SUR/Málaga* : Son 209 folios y 15 anexos, pero salvo la aportación de cifras que siguen quitando el hipo, no cuentan nada que no se supiera ya. El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el periodo 2000-2006 es sí una detallada denuncia de las innumerables irregularidades cometidas durante el último periodo del gilismo hasta la disolución del Ayuntamiento.
El informe, aprobado por el pleno del órgano de control el pasado 26 de junio y dado a conocer ayer, pone cifras al agujero económico que la gestión de los tres alcaldes del GIL -el propio Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe- dejó de recuerdo en el Ayuntamiento de Marbella: 253 millones gastados sin control y un desequilibrio presupuestario de 335 millones.
La utilización de las entidades municipales creadas durante el gilismo para eludir controles y disponer de esa manera de los fondos municipales es uno de los aspectos sobre los que más incide el informe. En ese sentido, destaca que durante el citado periodo «no se ejerció la función de control financiero sobre las sociedades mercantiles ni se exigió la justificación del empleo dado a las tranferencias ni la procedencia de las deudas asumidas». Estas operaciones según el Tribunal de Cuentas, dejaron un agujero en las arcas municipales de 253,5 millones de euros sólo en cuatro años.
El descontrol en la gestión de estas entidades era generalizado. Según el informe, sus responsables no ponían reparos en abonar cantiades, «con talones al portador o en metálico importes elevados» sin que constara la contraprestación por esos pagos .
El informe agrega que se realizaron pagos con anterioridad a la expedición de las correspondientes órdenes, se atendieron obligaciones no reconocidas presupuestariamente y se aceptaron facturas de proveedores por obras en la que no constaban presupuestos ni proyectos técnicos. «Se han realizado pagos con talones al portador o en metálico por importes elevados sin que existieran procedimientos de control», detalla.
El informe enumera de forma exhaustiva todas las irregularidades detectadas relativas a la organización y el control interno en el Ayuntamiento, como la concesión de subvenciones sin tramitarse expedientes o la no información al pleno de la actividad de estas sociedades.
Uno de los apartados del informe que mejor retrata la situación que se vivía en el Ayuntamiento es el relativo a los llamados «pagos a justificar», coletilla bajo la que se ampararon innumerables retiradas de dinero de las arcas municipales hasta completar un total de 20,9 millones de euros.
Toda ello produjo un desequilibrio presupuestario que al 31 de diciembre de 2005 era de 335 millones de euros, lo que representaba un 181% del presupuesto inicial y 2.669 euros por habitante.
En relación al personal, el informe recuerda que el Ayuntamiento contrató temporalmente trabajadores fuera de plantilla, sin realizar convocatorias públicas y sin una selección objetiva, así como que «se ha producido una duplicidad de prestaciones al haberse contratado una póliza de seguro asistencial para determinado personal municipal».
CIFRAS
253,5 millones de euros: Desaparecidos de las arcas municipales entre enero de 2002 y abril de 2006 a través de las sociedades mercantiles del consistorio que operaban sin control administrativo.
64 millones: Deuda vencida acumulada del ayuntamiento hasta 2006.
73,3 millones: Obligaciones de pago del ayuntamiento vencidas y que no figuran en presupuestos.
92,1 millones: Deuda del consistorio con la Agencia Tributaria a finales de 2006.
126,3 millones: Pérdidas de las sociedades mercantiles gestionadas por el Ayuntamiento.
193,3 millones: Déficit no declarado del consistorio en 2005.
335 millones: Desequilibrio financiero del ayuntamiento y sus empresas participadas. Una deuda media de 2.669 euros por vecino de Marbella .
20,9 millones: Dinero que salió del consistorio entre 2002 y 2006 gracias a la simple anotación de «a justificar».
14,8 millones: Pagos a 125 supuestos asesores del equipo de gobierno.
* Sur - HÉCTOR BARBOTTA - 10 julio 2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Marbella: El desvío a las sociedades municipales creó un agujero de 250 millones en cuatro años
Finestrat: Ultimátum a una obra ilegal
,+edificio+en+obras+-+elpais.com.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : El bloqueo de los trámites de expropiación de un edificio de 1978 en Finestrat por parte de sus propietarios permite ahora su demolición por estado de ruina, con coste cero para el Ministerio de Medio Ambiente, y a cargo de quienes han dilatado el proceso.
