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LAVOZ/A Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia que anula el Plan Xeral de Boiro, con lo que ya son dos los fallos del mismo tribunal con el mismo resultado. El primero fue a raíz de una denuncia formulada por el hoy portavoz de los independientes y ex alcalde, Manuel Velo Velo.
En el segundo caso, el querellante fue un vecino del municipio, José Manuel Pardeiro, quien presentó un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento del 20 de mayo del 2003 por el que se aprobó definitivamente el Plan Xeral de Ordenación Municipal.
En los dos procesos se ha dado una circunstancia a la que el tribunal hace mención, y es que el Concello de Boiro no se personó en ninguno de ellos. En el último, ni siquiera compareció para formular alegaciones contra las denuncias formuladas por la delegada provincial de la Consellería de Cultura hasta en tres ocasiones, por la falta del preceptivo informe de Patrimonio.
Precisamente el motivo clave que ha llevado al TSXG a adoptar esta sentencia y la precedente contra al PXOM es la falta, entre otros, del informe de Patrimonio que debía emitir la Consellería de Cultura.
El denunciante también aludía a la inexistencia del informe del interventor, del que el tribunal considera que «no cabría derivar consecuencias anulatorias», de igual forma que no tiene en cuenta el voto del alcalde y de un concejal del equipo de gobierno, ya que señala que es difícil que la aprobación de un PXOM no afecte a algún miembro de la corporación.
En este fallo también se indica que faltan los informes del organismo competente en materia de carreteras, pero no los considera clave.
Cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decidió estimar el primer contencioso interpuesto contra el planeamiento boirense, el actual grupo de gobierno dirigió un recurso al Tribunal Supremo, que todavía no ha determinado si lo admite a trámite.
En esta ocasión, el Concello vuelve a tener la oportunidad de recurrir y la sentencia no supone la suspensión de la normativa urbanística.
* La Voz de Galicia - 14/6/2008
Foto: Boiro (A Coruña) - lavozdegalicia.es
El Tribunal de Xustiza emite otra sentencia que anula el Plan Xeral de Boiro
Roca confiesa ante la juez que negociaba sus proyectos en el despacho de Escudero
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LAVERDAD/Murcia* : La Operación Malaya no sólo convirtió a Juan Antonio Roca en algo así como el enemigo público número 1. Además, hizo de él un apestado. Hasta el extremo de que en una región como Murcia, donde el ex asesor de urbanismo de Marbella se había movido durante largos años como pez en el agua, ya nadie fue capaz de reconocer que había comido con él, que había estado en una de sus espectaculares fiestas, que había tenido intereses comunes en algún negocio o, incluso, que lo conociese.
Tal fue la postura que Juan Escudero, ex alcalde de Los Alcázares, mantuvo durante largo tiempo. Primero, negando que conociese a Roca; después, forzado por las evidencias, admitió que lo conocía como un vecino más de Los Alcázares; más tarde, cuando ya diversas informaciones apuntaban un poco más allá, reconoció que había viajado a Marbella, acompañado por varios de sus concejales y por el arquitecto municipal Mariano Ayuso, para visitar algún edificio público marbellí. «Fue en el año 1996, cuando Marbella era un modelo de urbanismo, y fuimos invitados por un familiar de Roca».
Pero hasta ahí llegaba su relación con el cartagenero. Nunca más allá de eso.
Juan Antonio Roca, según la particular versión de Escudero, nunca había estado en su despacho. Más aún: nunca sospechó que detrás de algunos grandes proyectos urbanísticos en Los Alcázares estuviese el presunto cerebro de la trama Malaya.
Hasta ahí podíamos llegar.
