HOYINVERSIÓN : "Tener una vivienda en propiedad en España es una 'misión imposible' para una amplia mayoría de la población, sobre todo el segmento joven, debido a los altos precios de venta de los inmuebles. Por eso, el alquiler se perfila hoy por hoy como una alternativa casi obligada para tener acceso a una vivienda digna. Con el objetivo de incentivar el mercado de alquiler, comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña se han puesto manos a la obra. En concreto, la Generalitat ha anunciado su intención de aplicar una tasa especial a las viviendas desocupadas para combatir la especulación y sacar al mercado cientos de miles de casas que permanecen vacías.
En la capital catalana, la Asamblea Popular por el Derecho a la Vivienda lleva tiempo luchando para defender el cumplimiendo del Artículo 47 de la Constitución española, que reza: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Ignacio Rubio, uno de sus miembros, asegura que el compromiso de la Asamblea con el problema de la vivienda pasa por “movilizar a la gente para generar debate en la opinión pública y que la vivienda trascienda como una de las mayores preocupaciones de la población”. Además, tratan de que los políticos tomen conciencia de la situación e impongan medidas.
¿Qué opinión les merece la fórmula que estudia la Generalitat de gravar con un canon de nueve euros diarios los pisos vacíos?
Estamos de acuerdo con penalizar el uso antisocial de la vivienda en España, pero debe ser una penalización progresiva y proporcional. No es lo mismo castigar a un pequeño propietario que a grandes propietarios, como grupos inmobiliarios o bancos y cajas dueños de edificios.
¿Dónde estaría el límite a la hora de expropiar una vivienda desocupada?
Lo primero sería buscar una definición de lo que es un piso vacío. La Generalitat, por su parte, le cuelga este cartel a aquellos pisos que lleven más de dos años desocupados. A partir de ahí, existe un trámite de otros dos años hasta imponer el alquiler forzoso de la vivienda. Nosotros consideramos que todo el proceso se dilata en el tiempo de forma excesiva, por lo que pedimos resultados en menos tiempo.
¿Cómo es posible saber con certeza cuándo una vivienda está inhabitada?
Existen algunas evidencias, como los consumos de luz, agua y gas demasiado bajos; que el propietario declare una dirección diferente para su DNI, etc. En el País Vasco se mandan inspectores a las viviendas sospechosas de estar desocupadas y se pregunta a los vecinos por si pueden aportar alguna información.
¿Consideran suficiente esta medida para frenar la especulación inmobiliaria?
Se trata de una medida más dentro de un gran paquete de medidas que serían necesarias. Creemos que en España hay que caminar hacia un alquiler forzoso de las viviendas desocupadas teniendo siempre en cuenta todas las garantías para los propietarios. Pero además habría que poner sobre la mesa otra clase de exigencias.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, y en relación con los precios del alquiler, la Asamblea propone una regulación que permita marcar unos precios en función de los sueldos de los ciudadanos, de sus posibilidades reales. Entendemos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) podría servir como referencia. Está claro que si una persona cobra unos 600 euros mensuales no puede pagar más de 300 euros de alquiler.
Por otro lado, sería también conveniente limitar los préstamos hipotecarios para controlar el elevado endeudamiento de las familias y prohibir los periodos de amortización superiores a 30 años. Asimismo, hay que potenciar el mercado de alquiler en España, que en estos momentos representa un 10% del total cuando la media europea se sitúa en el 30 y 40%.
Miriam Calavia Rogel /HoyInversión 23/01
Hay que penalizar el uso antisocial de la vivienda en España
Carta al Presidente del Gobierno contra el urbanismo salvaje
LA COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO DENUNCIA EL ALEGATO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN FAVOR DEL URBANISMO SALVAJE Y LA INCOHERENCIA DEL GOBIERNO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. LE EXIGE UNA EXPLICACIÓN Y UN COMPROMISO PARA ACABAR CON EL URBANISMO SALVAJE Y LA CORRUPCIÓN.
Desde los más de 600 colectivos ciudadanos y ecologistas de la Coordinadora Ciudadana en defensa del Territorio denunciamos la incoherencia de la política del gobierno en materia de urbanismo a la luz de las declaraciones realizadas por el presidente del gobierno en la extensa entrevista cuya segunda parte se publicaba en el diario El Pais de 15 de enero de 2007.
Recientemente el gobierno ha dado, por primera vez en la historia de la democracia española, signos de querer atajar el cáncer de la especulación y la corrupción urbanística, como son el reconocimiento de que existe un grave problema de corrupción, de destrucción territorial y de dificultad de acceso a la vivienda, aspectos todos directamente relacionados con la especulación urbanística, o el urbanismo salvaje, como se lo ha venido a llamar en los medios de comunicación.