El edificio Ánfora, de 11 alturas en primera línea de la Cala de Finestrat, se construyó en 1978 sobre dominio público marítimo terrestre con una licencia municipal que denegó la Comisión Territorial de Urbanismo cuando ya estaba construido. Tres décadas después el edificio sigue en desuso y en avanzado estado de deterioro. La ex ministra Cristina Narbona promovió su expropiación, que se dilató por las continuas peticiones económicas de los 16 propietarios. Al final lograron alcanzar un acuerdo para pagarles dos millones de euros y Gobierno acordó la declaración de utilidad pública de la parcela el 9 de marzo de 2007. Pese al acuerdo, una de las dueñas cambió de postura y presentó en noviembre un recurso con el que pedía una nueva valoración. Lejos de provocar un nuevo receso en el proyecto de expropiación, la actitud de esta propietaria ha provocado que tanto el Gobierno como el consistorio finestratense, del PP, hayan cerrado filas y emplazado a su abogado a aceptar las condiciones o tener que correr con los gastos de la demolición. "No hay vuelta atrás. El edificio está muy deteriorado y supone peligro para la zona. Si no aceptan el Ayuntamiento lo declarará en ruina y lo demolerá a cuenta de los dueños", sentenció el primer edil Honorato Algado, en presencia de la subdelegada de Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, y el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 10/07/2008
Foto: Edificio en obras en la cala de Finestrat- ROSA FUSTER, elpais.com
La Justicia anula la construcción de 1.800 casas y 4.500 plazas residenciales en Playa Blanca
,+viviendas+playa+Blanca+-+laprovincia.es.jpeg)
LAPROVINCIA/Lanzarote* : El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº1 de Las Palmas de Gran Canaria emitió una sentencia estimatoria del recurso interpuesto por la Fundación César Manrique por el que se anula en primera instancia el proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca, que prevé la construcción de 1.800 viviendas y la habilitación de unas 4.500 plazas residenciales, según acaba de hacer público la citada organización.
El proyecto, dentro del procedimiento urbanístico, permite la transformación del suelo y la urbanización de viales, aceras y equipamientos, previos a la concesión de licencias y la construcción de viviendas en el ámbito del Plan Parcial, explica la Fundación, que concluye que, "por lo tanto, resulta la base del posterior desarrollo urbanístico".
La Fundación considera "trascendental" la sentencia del Juzgado, que anula el proyecto de urbanización por una razón formal, "ya que el Ayuntamiento publicó extemporáneamente las normas urbanísticas del Plan Parcial; y otra de fondo, ya que, según estima el fallo, [el planeamiento] quedó extinguido por la aplicación de la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, e implícitamente al citar la Disposición Adicional cuarta, por la Ley 6/2001, de Medidas Urgentes".
Así, precisa la Fundación, el Juzgado ha aceptado las razones esgrimidas por esa organización, "que entendía que la aplicación tanto la Ley de Medidas Urgentes como la Ley de Directrices del Gobierno de Canarias conllevan la extinción del Plan Parcial, al no haberse adaptado al Plan Insular de Ordenación del Territorio".
Además, recuerda la Fundación que en la propia sentencia se establece que “hay que añadir la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 19/2003 de 14 de abril, por la que se reclasifican como urbanizables no sectorizados los terrenos clasificados como urbanizables o aptos para urbanizar con destino total o parcialmente turístico, con Plan Parcial aprobado definitivamente, que no ha iniciado su ejecución a la fecha de su entrada en vigor, quedando por ello sin efectos”.
Por lo tanto, agrega la organización que defiende el interés ambiental de Lanzarote, "como confirman ahora los tribunales, la nueva Ley convertía el suelo del Plan Parcial Playa Blanca en suelo urbanizable no sectorizado, una categoría muy restrictiva, que precisa de la intervención del Cabildo, mediante el Plan Insular, a la hora de decidir el uso que se pueda dar a ese suelo, al considerarse de valor estratégico".
CARACTERÍSTICAS. El Plan Parcial Playa Blanca ocupa un área de 1.155.280 metros cuadrados, y en él estaba previsto construirse 1.800 viviendas, hasta un total de 4.451 plazas residenciales, de las cuales ya se han ejecutado unas 400, mientras que algo más de 200 se encuentran paralizadas cautelarmente a instancias del Cabildo, y alrededor de 1.000 están congeladas a la espera de lo que suceda, explica la Fundación en un comunicado.