UN EX EDIL LE COMPROMETE
Que la cosa no era exactamente como la narraba el que fue alcalde alcazareño durante 16 años empezó a quedar más claro el pasado 11 de febrero, cuando el ex edil de Urbanismo Alfredo Blanco Puras prestó declaración ante la juez de Instrucción número 2 de San Javier, Eva María Algar, en calidad de imputado en la Operación Ninette. En tal escenario, refirió que era Juan Escudero quien conocía bien a Roca y que por esa razón visitaron Marbella, no en el año 1996 -o no sólo entonces-, sino en fechas mucho más recientes: en el 2005, cuando ya Marbella era ejemplo de corrupción y el ex asesor municipal estaba cercado por procesos sobre presunta corrupción.
Una memoria selectiva la de Escudero -consistente en recordar un viaje ocurrido hace una década, y no el que parece mucho más próximo- que ahora parece volver a quedar en evidencia. El entonces alcalde de Los Alcázares no sólo recibió en diversas ocasiones a Roca en su despacho oficial, sino que presuntamente estaba bien al corriente de las inversiones y negocios de éste en el municipio y, más todavía, alguno de ellos lo hizo a propuesta del propio Escudero.
UN EX EDIL LE COMPROMETE
La declaración que como imputado prestó Roca el pasado 25 de febrero del 2008, en presencia de la juez Algar, y a la que este periódico ha tenido acceso íntegramente, desvela todas estas circunstancias reseñadas. Éste es un extracto de su extensa comparecencia, que está recogida en 11 folios de las diligencias previas 787/2005, que reúnen todo lo investigado con motivo de la Operación Ninette:
Roca: «Que conoce a Juan Escudero Sánchez, que lo conocía antes de ser alcalde, porque veranea en Los Alcázares. Que conoce a Alfredo Blanco Puras. Que con posterioridad a salir como alcalde Juan Escudero, alguien le llamó de parte de ellos porque querían ir a Marbella a ver urbanizaciones, algún edificio institucional..., que fue a través de un familiar del declarante. Se organizó una visita de dos días y el declarante les enseñó el Palacio de Congresos y edificios institucionales. Que no recuerda la fecha exacta, pero fue al poco de salir alcalde Juan Escudero y vivía Jesús Gil. Que fueron a Marbella Mariano Ayuso, el alcalde, un concejal -al parecer, Sergio Gil Garre- y Alfredo Blanco. En esa fecha el declarante estaba en la empresa municipal. (...) Que los atendió personalmente en su despacho y llamó a concejales para que los acompañaran. Que cenó con ellos».
Sin embargo, y pese a las declaraciones de Blanco en el sentido de que volvieron en el 2005, Roca asegura que «no realizaron ninguna visita más».
«ME PROPUSO HACER EL HOTEL»
Lo más sabroso de la declaración de Roca llega cuando asegura que «ha ido de visita al despacho de Juan Escudero para verlo. Que conoce a Mariano Ayuso cuando fue a Marbella y después con el tema del hotel, cuando se reunió con el alcalde Juan Escudero y éste mandó llamar a Mariano Ayuso. Que ha tenido una o dos visitas más con Juan Escudero para hablar del tema del hotel y otra para traerle el proyecto de Nueva Ribera (una urbanización de chalés de lujo)».
Especialmente significativo es el relato que hace sobre cómo surgió el proyecto de construcción de un hotel de cuatro estrellas. «Juan Escudero -relata Roca- tenía dificultades para entenderse con Tomás Olivo (empresario cartagenero), y Juan Escudero le propuso que convenciese a Olivo para la construcción de un hotel, y en la segunda reunión le manifestó a Escudero que había llegado a un acuerdo con Olivo para la construcción de un hotel. Un año más tarde fue cuando le trajo a Juan Escudero la modificación del plan parcial Nueva Ribera».
A NOMBRE DE TESTAFERROS
El hotel de cuatro estrellas y 100 habitaciones fue construido por la firma Condeor S.L., a cuyo frente figuraba Monserrat Corulla, mientras que la urbanización Nueva Ribera la desarrolló a través de Sociedad Inmobiliaria Masdevallía S.L. Aunque ambas mercantiles, puestas a nombre de testaferros, eran en realidad de Roca, Escudero siempre se parapetó en ese hecho para asegurar que desconocía que el ex asesor de urbanismo estuviera detrás de ambos proyectos inmobiliarios.