Si bién estos signos han sembrado ciertas dudas entre los colectivos aquí representados, por ser manifiestamente insuficientes, eran cuando menos el primer paso de reconcimiento de un problema que consideramos debería ser el primero, por su gravedad y múltiples implicaciones, en la agenda política del Estado Español: la especulación urbanística es el problema más grave del estado español.
Sin embargo en la mencionada entrevista con el presidente del gobierno parece ir en dirección radicalmente contraria a la línea de moderación del crecimiento que creíamos implícita en la creciente lucha contra la corrupción y la especulación inmobiliaria, pues en ella el presidente dice claramente que España va a "seguir creciendo en construcción" en lo que parece ser un alegato ultraliberal en favor del boom inmobiliario más propio por otro lado de la derecha y del Partido Popular, que tradicionalmente defiende la especulación descarnada.
El presidente pone como desalentador ejemplo a EEUU, como pais siempre en crecimiento y en crecimiento de la vivienda. Para empezar la burbuja inmobiliaria española es mucho mas fuerte porcentualmente que la estadounidense, si la medimos en términos de población. En España se construyen la mitad de viviendas por año que en EEUU, pero EEUU tiene una población ocho veces mayor, por lo que esto significa que aquí construimos cuatro veces más que en EEUU, proporcionalmente. Por otro lado nos preocupa el significado que pueda tener que el Sr. Zapatero vea de pronto en EEUU un ejemplo a seguir en otros aspectos de la política, como ya hicieran anterioes gobiernos de España, con la deriva que ello supondría.
El presidente asegura que el precio de la vivienda se está moderando, algo radicalmente falso y contrario a la realidad, pues aunque se produzcan altibajos en el ritmo de subida del precio de la vivienda, este no deja de subir galopantemente, ni dejará de hacerlo mientras se prolongue el boom inmobiliario, aspecto este en el que están de acuerdo lo principales expertos en economía y los precios de la vivienda en españa siguen estando muy lejos de la moderación.
El presidente excusa la necesidad de seguir creciendo en la construcción en el crecimiento demográfico, la inmigración y la creación de empleo, argumentos todos que podemos tachar sin duda de demagógicos, y que son los mismos que utilizan personajes como el Pocero para venderle al pueblo las barbaries urbanísticas, los atentados contra el territorio y contra el interés general, como si fueran la fuente necesaria y única del desarrollo. Parece olvidar el Sr. presidente que hay más de 3 millones de viviendas vacías en nuestro pais, y que una de las demandas más importantes que escudan el urbanismo salvaje es de carácter puramente especulativo.
Nos inquieta pensar a qué llama el presidente del gobierno a "seguir creciendo en la construcción": en efecto el sector crece cada año más en España. Si en 2005 se construyó la desorbitada suma de 800.000 viviendas, en 2006 se ha llegado a 900.000. Esta tasa de crecimiento está reconocida por todos los expertos (excepto algunos consultores de la promotoras inmobiliarias) como un disparate, paradigma de insostenibilidad que amenaza nuestro territorio tanto como precariza a la ciudadanía. Si seguimos a este ritmo de crecimiento pronto superaremos el millón de viviendas nuevas al año, lo que supondría duplicar los 20.000.000 de viviendas que hay actualmente en España en un plazo de 20 años. Esto representaría sin duda el mayor expolio medioambiental, cultural y social de la historia europea y acaso mundial.
¿Pretende acaso el Sr. Presidente defender abiertamente que se crezca aún más que ahora? ¿Como pretende el Sr. Presidente frenar la corrupción urbanística si crece la especulación y la construcción? ¿Como pretende el Sr. Presidente que nos creamos que la vivienda va a ser mas accesible si no se frena de inmediato la espiral especulativa? ¿Como va a frenar españa las emisiones contaminantes y ajustarse al protocolo de Kioto si se duplica la demanda del consumo de energía en 20 años, como actualmente predice el ritmo de desarrollo?
A estas alturas los ciudadanos no nos creemos tan fácilmente la mentira del desarrollismo salvaje, un desarrollismo que beneficia solo intereses privados y de los partidos políticos, que se financian a través de la construcción. Acaso en realidad ustedes no quieran poner freno alguno al problema, acaso teníamos razón quienes pensábamos que los tibios amagos del gobierno en reconocer el problema no eran sino una maniobra electoralista para ganarse ciertos sectores del voto.
Acaso no nos sorprenden sus declaraciones, pero no por eso dejan de ser inaceptables en el líder de un gobierno que se pretende de izquierdas, o aun de centro y que venía enarbolando un discurso en el que por fin, y ya era hora, se hablaba de poner freno al problema.