"Cabe recordar", explica la organización, que la Fundación César Manrique "se dirigió al Ayuntamiento de Yaiza en el año 2004, antes de emprender acciones legales, a través de la presentación de un recurso de reposición a la aprobación del proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca, advirtiéndole de las presuntas irregularidades en que incurría dicho proyecto, por lo que desde un primer momento tanto el consistorio como los promotores tuvieron conocimiento del riesgo que asumían al seguir adelante con la ejecución".
Ese riesgo, según la Fundación, "podrá afectar en el futuro a aquellos terceros que hayan adquirido viviendas incluidas en el Plan Parcial, que no fueron advertidos en su día por los promotores de que existía un proceso legal en marcha que podía conllevar la anulación de las promociones.
El Plan Parcial Playa Blanca, recuerda la organización fundada por el más insigne artista lanzaroteño, es "un viejo caballo de batalla en la lucha mantenida por la Fundación César Manrique y el Cabildo de Lanzarote para que las leyes regionales se ejecutaran en lo referente a la extinción de los planes parciales no adaptados al Plan Insular, por lo que nos encontramos ante una de las sentencias más importantes de los últimos años, que abre las puertas a la anulación definitiva" del planeamiento.
VARIAS DENUNCIAS. Concluye la Fundación que "se trata de un Plan Parcial polémico, sobre el que han recaído diversas denuncias en los últimos años". Precisamente, recuerda la entidad, el Gobierno de Canarias ganó hace unos meses el recurso presentado contra la constitución inicial de la Junta de Compensación del Plan Parcial, en cuya sentencia se dejaba constancia de que el Plan Parcial se encontraba afectado por lo dispuesto en la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes.
Junto al Ejecutivo regional, agrega la Fundación, el Cabildo de Lanzarote recurrió no sólo el proyecto de urbanización, sino también las Ordenanzas del Plan Parcial y las licencias concedidas posteriormente a cada una de las promociones urbanísticas del Plan, algunos de cuyos argumentos jurídicos han sido estimados recientemente por los tribunales y otros se encuentran en espera de pronunciamiento.
* La Provincia - ACN PRESS - 10 de julio de 2008
Foto: Viviendas en construcción en Playa Blanca, Lanzarote. LP / DLP
Detienen al alcalde de Benitachell acusado de corrupción urbanística
,+costa+-+mma.es.jpg)
ELMUNDO/Alicante* : Un dispositivo preparado desde varios cuarteles de la Guardia Cilvil en la comarca de la Marina Alta alicantina arrestó en la tarde del pasado martes al alcalde del municipio de Poble Nou de Benitachell, Juan Cardona, y a su primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ambos independientes bajo las siglas del Partido Independiente Democrático de Benitachell (PIDEB).
Al parecer, en la operación también se detuvo a un empresario con intereses urbanísticos en la zona. Supuestamente, según han explicado fuentes de la investigación, en el momento de la detención los dos políticos estaban recibiendo alrededor de 50.000 euros, como presunto pago de favores urbanísticos.
El primer paso de las fuerzas de seguridad tras la detención consistió, siempre según las mismas fuentes, en incomunicar a los detenidos. Los arrestados se encuentran en los calabozos de los cuarteles del instituto armado de Jávea y Calpe.
Cardona se hizo con al Alcaldía el pasado 27 de marzo de 2007 gracias al voto de los residentes extranjeros. Lo hizo con un 41,99% del censo obteniendo con ello 6 ediles. Atrás quedaban años de gobiernos de coalición.
Cardona procede del PP, partido del que se salió antes de las elecciones por diferencias de las sensibilidades del partido en la provincia de Alicante. Y es que el ahora alcalde fue el concejal de Urbanismo durantedos pasadas legislatura.
Después de cuatro años al margen de la política local trató de hacerse con el número uno de la candidatura pero desde la cúpula del partido prefirieron situar en esa posición a María Josefa Ronda. Entonces, creó un partido independiente. El PP sacó dos concejales y el PSOE uno, al igual que el Bloc Nacionalista Valencià y otra formación independiente (CIBEN).
En la actualidad, el PGOU presentado en la Conselleria de Territorio prevé duplicar la población desde los alrededor de 5.500 habitantes a los 13.000.
