nada que ver, pero la urbanización va, es perfecto, ya está con la información pública y seguramente se tendrá el permiso en este mes.

-N. Sí, eh

-C. Sí, si, y después tenemos que hacer la reparcelación pero habría que empezar a pensar en los proyectos

-N. Sí, sí.

-C.Porque ya rápidamente se puede empezar a pedir licencia de obras.

El 19 de marzo vuelven a hablar y conciertan una cita para el día siguiente. Nadir se muestra preocupado por saber si ya disponen del permiso de terminación, que le dijo tendría para el día 20, y Cebrián le contesta que "está en plazo".Al día siguiente, los investigadores montan un dispositivo de vigilancia y siguen a Jan Nadir hasta un restaurante marbellí. A la cita, acudieron además otras tres personas. "Después de dos horas, se observa salir a Nadir junto a Arturo, todos ellos portando carpetas, y con actitud satisfecha", recogen los agentes en su informe.


'Pinchazos' telefónicos

Intermediario: "Sé que ya ha habido que soltar otro contrazo de dinero para que den la licencia de urbanización" (...) "Vamos a tener el permiso de forma inmediata".

Jan Nadir (imputado en el caso Hidalgo): "Claro. En el mes de marzo, sí".

Intermediario: "En el mes de marzo [vamos a tener la licencia de urbanización] porque para eso nos ha costado el otro día soltar un montón de dinero a gente del Ayuntamiento".






* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZC - Marbella - 18/02/2008
Foto: Estepona - J.R. (El País)


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Madrid, a la cola de Europa en la lucha contra la polución

ELPAÍS* : Madrid no es Roma. Durante el mes de enero, al menos cinco estaciones de la red que mide la contaminación en Madrid registraron, durante tres días seguidos, valores superiores al límite diario (50 microgramos por metro cúbico) que marca la legislación europea. Recoletos y Luca de Tena pasaron de 80 y el paseo de Extremadura, de 70.

Madrid no es Roma, porque, de serlo, el viernes 1 de febrero los vehículos más contaminantes (matriculados antes de 2001) no hubieran podido circular. Si dos estaciones superan a la vez el límite tres días seguidos, se impone el blocco totale para "salvaguardar la salud de los ciudadanos". A los que lo hacen les cae una multa de 71 euros.

Madrid tampoco es París. En la capital francesa, las autoridades locales están obligadas a avisar a la población si se superan los 200 mg/m3 de dióxido de nitrógeno en tres estaciones a la vez. Algo que pasó aquí los días 19, 20, 21 y 22 de enero. Al día siguiente, el Ayuntamiento sí que lanzó un aviso que desaconsejaba hacer deporte. Pero lo atribuía al aumento de las partículas en suspensión provocadas por masas de aire africano. En Madrid, el procedimiento sólo obliga a alertar a la población cuando se superan los 300 mg/m3 en toda la red, una cifra que se obtiene al hacer la media de estaciones tan dispares como Recoletos y Casa de Campo.

Madrid no es ni Londres, ni Milán ni Berlín. Tres ciudades que han aplicado restricciones al tráfico de manera permanente, ya sea disuadiendo a los conductores al imponer un peaje o prohibiendo el paso a los vehículos más contaminantes.

Madrid aprobó en febrero de 2006 su Estrategia Local de Calidad del Aire, que incluye, entre otras actuaciones, prohibir el acceso al centro a los coches más contaminantes (los fabricados antes de 1993). Esa restricción debía estar en marcha en 2008, pero, de momento, nada se sabe de la marcha del plan. Las ciudades que han implantado sistemas parecidos, como Estocolmo, han necesitado meses de pruebas. "Estamos en plazo", reiteran fuentes del Ayuntamiento, a la vez que rehúsan ofrecer más información.

