NORTECASTILLA* : El Ayuntamiento no gana últimamente para sentencias en contra de su política urbanística después de que ayer recibiera un nuevo varapalo del Tribunal Superior de Justicia, que ha anulado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitió ejecutar bajo una base legal el aparcamiento subterráneo de Portugalete.
El origen del problema hay que buscarlo en el hecho de que el PGOU recoge expresamente la imposibilidad de construir aparcamientos rotatorios en el centro de la ciudad. Por lo tanto, y para cumplir con sus previsiones, el equipo de Gobierno tuvo que echar mano del ingenio para levantar esa prohibición. Primero lo intentó con la figura del estudio de detalle, tan útil en otros conflictos, pero el mismo tribunal ya dictó otra sentencia en abril del 2006 en la que indicaba claramente que no sirve para cambiar la regulación de un capítulo tan destacado. Más adelante se apostó por iniciar el proceso desde cero con una modificación del Plan General, que aprobó provisionalmente el pleno con los únicos votos favorables del PP, un nuevo proyecto de construcción y las licencias ambientales oportunas.
Sin embargo, la sentencia conocida ayer vuelve a sembrar de dudas la actuación del equipo de Gobierno puesto que con posterioridad a la aprobación por parte del pleno de la esa modificación del PGOU se hicieron cambios a mayores. Cambios que en todo caso debieron ser refrendados de nuevo en sesión plenaria pero que nunca lo hicieron. El TSJ resalta, incluso, que el documento al que el pleno dio el visto bueno constaba de 89 folios pero el que se remitió posterior a la Consejería de Fomento para su aprobación definitiva adelgazó misteriosamente hasta quedarse en 50 folios.
Misteriosa autoría
Destaca la sentencia que «no se sabe quién hizo los cambios, si el concejal de Urbanismo o los técnicos municipales», pero deja claro que nunca podían ejercer como autores de unas modificaciones que sólo competen legalmente al pleno. Con el texto judicial en la mano, a día de hoy el aparcamiento subterráneo de Portugalete es ilegal. Por este motivo, Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos, Izquierda Unida y la Asamblea Ciclista -los colectivos denunciantes- anunciaron ayer que van a solicitar a los jueces la suspensión del proyecto de construcción y las licencias del aparcamiento, de tal manera que «nuestro objetivo es ahora el cierre inmediato de las 260 plazas de rotación que tiene el aparcamiento hasta que el Ayuntamiento reconsidere su postura y las destine a residentes, como ha sido nuestra intención desde el primer momento», manifiesta Miguel Ángel Ceballos, representante de los ecologistas.
Estos colectivos lamentan que «una vez más el Ayuntamiento se aproveche de la lentitud de la Justicia para sacar adelante un aparcamiento rotatorio manifiestamente ilegal en el centro de la ciudad, haciendo difícil la ejecución de una sentencia anulatoria, como sucedió en su día con los casos de los aparcamientos de la plaza de España y de la plaza de Zorrilla, cuyas autorizaciones fueron anuladas con posterioridad a su apertura». Ceballos también lamentó ayer que el TSJ no accediera en octubre del 2007 a la suspensión cautelar de las obras mientras se resolvía este recurso, aunque consideran que «algo debe haber visto el tribunal para cambiar de opinión».
Por su parte, Alfonso Sánchez, concejal de Izquierda Unida, sospecha que «quizás haya influido el escándalo de la manipulación del Plan General de Valladolid», que a día de hoy está en la vía judicial tras presentar un recurso el PSOE. En este sentido, el portavoz municipal de los socialistas, Javier Izquierdo, señaló ayer que «la sentencia deja entrever las mismas ilegalidades que nosotros hemos venido denunciando».
«Tema menor»
El alcalde, sin embargo, no mostró ayer síntomas de preocupación este asunto porque la nueva sentencia del TSJ anula exclusivamente el procedimiento seguido para cambiar las reglas del PGOU en materia de aparcamientos pero en ningún momento entra en el fondo del asunto, es decir, que no determina si esas modificaciones son o no legales. Por eso, Francisco Javier León de la Riva calificó de «tema menor» el conflicto y anunció que el error se subsanará inmediatamente con el inicio otra vez del trámite administrativo en la Comisión de Urbanismo y su posterior votación en el pleno. Insistió el alcalde en que no tendrá que cerrarse al público.
