ELPAÍS/Palma* : Un nuevo escándalo de corrupción salpica al Gobierno que dirigió Jaume Matas entre 2003 y 2007. Efectivos de la Policía Judicial dirigidos por la Guardia Civil y bajo las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción efectúan desde esta mañana registros en varias empresas de publicidad y de gestión turística de Palma de Mallorca y Madrid para buscar pruebas que demuestren un supuesto desvío de fondos de manera irregular desde el Instituto Balear de Turismo, Ibatur, cuando era presidente balear el propio Matas, imputado por otro caso de corrupción, y consejero de Turismo Juan Flaquer.
La orden incluye el registro de la empresa de publicidad Over MCM y el de la Fundación Balears Sostenible que creó la conocida como tarjeta verde como sustituto de la ecotasa que impuso el primer Gobierno del socialista Francesc Antich y que funcionaba con fondos procedentes de entidades bancarias. La Fundación Balear Sostenible tiene su sede en Costa Nord, una institución creada por el actor Michael Douglas y comprada en 2005 por el Gobierno de Matas.
Al frente de la fundación se encontraba durante los años de Matas Pau Collado, uno de los imputado en el caso Gürtel ex directivo de Easy Concept, una de las empresas creadas por Francisco Correa y que organizaba los actos del Gobierno de Esperanza Aguirre.
También se producen registros en las oficinas del grupo Clave y en la empresa que gestiona el campo de golf Pulagolf. A esta instalación, situado junto a la costa de los Pinos y dirigida por el empresario Romero Sala, el Gobierno de Matas destinó hasta cuatro millones de euros anuales para la celebración de un torneo internacional de golf.
* El País - 29.06.10
Foto: Palma, Matas detenido (archivo) - diariodemallorca.es
Nueva operación de Anticorrupción por otro escándalo en el Gobierno de Matas
Málaga.- El Gobierno acusa al Ayuntamiento de invadir competencias por el deslinde
LAOPINIÓN* : La aprobación el pasado jueves en el pleno del Ayuntamiento de Málaga de una propuesta elaborada por la Gerencia de Urbanismo para el deslinde de las casas que hay en la franja marítima comprendida entre Pedregalejo y La Araña, ha obligado al representante del Gobierno en la capital, Hilario López Luna, a aclarar que la única «administración competente» para proponer y aprobar dicho deslinde es el Ministerio de Medio Ambiente.
Por ello, López Luna quiso aclarar ayer que lo que ha hecho el Ayuntamiento es «una invasión de las competencias de otra administración» y, lo que es peor, «un intento de manipulación política y de confundir a los vecinos» ya que variar el actual límite «es un proceso técnico y jurídico prolijo, para el que la Administración tiene, según la ley, dos años». Sin embargo, «el Ayuntamiento, no sé cómo, ya ha dicho que el deslinde pasa por tal línea, por lo que invade competencias y da lugar a confusión entre los propietarios porque es adelantar acontecimientos».
López Luna reveló que al conocer las intenciones del Ayuntamiento y antes de que se celebrase el pleno, le envió una carta al alcalde, Francisco de la Torre, pidiéndole que, por «la lealtad institucional de la que tanto aboga, no tramitara ese documento al entrometerse en las competencias de Costas, que trabaja en la variación del actual límite de la zona marítimo-terrestre, que discurre desde los años 60 por la avenida de Salvador Allende y deja a las casas en suelo público».
López Luna insistió en el compromiso del Gobierno con los vecinos para que ese deslinde cambie, de modo que las viviendas puedan ser escrituradas, rechazando, de hecho, que el Gobierno tenga la intención de eliminarlas.
Ayuntamiento
Por su parte, el edil de Urbanismo, Manuel Díaz, aseguró que la propuesta presentada al pleno municipal «es fruto de los acuerdos adoptados en las distintas reuniones mantenidas con los vecinos y las otras administraciones», y responde también «al compromiso municipal de dar una solución rápida a un problema que arrastra muchos años de retraso». Por tanto, con esta propuesta «estamos cumpliendo lo que todos nos comprometimos a hacer» en la reunión del 19 de noviembre de 2009, donde, además, «esa voluntad quedó expresada públicamente con los vecinos».
