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ELCORREO/Cantabria* : El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, ha ingresado a primera hora de esta tarde en el Penal de El Dueso, en Santoña, por su implicación en el "caso La Loma". El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Castro Urdiales ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza del alcalde al encontrar indicios de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva al incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de competencias de urbanismo.
Según han informado fuentes judiciales, la detención se enmarca dentro de las diligencias abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales en relación a la urbanización de los denominados SUNP (Suelo Urbanizable No Programado) 3, 4, 7 y 12, en La Loma de Castro Urdiales. El juez ha dictado un auto por el que estima los recursos de reforma presentados por las acusaciones particulares -Junta de Santullán y afectados vecinos de La Loma- y ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Muguruza al encontrar indicios de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva al incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de competencias de urbanismo.
Las acusaciones particulares solicitaron en su momento la medida cautelar de prisión provisional para el alcalde, pero el titular del Juzgado acordó la retirada de competencias urbanísticas. Ante esta decisión, esas acusaciones presentaron un recurso de reforma en el que solicitan al juez que reconsidere su decisión. Ahora, el titular del Juzgado admite esa petición a la vista de que "existen indicios de que se están destruyendo pruebas y de que existe riesgo de reiteración delictiva", ya que continúan tramitándose los expedientes y sigue teniendo una intervención activa en las funciones urbanísticas.
* El Correo - 18.02.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - flickr
Ingresa en prisión el alcalde de Castro, Fernando Muguruza
Barcelona: Un juez deja sin casa a cinco jubilados que viven en un edificio degradado
ELPAÍS* : Montserrat Rosselló, de 82 años, se pasa toda la tarde fuera de casa. Sólo así logra dejar de pensar en las cuatro paredes entre las que vive desde que se casó. Después de reclamar varias veces al administrador de la finca que iniciara las reformas para conservar el edificio, un juez ha dictaminado que tiene que dejar su piso, en el número 25 de la calle de Vallespir de Barcelona, porque está en ruinas. A cambio, los propietarios le ofrecen 8.000 euros de indemnización.
En esa misma situación se encuentran cuatro familias más, tres de ellas formadas por jubilados, que no se creen lo que les ha pasado.
"Me voy a la calle. Eso sí, con 8.000 euros en el bolsillo, una fortuna", bromea Montserrat, la inquilina más antigua. "¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué piso voy a poder pagar con una pensión de 900 euros?". El juez Pascual Nuño de la Rosa y Amores no lo ve difícil. En una sentencia aliñada con graves faltas de ortografía, considera que los vecinos podrían encontrar pisos similares en la zona (de entre 70 y 80 metros cuadrados en el barrio de Sants) por sólo 700 euros.
Montserrat vive sola en el entresuelo del edificio. Su vecino, Felipe Roca, practicante jubilado, es el encargado de llevar el papeleo y ha fotocopiado la sentencia para repartirla a los demás vecinos. "El edificio no está en ruinas. Lo que está en ruinas es la mentalidad del juez y de los propietarios", afirma indignado. Desde 2005 los inquilinos reclaman reformas a los propietarios, que siempre han hecho caso omiso de sus demandas. De hecho, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Barcelona reconoce en la sentencia que la propiedad "no ha reparado ninguna de las deficiencias que presenta el inmueble" y añade que la vivienda "no adolece de vicios estructurales fatales aunque se halla en un proceso de degradación importante". El problema es que las obras que deberían realizarse superan el 50% del valor del edificio. Ese motivo, contemplado en la ley de arrendamientos urbanos, justifica el desalojo de la finca, que tiene 113 años.
"Los padres de los actuales propietarios jamás nos hubieran jugado esta mala pasada", asegura Montserrat. Ella y su marido conocían bien a los Puigpelat, una familia de Balaguer "muy agarrada, pero buena gente", recuerda. Regentaban el horno contiguo al edificio y una tienda que, en los últimos años, fue una joyería. Ahora ambos establecimientos están cerrados.
