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LAVOZ/A Coruña* : Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que no es firme, suspende el plan urbanístico del municipio coruñés y costero de Boiro. La Justicia entiende que el documento, en vigor desde el 2003, fue aprobado sin un informe de Patrimonio Cultural de la Xunta de Manuel Fraga y que, por tanto, no se ajusta a derecho.
La situación preocupa al gobierno local -ahora formado por BNG y PSOE, y del PP cuando se aprobó el documento urbanístico-, que, aunque manda un mensaje de tranquilidad porque va a recurrirse el fallo, es consciente de las consecuencias que pueden avecinarse.
De hecho, si el órgano judicial ratifica su sentencia, habrá dudas sobre el futuro de las 1.500 viviendas a las que se les dio licencia desde que el planeamiento urbanístico entró en vigor. El secretario municipal indicó que, salvo que se buscase alguna solución, estas casas quedarían fuera de ordenación. Eso significa que sus dueños solo podrían hacer obras de mantenimiento y conservación.
Asimismo, la construcción sufriría un varapalo. Habría que echar abajo varios proyectos urbanísticos de importancia que están en marcha en el municipio al amparo del plan urbanístico en vigor y, posiblemente, las licencias también tendrían que darse a cuentagotas hasta que hubiese unas nuevas normas.
Precisamente, el gobierno local, que en su momento votó en contra de este Plan Xeral, señaló que está en marcha la revisión del documento, a pesar de que se calcula que ese proceso se demorará unos tres años.
Aunque desde el Concello de Boiro creen que el documento «ten moitos fallos», aseguran que la falta del informe de Patrimonio no fue culpa de sus predecesores, sino de la Xunta, que fue la que no emitió el dictamen, pese a que el Ayuntamiento lo solicitó. Este hecho no viene recogido en la sentencia, donde lo que se explica es que no existe informe, que la Delegación Provincial de Cultura advirtió de ello con el plan aprobado, y que el Concello no compareció en este proceso judicial.
Dado que el fallo no es firme, el Concello seguirá concediendo licencias de obra como hasta ahora.
* La Voz de Galicia - María Hermida - 9/2/2008
Foto: Boiro (A Coruña), Escarabote - edu.xunta.es
La Justicia suspende el Plan Xeral de Boiro, que está en vigor desde el 2003
Andalucía: La Junta devalúa con un decreto su propia normativa territorial
DIARIODESEVILLA* : Por decreto, y bajo el paraguas del pacto institucional por la vivienda -cocinado apenas unos meses antes de las inminentes elecciones autonómicas-, la Junta de Andalucía ha decidido abrir definitivamente la mano y relajar los polémicos límites urbanísticos impuestos a los municipios andaluces en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) por mandato del Parlamento andaluz.
Y lo ha hecho de forma parcial -para las localidades cuya población no supere las 10.000 personas, precisamente aquellos términos en los que los problemas de presión urbanística son mayores- y con ciertos mecanismos administrativos de control, pero renunciando en buena parte a los argumentos sostenidos desde hace más de un año y -formalmente hablando- orillando las resoluciones de la Cámara andaluza. Oficialmente, todos los cambios han sido acordados con la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP) y con otros grupos y agentes económicos.
El texto legal que autoenmienda parcialmente al POTA, pero sin derogarlo, apareció este jueves en el BOJA. Su aplicación rige por tanto a partir de ayer, lo que significa que el cinturón de contención urbanística del Plan Territorial de Andalucía ha pasado a ser bastante más holgado, esencialmente para las localidades cuyo crecimiento en los últimos años ha sido más discreto. El decreto, que aborda también otras cuestiones claves de política urbanística, regula esta flexibilización en su disposición adicional segunda, donde emite unos "criterios" para medir la adecuación de los planes generales "al modelo de ciudad" establecido en el POTA. En su formulación, estos criterios son los que Diario de Sevilla publicó en exclusiva en noviembre: barra libre para la calificación de suelo industrial, aplicación de una ratio de vivienda -a efectos de autorización de los nuevos crecimientos urbanos- distinta en el caso de las VPO y, sobre todo, una "modulación de los límites de crecimiento del Plan Territorial" en función de la población de los distintos términos municipales, aunque siempre sin superar la barrera de los 10.000 habitantes. Tres supuestas excepciones puntuales que, por la vía de los hechos consumados, vienen a cambiar una parte del argumentario que subyacía bajo el POTA.