* El Norte de Castilla - EDUARDO RODRÍGUEZ - 23.05.2008
Foto: Un turismo sale del aparcamiento de Portugalete/ HENAR SASTRE, nortecastilla.es
Valladolid: El TSJ anula el cambio del PGOU que permitió legalizar Portugalete
Una sentencia anula el PAI Belcaire Norte de Moncofa al carecer del estudio de la red vial
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LEVANTE/Castelló* : Moncofa va a tener que hacer frente a un nuevo fallo judicial que anula un Programa de Actuación Integrada (PAI), en esta ocasión del Belcaire Norte. Una sentencia ha suspendido el PAI al considerar que el proyecto no cuenta supuestamente con el Informe de Carreteras de Conexión a los Nuevos Sectores, tal y como ha podido saber este periódico de fuentes jurídicas.
Todo nuevo programa debe debe recoger un estudio de los viales de acceso a las viviendas acolplados a las necesidades de los futuros habitantes, algo que, al parecer, no se había incorporado en el Belcaire Norte.
Desde el grupo popular, partido en la oposición se explica que "la Comisión Territorial de Urbanismo exige la emisión del informe favorablemente para poder desarrollar un programa urbanístico". El PP asegura que "hace tiempo" que pidieron este estudio pero, "a día de hoy, no nos han contestado, con lo que entendemos que no existe pues lo único que nos han mostrado es una referencia del Plan General de Ordenación Urbana". "Lo que se pretende con el estudio es facilitar el acceso a las viviendas por otras calles diferentes a las actual para que el tráfico sea fluido", añaden.
No obstante, esta misma semana, concretamente el martes, se sometía a información pública el proyecto de reparcelación del sector Belcaire Norte, tal y como se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). La mercantil Moncofa Urbanización, en su condición de agente urbanizador, formuló una modificación de la reparcelación que se presentó en el ayuntamiento el 10 de diciembre de 2007. El 29 de abril de este año se presentaba la documentación complementaria y ahora ya se puede consultar en el consistorio.
El Belcaire Norte cuenta con una superficie de 700.000 metros cuadrados en donde se prevé construir alrededor de 4.000 viviendas, zonas verdes y un amplio lugar para el ocio en donde se podrán ubicar desde hoteles hasta comercios. Finalmente, destacas que este periódico intentó ayer, sin éxito, contactar con el alcalde, José Vicente Isach, para analizar esta sentencia.
* Levante-EMV - 23 de mayo de 2008
Foto: Moncofa (Castellón) - mma.es
La Justicia insta al Concello de A Guarda a ejecutar la demolición de ocho apartamentos
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LAVOZ/Vigo* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una providencia en la que insta al Concello de A Guarda a que en el plazo de un mes ejecute una sentencia de demolición dictada hace nueve años. Se refiere a los ocho últimos apartamentos construidos en la urbanización de A Armona, y que, según el fallo judicial, se edificaron sin licencia y cambiando el uso del bajo de uno de los bloques.
El TSXG avanza que las obras de derrumbe deberán además estar finalizadas en un plazo máximo de seis meses, «con apercibimiento de que, de lo contrario, se procederá a deducir testimonio por desobediencia». El regidor local, José Manuel Domínguez Freitas, vinculó su valoración a la del asesor jurídico del Concello, que está estudiando el caso.
Requerimiento
En octubre del año pasado ya había dictado otro requerimiento. Era el segundo en el mismo año, ya que en febrero había mandado un primer apercibimiento contra el que el Concello había presentado un recurso de súplica que no se admitió. También el anterior gobierno había intentado la revocación de la sentencia alegando una presunta imposibilidad de derribo por posibles problemas estructurales, al tratarse de una planta baja, pero no se admitió porque «no se trata de demoler sino de revertir el uso modificado».
La sentencia de demolición es de 1999 y en su exposición recoge, explicaron técnicos municipales, una modificación de uso en el salón ubicado en la planta baja de uno de los bloques de la urbanización, a pocos metros de la costa, que se habría ampliado, cerrado con una cubierta y habilitado para albergar los ocho apartamentos.