En la casa de Montserrat, el mayor problema es la cañería de su baño. Advirtió varias veces al administrador de que tenía un agujero y ahora las humedades ya le llegan a la sala de estar. "Son como las montañas de Montserrat", ríe.
Su vecino del entresuelo, en cambio, tiene el piso completamente reformado y el edificio, aunque está abandonado, no parece que esté a punto de caer. "Hay muchísimas fincas así en Barcelona", señala Felipe, que en 2008 ya colgó en su balcón varias pancartas en las que denunciaba el mobbing que sufría. La abogada de los vecinos, Vanesa González, presentó entonces una querella por amenazas que se archivó. Aun así, el Ayuntamiento instó a los dueños del edificio a tomar medidas para reformar la finca, pero la familia Puigpelat no acató el requerimiento. Y no sólo eso: demandó a los vecinos sin seguir el cauce habitual, consistente en solicitar al Consistorio la declaración de ruina. "Que se queden con los pisos, que hagan con ellos los que quieran, pero que me den a mí un apartamento pequeño donde vivir", reclama Montserrat.
Su hija pide lo mismo. Ella vive en el tercero con su hijo y su nuera, y como la mayoría de los afectados, ve el futuro "muy negro". Ellos son los únicos vecinos que quedan en el edificio y tienen todavía contratos de renta antigua. Felipe, por ejemplo, paga 218 euros al mes. Los inquilinos que ocuparon los otros cuatro pisos, hoy vacíos, no pudieron renovar su contrato.
La abogada de los vecinos recurrirá contra la sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona porque considera que el desalojo es un perjuicio irreparable para las familias. "Si salen, nunca volverán", afirma. A pesar de que se toma este infierno con sentido del humor, Montserrat no confía en el recurso. "Los propietarios son gente mala y rica, y el dinero lo tapa todo", se conforma. Piensa que "no ha habido justicia" y que "como siempre, el pez gordo se comerá al pequeño". Felipe es más optimista, aunque no esconde su decepción. Él no quiere dinero ni un piso nuevo, pide "simplemente que los propietarios reformen el edificio". Y asegura que dará mucha guerra hasta que lo consiga para que "los políticos hagan algo" por ellos. Con sólo 8.000 euros "muchos caeremos en la indigencia", advierte. Montserrat es menos derrotista, pero no deja de preguntarse: "¿Cómo es posible que me tenga que ver así a los 82 años?".
* ELPAIS.com - 18.02.10Foto: Una mujer en su casa de las que será desalojada- JOAN SÁNCHEZ, elpais.com
Orpesa agiliza el derribo de una finca de 90 pisos
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LEVANTE/Castelló* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana obliga al Ayuntamiento de Orpesa a derribar el edificio Bernat, ubicado en primera línea de la playa de Morro de Gos, al infringir la normativa urbanística en la zona. La decisión del TSJ, a instancias del Tribunal Supremo, obliga al consistorio, gobernado por Rafael Albert (PP), a invertir 17.800 euros en el proyecto de derribo del edificio, cuyos excesos de volumetría y altura fueron denunciados por los vecinos de unos adosados próximos.
El acuerdo de licitación del proyecto de derribo, tomado por urgencia en reunión de la Junta de Gobierno local de 19 de enero, se produce tras recibir el alcalde el apercibimiento de que si incumplía la sentencia se le impondrían "1.000 euros de multa, de forma personal". Y, "de transcurrir un mes sin haberse acordado el proyecto y licitación de derribo, con independencia de la multa anterior -la de los 1.000 euros al alcalde-, se dará cuenta al Ministerio Fiscal".
La sentencia del TSJ desestimaba, igualmente, "los recursos de súplica" interpuestos por el consistorio y el primer edil orpesino.
De la sentencia del TSJ se colige que el consistorio había planteado al alto tribunal valenciano la "imposibilidad legal de ejecutar la resolución". Por ello en el fallo definitivo apunta que "una vez el Supremo anula la declaración de imposibilidad legal que había decretado esta Sala, sólo cabe el derribo" del edificio, algo que ahora será cuestión de semanas.