Este último punto es el que más dará que hablar. Sobre todo por cómo se argumenta desde la Junta: en teoría, la causa de esta flexibilización no son las presiones de la patronal -que amenazó con romper la concertación social- ni de los ayuntamientos, la mayoría gobernados por el PSOE, sino la voluntad de la Junta de "potenciar la utilización de los equipamientos existentes" en los municipios. Esto es: según la tesis oficial, el POTA no se enmienda por el convencimiento de la Junta de que su formulación inicial era demasiado rígida, sino para que los ayuntamientos puedan rentabilizar los equipamientos existentes con más población.
Con independencia de la solidez de este argumento, lo trascendente es la "modulación" de los límites existentes, que eran del 40 por ciento en lo que a la calificación de suelo se refiere y del 30 por ciento con respecto a la población. Ambos parámetros se fijaban para un periodo máximo de ocho años. Ahora, en aquellos municipios que no hayan crecido más de un 10,2 por ciento (la media andaluza), estos límites se aplicarán con tres parámetros distintos. Los municipios de menos de 2.000 habitantes podrán crecer más de un 60 por ciento. Los municipios de menos de 5.000 vecinos y más de 2.000 podrán incrementar su población un 50 por ciento. Finalmente, los municipios con más de 5.000 y menos de 10.000 empadronados podrán crecer un 40 por ciento. El decreto no explica claramente si estos porcentajes se aplicarían sobre suelo urbanizable o sobre población, aunque de su redacción se deduce el segundo extremo, ya que la contención en suelo urbanizable ya era de un 40 por ciento en el POTA.
De todas formas, la Junta extiende la excepción también a los municipios de menos de 10.000 habitantes que hayan crecido por encima del 10,2 por ciento, aunque lo condiciona a que "en cada caso estén garantizadas las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que establezca la legislación vigente". No se explica cómo ni dónde se evaluará dicha adecuación, aunque es de suponer que este punto sea objeto de análisis de las nuevas comisiones de control territorial, el organismo administrativo por el que tendrán que pasar todos los planes generales de los municipios andaluces.
Como ya se avanzó en su día, los suelos industriales no computarán a partir de ahora a la hora de calificar suelo en los planes de ordenación, lo que deja sin validez el límite del 40 por ciento de crecimiento en suelo incluido en la formulación inicial del POTA. El argumento de la Junta para promover este cambio es "potenciar el desarrollo económico".
Con la vivienda protegida la Junta hace la tercera y esencial revocación argumental con respecto al discurso del último año: el número de habitantes por vivienda computará con un coeficiente inferior al marcado, con carácter general, en función de la tipología de las viviendas protegidas. La Consejería de Obras Publicas, consciente de lo que supone tal medida -descafeinar de nuevo los límites al crecimiento con el cobijo de las promociones de vivienda protegida-, trata de compensar esta singular decisión con la prerrogativa de "garantizar la implantación de los equipamientos públicos que se precisen mediante la inclusión de los mismos en la planificación correspondiente". Curiosamente, esta última afirmación contrasta -por contradictoria- con la relativa a la necesidad de "potenciar los equipamientos existentes", motivo con el que se justifica la flexibilización del POTA. Dicho de forma más simple: la Junta, en el caso de la VPO, se mantiene alerta para que estos incrementos poblacionales no supongan merma en las dotaciones públicas existentes. Pero, al mismo tiempo, al justificar las causas de abrir la mano en los límites de crecimiento urbanístico, paradójicamente da a entender que estos mismos equipamientos públicos, en teoría en riesgo de saturación debido a los nuevos crecimientos urbanísticos, son poco utilizados.