Sr. Zapatero, como bien sabe la corrupción urbanística es inseparable de la especulación, y esta del desarrollismo salvaje que ested parece defender.
Nostros exigimos moratoria inmediata en las recalificaciones y freno paulatino en la construcción, hasta que de aquí a dos años, no más, se halla implantado una alternativa económica para España. El más tibio de los discursos coherentes con el artículo 47 de nuestra Constitución debería, como mínimo, hablar de frenar el ritmo de crecimiento del sector de la construcción. Usted habla de que crezca más todavía.
La economía de España no puede basarse en la destrucción del territorio, del patrimonio y en la precarización de la ciudadanía. Es su responsabilidad elaborar un plan global de alternativa económica para el pais, de forma que el empleo y la economía dejen de estar dependiendo peligrosamente de la burbuja inmobiliaria.
Cada vez son más las voces que proclaman la barbarie de lo que en España está sucediendo. Del presidente del gobierno exigimos una integridad en el respeto de los intereses ciudadanos. No puede ser, y no toleraremos, que tras cuatro décadas de destrucción del territorio, corrupción y precarización de la ciudadanía el gobierno enarbole aún un discurso desarrollista que trata de vender el urbanismo salvaje como la solución económica para el pais. Si consideran que los ciudadanos vamos a permanecer callados ante esta barbaridad, se equivoca, Sr. Presidente.
Gobierne quien gobierne, el territorio no se vende. Exigimos un freno tajante e inmediato al crecimiento urbanístico, que es sinónimo de destrucción territorial, inaccesibilidad de la vivienda y corrupción. La corrupción es la mayor amenaza para las democracias. ¿Hasta donde pretenden ustedes llegar con la corrupción y la especulación urbanística?
Jaime del Val
Portavoz de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio es una federación estatal integrada por más de 600 colectivos de todo el Estado Español.
www.nosevende.org
Por fin, la España verdadera
MARIO FERRER : "Entre incendiarios profetas de la balcanización de España y fraudulentos creadores de identidades excluyentes, este país vivía hace un año una especie de trance paranoico a cuenta del estatuto de Cataluña. La España del siglo XXI volvió a sus viejos fantasmas. Los prohombres encargados de guarecer a la Madre Patria vivían obsesionados por un debate abstracto e inútil, mientras la auténtica realidad española, la de un país devorado por un grosero sistema de corrupción urbanística, estaba al margen de los titulares. Nadie hablaba de lo que todos sabían.
Al contrario, la opinión pública se afanaba en discutir sobre entelequias tan absurdas como las nacionalidades históricas, las reivindicaciones identitarias, la unidad de España, las dos Españas... Desde un lado u otro, políticos y opinólogos se lanzaban fanatizados a autoproclamarse grandes salvadores de la patria (la que ellos entendían suya claro). Curiosamente, hoy ya sabemos que entre tanta divergencia sí había un punto en común: hacer negocio con el primer valor de la patria, el del territorio.
Después de innumerables e inservibles chácharas nacionalistas y encendidos elogios sobre las maravillas del autogobierno se empieza a ver que la corrupción se mueve mucho mejor en el ámbito local. El soborno funciona a la perfección en las distancias cortas.
Todos los partidos están implicados en menor o mayor medida y los que no lo están seguramente sea porque no han tocado poder o porque todavía no les han destapado sus miserias. Pero no todos son iguales, habrá que recordar quien diseñó determinadas leyes o quien activó ciertas fiscalías que antes estaban paradas. Los medios de comunicación tampoco son todos iguales; no hace falta mucho para darse cuenta de cuáles juegan a las teorías conspirativas y cuáles mantienen las mínimas medidas deontológicas de la profesión.
La administración de justicia tal vez se la peor parada por su manifiesta inutilidad para actuar con más eficacia y prontitud. Sea por falta de recursos, por mala planificación de las autoridades políticas o por errores propios, el caso es que el sistema no funciona como debería.
El panorama financiero tampoco se salva: un país endeudado hasta las cejas en gran medida por los precios de las viviendas y una economía que pasa del I+D para dedicarse al beneficio rápido del imperio ladrillo.
Pero lo peor ha sido, con diferencia, la aceptación generalizada de la perversión democrática que implica el juego de la corrupción urbanística. Mucho me temo que la mayoría de la población, de los políticos, de los empresarios y de los encargados de aplicar las leyes habían asumido hace tiempo que la situación era ésa y la especulación era asumida como algo inevitable.
Corrupción política, nula efectividad judicial, frágil resultado económico, apatía social... Al menos ahora ya empezamos a hablar de ello. Por fin, la España verdadera.
Martes, 23 de enero de 2007
Diario de Lanzarote