La declaración prestada por Roca no sólo parece probar que Escudero conocía que el primero era el impulsor de ambos proyectos, sino que uno de ellos -el del hotel- le fue propuesto por el propio alcalde.
Este testimonio tiene especial importancia, sobre todo teniendo en cuenta que ambos proyectos contaron con un supuesto trato de favor por parte del Ayuntamiento. Así, el hotel de cuatro estrellas, proyectado con un máximo de cinco plantas, tiene en realidad seis, al haberse construido un bajotejado de gran altura.
Y lo mismo con la urbanización Nueva Ribera, en la que se construyeron «unos torreones de escalera, con una sala de acceso a determinadas terrazas, con una superficie media de unos 20 metros cuadrados». Como se contabilizan 27 de estos torreones, ello suma «una superficie construida sobre la autorizada de 540 metros», según el informe realizado por el arquitecto técnico municipal Mariano Capel Pelegrín. Este profesional estuvo unos años apartado del Ayuntamiento, en el tiempo en que al frente del departamento estaba Mariano Ayuso.
Sólo cuando, después de que se hubiesen hecho públicos numerosos indicios de supuestas actividades ilícitas desarrolladas por Ayuso, éste fue expedientado y trasladado a otro servicio, Capel regresó y elaboró el citado informe sobre Nueva Ribera.
«ARQUITECTO E INTERMEDIARIO»
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Unidad de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) consideran que Ayuso era «el eslabón de conexión» entre Roca y la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Los Alcázares. Según sus sospechas, el arquitecto cobraba importantes cantidades de dinero del cerebro de la trama Malaya por los servicios que le prestaba -se han comprobado pagos de hasta ocho millones de euros-, y más tarde se encargaría de hacer el reparto entre funcionarios del Consistorio y concejales, que los agentes no especifican.
En su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción de San Javier, Roca aportó algunos datos interesantes sobre su relación con el arquitecto, como cuando señaló que «cada vez que podía y venía (a Murcia) se reunía con Mariano Ayuso por temas profesionales». Además, indicó que el alto funcionario ejerció en algunas ocasiones como intermediario entre Roca y propietarios de parcelas que interesaban al cerebro de la Malaya.
También desveló que Ayuso «ha hablado por boca de Gyps Fulvus S.L., con Montse (Corulla) para el cobro de honorarios de arquitectura». Este hecho es significativo, ya que la Policía sostiene que ese despacho de arquitectura, Gyps Fulvus, pertenecía al arquitecto municipal y que a él desviaba los proyectos de personas interesadas en actuaciones urbanísticas en Los Alcázares. La sociedad estaba a nombre de su hermano, Juan Ignacio.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 14 junio 2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), ayuntamiento - laverdad.es
Empresas implicadas en el ´caso Faycán´ realizaban obras en Telde antes de que se las adjudicaran
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : Varias de las empresas que están implicadas en el caso Faycán, en el que se indaga en el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras y contratos en el Ayuntamiento de Telde, iniciaron distintos proyectos en el municipio antes de que el consistorio les adjudicara los trabajos.
El dato salió a la luz el pasado martes durante el interrogatorio al que fue sometido Felipe Martín, que es uno de los funcionarios de la Concejalía de Contratación que se encuentra imputado desde el comienzo de la presunta trama.
El auxiliar administrativo en cuestión aseguró al juez Francisco Javier García que tuvo conocimiento de que las obras de rehabilitación de la iglesia de Lomo Magullo y las de la mejora del local social de San José de Las Longueras, ambas ejecutadas por Preconte, cuyo administrador está imputado, habían sido "ejecutadas antes de finalizar el expediente" administrativo de turno.