* Diario de Sevilla - Carlos Mármol / SEVILLA - 09.02.2008
Foto: Una imagen de edificios en construcción en el área metropolitana de Sevilla /diariodesevilla.es
Xàbia: El TSJ anula el ´catastrazo´ por elaborarse con datos de inmobiliarias y sus páginas web
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LEVANTE/Alacant* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha fallado a favor del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Xàbia contra la ponencia de valores catastrales más de dos años y medio después de su aprobación.
Una sentencia firme que el alcalde de Xàbia, Eduardo Monfort, acompañado del edil José Chulvi, dieron a conocer ayer después de que el catedrático en derecho tributario contratado por el ayuntamiento para frenar el "catastrazo", Juan Martín Queralt, les interpretara el fallo.
Según explicó el primer edil, la sentencia concluye que el TSJ ha declarado nula la ponencia de valores que aprobó la dirección general del Catastro en junio de 2005 y, en consecuencia, ha dictaminado nulos los 354 valores catastrales individualizados relativos a los inmuebles propiedad del ayuntamiento.
El tribunal fundamenta su fallo en "la falta de precisión de las circunstancias fácticas reales que han llevado a la división de cada polígono en determinadas zonas". En este sentido, el TSJ apoya al ayuntamiento al considerar que la división del término municipal en nueve sectores para valorar las propiedades se hizo de manera arbitraria.
Otro de los fundamentos de derecho es que el proceder de la dirección general del Catastro a la hora de llevar a cabo el estudio de mercado no fue fiable. En este sentido, el trabajo de campo realizado para actualizar el valor de los inmuebles se basó, según la sentencia del TSJ, en "consultar determinados portales web y la mención genérica a API" -visitas a inmobiliarias de la zona- y, por lo tanto, las fuentes manejadas no son "concretas ni fiables".
En definitiva, "la ponencia elaborada ni se ajusta a las exigencias de motivación ni desarrolla adecuadamente las previsiones contenidas en el RD 1020/93, y, en consecuencia, resultan nulos los actos de aplicación de la misma", concluye la sentencia.
Para Monfort, la nulidad de la ponencia de valores "se trata de una noticia tremendamente positiva para los xabiencs y para aquellas personas que tienen alguna propiedad en Xàbia".
Devolución de lo cobrado
De hecho, la nulidad de la ponencia significa que, posiblemente, entren en vigor los valores anteriores a la revisión, es decir, los de 1995. Pero, además, el fallo de la sentencia obligaría a devolver el dinero cobrado durante dos ejercicios de acuerdo a la ponencia de valores que ahora se declara nula.
En este sentido, el alcalde de Xàbia aseguró que "en el 99% de los casos habrá que devolver dinero" a pesar de que existe un acuerdo municipal que implicará subir el tipo tras lograr la nulidad del "catastrazo".
Entrevista
Tras conocer el resultado del contencioso-administrativo, el primer edil se puso en contacto con la dirección general del Catastro para concretar una entrevista de forma urgente con el fin de conocer la interpretación que hace de la sentencia este organismo estatal, especialmente, para marcar las directrices a seguir a partir de ahora. En este sentido, el alcalde se comprometió a informar puntualmente a los ciudadanos de todos los pasos que seguirá el ayuntamiento para cumplir el fallo judicial.
Sin embargo, cabe recordar que el consistorio mantiene un recurso en la Audiencia Provincial también contra el "catastrazo". Será la "sala de conflictos" del Tribunal Supremo el encargado de fallar en el litigio.
En el caso de que se dieran dos sentencias contradictorias entre el TSJCV y el TS, se abriría un nuevo conflicto, esta vez entre tribunales. Monfort aseguró que ese extremo "sería de difícil solución".