El fallo condenatorio contra el consistorio orpesino pone en cuestión las afirmaciones del alcalde, Rafael Albert, de que todas las sentencias urbanísticas eran favorables al ayuntamiento. Por ello, el concejal del Bloc, Josep Lluís Romero, le pide que "asuma, tanto él como los responsables de aprobar la construcción del bloque de apartamentos, sus responsabilidades y que no sean, una vez más, los vecinos quienes tengamos que pagar de nuestro bolsillo su mala gestión".
Romero destaca la "rapidez con la que actúa Albert cuando ve afectado su patrimonio".
El consistorio deberá indemnizar a los propietarios
El Ayuntamiento de Orpesa se verá obligado a indemnizar a los propietarios de los pisos del edificio Bernat, lo que obligará a un importante desembolso, dado que son 90 los apartamentos, aunque hay plantas utilizadas como apartahotel. Asimismo, el constructor de este enorme bloque de apartamentos en primera línea de la playa de Morro de Gos también podrá reclamar daños y perjuicios al consistorio. Los propietarios de los apartamentos afectados por la orden del TSJ, inapelable, de derribo del Bernat, en la calle Pamplona de Orpesa, son los primeros afectados por la medida, consecuencia de las malas prácticas urbanísticas. El hecho de que en su mayoría residan fuera de la provincia ha impedido conocer sus reacciones. Tampoco este diario pudo conocer la postura del constructor del bloque Manuel Moliner Bernat, pese a las llamadas efectuadas. Moliner, que ocupó en los 80 la concejalía de Urbanismo, podría emprender alguna acción contra el consistorio, al ser la administración que le otorgó la licencia de construcción. r. pardo castelló
* Levante-EMV - 18.02.10
Foto: Oropesa del Mar (Castellón) - navymar.com
El Consell revisará toda la legislación urbanística que aprobó hace cinco años
ELPAÍS/Valencia* : En apenas dos años -de 2004 a 2006- el Consell de Francisco Camps puso patas arriba toda la legislación urbanística valenciana con el pretexto de derogar la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Cinco años después de aprobarse, el balance por la aplicación de estas leyes es calamitoso. La Unión Europea ha pedido en varias ocasiones reformas legales para evitar los abusos a particulares y estaba pendiente la adecuación a la Ley de Suelo estatal.
Ayer, el consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, presentó un borrador que simplificará el complejo y farragoso cuerpo legislativo urbanístico. Tras un periodo de consultas, la consejería empleará este texto provisional, redactado por tres catedráticos universitarios, de base para corregir, sobre todo, la Ley Urbanística Valenciana (LUV), pero también la Ley de Ordenación del Territorio (LOT), la de Suelo No Urbanizable y el reglamento. Un 30% de la LUV se modificará. De la LOT caerán "cuatro o cinco artículos" y se varía el 50% del reglamento de ordenación y gestión del territorio. No es un simple lavado de cara. El Consell negociará con la oposición el proyecto de ley.
El motivo de la revisión, dio a entender Cotino, es acabar con la inseguridad jurídica que han generado estas leyes, con más de 1.000 artículos. De hecho, los tribunales acumulan miles de denuncias por casos urbanísticos en la Comunidad Valenciana.
El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo presentó este borrador como parte de todo un programa de actuaciones que ya impulsó su predecesor en el cargo, José Ramón García Antón, que falleció el pasado verano, para sacar la legislación valenciana del atolladero en el que estaba y, de paso, adaptarla a la Ley del Suelo y a directivas europeas como la de la evaluación medioambiental.
Diferentes colectivos profesionales, como arquitectos, abogados e ingenieros llevaban quejándose de la complejidad de las leyes desde el mismo momento de su aprobación. “Para hacer cualquier cosa, tenemos que vérnoslas con más de 1.000 artículos legales de cierta entidad. Es imposible”, reconocía ayer uno de estos profesionales.