* La Opinión Málaga - 29.06.10
Foto: La foto aérea muestra la franja litoral donde se encuentran las casas al borde del mar - laopiniondemalaga.es
Icomos augura que Sevilla entrará en la lista negra de la Unesco
ABC* : El futuro de la catalogación como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco del conjunto compuesto por la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias, sigue pendiente de un hilo que puede romperse definitivamente en pocos días. Este es el mensaje que trajeron ayer a la capital hispalense los representantes en España del International Council on Monuments and Sites (Icomos), organismo asesor de la Unesco que se opone a la construcción del rascacielos diseñado por César Pelli para la zona de Puerta Triana.
El vicesecretario de Icomos España, Víctor Fernández Salinas, fue tajante: «No somos optimistas». Salinas y el vicepresidente del comité español de Icomos, José Mª García de Miguel, visitaron por la mañana la «zona cero» donde constataron que las obras del rascacielos de 120 plantas siguen a buen ritmo «pese a que la Unesco recomendó a España que paralizara los trabajos».
Fernández dijo que en el Comité de la Unesco celebrado en Sevilla el año pasado el tema pasó en un segundo plano y la cuestión se saldó con una serie de recomendaciones, pero anunció que en el próximo comité a celebrar en Brasilia entre el 25 de julio y el 3 de agosto el impacto de la torre Pelli en el conjunto Patrimonio de la Humanidad de Sevilla está en el orden del día.
Recordó que en el informe enviado por el Gobierno de España a la Unesco se reconoce que el rascacielos afecta al paisaje de Sevilla, aunque considera que no tiene impacto sobre la zona Patrimonio Mundial, y consideró que «existe la posibilidad de que en Brasilia a la zona monumental de Sevilla se le retire la catalogación de Patrimonio de la Humanidad».
«En un escenario realista —agregó— Sevilla entrará en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro», un paso previo a la retirada de la catalogación pero que, en opinión de Fernández Salinas, «sería una tragedia para Sevilla». «Sería poner en entredicho la capacidad de España para gestionar su Patrimonio Mundial», dijo el representante de Icomos, quien hizo un llamamiento a la Consejería de Cultura para que intervenga en el asunto «porque tiene una responsabilidad importante y Sevilla no puede permitirse esa pérdida».
Los representantes de Icomos acudieron al acto informativo organizado por la plataforma Túmbala acompañados del jefe de proyectos del World Monuments Watch (WMW), Pablo Fernández Longoria, quien anunció que ese organismo ha incluido este año a Sevilla en la lista anual de los 100 lugares del planeta en peligro de destrucción o grave expolio patrimonial por el impacto de la Torre Pelli en el paisaje de la ciudad.
Otros profesionales y miembros de la plataforma Túmbala recordaron que hay un contencioso abierto contra la torre por la licencia de obras y una denuncia por la vía penal contra la Gerencia de Urbanismo por presunta prevaricación en el desarrollo del plan espacial de la zona.
Voces de la plataforma Túmbala contra la Torre Pelli
FERNÁNDEZ SALINAS. VICESECRETARIO DE ICOMOS ESPAÑA. «Un rascacielos en estos momentos es un coche de segunda mano y además mal aparcado». «Perder la catalogación de Patrimonio de la Humanidad sería una tragedia para Sevilla»
PABLO F. LONGORIA. WORLD MONUMENTS WATCH. «Todos los años sacamos una lista con 100 monumentos en peligro; Sevilla fue nominada el año pasado y este año está en la lista porque el paisaje histórico de Sevilla peligra»
JORGE BENAVIDES. ARQUITECTO. «Sólo el alcalde y algunos sectores de la población defienden la torre en contra de todo tipo de informes técnicos». «Hay posibilidad de buscar una salida digna, estamos en crisis económica e inmobiliaria».
* ABC - 29.06.10
Foto: Representantes de Icomos y de Túmbala visitaron ayer las obras del rascacielos - abc.es
El fiscal reclama a Vizcaya la base jurídica de los convenios con Habidite
ELPAÍS* : El juez José María Eguía, que sigue la causa abierta contra el grupo Afer, se ha interesado por la esencia de los tres convenios que la empresa Habidite, propiedad de Jabyer Fernández, firmó en diciembre de 2006 con el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao. El incumplimiento de estos acuerdos, cuyas causas siguen aún sin dilucidarse, fundamenta gran parte de la polémica judicial abierta a raíz del impago a la Hacienda foral de este territorio de más 43 millones de euros en concepto de IVA pendiente por la empresa Iurbenor, también propiedad de Fernández, tras la venta de unos terrenos en Lutxana (Barakaldo), en la operación inmobiliaria denominada Puerta de Bilbao.