El funcionario agregó que se percató de esta anomalía "en el mes de marzo de 2006, cuando estalló la causa y la empresa vino a preguntar por su contrato de adjudicación. A partir de ese momento", según su relato, al que ha tenido acceso este medio, "todo se paralizó porque se pasó un comunicado desde la Alcaldía en el sentido de que, hasta nueva orden, no se reiniciase ningún procedimiento".
El caso de Preconte no parece ser el único. Otros testimonios vertidos días atrás evidencian que una de las compañías relacionadas con el empresario Salvador Santana, marido de la ex concejala Guadalupe López, también comenzó a trabajar de forma irregular en la mejora de la iglesia de Lomo Cementerio.
Martín -quien no tenía capacidad de firma alguna ni de modificación de los datos de dichos expedientes y al que se le pusieron ocho 'escuchas' telefónicas- aclaró además al juez que la entonces concejal María Antonia Torres le ordenó, al principio del mandato, que siguiese las instrucciones que le daría su asesor Francisco Gordillo, como así hizo posteriormente.
* La Provincia - ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ - 14 de junio de 2008
Foto: Telde (Gran Canaria) - tiempoocio.com
Los fiscales abroncan a los alcaldes por callar ilegalidades urbanísticas
ELPAÍS* : Los ayuntamientos colaboran poco en la lucha contra los delitos medioambientales, incluidos los urbanísticos. Varios, como algunos de Málaga, incluso mantienen una actitud "más bien complaciente y poco beligerante" contra los infractores, según recoge la memoria de la Red de Fiscales Medioambientales andaluces, que se hizo pública ayer.
Cuatro de los ocho fiscales provinciales -Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla- critican la falta de colaboración de las administraciones locales, a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística. El de Sevilla sólo reconoce la labor de tres de los 105 ayuntamientos de la provincia: Utrera, Alcalá de Guadaíra y La Rinconada. Para los demás, advierte de que "la inacción" de algunos ha terminado por crear "espacios de impunidad". El fiscal de Cádiz, por su parte, habla de "palmaria dejación" de funciones, sobre todo en el "ejercicio de las facultades de inspección previas a las de sanción y restablecimiento de la legalidad".
La Fiscalía de Almería incide en un dato subrayado por otros fiscales: "casi todas" las diligencias de investigación en materia urbanística se abren a raíz de atestados policiales. "Es decir, los ayuntamientos [...] no están remitiendo denuncias relacionadas con construcciones ilegales". El de Málaga, además de quejarse de la actitud de algunos municipios, aprecia también cierta relajación en la delegación provincial de Obras Públicas, que en 2006 interpuso 89 denuncias y en 2007, sólo 23.
Las fiscales medioambientales abrieron el año pasado 1.475 investigaciones, 52 más que en 2006. El urbanismo, un año más, acaparan la mayoría de las diligencias (1.039).El número de delitos urbanísticos investigados por la Fiscalía en 2007 creció en cuatro provincias (Cádiz, Granada, Huelva y Jaén) y disminuyó en las otras cuatro. El incremento más importante fue en Cádiz, donde las diligencias abse multiplicaron por cuatro y pasaron de las 77 de 2006 a 345; en Granada, la Fiscalía investigó el año pasado el doble de casos que el anterior (102 frente a 48). Con todo, este dato no es el más significativo de la memoria del fiscal medioambiental de Granada. Más llama la atención la bronca del fiscal a los jueces por su "resistencia" a decretar la demolición de edificaciones ilegales. Lo que sigue es un resumen del contenido de la memoria:
- Almería. Tres de los nueve partidos judiciales acumulan el 67%: Huercal-Overa (38), Vera (18) y Almería (17). Pero la cifra más destacable es la del número de juicios celebrados en 2007 en los juzgados de lo penal contra la ordenación del territorio: sólo 11. "El número es extraordinariamente bajo en comparación con el número de procedimientos de 2007 y años anteriores", sostiene el fiscal, que encuentra en "la complejidad" de la instrucción y la falta de medios la explicación a este dato. Sobre los procedimientos por prevariación urbanística, en 2007, la Fiscalía investigó a 13 alcaldes. "Contra algunos de ellos se tramitan múltiples procedimientos".