* Levante-EMV - M. J. Mascarell, Xàbia - 09 de febrero de 2008
Foto: protesta. Más de 9.000 personas salieron a la calle para exigir que se anulara el "catastrazo" de Xàbia / a. p. f. - levante-emv.com
Madrid: Los vecinos de Las Tablas se movilizan por sus equipamientos
MADRIDIARIO* : La asociación vecinal Las Tablas de Madrid ha convocado una concentración este domingo a las 12.00 horas para protestar por la falta de equipamientos públicos en el barrio, ya que los vecinos llevan demandando "durante más de dos años centros de salud, un instituto, una biblioteca y más escuelas infantiles", según informó la Federación Regional Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
Con el lema, 'Lo primero, equipamientos', la jornada tendrá un importante componente festivo y lúdico, y servirá para seguir recogiendo firmas para crear estos equipamientos. Esta campaña, iniciada el pasado 30 de enero, culminará con la entrega de las firmas el próximo miércoles, día 13 de febrero, en la Junta Municipal de Distrito.
Esta protesta, que tendrá lugar en la confluencia de las calles Isabel Collbrand y Federico Mompou, tiene su origen en la "falta de respuesta" por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid a las "reiteradas peticiones" de la asociación vecinal de equipamientos públicos para el barrio de Las Tablas. Piden espacios espacios públicos como centros de salud, de cultura, educativos y deportivos.
Asimismo, criticaron que el Ayuntamiento haya "cedido tres parcelas públicas para construir centros para personas con riesgo de exclusión social cuando el barrio carece de los equipamientos básicos para satisfacer a los más de 40.000 vecinos y los más de 30.000 trabajadores que la localidad tendrá a final de año". Acusan también al Consistorio de hacer esto "sin contar con su opinión" y de haber adjudicado a entidades privadas las tres parcelas públicas. Con las direcciones de dichas empresas, las fundaciones privadas Padre Garralda y Rais, se ha reunido la asociación vecinal, "confirmándose que los colectivos que ocuparán dichos centros son, por un lado, de acogida con comunidad terapéutica, toxicómanos, muchos de ellos ex delincuentes, y en el otro, personas sin hogar con problemas de reinserción social".
El presidente de la entidad ciudadana, Lorenzo Álvarez, denunció que "el Ayuntamiento ha decidido de forma unilateral, y sin hacer ningún caso a las reiteradas propuestas de información y solución a estos centros y a los equipamientos demandados, la implantación de estos centros de acogida". "En un barrio en el que se nos niega un centro de salud reiteradamente, tener un instituto de secundaria, un nuevo colegio publico, más escuelas infantiles públicas, una biblioteca, un polideportivo, y todos los equipamientos básicos de un barrio, que -aunque pretendan convencernos de lo contrario, diciendo que no vivimos suficientes vecinos-, necesitamos para el normal desarrollo de las personas y su bienestar social", insistió Álvarez.
También se quejó de que las personas que habitan en las viviendas públicas del barrio se encuentran a un kilómetro y medio de la parada de metro de Las Tablas, y criticó que las autoridades hayan dado cuatro años de plazo para poner en marcha los equipamientos básicos demandados. "Nuestros impuestos, los que pagamos todos y cada uno de los vecinos de Las Tablas, no se dedican ni en un porcentaje ínfimo a la consolidación del barrio", consideró el presidente de la asociación. "Reclamamos pues la misma solidaridad de la Administración, que a nosotros se nos impone, por parte del Ayuntamiento", añadió. "Y queremos dejar patente, que en este caso somos nosotros, los vecinos y vecinas del barrio de Las Tablas, quienes nos sentimos también, ciudadanos marginados de la ciudad de Madrid", concluyó.
* Madridiario - 08-02-2008 - MDO / E.P.
Foto: Madrid - madridiario.es
Vivienda Digna de Navarra dice que el cambio de baremo 'no va a solucionar el verdadero problema'
TERRA* : La plataforma por una Vivienda Digna de Navarra aseguró hoy que el cambio de baremo para el acceso a una vivienda protegida 'no va a solucionar el verdadero problema que sufrimos en Navarra, y que no es otro que el precio de las viviendas, tanto libres como protegidas'. Este colectivo remitió hoy una carta al defensor del Pueblo, Javier Enériz, para transmitirle su opinión sobre sus últimas declaraciones en las que pide un cambio de baremo en la adjudicación de viviendas protegidas.
La plataforma destacó que 'es más importante analizar por qué cientos de adjudicatarios de la última promoción de vivienda protegida han tenido que rechazar sus viviendas, que cambiar el baremo en la adjudicación de viviendas'.