* La Voz de Galicia - M. Torres - 23.05.2008
Foto: Las viviendas se encuentran a pocos metros de la costa - lavozdegalicia.es
El Estado da por rescindida la compra de Las Teresitas y obliga a devolver los terrenos y el dinero percibido
LAPROVINCIA/Tenerife* : El Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, ha emitido un informe por medio del cual considera que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) fallada hace un año que anulaba la compraventa de las once parcelas de Las Teresitas debe cumplirse en sus justos términos.
O lo que es lo mismo, que la corporación local tiene que devolver los terrenos y la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) hacer lo propio con los 52 millones de euros abonados en 2001.
Con todo ello, el informe que debía valorar la viabilidad del convenio a suscribir entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento se limita a analizar los efectos de la sentencia del TS que luego el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) consideró que debía cumplirse simplemente a través de una nueva tasación.
La concejal de Urbanismo, Luz Reverón, por todo ello, no escondía ayer su decepción en cuanto este escrito del Abogado del Estado que se esperaba como agua de mayo con el fin de desatascar la difícil situación por la que atraviesa la playa, no daba ningún tipo de alternativa.
Recursos judiciales. Es más, Reverón considera que, con este informe en la mano, el Estado se posiciona al lado de la empresa ILT que, en algunos de sus recursos judiciales, ha solicitado la devolución de los terrenos. De todas formas, es posible que aún quede un nuevo informe por salir a la luz. Concretamente, se trataría del que ha elaborado la Dirección General de Costas sobre el emitido por el Ministerio de Justicia. En cualquier caso, Reverón dejó claro ayer que el Gobierno central "se ha lavado del todo las manos" a la hora de intentar encontrar una salida a la situación de la playa, cuyas obras están paralizadas desde hace casi tres meses, lo que da lugar a una indemnización a la empresa adjudicataria, OHL de 30.000 euros al mes.
En cualquier caso, Reverón dijo no entender la interpretación que se ha venido filtrando desde Costas y por parte de la portavoz del grupo municipal socialista, Gloria Rivero, en el sentido de que el informe cuestiona la titularidad de los terrenos y apunta que no se podrá firmar el convenio hasta que se emita una sentencia firme. Pero lo cierto es que ya existe un fallo irrecurrible sobre la playa como es el emitido por el TSJC el pasado verano que también anulaba la compraventa en los mismos términos que el TS.
Reverón indicó que va a solicitar una reunión al nuevo director general de Costas para intentar dar una salida a este problema. Además, ha remitido un escrito exigiendo que se les dé cuenta de todo el expediente de esta playa, incluido un informe del Abogado del Estado de hace un año que era favorable a la firma del convenio.
* La Provincia - NOÉ RAMÓN - SANTA CRUZ DE TENERIFE - 23 de mayo de 2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, playa Las Teresitas - laprovincia.es
Totana: Implicados en la negociación de una comisión de 3,6 millones de euros confiesan que Morales estaba detrás
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LAVERDAD/Murcia* : Si el sumario judicial instruido con motivo de la Operación Tótem es una especie de cuerda en torno a la garganta del ex alcalde de Totana Juan Morales, bien podría decirse que cada declaración prestada ante la juez por los presuntos implicados ha contribuido a ir apretando el nudo. Ni en sus amigos más íntimos ha hallado respaldo.
Las diligencias sobre este asunto de corrupción urbanística, que están en poder de La Verdad, demuestran que la gran mayoría de los sospechosos de participar en la negociación de comisiones multimillonarias han acabado implicando al actual diputado regional del Grupo Mixto. Incluso Gabriel Martínez, director ejecutivo de Huevos Maryper, hombre de su absoluta confianza y uno de los más activos participantes, según las citadas diligencias, en la negociación de un cobro de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas). También él, su amigo del alma, su compañero de andanzas, ha confesado que fue Morales quien exigió llevarse su parte del pastel por facilitar una recalificación urbanística.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Según se desprende de la investigación judicial, y así lo recoge la juez de Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, el entonces alcalde de Totana, Juan Morales, habría visto la oportunidad de hacer un buen negocio en el año 2006, cuando intermediarios de la firma gallega Inmonuar S.L. empezaron a buscar terrenos en el municipio para construir una urbanización.