El fiscal del caso ha reclamado a la Diputación, con fecha 3 de junio, que le remita las razones jurídicas que fundamentan los tres convenios firmados por Bilbao con Fernández, con fecha 15 de diciembre de 2006. Dos de ellos corresponden a Bizkailur, una empresa pública foral, y el tercero a la propia Diputación. Los tres acuerdos fueron dispuestos para la posterior firma por Fernando García Macua, entonces consejero delegado de Habidite, e Iñaki Hidalgo, diputado foral.
En el mismo escrito, el fiscal también solicita de Diputación que la confirme si dispone de la petición cursada por García Macua en la que éste le llegó a consultar acerca de los pagos tributarios correspondientes a Iurbenor en 2008. Este requerimiento judicial es consecuencia directa de un informe presentado en marzo de 2010 por el inspector de la Hacienda vizcaína Javier Alonso y en el que se aludía a esta intervención requerida por Macua.
La respuesta desde Diputación a este segundo requerimiento tiene una indudable importancia ya que todo indica que el juez se ha detenido con especial interés en desentrañar las razones sobre los pagos de IVA en 2008 correspondientes a la operación de Iurbenor con las cuatro cooperativas de la promoción Puerta de Bilbao. El posible impago de 1,8 millones de euros ha sustentado la imputación de Macua como asesor fiscal de la compañía y de Emilio Prieto. Macua ha reconocido que ya está informado de esta diligencia solicitada por el fiscal. Según declaró a este periódico, "nunca he tenido una intervención personal en el tema de las cooperativas".
Con esta primera exigencia a Diputación relativa a los convenios de Habidite, el caso Afer recupera un foco de atención del que carecía y sobre el que los ahora acusados siempre han depositado el origen de sus múltiples reclamaciones tributarias y judiciales. De hecho, Fernández esgrimió los convenios como garantía en su petición de aplazamiento, el pasado 24 de abril de 2009, del pago de los 43 millones de IVA, ofrecimiento que fue denegado por Hacienda un mes y medio después.
Para Habidite, estos acuerdos con Diputación, que suponían el desarrollo tecnológico y la novedosa construcción de pisos por módulos, constituían la base de su futura expansión industrial, a la que, de hecho, acompañaron de una frenética creación de empresas en el sector inmobiliario. A tal punto confiaba su dueño en la eclosión económica del proyecto de Habidite en Vizcaya que ha llegado a cifrar en 300 millones las pérdidas causadas por el bloqueo de los polémicos convenios.
Desde Diputación, conscientes con el paso del tiempo del desgaste político que puede suponer el desenlace judicial de este tema, Bilbao ha llegado a admitir que "hoy habríamos hecho las cosas de otra manera". Ahora mismo, todas las miradas se dirigen a Bruselas, a donde el diputado general envió sólo los dos convenios de Bizkailur con Habidite para que la Comisión Europea autorice las cuantiosas ayudas comprometidas que conllevan. Eso sí, esta consulta a la UE se produjo dos años después de la firma.
La respuesta europea, de hecho, puede ser un arma de doble filo para Vizcaya. Si Bruselas falla que no hay razones jurídicas, Habidite reclamará porque el propio diputado general puso su firma en los convenios, como garantía de cumplimiento de las condiciones fijadas. Y si autoriza las contraprestaciones económicas, la empresa de Fernández reclamará los perjuicios por la demora en la operación.
No se descarta que en su respuesta obligada al fiscal, Diputación alegue que sigue pendiente de la respuesta de la UE. La contestación podría producirse en las próximas fechas según viene ocurriendo en casos similares, aunque no hay un plazo límite. Mientras tanto, Vizcaya también deberá contestar al juzgado sobre si tiene constancia de la consulta de Macua, desvelada en sede judicial.
Y es que la tributación fiscal por la compraventa de parcelas a las cuatro cooperativas de Puerta de Bilbao se ha convertido en otro foco de interés para el juez Eguía hasta el punto que supuso la imputación de Macua y Prieto. Incluso, las declaraciones en el juzgado, el 28 de mayo, de Javier García, director de las gestoras de las sociedades cooperativas del proyecto, no han ayudado a los dos imputados. García aseguró que la decisión de no devengar el IVA se hizo en el despacho de García Macua y que Prieto estuvo presente.
En sede judicial ha trascendido que el hermano del presidente del Athletic asesoraba a las cuatro cooperativas. Este extremo no fue ratificado por Macua, quien admitió, eso sí, de que en su despacho "donde trabajan 16 personas" se han atendido cuestiones relativas a las cooperativas, "pero no por parte personal de mi hermano directamente", aseguró.