La plataforma añadió al respecto que 'más del 50 por ciento de las viviendas de esa última promoción de VPO eran de modalidad de precio tasado, las más caras, y se está comprobando ahora que muchos adjudicatarios ni siquiera pueden pagarlas'.
Este colectivo animó al defensor del Pueblo a 'actuar en otra dirección respecto al problema de la vivienda en Navarra, porque hay muchas alternativas para abordar este problema'. Así, la plataforma expuso al defensor, en su carta, 38 propuestas para intentar solucionar 'el verdadero problema del acceso a una vivienda digna'.
CINCO PUNTOS
Entre estas propuestas, la plataforma destaca en cinco puntos los temas fundamentales que hay que abordar: la fiscalidad y las reformas hipotecarias; el ámbito de la vivienda protegida y el fomento del alquiler; la gestión del suelo y el urbanismo; la información estadística; y las reformas legislativas y jurídicas de nivel competencial.
En cuanto a la fiscalidad y a las reformas hipotecarias, la plataforma aconseja al defensor la eliminación progresiva de las desgravaciones y otras figuras fiscales o financieras que incentiven el acceso a la vivienda a través de la compra. Así, los presupuestos aplicados a estas figuras se orientarán a iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda sin fomentar el crecimiento de precios.
Entre otras propuestas, dentro del ámbito de la fiscalidad y de las reformas hipotecarias, la plataforma propone que la ley de máximo endeudamiento en hipotecas limite tanto el porcentaje máximo del endeudamiento, un 25 por ciento del salario, como el número máximo de años de amortización de la deuda, con 20 años. Asimismo, solicita la eliminación de ayudas a propietarios y promotores y el uso de esos fondos en otras iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda.
En el ámbito de la vivienda protegida y el fomento del alquiler, la plataforma solicita la creación de un registro único de demandantes de vivienda protegida en cada municipio por el que se adjudique la vivienda protegida de promoción pública y privada y la prohibición del sorteo como método de adjudicación y creación de baremos que den prioridad a los más necesitados.
Además este colectivo quiere que las viviendas con algún tipo de protección pública nunca dejen de serlo y las administraciones ejercerán el derecho de tanteo y retracto por obligación para las viviendas de protección oficial no sujetas a estas nuevas leyes.
Sobre la gestión del suelo y el urbanismo destacan que los patrimonios públicos de suelo no se podrán 'monetarizar' nunca por parte de las administraciones, obligando a darles como destino vivienda de protección pública de la cual un 80 por ciento será en régimen de alquiler.
Además, solicitan la prohibición de los convenios urbanísticos y que se condicionen las licencias de construcción de vivienda libre al estado de los desarrollos de vivienda protegida. Asimismo desde la plataforma quieren que al menos el 50 por ciento de los nuevos desarrollos urbanísticos han de destinarse a vivienda protegida.
En cuanto a la información estadística la plataforma quiere crear una estadística de demandantes de vivienda de protección oficial y de vivienda libre, sesgando por demanda de vivienda habitual, segundas y terceras residencias, y otras categorías que muestren el grado de necesidad del o de la demandante.
Además, en esete punto, añaden la modificación de las leyes del suelo autonómicas para eliminar los resquicios legales por los cuales un ayuntamiento puede cambiar el uso de un suelo protegido por su valor medioambiental a suelo que se convierta finalmente en urbanizable.
Por último, la plataforma pide en su propuesta de las reformas legislativas y jurídicas a nivel competencial que la ley de financiación de partidos políticos asegure la absoluta transparencia y la desvinculación total con el sector inmobiliario.
Igualmente, solicitan una redefinición de las competencias del estado y las autonomías, de forma que se garantice la igualdad en el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y de forma que las competencias en supervisión pública del mercado inmobiliario, políticas de vivienda y políticas fiscales estén perfectamente delimitadas y coordinadas.