Exigen una explicación
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento han afirmado desconocer el motivo de las detenciones del alcalde y la primer teniente de alcalde, y han pedido al equipo de gobierno "una explicación" sobre lo ocurrido.
El concejal del Bloc, Josep Femenia, ha comentado sentirse "muy triste" por la imagen que se está ofreciendo de la localidad y, a falta de conocer lo sucedido, ha pedido que se respete la presunción de inocencia.
Por su parte, el socialista Josep Buiges ha explicado que el resto de la corporación "no tenía sospechas" sobre que hubiera una investigación judicial abierta contra Cardona y Rheindorf.
Ha indicado que en los últimos meses se han dado los últimos pasos antes de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el cual estuvo en periodo de exposición pública y que, posteriormente, fue aprobado provisionalmente con los únicos votos del PIDEB, ya que contó con el rechazo del resto de grupos.
El concejal del CIBEN, Vicente Soler, también ha expresado su "sorpresa" por lo sucedido y ha manifestado que no comparte las "formas" del equipo de gobierno desde que hizo con el poder en Benitatxell.
Varios de estos concejales han recordado que la primer teniente de alcalde ya tuvo un primer incidente poco después de las pasadas elecciones municipales cuando, acompañada por la policía local, ordenó el desalojo de una de las salas del edificio del consistorio a los cinco concejales de la oposición, que se habían reunido allí para analizar la política del equipo de gobierno.
* El Mundo - M. GONZÁLEZ | H. FERNÁNDEZ | AGENCIAS - 09.07.2008
Foto: Benitachell (Alicante), costa - mma.es
Andalucía: Las dimisiones de delegados y concejales por corrupción crecen en La Comunidad
GAS* : Los casos de corrupción en la política andaluza llegan por goteo a la población. Los casos, casi siempre silenciados, sólo se pueden conocer por los medios de información de masas o gracias a ciertas tramas conocidas, como el “Caso Malaya” o el “Caso Astapa”, o bien gracias a denuncias de colectivos ecologistas, especialmente, Ecologistas en Acción.
En esta noticia, nos nutrimos de estos diversos medios que tenemos a nuestra disposición, dividiendo los casos por provincias.
Sevilla
El delegado de Urbanismo de la localidad sevillana de Gines (Patricio Jiménez Ortiz) presentó su dimisión el pasado 23 de mayo tras ser condenado a tres años y once meses de cárcel por apropiarse indebidamente de parte de los emolumentos (utilidad o sueldo que corresponde a un cargo o empleo) de sus compañeros de la Asociación Española de Peritos Judiciales, al ser el delegado de dicha asociación en Sevilla. El PSOE utilizó esta dimisión como muestra del buen talante de su partido.
Por su parte, Ecologistas en Acción pidió el 23 de mayo el cese del nuevo Director General de prevención y Calidad Ambiental de Sevilla (Jesús Nieto) el mismo día de su posesión, por su falta capacidad de reacción ante problemas tan graves como el caso de Boliden, en 1996, o Mina Las Cruces, desde el año 2003. La prevención que debería profesar, no la ha demostrado, según este colectivo ecologista, ni en el caso de Aznalcóllar, hace diez años, ni ahora, con la nueva empresa minera sueca.
Málaga
Ese mismo día la delegada de Vivienda de Málaga renunció a su cargo, aunque no había tomado posesión oficial. María José Mata, funcionaria de la Junta, vio como salió a la luz en los medios que había montado, con un abogado investigado en el caso Malaya, una empresa dedicada a la promoción y construcción de terrenos e inmuebles, servicios inmobiliarios y asesoramiento jurídico, entre otros asuntos, a la vez que ejercía como inspectora provincial de Urbanismo del Gobierno andaluz, puesto que desempeña desde hace años. Además, en la investigación de dicho proceso judicial, había grabaciones telefónicas donde la ex-delegada acordaba la construcción de unas viviendas por deseo de su socio.
Esta dimisión de una política (en este caso) debido a su relación con imputados en tramas de delitos urbanísticos, como el caso malaya, o ahora el destapado en Estepona, no es la primera, ni será la última, ya que estos fraudes se perpetúan con la complicidad, más directa que indirecta de los políticos.