Los cambios, a falta del periodo de consultas que la consejería tendrá abierto hasta finales de marzo, serán notables. Los planes parciales reclasificatorios, tan en boga durante el boom urbanístico, desaparecen, al igual que se suprime el concierto previo y se destierran definitivamente los convenios con “personas jurídico-privadas” que se refieran a la ordenación. Con todo ello, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se convierte en el único instrumento para reclasificar suelo no urbanizable, si se exceptúa la figura de área prioritaria.
El agente urbanizador permanece como principal instrumento para la gestión indirecta de un plan urbanístico, pero pierde toda su capacidad de iniciativa para establecer el planeamiento, que sólo podrá fijar el Ayuntamiento a través del PGOU. La cláusula del metro por metro, que estableció Blasco y colisiona con la normativa estatal, desaparece, aunque la propia consejería reconoció que por el poco tiempo transcurrido desde que la ley entró en vigor no hay tantos casos como se piensa. También sucumben las cédulas de urbanización territorial y se copia de la ley estatal del Suelo que los desarrollos urbanísticos no podrán superar el 20% del término municipal.
El consejero sí dejó claro que estas modificaciones legales, que se intentarán pactar con los socialistas cuando el texto llegue a las Cortes, no tendrán carácter retroactivo; es decir, no afectarán a los planes urbanísticos que hayan sido aprobados de forma provisional o que hayan superado la exposición pública. El departamento de Medio Ambiente no precisó cuántos planes se librarán de la reforma. “El momento de calcularlo será cuando se apruebe la ley”, dijo María Ángeles Ureña, número dos de Cotino.
Una vez este borrador se convierta en proyecto de ley, El Gobierno valenciano procederá a refundir todas las leyes urbanísticas —para evitar contradicciones— y elaborará un manual de buenas prácticas, una especie de guía de instrucciones para que profesionales y ayuntamientos sepan cómo tramitar con agilidad el planeamiento.
Cotino no quiso convertir esta revisión en profundidad de las leyes en un ataque personal a su compañero de Consell y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, artífice de gran parte de estos textos. “Cada momento requiere una cosa”, dijo. También precisó que el Consell puede, tras el periodo de consultas, prescindir de algunos puntos del borrador.
Este nuevo impulso legislativo que pretende el Consell se completará con la Estrategia Territorial, todavía en periodo de información pública, y con un manual de buenas prácticas, una especie de guía de instrucciones para facilitar la gestión a los ayuntamientos.
* ELPAIS.com - 18.02.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Cartagena: La Fiscalía ve indicios de expolio en las obras del Monte Sacro
LAVERDAD* : Una respuesta afirmativa del Ministerio de Cultura puede tener como consecuencia directa e inmediata la paralización de las obras de construcción de cuatro edificios en la ladera norte del Monte Sacro. A pesar de que el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, celebró el lunes la decisión de un juzgado de la ciudad de archivar la denuncia por posible expolio de la colina presentada ante la Guardia Civil por el arqueólogo Javier García del Toro, la Fiscalía ha abierto ya diligencias informativas al hallar indicios de un posible delito de expolio del patrimonio histórico-artístico.
Según ha sabido 'La Verdad', el fiscal especial de Urbanismo y Medio Ambiente de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, investiga si el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma debieron impedir la tramitación del expediente urbanístico por el que autorizaron a la empresa Portmán Golf a edificar 67 viviendas junto a la calle Muralla de Tierra. En concreto, la Fiscalía está a la espera de que el Ministerio de Cultura le informe de si sigue en vigor el Real Decreto 3046/1980, de 12 de diciembre, por el que el casco histórico de la ciudad fue declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Si el Gobierno central contesta que esa norma estatal sigue en pie y no ha sido modificada por una posterior, el fiscal comunicará sus actuaciones al Juzgado de Instrucción número 5 (que lleva la causa), le pedirá que levante el archivo provisional y muy probablemente solicitará al juzgado de guardia que detenga las obras.
Según supo este diario de la Fiscalía, ésta centra sus pesquisas en conocer si la colina está considerada patrimonio histórico por ser una de las cinco que configuran la geografía de la ciudad, y si el Ayuntamiento debió impedir cualquier proyecto urbanístico en el entorno de la Muralla de Tierra al estar ésta catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).