* Terra Actualidad - Europa Press - 06/02/2008
Sentencia favorable a las tesis ecologistas en Telde
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Gran Canaria* : Turcón-Ecologistas en Acción lo puso en conocimiento de la Justicia, un mes de febrero del año 2004, y ahora ya hay una sentencia favorable a las tesis de los ecologistas. Con esta ya son dos sentencias las que dan la razón a los ecologistas que desde un principio vieron irregularidades en el inicio de la urbanización del Parque Marítimo de Jinámar.
Exactamente pusieron un recurso contra el acuerdo de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Telde del mes de diciembre del año 2003 por el que se concedía licencia de urbanización a la empresa HORNERAS, S.L.
Indagar en el expediente urbanístico del Plan Especial del P.M. de Jinámar (PMJ) es entrar en un cajón lleno de sospechosos delitos de carácter variado. Muchos de ellos, han sido estudiados por expertos abogados (Marques Lasso, García de Enterría,). Los ecologistas conocedores del expediente recurrieron el acuerdo del ayuntamiento de Telde, así como el acuerdo de la Dirección General de Comercio que concedió la Licencia Comercial Específica, éste último pendiente de resolución judicial.
Turcón-Ecologistas en Acción detecto el error ya que la ficha del Plan Estructurante, en su punto 7.-º Sistema de ejecución, dice claramente que “el sector se desarrollará por el sistema de expropiación, conforme a los términos concertados entre la administración autonómica actuante y el titular de los derechos expropiados”.
Para conocer el alcance de estos párrafos es necesario acudir al Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, artículo 123 y 126 aclara que “la administración actuante (en el caso de Jinámar el Gobierno de Canarias no el ayuntamiento de Telde) es la que aplicará la expropiación…(sic)… y realizará por sí misma las obras de urbanización, y en su caso, de edificación….”.
El ayuntamiento de Telde, presionado por el representante de Promociones Horneras, S.L. concedió licencia de urbanización sin que tuviera competencias para ello.
Los ecologistas de Telde, promotores de una idea de Parque Marítimo de Jinámar que no tiene nada que ver con la que se presenta a la sociedad con el mismo nombre, no permanecieron impasible ante lo que consideraron un atropello y una falta de respeto a la legislación sectorial, y a lo que en su día, se firmo entre el promotor y el Gobierno de Canarias. Las diferencias de la maniobra de Horneras son sustanciales, de entrada el promotor se ahorra más de la mitad del dinero convenido en el año 1998, aproximadamente unos 1.800 millones ptas.
El suelo del PMJ es un 60% es patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto los terrenos del municipio de Telde (unos 223.171 m2), como las parcelas del municipio de LPGC. Los bienes de dominio público son inalienables tal como consagra el artículo 132.1 de la constitución española y en este procedimiento para que se pueda ejecutar el PMJ es necesaria una desafectación previa siguiendo el procedimiento marcado en la Ley del Patrimonio.
En base a todo ello, Turcón-Ecologistas en Acción hizó saber tanto a las instituciones canarias (Gobierno de Canarias, Agencia del Medio, Diputado del Común, Presidente del Parlamento de Canarias) como a la justicia ordinaria, que el acto administrativo del Ayuntamiento de Telde era radicalmente nulo por varios motivos. A saber:
- Violación de un precepto constitucional.
- Omisión del procedimiento previsto en la Ley del Patrimonio.
- Por falta de competencias del Ayuntamiento de Telde para dictar un acto administrativo (art. 62-Ley 30/1992).
- Por incumplimiento de los acuerdos vinculantes de la COTMAC, del convenio firmado entre el promotor y el Gobierno de Canarias (año 1998), y de la ficha del SUSO-E.E.1-3-5.
Ahora la justicia viene a resolver a favor de Turcón-Ecologistas en Acción.
* Ecologistas en Acción de Telde - 7 de febrero 2008
Foto: Telde (Gran Canaria), proyecto Parque Marítimo de Jinámar - turcon.blogia.com
Alicante: La lucha vecinal no cesa
FRANCISCO J. SEGURA JIMÉNEZ* : El movimiento vecinal, coordinado por la Plataforma en Defensa del Puerto, activa de nuevo su maquinaria para salir en manifestación el próximo 29 de febrero, en contra de la previsible instalación de megasilos de cemento en la zona de ampliación del puerto de Alicante y a favor de un puerto saludable y respetuoso con la conservación del litoral alicantino y la salud y el bienestar de la ciudadanía.