La superficie que despertó el interés de la promotora se situaba en el paraje conocido como El Raiguero, tenía una superficie de unos 2,2 millones de metros cuadrados y, aunque estaba calificada como no urbanizable, el alcalde se habría ofrecido para impulsar el cambio de calificación, además de para favorecer la venta de los terrenos a la promotora gallega por parte de sus entonces propietarios. A cambio, siempre según la juez, Morales habría solicitado la tercera parte de una comisión de 3,6 millones de euros (las otras dos terceras partes habría ido destinadas a los intermediario y a su amigo Gabriel Martínez, también implicado en la operación).
No fue el único intento de cobrar una comisión por parte del alcalde totanero, quien supuestamente habría reclamado a los dueños de los terrenos un pago de dos millones de euros (unos 332 millones de pesetas), por gestionar la venta con el grupo gallego. Para asegurarse el pago les habría hecho firmar un contrato de gestión inmobiliaria, en el que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán. este documento está en poder de los investigadores.
En resumen, que Morales no habría tenido empaño en jugar incluso a dos bandas.
EL GERMEN DEL COHECHO
Por lo que se refiere a las negociaciones con Inmonuar S.L. y su propietario, Manuel Núñez Arias, la investigación ha determinado que a mediados del 2006 hubo una reunión en el Ayuntamiento de Totana en la que, además del alcalde, habrían participado los intermediarios José Antonio Alcántara y Joaquín Carmona, así como Gabriel Martínez. Éste último ha confesado ante la juez que fue allí cuando su amigo Morales «directamente solicitó la comisión», según se recoge en el sumario.
Con ser ya comprometido este testimonio, el problema de Morales es que el resto de los implicados tampoco le han salvado la cara. Así, Carmona ha dado detalles a la juez de que el alcalde había pedido participar en el reparto de la comisión y que había reclamado que se hiciesen tres partes. Y el propio promotor, Manuel Núñez, y su representante, Pablo Maceira, han confesado que Morales les pidió dinero a través del intermedio Emiliano Ovide.
Por si esto no era suficiente, otros dos vecinos de Totana, Manuel C. y Raquel V., han declarado que el mismo Emiliano Vigil les contó la exigencia de Morales de llevarse una comisión por la recalificación de terrenos.
MORALES NO SABE, NO CONTESTA
Ante tamañas imputaciones, el actual parlamentario regional se limitó en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a encogerse de hombros. Dijo que no podía responder por las palabras de los demás y negó «rotundamente» en una decena de ocasiones haber reclamado comisión alguna.
Sin embargo, otro dato que le incrimina, y para el que no encontró argumento coherente que lo explicase, es el hecho de que tuviese en su poder dos copias del documento de reconocimiento de deuda, por importe de 3,6 millones de euros, que Inmonuar firmó en favor de la sociedad Nubia Inversiones S.L., controlada por Carmona. Éste era el método supuestamente ideado para que ni Morales ni el resto figurasen como perceptores de la citada comisión.
Aunque Morales respondió, a preguntas del fiscal, que ese documento estaba incluido en el expediente del plan parcial de El Raiguero, y que él se llevaba a casa copias de todos los planes parciales «por precaución», no supo explicar por qué un documento privado de reconocimiento de deuda estaba en un expediente municipal.
Hasta tal punto se fue enredando Morales en sus respuestas que el propio magistrado instructor del TSJ, Julián Pérez Templado, se permitió recordarle que tenía derecho a no declarar, pero que lo que estaba diciendo «no está claro». O lo que es lo mismo, que le era preferible callar antes que dar explicaciones poco coherentes.
NEGOCIACIÓN A CUATRO BANDAS
Uno de los hechos más curiosos recogidos en el sumario es la presunta conversación a cuatro bandas que Morales habría organizado, junto a varios intermediarios, para evitar ser quien negociase directamente la multimillonaria comisión con el promotor Nuñez Arias. De esta forma, Morales le transmitía las indicaciones a su amigo Gabriel Martínez, quien a su vez las pasaba por teléfono a los intermediarios Carmona y Alcántara, que estaban reunidos en un coche con Pablo Maceira, hombre de confianza de Núñez Arias. Éste era quien finalmente hacía llegar las exigencias al promotor gallego, también vía telefónica. Una precaución que parece haberle servido de poco.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 23.05.2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
Mallorca: Una perversa lotería urbanística
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ELPAÍS* : "Una perversa lotería urbanística". Los ecologistas definían así el Plan Territorial Insular (PTI) de Mallorca en la denuncia que presentaron ante la fiscalía. Anticorrupción determinó que en la norma que aprobó el Consell de Mallorca anidaron presuntos delitos de tráfico de influencias, de información privilegiada y prevaricación en "la recalificación de grandes zonas rústicas que pasan a conformar suelo urbanizable de uso residencial".