Como en San Esteban
El Gobierno municipal ha defendido que el caso del Monte Sacro no puede vincularse con el de los restos árabes protegidos junto al Palacio de San Esteban de Murcia a raíz de la intervención de la Fiscalía.
Sin embargo, desde el Ministerio Público señalaron ayer que la incoación de las diligencias informativas penales para el proyecto de los pisos del Monte Sacro sitúa ya éste al mismo nivel que tuvo en su momento el yacimiento de San Esteban. En la ciudad de Murcia, la presión vecinal y la actuación de la Justicia tumbaron hace unas semanas la posición del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de apoyar la construcción de un aparcamiento de vehículos.
Pero es que, además, según ha sabido este diario los paralelismos continúan por la intervención de la Guardia Civil en ambos casos. En la capital de la Región, agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) se personaron en el yacimiento para evitar el traslado de los restos arqueológicos del siglo XII.
Guardias en la Comunidad
Y, aunque un juez de Cartagena acaba de archivar de forma temporal la denuncia interpuesta ante la delegación local del Seprona por el profesor de la Universidad de Murcia García del Toro, la Fiscalía envió hace unos días a agentes de la Benemérita a la Consejería de Cultura para recabar información.
Así, según confirmaron fuentes del Ministerio Público los guardias se personaron en la sede de la Dirección General de Cultura para recabar documentos del expediente de los pisos del Monte Sacro.
* La Verdad - 18.02.10
Foto: Pancarta de protesta por las obras de la ladera norte del Monte Sacro, a la derecha, con una máquina excavadora al fondo. :: ANTONIO GIL / AGM
Arquitectos coruñeses reclaman un plan urbanístico más realista
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ELPAÍS* : Asociaciones vecinales, redes sociales y colectivos de arquitectos se han unido para exponer un visión crítica sobre el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de A Coruña, cuyo plazo para presentar alegaciones termina hoy. Ven la norma como "nada realista y poco ecológica". Desvinculándose del enredo sobre el límite de alturas de los inmuebles lanzado por el PP, estos colectivos organizan una campaña para que se presenten alegaciones que reclamen más información y participación ciudadana en la planificación urbanística de la ciudad para la próxima década.
Alertan de puntos contradictorios del plan en trámite, como la previsión de crear 33.900 viviendas cuando está estancada la curva de crecimiento de la población y ya hay en estos momentos 17.322 pisos vacíos en la ciudad, más del 15% de los existentes.
Agrupados bajo la denominación de Red de Derechos Sociales y un manifiesto titulado Exigimos el derecho a la ciudad, colectivos como Arquitectos Sen Fronteiras de Galicia, el Comité de Defensa de las Rías Altas o los vecinos de barrios de configuración actualmente rural pero amenazados por un futuro desarrollo urbanístico, como Castro de Elviña o O Portiño, reclaman un modelo urbano para A Coruña más ambiental, social y sostenible que el diseñado en el documento ahora en trámite.
"Sólo se consultó a la población, pero no hubo información suficiente ni una participación real de los ciudadanos en esa planificación", explica un portavoz de estos colectivos. Prueba de ello, destacan, es el embrollo y la confusión sobre la reducción de altura de los edificios, que el gobierno municipal se limitará, "ante la alarma social creada por el PP", a aplicar a los edificios de nueva construcción, y que acabó por reducir todo el debate sobre el nuevo PGOM "en función de réditos económicos y políticos" en vez de abrir realmente la discusión sobre el modelo de ciudad que se pretende.
Desde la Asociación de Vecinos de Monte Alto, un barrio que alberga la Torre de Hercules y particularmente castigado por la especulación y grandes construcciones en la última década, suscriben que ha existido falta de información y participación en el diseño del PGOM. La agrupación está a favor de que se reduzca la altura de los edificios, pero critica que no se obligue a dotar a cada vivienda de una plaza de aparcamiento.
* ELPAIS.com - 18.02.10
Foto: A Coruña, ayuntamiento - Daniel Csörföly 04 (wikimedia.org)