¿Por qué Madrid todavía no tiene planes similares?¿Está mejor o peor que estas ciudades? "Peor", contesta Fernando Prieto, doctor en Ecología y coordinador del informe Calidad del aire en las ciudades (2007), encargado por el Ministerio de Medio Ambiente. Para este experto, lo más urgente es alertar a la población cuando se superen los niveles para reducir su exposición y sacar de las ciudades los coches más contaminantes. Madrid registró una media de 60 mg/m3 de dióxido de nitrógeno el año pasado, cuando el máximo que marca la UE es 46.Miguel Ángel Alcolea, geógrafo del Instituto Complutense de Ciencias Ambientales, enumera tres maneras de reducir la contaminación: fomentar el transporte público, peatonalizar e imponer un impuesto como el de Londres. ¿Y para los episodios de contaminación alarmante? "Restricción del tráfico; no hay otra" Y concluye: "Lo idóneo sería avisar a la población cuando se superen los niveles máximos".

Madrid debería fijarse en Alemania e Italia, que restringen el acceso a los coches más contaminantes o les hacen pagar, opina Pedro Sauret, director técnico del RACC. El peaje urbano de Londres y la restricción de la velocidad de acceso a Barcelona serían buenas medidas, según Paco Segura, de Ecologistas en Acción. En todo caso, asegura, lo ideal sería coordinar un plan con la Comunidad de Madrid. "La contaminación no es un problema exclusivo de la ciudad, sino metropolitano. Cada día llegan 800.000 coches de fuera". Éstas son medidas aplicadas en otras ciudades europeas:

- Roma. Durante 12 jueves del invierno, sólo circulan por la Fascia Verde (que engloba casi toda la ciudad) los vehículos con matrícula par o impar, según el día. Además, hay prohibición total de circular tres domingos (26 de enero, 17 de febrero y 2 de marzo).

- Milán. Acaba de poner en marcha el Ecopass, un sistema de limitación de acceso al centro para los vehículos más contaminantes. Los más limpios están exentos de pago. El resto desembolsan entre 2 y 10 euros al día. Las sanciones por impago van de los 70 a los 275 euros.

- París. Los valores de dióxido de nitrógeno siempre son superiores a los que recomienda la UE, según admite el propio Ayuntamiento. París tiene un plan de actuación por el que está obligado a informar a la población en caso de que se superen los niveles máximos de cuatro contaminantes: dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre y partículas PM 10. Ha instalado paneles informativos en las calles y lanza alertas.

- Berlín. El tráfico es responsable de un 40% de la polución por partículas y de un 80% de la de dióxido de nitrógeno, según el Ayuntamiento de Berlín. El 1 de enero entró en vigor la llamada "zona ambiental", un área de 88 kilómetros cuadrados con un millón de residentes. De momento, sólo los coches Euro 1 (anteriores a 1995 y los más contaminantes) tienen prohibido circular por ella (suponen el 7% de los 1,2 millones de vehículos de Berlín), pero en 2010 ya sólo podrán entrar los vehículos Euro 4 o superiores (a partir de 2001).

- Londres. El peaje urbano empezó a funcionar en 2003 y el año pasado se extendió hacia el oeste. La llamada "tasa de congestión" es una tarifa diaria de ocho libras (11 euros) en días laborables. No hay puestos de peaje ni barreras, sino que unas cámaras leen la matrícula. Los residentes en la zona tienen un descuento del 90%. El año pasado, el peaje urbano recaudó más de 164 millones de euros, que se emplean en mejorar el transporte público. Londres cobrará a partir de octubre 25 libras (33 euros) a los coches más contaminantes. A los más limpios, nada. El peaje urbano ha reducido el tráfico un 21%.

- Barcelona. El principio "a menos velocidad, menos contaminación" está detrás de la decisión de la Generalitat de limitar a 80 kilómetros por hora la velocidad de entrada a Barcelona. La norma afecta a 17 municipios. Según cálculos del Gobierno catalán, a esta velocidad las emisiones de óxidos de nitrógeno se reducen una media del 17% respecto a circular a 100 kilómetros por hora. El bicing es la otra gran apuesta de Barcelona: un servicio público de 3.000 bicicletas de uso compartido distribuidas por toda la ciudad. Más de 100.000 abonados pagan 24 euros al año.