Ante su imputación, Macua basa su defensa en que se limitó a elaborar las declaraciones fiscales con los datos aportados por Iurbenor. "Me remitían los datos, les enviaba la declaración y al no recibir indicaciones en contra, se presentaba tal cual", viene insistiendo. Hacienda corrobora la versión de Macua de que "había IVA compensado y no procedía declaración alguna". A su vez, el inspector foral Javier Alonso sostiene que la irregularidad tributaria se produjo en el primer trimestre de 2009, cuando ya Macua había abandonado su función de asesor legal en Afer. Jabyer Fernández, en cambio, se justifica diciendo que el cometido de asesor legal en 2008 era competencia de Macua.
La labor de las dos peritos de Hacienda
Margarita Grade de Capua y Edurne García, dos auxiliares forales que han actuado como peritos por parte de Hacienda sin disponer de esta cualificación para realizar un informe sobre la trazabilidad del dinero de las cuentas de Iurbenor -solicitado por el juez-, podrían ser llamadas a declarar ya que han omitido voluntariamente datos de especial significación para la causa en curso contra la gestión de Jabyer Fernández.
Según denuncian desde el grupo Afer, en el trabajo de ambas peritos se oculta la operación de venta de acciones de Habidite a pesar de que obraban en su poder los documentos acreditativos de las sucesivas transacciones y de que fueron advertidas del perjuicio económico que podrían causar si se mantenían en su error. Como primera reacción, Iurbenor y Habidite interpusieron sendas reclamaciones contra las diligencias de embargo. Luego, lógicamente, las ratificaron una vez que la administración concursal reconoció el pasado 4 de mayo que ya se habían devuelto los 779.000 euros procedentes de la retroacción de una venta de acciones de Habidite. Quedaba demostrado que la empresa firmante de los convenios con Diputación e Iurbenor habían retrotraído la venta de acciones entre mayo y septiembre de 2009, reintegrando todas las cantidades.
Las dos peritos redactaron el informe requerido para estudiar las cuentas de Iurbenor, pero ensancharon el campo de investigación y así escrutaron los movimientos económicos de Habidite y de otras empresas del grupo Afer a pesar de que en marzo de 2009 Habidite procedió a la venta de acciones por valor de 6,2 millones y ha quedado demostrada documentalmente ante el juez de lo mercantil. Este olvido permitió componer un voluminoso cruce de transacciones mercantiles entre empresas en el que figuran proveedores de Habidite y otras sociedades del grupo Afer como receptores, en segunda derivada, de dinero por parte de Iurbenor. Este prolijo intercambio fue detallado el pasado 20 de mayo por un diario vizcaíno. EL PAÍS, que también dispone de este voluminoso informe, no lo publicó tras comprobarse la inexactitud del origen de las cuantiosas operaciones.
El olvido de que se había retrotraído la venta de acciones de Habidite también se detectó en el trabajo realizado en enero de 2010 por los tres administradores concursales. De hecho, Jabyer Fernández, como administrador único de Iurbenor, les remitió los justificantes de las operaciones. No obstante, Maria Jesús Garai Alonso, nombrada por Diputación, Raúl de Buies y Francisco Javier Escobosa no lo recogieron inicialmente en su informe. Finalmente, Iurbenor envió el 17 de febrero las pruebas al juzgado directamente y ya en mayo quedó reconocida la devolución íntegra.
Pero los abogados de Afer se han detenido en la labor de las peritos Grade de Capua y García. El pasado 10 de junio, Iurbenor solicitó a estas dos inspectoras que ratifiquen su condición de peritos, cualificación de la que carecen según admitieron personalmente. Esta circunstancia les eximiría de toda responsabilidad ya que no estarían obligadas a la objetividad exigible a un trabajo pericial.
A su vez, en un seguimiento vigilante de la labor desplegada desde Hacienda sobre las empresas del grupo Afer, Fernández ha decidido presentar una querella, ahora recurrida ante la Audiencia de Vizcaya, contra el jefe de inspección de este organismo foral por irregularidades en la denegación del aplazamiento de los 43 millones de IVA, decisión que abrió la caja de los truenos de este intrincado proceso judicial.
El origen del caso
- Habidite nace para fabricar y comercializar viviendas montadas a base de módulos. Jabyer Fernández es su principal dueño.