Precisamente, en Estepona, distintos ediles del PsoE, incluido el alcalde, se ha visto involucrado en la investigación policial –Astapa- de la corrupción urbanística por medio de recalificación de terrenos. Ante este caso, en el que el Ayuntamiento no se ha disuelto, la oposición pide a la Junta que se nombren nuevos cargos públicos, ya que, consideran, la trama es como la de Marbella, y estaría relacionada gran parte de la política del municipio malagueño. Por su parte, el presidente de la Junta, Chaves, ha declarado que no se conocía nada del delito y ha aplaudido la actuación del PsoE por destapar la trama, sin tratar el tema de la disolución del Ayuntamiento en su totalidad.
Cádiz
Por su parte, Ecologistas en Acción ha denunciado que políticos del PsoE de la provincia de Cádiz sigan en cargos públicos, con su política de tolerancia cero con la corrupción urbanística, cuando han sido imputados en asuntos de corrupción. Estos casos de imputación, unidos a las denuncias de los ecologistas, se suman por decenas. El grupo ecologista da algunos ejemplos: El caso del director del Parque Natural Sierra de Grazalema que participó en una trama de corrupción, por lo que tuvo que dimitir, pero fue recolocado en puestos públicos de la provincia de Cádiz. En Grazalema, el político Antonio Mateos fue imputado por un caso de corrupción, lo que fue respondido por el PsoE con su apoyo a Antonio y su recolocación como coordinador de la Consejería de Agricultura, en la Sierra de Cádiz, puesto inventado. En Prado del Rey, el ayuntamiento, como el de Estepota, recibió dinero de una empresa propietaria de terrenos rústicos protegidos, lo que hizo que se recalificaran los terrenos para un campo de golf y urbanización, falseando los datos sobre la disponibilidad del agua. En el Puerto de Santa María, el PsoE se ha aliado con políticos implicados en delitos de corrupción urbanística, a pesar de las denuncias de los ecologistas.
Almería
En Lubrín, provincia de Almería, un concejal ha dimitido al imputársele un delito de prevaricación de cuando era alcalde de dicho pueblo. Ha sido la Fiscalía de Medio Ambiente la que lo ha acusado de un delito de prevaricación urbanística, junto con una promotora de vivienda y una técnica directora de la obra ilegal.
Continuando con la ilegalidad que vive el PsoE, cabe destacar la imputación de cinco ediles del PsoE –entre ellos el teniente alcalde- de la localidad almeriense de Carboneras por fraude electoral. Han sido acusados, junto con un empresario de un fraude en el voto por correo en las pasadas elecciones municipales del año 2007; el actual teniente alcalde, Ruíz Aguado, habría sido sorprendido cuatro días antes de las elecciones tirando a la basura una bolsa que contenía la documentación relativa al voto por correo de 40 vecinos del municipio, entre la que estaban las papeletas de todos los partidos salvo el PsoE. Precisamente, el anterior alcalde de Carboneras, también del PsoE, tuvo que dimitir al ser imputado en otro delito electoral en las elecciones del año 1999.
En Almería, otra provincia que, como se ve, cuenta con multitud de casos de corrupción y escándalos políticos, el 7 de julio se llevará a cabo un juicio que los ecologistas viven muy de cerca. Han esperado ocho años de tramitación de la presunta destrucción de una especie protegida que sólo existe en la provincia andaluza: el Androcymbium europaeum. Los acusados son el ex delegado provincial de Medio Ambiente, el Secretario General de Patrimonio Natural y Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente, la Directora del Parque Natural de Cabo de Gata y el anterior Director del Parque y Marcos Eguizábal. El primer juicio se celebró en el 2006, donde el titular del juzgado echó a los abogados ecologistas por haber presentado documentos fuera de plazo, con lo que el juicio se repitió en el año 2007, ya que los documentos eran correctos. Tras no celebrarse el juicio por enfermedad, se pospuso a enero del 2008, que fue retrasado por los acusados hasta esta fecha.
Huelva
Dentro de esta espiral de corrupción y delitos, cabe destacar como casi todos los altos cargos de la Junta de Andalucía de la provincia de Huelva basan sus rentas en inversiones inmobiliarias, fincas de distinto orden así como inmuebles. Un ejemplo de ello es la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, quien es propietaria de cuatro fincas urbanas en Huelva y otros inmuebles con un valor de más de 130.000 euros. Otros políticos destacados, son el delegado del Gobierno en Huelva, con cuatro viviendas, y tres coches, el delegado onubense de medio ambiente, con dos pisos, una casa y dos locales; el titular de Economía y Hacienda, el titular de Hacienda, etc. Todos estos políticos, tienen abultadas cuentas bancarias de hasta 50.000 euros, planes de pensiones de grandes cantidades, hasta 83.000 euros, así como fincas rústicas en distintas provincias, tanto andaluzas, como del resto del estado, así como diversos préstamos por cantidades de decenas de miles de euros.