* ELPAIS.com - ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 18/02/2008
Foto: Atascos y contaminación en Madrid - Uly Martín (El País)


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Santiago: Más de 5.000 personas participan en una "mani, festa, acción" contra la "destrucción" del territorio

ELCORREOGALLEGO* : Denunciaron la "venta" de Galicia por parte de los políticos a distintas empresas multinacionales. Los más de 60 colectivos que integran la red 'Galicia non se vende' lograron hoy la participación de miles de personas --que la organización elevó a 10.000 y la Policía redujo a 6.000-- en una "no manifestación, sino suma de una 'mani, festa (fiesta en gallego), acción" que recorrió hoy diferentes calles del casco antiguo de Santiago de Compostela.

Asistentes y convocantes hicieron uso de la retranca gallega para mostrar su rechazo a un "cuestión muy seria como es la destrucción del territorio gallego", dirigiendo, principalmente, sus críticas a los planes del Gobierno gallego en materia de acuicultura, minería y gestión de residuos.

"Nos vemos obligados de nuevo a movilizarnos porque no nos queda otro remedio", admitió cuando se convocó esta acción Mónica García, integrante de 'Burla Negra', colectivo que forma parte de esta red y que fue un activo muy crítico con gestión del Prestige cuando gobernaba el PPdeG, "pero bien poco tardó este gobierno --PSdeG y BNG-- en defraudarnos", lamentó.

Para arremeter contra las medidas del bipartito los participantes recurrieron a camisetas con originales lemas como 'o rodaballo metédeo no carallo'; a pancartas a las que instaban a 'Touriño, menos gas y mas vino', por Reganosa; y disfraces a recursos naturales que, a su juicio, están en peligro, como percebes o árboles. Todo ello, amenizado con cánticos y música de diferentes instrumentos.

Incluso, en el lugar de la salida de la manifestación (la Alameda de Santiago) se instaló un puesto de venta de chalets de 'Galicia d'Or, cidade de vacacións', en alusión al complejo vacacional mediterráneo para denunciar, de este modo, la especulación en la costa gallega.

El secretario executivo de la Asociación para a Defensa de Galicia (Adega), Fins Eirexas, indicó que la movilización de hoy pretende llamar la atención sobre los problemas de ordenación territorial "o, más bien, sobre la falta de ordenación", matizó.

Sobre las "amenazas" al territorio gallego, apuntó al Plan Acuícola como la "principal", "por su inmediatez" y porque afecta a "muchos ayuntamientos del litoral" donde se instalarán "monstruos de cemento de muchos metros cuadrados" y a "muchas personas" que sufrirán "expropiaciones".

Componentes de la manifestación

La Alameda compostelana aunó a partir de las 12.00 horas a más de 60 colectivos que abogan por la defensa del territorio gallego en las diferentes ámbitos y municipios de Galicia, entre los que se encontraban Adega, Greenpeace, Amigos da Terra, el Sindicato Labrego Galego e incluso la plataforma ciudadana 'Cultura si, Mausoleo non'.

Todos ellos coincidían, tal y como explicó el coordinador do Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol, Manuel Rodríguez, en que se pretendía una "llamada de atención" a los poderes públicos. En su caso concreto, para que "no se conceda" la autorización a Reganosa ante el convencimiento de que supone "un peligro" para muchas personas la entrada de buques gaseros en la coruñesa Ría de Ferrol.

Otro colectivo participante era 'Temos dereito a saber', cuyo portavoz, José Casas, recordó que esta asociación se erige en contra de la instalación en la comarca del Ribeiro (Ourense) del "parque de basura más grande de Galicia". Casas consideró que la zona "no merece eso" porque "no está en absoluto degradada". "Por eso venimos, a luchar contra las desgracias medioambientales", argumentó.

Con todo, el Plan Acuícola concentró gran parte de las críticas. Así, la manifestación contó con la participación de colectivos que rechazaban la piscifactoría de Quilmas, que proclamaban que el citado plan es "un maltrato a la Ría"; la de Xandriña, quienes portaban peces de cartón en la cabeza y portaban tapas de cacerolas que hacían sonar al ritmo de las protestas; y Seiruga, entre otros. Estos últimos completaban sus reclamaciones con unos bidones metálicos que golpeaban haciéndolos sonar como tambores.