- Cádiz. Los ataques al patrimonio histórico han aumentado por la falta de conciencia sobre su importancia y "por lo enormemente lucrativo de su mercado ilícito". Es la conclusión a la que llega en su memoria la Fiscalía de Cádiz, que pide una reforma en el Código Penal. La Fiscalía alerta también sobre el incremento y la complejidad de los delitos urbanísticos. Núñez atribuye estos casos a "la generalizada sensación de impunidad" respecto a los delitos contra la ordenación.
- Córdoba. La lucha contra las viviendas ilegales en el término municipal de Córdoba sigue concentrando la actividad de los fiscales especializados de la provincia. Y, en concreto, uno de sus objetivos es la protección del entorno del yacimiento de Medina Azahara, donde se concentra "el 90% de los delitos urbanísticos de la ciudad", según los fiscales. Parecía que se había frenado la construcción durante 2007, pero en el último trimestre del año pasado "se han reanudado las actividades ilegales en la zona".
- Granada. El principal problema interpretativo con el que se han encontrado el fiscal de medioambiente parte de "la resistencia de algunos órganos enjuiciadores a aplicar la medida de demolición de la edificación o construcción ilegal". Sobre los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, el fiscal especialista en Granada alude también a "discrepancias" con los órganos enjuiciadores porque la Fiscalía sigue apreciando en los tribunales penales "una cierta incomprensión de la dinámica del injusto del delito ecológico como tipo de peligro hipotético". Así, se refiere a casos en los que se consigue presentar material probatorio suficiente para acreditar la existencia de una conducta contaminante y la identidad de las personas responsables pero en los que el juez los absuelve por "la falta de acreditación suficiente de la relación causalidad con daños medioambientales efectivos". La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga incide en la necesidad de medios y lamenta que ni siquiera puede hacer "el seguimiento que sería necesario a las diligencias incoadas".
- Huelva. Los delitos contra el cambio del uso de los terrenos -de uso forestal a agrícola-, especialmente en el entorno de Doñana, es uno de los problemas más destacados por la Fiscalía en Huelva. Pero los fiscales también recuerdan la lucha en materia urbanística, como "las construcciones ilegales en parajes protegidos (Parque Natural de la Sierra de Aracena y zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre)"; o los casos de contaminación acústica, junto a todo lo relacionado con los residuos mineros y vertederos y sus efectos sobre las aguas y la atmósfera. La Fiscalía ya ha tramitado casos en la zona de Río Tinto y Niebla, especialmente.
- Jaén. La Fiscalía llama la atención sobre las captaciones ilegales de agua que han proliferado y que "deberían ser objeto de un mayor control por parte de los organismos encargados de la autorización y concesión de la explotación". Respecto a los delitos urbanísticos, en el último año han tenido una incidencia especial en las zonas cercanas a la capital, especialmente en parajes protegidos. La Fiscalía también observa la falta de criterios uniformes entre los distintos juzgados de lo Penal a la hora de acordar la demolición de las viviendas ilegales.
- Málaga. En la provincia hay dos fiscales adscritos, pero el volumen de casos les impide incluso asistir a todas las vistas orales por estas causas ya que no se dedican en exclusiva a estos asuntos. Dentro de la dejación que detecta la fiscalía en los ayuntamientos y la Junta llama la atención el descenso del número de denuncias de la Consejería de Obras Públicas, que de 89 en 2006 pasó a 23 el año pasado. Por el contrario, el Ayuntamiento de la capital ha doblado sus denuncias, pasando de 25 a 52.