Los pelotazos propiciados por el PTI han quedado frustrados, bloqueados, por la causa penal abierta por la querella de los fiscales. Éstos afirman que existe "antijuridicidad, arbitrariedad y beneficio de particulares sin apenas utilidad pública y social".
Políticos del PP y Unió Mallorquina (UM) y empresarios inmobiliarios están imputados. Hoy declara ante el juez un hombre del ex presidente Jaume Matas, el diputado y ex consejero de Medio Ambiente, Jaume Font, que supuestamente divulgó detalles del plan. El miércoles declaró el promotor Vicente Grande, presidente del Real Mallorca. Mateo Sastre, dueño de Ibercon, y Federico Serratosa están señalados como beneficiarios de las recalificaciones.
Todos niegan haber usado información privilegiada. Pero según Anticorrupción, empresarios, propietarios y políticos traficaron con "la información [previa] para adquirir los referidos terrenos y hacer suya la importante plusvalía que se iba a generar". Así, según las investigaciones, muchos empresarios movieron decenas de millones en compraventas de terrenos.
El plan creó expectativas urbanas mediante la fórmula de permutar terrenos protegidos y sin valor por otros altamente rentables. Así, por ejemplo, a cambio de unas parcelas sin interés de Alcúdia, se facilitan 330.000 metros cuadrados urbanizables en suelo rústico de Marratxí, cerca de Palma, para 1.200 viviendas; la plusvalía supuesta es de 93,4 millones. Mediante el derribo del hotel Don Pedro (de Cala Sant Vicent) y de otro hotel menor y sin explotación, el Rocamar, en Sóller, se permite el desarrollo inmobiliario en 42 hectáreas de Campos, en Sa Rápita. El beneficio calculado es de 76,5 millones.
Las operaciones "no suponen medida alguna de protección ni de mejora del paisaje rural, ni de la calidad ambiental ni de la biodiversidad", contrariamente a la razón que se aduce para justificarlas, según denuncia la fiscalía.
* ELPAIS.com - A. M. - Palma de Mallorca - 23/05/2008
Foto: Alcudia (Mallorca) - T.Ramón (El País)
Ecologistas denuncian ante la Fiscalía la construcción de la subestación eléctrica
SUR/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía GENA-Ecologistas en Acción, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial porque considera que podría existir un delito de extorsión por parte de la compañía eléctrica Sevillana-Endesa al Ayuntamiento.
Los ecologistas consideran que la empresa ha presionado al Consistorio para conseguir la licencia de obras, al plantear que de no realizarse esta infraestructura podrían producirse cortes de luz. «Es una amenaza implícita y además existen medios técnicos para evitar esta posible situación», ha indicado el presidente del colectivo, Rafael Yus.
Recurso
Además, Gena ha presentado un recurso contra la decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de dar licencia de obras a la empresa para la construcción de una nueva subestación en la zona del Camino de la Acequia.
Los ecologistas consideran que esta decisión vulnera la normativa del Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía (POTA) y la Ley de Aguas, ya que el edificio se encuentra en zona inundable sobre las que dicha normativa prohíbe cualquier tipo de actuación urbanística.
En este sentido, ha recalcado el peligro que supone la ubicación de una infraestructura de estas características, destinada a dar energía a los sectores de expansión del municipio, en una zona que «previsiblemente se inundará en algún momento en los próximos años».
Yus también ha denunciado el hecho de que el Ayuntamiento no haya iniciado un expediente de legalidad urbanística ya que la obra había comenzado sin la perceptiva licencia urbanística, y actualmente ya se encuentra finalizada toda la estructura del inmueble.
Expediente
El concejal del Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM), José Luis Sánchez Toré, criticó ayer al alcalde, Francisco Delgado Bonilla, por este mismo motivo. «Llevaban meses trabajando sin licencia. Yo lo denuncié pero hasta el 13 de mayo no se ha hecho nada», ha indicado Toré.