Otros colectivos también presentes en la manifestación reclamaban la paralización del campeonato de caza de zorro, la construcción del AVE por "su impacto ambiental y energético", la construcción de distintas autovías y el cierre de empresas como Ence o Reganosa.

"Venta" de Galicia a las multinacionales

Finalmente, ante una abarrotada Praza da Quintana, nueve representantes de distintas asociaciones leyeron un manifiesto que culminó la actriz gallega Mabel Rivero, de la asociación 'Galicia verde'. En ese documento se aunaban todas las reivindicaciones de los distintos grupos que hoy acudieron a la capital gallega procedentes de distintas partes de Galicia.

Así, denunciaron la "especulación" en el litoral, que "destruye el paisaje" y "daña irreversiblemente los recursos" pesqueros y marisqueros; el Plan Acuícola, Eólico y de Minería; el abandono del medio rural y de los montes frente a los incendios; las centrales térmicas; y la "degradación de los ríos" con vertidos.

También, criticaron el proyecto del Parque de Residuos de O Ribeiro; las empresas "peligrosas", como Ence y Reganosa; el "misérrimo" modelo de transporte público, que deriva en la perpetuación del vehículo privado y su emisión de gases; la construcción de autovías, que supone un "fuerte impacto" en el territorio; el "ridículo" mapa ferroviario de Galicia; y el AVE, "destructor" del territorio.

La lectura de este manifiesto se completó con la interpretación de dos canciones de distintos grupos gallegos presentes y con el Himno gallego tocado por un grupo de gaiteiros. No obstante, antes se escenificó también la "venta" de Galicia por parte de los políticos a distintas empresas multinacionales.

Tras esta irónica puesta en escena, la multitud congregada en la compostelana Praza da Quintana respondió con un unánime cántico de 'Goberne quen goberne, Galicia non se vende'.

Incidentes ajenos

Durante la manifestación no hubo que lamentar ningún incidente, puesto que se desarrolló en un ambiente festivo en el que predominaban los disfraces y los cánticos.

Sin embargo, al finalizar la concentración, un joven independentista subió por el balcón de la 'Casa da Parra' y arrancó la bandera de España del mástil entre los abucheos y reprobaciones de los participantes en la manifestación.







* El Correo Gallego - E.P. SANTIAGO - 17.02.2008
Foto: Miles de pesonas recorrieron las calles compostelanas bajo el lema 'Galiza non se vende'/ Antoni Hernández, elcorreogallego.es


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Fuerteventura: A 86 infracciones urbanísticas por mes durante el año 2007

CANARIAS7* : En sólo un año, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural abrió 2.525 expedientes, lo que sitúa a la Isla en el quinto puesto en el ranking de Canarias, por debajo de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote. Construcciones ilegales, infracciones a la Ley de Costas, vertidos de residuos peligrosos y extracciones sin permiso.

Son los cuatro principales males que aquejan al territorio majorero a la vista de los expedientes abiertos por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural durante 2007, que se cifraron en 2.525, lo que sitúa a la Isla en el quinto puesto de toda Canarias.

La estadística de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno autónomo, establece en 1.034 los expedientes abiertos por infracciones urbanísticas durante 2007. Una cifra superior a la de Lanzarote (848), a pesar de que en el montante total la isla vecina se encuentra por encima de Fuerteventura en cuanto a expedientes abiertos.

En el vertido de residuos peligrosos y abandono de coches también destaca Fuerteventura con 741 expedientes. Le siguen los 357 expedientes por infracciones urbanísticas no constructivas.

Ley de costas

Aunque Fuerteventura se sitúa en quinta posición con respecto a toda Canarias en número de expedientes iniciados por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en cambio en el número de infracciones a la Ley de Costas ocupa el segundo, después de Tenerife (271). En la Maxorata, se incoaron 252 expedientes relacionados con Costas por construcciones ilegales. Por debajo de la Isla se sitúa Lanzarote (177), Gran Canaria (174), La Palma (100) y muy en la distancia La Gomera (27) y el Hierro (21).