- Sevilla. Entre los delitos urbanísticos, la Fiscalía destaca que las edificaciones derivadas de parcelaciones ilegales "siguen proliferando". Además de criticar la falta de iniciativa de los ayuntamientos para denunciar ilegalidades urbanísticas, el fiscal se queja de esta misma "inacción" en los delitos de contaminación acústica. En 2007 se abrieron "varios" precedimientos por esta causa, pero "ninguno de ellos a instancia de la administración local, originariamente encargada de las inspecciones [...]".
Información elaborada por Ginés Donaire, María José López Díaz, Manuel Planelles, Libertad Paloma, Valme Cortés y Manuel Albert.
* ELPAIS.com - REYES RINCÓN - Sevilla - 14/06/2008
Foto: Chiclana aérea - uca.es
Vecinos de Latina y Carabanchel vuelven a la calle contra de los planes por los terrenos de la cárcel
MADRIDDIGITAL* : Mas de 1.000 vecinos de Latina y Carabanchel volvieron a manifestarse ayer bajo el lema ’No nos conformamos’, para reclamar que las administraciones que en estos momentos están negociando el futuro destino de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, cuenten con el movimiento ciudadano a la hora de decidir el uso de estas parcelas.
El proyecto sobre el que trabaja la Administración en estos momentos, contempla la construcción de 700 viviendas, un hospital de gestión privada y una escuela infantil.
Los vecinos critican la pretensión de construir viviendas en unos terrenos que, a su juicio, deberían destinarse íntegramente a la construcción de equipamientos para cubrir las necesidades sociales de la zona.
Entre sus reivindicaciones figura que el hospital comprometido sea de gestión pública directa, que se destine una parte del antiguo edificio para la creación de un centro para la memoria y la paz y que se construya una residencia para la tercera edad y otros equipamientos necesarios para los barrios del entorno.
* Madrid Digital - 13/06/08
Foto: AAVV-Madrid - madriddigital.info
Alcoy: El TSJ anula el plan de Solycamp y obliga al Ayuntamiento a repetir todo el proceso
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INFORMACIÓN* : El Ayuntamiento de Alcoy se ha visto obligado a repetir el proceso de exposición pública del plan urbanístico de Solycamp después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana haya anulado el procedimiento, al entender que se han producido graves incumplimiento de la legalidad.
Este conflicto se remonta al año 2002, cuando el pleno del Ayuntamiento de Alcoy aprobó iniciar el proceso de información pública del Plan de Actuación Integral (PAI) y del Plan de Reforma Integrada (PRI) de la urbanización Solycamp. En 2005 se aprobaba la propuesta planteada por el agente urbanizador. Sin embargo, ese mismo año se producía un recurso de un particular, que vió incluidos sus terrenos en la zona, sin haber sido advertido con anterioridad. En este recurso, el particular señalaba que no había tenido la posibilidad de concurrir en el proceso de exposición pública.
Aunque inicialmente, el Ayuntamiento aceptó incluir de forma retroactiva las reclamaciones de este ciudadano, finalmente la denuncia ha llegado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, que le ha dado la razón en sus denuncias.
En la sentencia se señala literalmente que "se ha producido una violación grave en el procedimiento, que ha generado indefensión, porque ha privado a dichos titulares catastrales de la posibilidad de configurarse como urbanizadores". Asimismo, se señala que la demandante no pudo hacer alegaciones sobre la incorrecta delimitación de sus terrenos y "ello determinó que se aprobara un PAI con tales defectos". El auto judicial indica que la retroacción decidida por el Ayuntamiento no logra subsanar los errores. Ante esta situación, el tribunal anula todo el procedimiento.
Ante este estado de cosas, el Ayuntamiento se Alcoy se ha visto obligado a reiniciar desde cero todo el procedimiento administrativo. En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de ayer se abría nuevamente el plazo de exposición pública de este plan urbanístico. Se fija un periodo de 20 días para que todos aquellos particulares que lo deseen presenten alegaciones.
* Información - J.LL. - 14 de junio de 2008
Foto: Alcoi (Alicante), puente - wikipedia.org