* Grupo de Acción Social - GAS - 05/07/2008
Viñeta de Forges - elpais.com - 20061221
El litoral norte de España «imita el modelo devastador del Mediterráneo»
,+masificaci%C3%B3n+-+S.Cirilo,+elpais.com.jpg)
ABC* : Las costas de País Vasco, Cantabria y Asturias han comenzado a imitar «el modelo devastador del Mediterráneo», según señala el informe 2008 «Destrucción a toda costa» de la organización ecologista Greenpeace. Las comunidades autónomas que más maltratan su litoral son Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla.
En la segunda posición de la clasificación de las costas españolas más dañadas se sitúan Cataluña, Islas Baleares y Galicia. Y en último lugar la costa norte española.
El urbanismo salvaje es el principal problema que acentúa la degradación del litoral español. Según la Federación de Promotores y Constructores, «España necesita algo más de 300.000 viviendas anuales», aunque en «los últimos cuatro años se han llegado casi a triplicar, hasta las 800.000 viviendas tasadas desde mediados de 2006 hasta mayo de 2007», indica el informe de Greenpeace. «Andalucía sigue vendiéndose a la presión del turismo», asegura la responsable de costas de Greenpeace, Pilar Marcos. La corrupción urbanística de este momento mantiene en los tribunales «67 casos, con 527 implicados, de los que 180 son cargos públicos», señala Greenpeace. Es el reflejo de la mala gestión de muchos ayuntamientos españoles. Los casos como «Malaya» o «Astapa» son el ejemplo de consistorios que han hecho urbanizables territorios, incluidos espacios naturales, para obtener el máximo capital.
Medidas de urgencia
El informe de la organización ecologista destaca que «la Ley Estatal del Suelo, aprobada el año pasado, supone una mejora con respecto a la situación anterior». Pero las competencias urbanísticas son municipales y la ordenación del territorio corresponde a la comunidad autónoma. De aquí que Greenpeace exija la elaboración de planes de ordenación de la franja costera a comunidades que todavía no los tienen, como Galicia, Canarias, País Vasco y Comunidad Valenciana.
Las construcciones de puertos, tanto deportivos como industriales, y la contaminación son otros puntos que acentúan el problema de las costas españolas. «Todas las comunidades autónomas pretenden aumentar el número de amarres y puertos», mencionó Marcos. El informe asegura que «tan sólo en 2008 se plantean 137 ampliaciones o nuevos puertos deportivos e industriales».
Polo químico de Huelva
«El polo químico de Huelva es el punto más contaminado del mundo», resaltó por su parte el responsable de la campaña contra la contaminación de Greenpeace, Julio Barea. Las aguas residuales de ciudades y pueblos y los vertidos industriales agravan otros de los principales focos de contaminación españoles como son el polo químico de Tarragona o las rías gallegas.
Las consecuencias negativas ya se perciben en «la subida del nivel del mar que ha provocado el retroceso de la línea de costa tanto en la zona del Atlántico (en 35 centímetros) como en la del mar Mediterráneo (que se estima entre 20 y 50 centímetros para 2050», indica el informe. Estos hechos negativos también afectan a la economía española. «El turismo supone el 12 por ciento del PIB», manifestó el director ejecutivo de Greenpeace España, Juan López de Uralde. Así, el informe considera que si se mantienen parámetros insostenibles como no depurar agua ya utilizada o continuar regando campos de golf con agua sin reciclar, aumentará la situación negativa del litoral y la crisis en el turismo.
«La nueva estructura del Gobierno supone un abandono del medio ambiente», resaltó López de Uralde. Greenpeace exige aplicar la Ley de Costas, la Estrategia de Sostenibilidad y la lucha contra la contaminación.