- En diciembre de 2006 firma con Diputación tres convenios para instalar en Alonsótegui (Vizcaya) la fábrica que iba a crear 1.100 empleos y habilitar 1.500 viviendas, que pueden suponer entre 250 y 300 millones de euros, además del desarrollo en I+D.
- Con el paso del tiempo, el proyecto sigue sin arrancar. El asentamiento del terreno se realiza de manera irregular a juicio de Habidite, que lo advierte sin éxito a Diputación.
- El incumplimiento abre la guerra entre Fernández y José Luis Bilbao. Vizcaya dice que mantiene el proyecto, pero con otros empresarios. El dueño de Habidite ve cómo Diputación anula varias obras adjudicadas como el Palacio de Deportes de Miribilla. Hacienda reclama a Fernández 43 millones de IVA procedente de la venta de terrenos de Puerta Bilbao y no acepta el aplazamiento. La batalla judicial se libra ahora en varios frentes.
* El País - 28.06.10
Foto: Bilbao, diputación Vizcaya - arqhys.com
La Ópera de Calatrava, una de las piezas del Palma Arena
DIARIODEMALLORCA* : El juez del "caso Palma Arena" ha dividido la causa en 25 piezas y ha incorporado como una de ellas las supuestas irregularidades en la contratación en 2007 de un anteproyecto para la construcción en Palma de una ópera, ideado por el arquitecto Santiago Calatrava a instancias del ex presidente balear Jaume Matas (PP). Así consta en un auto al que ha tenido acceso Efe notificado hoy por el juez José Castro con el objetivo de facilitar la investigación y el enjuiciamiento de esta extensa causa, que a partir de ahora se instruirá en 24 piezas más la principal.
Aparte de dividir el caso en piezas, el auto incorpora las diligencias informativas iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción referentes a la contratación en 2007 por parte de Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (IBISEC) de la empresa Santiago Calatrava AG para la elaboración de un anteproyecto de palacio de la ópera.
Este anteproyecto costó al Govern balear 1,2 millones de euros y no pudo hacerse público por la prohibición de la Junta Electoral, dado que se pretendía presentar poco antes de las elecciones.
En abril de 2007, el Ejecutivo de Matas adjudicó al arquitecto valenciano del diseño preliminar de un "edificio emblemático destinado a artes escénicas", que se ubicaría en el muelle viejo de Palma y que el ex presidente balear anunció un mes antes de los comicios autonómicos.
El juez Castro investiga de este proyecto las sumas pagadas y el cauce utilizado para su abono, así como si pudiera constituir la reproducción de otro anterior ofrecido por Calatrava en Suiza en 1989.
En cuanto a la separación de la causa en piezas, el juez indica que se debe al volumen que han alcanzado las diligencias y las diferentes fases de investigación en las que se encuentran unas y otras, lo cual ralentiza la instrucción en bloque.
A las dos piezas que ya existían -una de ellas sobre supuestos amaños en adjudicaciones de contratos por parte de la cadena autonómica IB3 a empresas vinculadas con el productor Jose Luis Moreno-, el juez incorpora ahora la del palacio de Calatrava y otras 21, sin contar la pieza principal, que englobaría todo aquello que no se recoja en las separadas.
Las piezas versan sobre aspectos que han ido derivando de la investigación, como gastos electorales de la campaña del PP de 2007 pagados con dinero público, la contratación a la agencia Nimbus para la campaña de publicidad del campeonato de ciclismo que se celebró en el Palma Arena y el patrocinio por parte de Ibatur de este mundial.
Las piezas más generales son las número 17 y 24, que se derivan, respectivamente, de todas aquellas actuaciones que puedan suponer un cobro ilícito de comisiones y un posible blanqueo de capitales.
Más en concreto, el juez establece piezas para la intervención de la entidad Estudios Jurídicos y Procesales -que elaboró un informe por unos 29.000 euros para el Govern sobre cómo implantar una televisión autonómica en Baleares- y para la contratación de la mujer de Matas, Maite Areal, por parte de las entidades Martorell Asociados y Hotel Valparaíso.
Otra pieza versa sobre la adjudicación de obras realizadas en el polideportivo Príncipes de España entre 2004 y 2006, en las que pudo haber un desvío de fondos para las obras de un chalet propiedad del medallista Jose Luis "Pepote" Ballester, entonces director general de deportes del Govern.