El edil considera un error que la Gerencia de Urbanismo concediera la licencia de obras a la compañía eléctrica sin haber solicitado nuevos informes a las delegaciones de Medio Ambiente y Obras Públicas. En este sentido, ha explicado que el expediente se inició en 2005 y no fue hasta octubre de 2006 cuando entró en vigor el Plan de Ordenación del Territorio (POTA).
Según Toré el objetivo de su petición era que ambas delegaciones ratificaran sus informes previos. «De esta forma hubiéramos conseguido desbloquear implícitamente la zona industrial que recoge el PGOU al norte de Vélez y que según el POTA también está en zona inundable», ha puntualizado el concejal, que ha recordado que la obra se está llevando a cabo cerca de una zona donde se han producido dos inundaciones importantes.
Asimismo, ha criticado a Izquierda Unida ya que apoyó al equipo de gobierno en la comisión de la Gerencia de Urbanismo que tuvo lugar el pasado martes. «En un principio apoyaron la petición de nuevos informes y en cambio ahora votan a favor de otorgar la licencia cuando nos trajeron el mismo informe», ha dicho.
* SUR - 23.05.08 -EVA GUZMÁN
Foto: La nueva subestación se está construyendo junto a la estación depuradora/ E. GUZMÁN, diariosur.es
Un experto defiende recuperar espacios para la convivencia en lugar de construir sólo viviendas
LEVANTE/Valencia* : El arquitecto Alberto Peñín reivindicó ayer la recuperación de los espacios públicos de convivencia en la ciudad y apostó por la movilidad como elemento vertebrador, "sobre todo para el ciudadano de a pie". Para ello, abogó por la creación de nuevos lugares de encuentro ciudadano, o bien por la reutilización urbana de los ya existentes, como, puso de ejemplo, la mayoría de los antiguos cuarteles de Defensa.
"Es un error fijar el crecimiento únicamente en la demanda" (de viviendas), denunció el experto en un simposio sobre la revisión del PGOU organizado por el grupo municipal socialista.
Peñín, que defendió que estos dos principios -movilidad y espacios públicos- queden recogidos en la versión definitiva del nuevo plan, anunció también que cualquier revisión urbanística que se realice en Valencia debería tener en cuenta unos aspectos básicos. En concreto, señaló: el Jardín del Turia, "que sigue a medio hacer", el Parque Central, la "Valencia Marítima" o Frente Litoral, "que es una asignatura pendiente", y la definición del barrio creado en torno al Palacio de Congresos y el nuevo estadio del Mestalla.
Falta de consenso con el entorno
Josep Sorribes, profesor de economía regional y urbana en la Universitat de València, por su parte, diagnosticó un "fracaso absoluto" del nuevo PGOU porque no se aborda la revisión desde un punto de vista metropolitano. "Es inadmisible -dijo- que el plan no esté consensuado con los municipios del entorno". Asimismo, aseguró que el documento le causó "una impresión lamentable" porque no existe ningún plan de conservación de la huerta, pese a que es posible, y porque no se analiza la necesidad de viviendas en su ámbito, ya que "no se cita la crisis inmobiliaria, sino que aún se habla de expansión". Por último, Sorribes criticó que no haya "ni una línea sobre la cuestión económica".
El economista Salvador Pons también denunció que en la revisión "falta un análisis riguroso del crecimiento de la población y de la base económica". Además, "no hay ni una referencia al parque de viviendas construidas", aunque apuesta claramente por la edificación de VPP. "Hay que preguntarse por qué no se ha construido antes VPP si ahora el plan considera que son tan importantes", dijo. Pons finalizó tildando el documento de "casi patético" porque "se toman decisiones sobre la vivienda que se necesita y no se piensa en la oferta de suelo existente, sobre todo en el área metropolitana".
Por su parte, Gregorio Martín, catedrático de Computación de la Universitat volvió a insistir en la incompatibilidad del túnel previsto bajo el Marítimo con la marina lúdica, una propuesta de "gran impacto" que patrocina una movilidad "basada en las cuatro ruedas".
* Levante-EMV - M. Vázquez - 23.05.2008
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