La Autoridad Portuaria tergiversa maliciosamente la realidad cuando, por boca de su presidente, Sergio Campos, atribuye a la convocatoria intencionalidades políticas vinculadas a la proximidad de las fechas electorales. Las organizaciones vecinales y los ciudadanos que a nivel particular participan en la movilización no persiguen otro interés que el de reivindicar un modelo de puerto que, en beneficio de la población alicantina, contemple de forma integrada y sostenible su relación con la ciudad. Son personas que han de hacer uso de su tiempo libre para embarcarse en una lucha en la que Alicante se juega gran parte de su futuro. Por el contrario el presidente de la Autoridad Portuaria, nombrado a dedo por la Generalitat Valenciana, de la que recibe un sustancioso sueldo, se pliega a las exigencias emanadas del modelo de actuación política del Gobierno autonómico para defender los intereses particulares de las empresas que conciben el puerto como el espacio propicio para maximizar sus beneficios. Hay diferencia.
Desde el status que ostenta, el presidente de la Autoridad Portuaria no reconoce ni va a reconocer sus complicidades empresariales en una sociedad dominada por la "democracia de la imagen". Su política mediática consiste en afirmar que el puerto de Alicante tiene un carácter estrictamente comercial, que las obras de ampliación respetan escrupulosamente el medio ambiente, que la instalación de los silos de cemento ofrecen la máxima seguridad y es beneficiosa para la ciudad y que el movimiento vecinal está instrumentalizado políticamente. En esta estrategia cuenta con el apoyo explícito del Gobierno municipal, con el alcalde Díaz Alperi a la cabeza, del que, en última instancia, depende la concesión de las licencias para la construcción de los silos.
Por el contrario, el movimiento vecinal no duda de que el proyecto para la instalación de las cementeras corrobora, junto con la carga y descarga de graneles al aire libre, los astilleros y la planta de fertilizantes, la tendencia hacia la conversión del puerto en un polígono industrial susceptible de extenderse como un cáncer junto a una zona urbana, sin que medie una evaluación conjunta y actualizada de impacto ambiental,. Desde el punto de vista organizativo, el hecho de que, como corresponde en una sociedad democrática, la representación vecinal traslade la inquietud ciudadana a entidades y partidos políticos con capacidad para actuar a nivel institucional no impide que el movimiento se conduzca desde la más absoluta independencia partidista y el más exquisito respeto a la pluralidad de sensibilidades. Utilizar, como hace el presidente de la Autoridad Portuaria, el recurso a la politización para desacreditarlo supone, por tanto, un total desconocimiento de la cultura democrática.
El comportamiento de la Autoridad Portuaria demuestra una nula receptividad a las demandas vecinales. El verdadero talante de su presidente, Sergio Campos, queda claramente al descubierto cuando se atreve a culpar a los vecinos que han elegido para vivir la zona Sur de Alicante, colindante con el puerto, de no haberse informado sobre la dirección que iba a adoptar la expansión del mismo. Resulta evidente que el presidente de la Autoridad Portuaria pretende responsabilizarlos del oscurantismo que empaña sus propias actuaciones, como lo demuestra el hecho de haber abierto el período de alegaciones contra la instalación de las cementeras en la segunda quincena de agosto, en pleno periodo vacacional.
La manifestación del próximo día 29 de febrero, que partirá a las 20.00 horas desde la antigua estación de Murcia y concluirá en la Plaza del Ayuntamiento, responde a los intereses de la ciudadanía alicantina en su conjunto. Decir "no" al emplazamiento de las cementeras en el Puerto es decir "sí" a un desarrollo portuario que, asentado en la actividad estrictamente comercial, los servicios y el turismo, permita la mejora de la imagen y el progreso social de la ciudad.
* Francisco Javier Segura Jiménez es profesor de Historia y miembro fundador de la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur-Puerto.
* Información - Opinión - 07 de febrero de 2008