Las denuncias por extracciones de áridos e impacto paisajístico ascienden a 81 en Fuerteventura, más que en Lanzarote (23) y que en La Palma (57), que en la lista general se encuentran por encima de la Maxorata en cuanto a expedientes abiertos durante 2007 por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Los vertidos al mar se sitúan en 60, por encima de La Palma, pero por debajo de Tenerife (317), Gran Canaria (177) y Lanzarote (71).

Durante 2007, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, acordó incoar un total de 27.052 expedientes: 8.198 en Gran Canaria, 7.556 en Tenerife, 3.422 en La Palma, 2.994 en Lanzarote, 2.525 en Fuerteventura, 1.379 en La Gomera y 978 en El Hierro. Por expedientes, el mayor porcentaje es el de las infracciones urbanísticas (11.397), el vertido de residuos peligrosos (9.156), las infracciones no constructivas (4.163), infracciones a la Ley de Costas del Estado (1.022), vertidos al mar (703) e impactos ambientales (456), entre otros.






* Canarias 7 - Catalina García - Puerto del Rosario - 17 febrero 2008
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) - bbc.co.uk


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Una familia pone en jaque la ley urbanística valenciana ante la UE

LEVANTE/Alicante* : El presidente de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en su condición de europarlamentario socialista, Herbest Bösch, solicitó el 10 de enero explicaciones a España sobre la conformidad con el derecho comunitario de proyectos urbanísticos vinculados a la percepción de fondos europeos.

Bösch asegura que la Comunidad Valenciana no aplica la nueva ley nacional del suelo porque la recurrió para regirse por la Ley Urbanística Valenciana "con nefastas consecuencias para los afectados".
Además pide información específica sobre el punto en el que se encuentra el procedimiento iniciado contra España por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por las irregularidades detectadas en los métodos de licitación de proyectos urbanísticos y la constatación de casos de corrupción de autoridades locales.
Esta solicitud está vinculada a muchos ejemplos concretos, pero en especial al caso de una familia austriaca en Orihuela Costa que lleva ocho años intentando eludir la acción de los urbanizadores. Los Wesenauer tienen su domicilio en Castillo de Don Juan, la finca Langostina. Compraron el terreno con una casa solariega de 3.450 m2 hace 12 años. La administración local autorizó agregar esa finca al cercano suelo del PAU 25-La Cuerda. Beneficiado, entre otros, con colectores de aguas residuales financiados con 2, 5 millones de fondos europeos.
El 3 y 4 de junio de 2001 un incendio arrasó parte de la pinada que iba a ocupar el plan a partir de 2003. A cambio de sumarlos al proyecto, esta familia -con dos niñas en edad escolar- ve reducida su propiedad a 1.786 m2 y debe aportar 43.869 euros para gastos de urbanización. El planeamiento les ubica un bloque de adosados modelo "Tulipán". Algo que no han pedido ni quieren, a pesar del supuesto beneficio económico.
El 23 de octubre de 2007 pasado los afectados denunciaron ante la Guardia Civil que "asaltaron su propiedad" sin permiso y "marcaron el terreno con estacas" correspondiente a los chalés que les endosan. La titular del Juzgado Número 6 de Orihuela acaba de archivar el caso y la familia ha remitido ese fallo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La embajada de Austria explicó en noviembre de 2007 por carta al Ayuntamiento que los "derechos legales como propietarios de todos los ciudadanos de los países de la UE deberían ser respetados". Pedía a la alcaldesa de Orihuela que tomara "medidas para conseguir un procedimiento transparente y ofrecer el amparo necesario". En su respuesta del pasado 17 de diciembre la primera edil Mónica Lorente ventila el asunto con antecedentes en el que se argumenta la legalidad del plan -según la legislación valenciana-, y dice que la familia Wesenauer pretende "eludir los deberes de cesión obligatoria y los gastos de urbanización" que le corresponden.
La urbanización está promovida por la empresa de un hermano de uno de los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela (San José) mientras que la urbanización del suelo es de otra mercantil local (Marcos), investigada por la fiscalía Anticorrupción en relación al uso de coches a nombre de sus empresas por parte de cargos públicos oriolanos.







* Levante-EMV - D. Pamies, Orihuela - 17 de febrero de 2008
Foto: Orihuela (Alicante), playa Aguamarina-Campoamor - mma.es

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