* ABC - ESTHER DE LEÓN. MADRID.- 3 de julio de 2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), masificación - S.Cirilo, elpais.com
Retorno a Valdeleches
MONCHO ALPUENTE* : Haciendo de la necesidad virtud y poniendo al mal tiempo buena cara, comunicó don Roberto Mendicutre a su nutrida tribu la inamovible decisión de sustituir este año las tradicionales vacaciones de playa, apartamento y chiringuito por un periodo equivalente en la casa natal de sus ancestros, ubicada en Valdeleches del Pichuérniga, en el rústico y salutífero entorno de la sierra madrileña del Guadarrama, y adujo en su defensa múltiples y variadas razones que, si bien no llegaron a convencer a los suyos, fueron aceptadas como inevitables.
Por el tono rotundo de su declaración, dedujeron su afligida esposa y sus desconsolados vástagos que se trataba de una política de hechos consumados, pues, sin previo aviso y solapadamente, el cabeza de familia no había reservado esta vez con antelación el apartamento 432 B de la urbanización Costa Nostra en La Manga del Mar Menor.
En su declaración ante el consejo tribal, don Roberto obvió la razón primordial de su cambio de planes, que, como sospechaban los suyos, se debía a la perversa coyuntura económica de las finanzas familiares, enmarcada en el contexto general de una crisis tres veces negada por las autoridades y otras tantas confirmada por las cifras desnudas de su presupuesto.
El cabeza de familia, en una maniobra táctica de distracción que no pasó desapercibida, prefirió citar algunos de los inconvenientes acumulados en los últimos periodos vacacionales pasados en aquel lugar de La Manga de cuyo nombre prefería no acordarse y trajo a colación las irritantes plagas de medusas que en los últimos tres años habían impedido el baño en la playa y causado en dos ocasiones molestas lesiones cutáneas a los dos hijos menores. Se refirió también a los nocivos efectos del cambio climático que habían perturbado los últimos días de su asueto el año anterior con fortísimas tormentas, luego tuvo unas palabras sobre el deterioro de la capa de ozono y los peligros de una demorada exposición al sol y terminó su exposición con algunas consideraciones generales sobre los fallos del aire acondicionado, los decibelios generados por la discoteca de la urbanización y sus botellones a la intemperie, sin olvidarse de maldecir a los motoristas adolescentes por sus estruendosas exhibiciones nocturnas.
Al dantesco panorama desplegado con tan dramáticos tintes contrapuso don Roberto Mendicutre la idílica visión de unas vacaciones en contacto con la naturaleza indómita y serrana practicando el turismo rural, familiar y ecológico, respirando el aroma de los pinos y deleitándose con la salmodia de las cigarras y los grillos, ejercitándose en el sano senderismo en las estribaciones del Cabezo Bolo (765 m) y refrescándose en las umbrías pozas del arroyo Carbonero. Rústicos y frugales placeres que el cabeza de familia había experimentado durante su infancia y adolescencia en el pueblo de sus padres.
Vencidos pero no convencidos partieron los Mendicutre a su refugio campestre, quitaron las telarañas y airearon la morada familiar, alquilada en mejores años a veraneantes menos favorecidos. Abrió con gran aparato don Roberto la gran ventana del dormitorio principal y se dispuso a mostrar a los miembros de su cariacontecida tribu los principales alicientes paisajísticos de la zona. En los últimos años, hubo de reconocer el patriarca, se habían producido sustanciales cambios en el panorama que alcanzaba su vista: una muralla de chalets adosados borraba la visión del pinar de Mendruguillos después de haber borrado también el pinar. A la entrada del sendero de montaña que ascendía al Cabezo Bolo, un cartel anunciaba el acceso a un circuito de moto cross y donde antaño se hallaba la dehesa del Tío Pereje se erguía la aerodinámica mole de un flamante centro comercial con aparcamiento para 500 vehículos.
Con el rostro demudado, volvióse Mendicutre hacia los suyos, profirió maldiciones, ensartó denuestos contra el desalmado urbanismo y balbució tan torpes como innecesarias excusas. Innecesarias porque en los semblantes de sus retoños no se percibía la decepción, sino la euforia de hallarse en terreno conocido, en un lugar donde podrían prolongar la satisfactoria rutina de sus días ciudadanos, días de cine y palomitas, de comidas rápidas y compras aceleradas en las mismas tiendas franquiciadas. "Seguramente tendrán un spa", dijo su cónyuge, reacia de antemano a refrescarse en las pozas del arroyo Carbonero. "El año que viene nos quedamos en casa", concluyó don Roberto y cerró la ventana.
* ELPAIS.com - Opinión - 09/07/2008