También se establece una pieza sobre la contratación para el Palma Arena del arquitecto Ralf Schürmann, una sobre la facturación por la maqueta del velódromo y otra sobre el contrato celebrado con el ex gerente del consorcio Palma Arena Jorge Moisés sobre un estudio de accesibilidad.
Una más se deriva de la adjudicación del videomarcador del Palma Arena, que podría haber costado alrededor de 6 millones de euros, y otra versa sobre el fraccionamiento de contratos para posibilitar la contratación directa.
* Diario de Mallorca - 28.06.10
Foto: Palma, ópera no realizada de Calatrava - diariodemallorca.es
La policía pide que testifique por Gürtel la presidenta de las Cortes Valencianas
ELPAÍS* : La Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía ha reactivado sus pesquisas sobre la trama Gürtel en Valencia y ha propuesto, en un informe que tendrá que analizar la Fiscalía Anticorrupción, el interrogatorio de parte de la cúpula dirigente de la Consejería de Turismo de Valencia en 2005 y de su filial, la Agencia Valenciana de Turismo. Este organismo público adjudicó el montaje del pabellón de Fitur en 2005 a Orange Market, una de las empresas de la red corrupta que dirigía Francisco Correa.
Entre otros altos cargos, los investigadores demandan que se interrogue, en principio como testigos, a la ex consejera Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes Valencianas; a su ex jefe del gabinete técnico, Rafael Betoret, y a Isabel Villalonga, tercera de a bordo con el rango de subsecretaria en la consejería en la época de Martínez y, en la actualidad, jefa de los servicios jurídicos del Gobierno del presidente Francisco Camps.
En una reciente conferencia de prensa, Villalonga fue la persona designada por el Gobierno valenciano para tratar de refutar el informe pericial judicial que revela que la Generalitat vulneró la ley al trocear contratos entre 2004 y 2009 por un importe total de 7,2 millones de euros. Además, en decenas de contratos las adjudicaciones se hicieron sin concurso a empresas de la trama corrupta que nunca antes habían trabajado con la Administración valenciana. Para cubrir las apariencias, se invitaba a tres empresas aparentemente distintas pero que en realidad tenían el mismo dueño, Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta.
En estas conductas ilegales incurrieron los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat, siete de sus consejerías y 16 organismos gestores que beneficiaron a nueve empresas de la trama Gürtel en perjuicio de otros empresarios que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de competir para ganar el contrato público. Ese informe, entre otras cosas, detecta indicios de ilegalidad en al menos tres contratas que adjudicó Turismo a Gürtel y que, por su cuantía, más de 12.000 euros, debieron salir a concurso público según establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se trata de un almuerzo para 1.400 comensales que organizó la Consejería de Turismo en Madrid con motivo de la edición de 2005 de Fitur. La comida, adjudicada a dedo a la firma Orange Market, costó 149.000 euros.
El pago de esa factura la autorizó Martínez, quien, por otro lado, en la documentación intervenida por la policía en Orange Market figura como receptora del regalo de un reloj valorado en 2.400 euros por parte del gerente de esta firma, Álvaro Pérez, El Bigotes, en la Navidad de 2006. En el sumario, Pérez alude a Martínez con el sobrenombre de La Perla. El reloj fue adquirido, según ha constatado la Brigada de Blanqueo de Capitales en la joyería Suárez de Madrid. La red Gürtel logró el contrato para el montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2005 por 1.020.000 euros, merced a un concurso de la Agencia Valenciana de Turismo que entonces presidía Martínez.
Sobre ese almuerzo, la policía quiere que también sea interrogado el que fuera su mano derecha, Rafael Betoret. Éste se halla imputado en la trama Gürtel, junto al presidente valenciano Francisco Camps, por haber recibido trajes en las tiendas de Milano en Madrid pagados por la red empresarial de Correa. Betoret fue quien organizó aquel multitudinario almuerzo. Y ha justificado que ese encuentro se hubiese adjudicado directamente a Orange Market en que acudieron más personas de las previstas y que hubo que improvisar una carpa más grande con carácter de urgencia y fuera del recinto ferial de Fitur.
Betoret argumentó ante el juez que, realmente, él utilizaba a Álvaro Pérez, El Bigotes, como prestamista de dinero. Compraba trajes en Madrid que pagaba El Bigotes, y Betoret, según su testimonio, se lo devolvía a razón de 500 euros cada varios meses. El juez no creyó este argumento y le imputó por cohecho impropio.
El informe pericial sobre el costoso almuerzo no ve, en cambio, tales razones de urgencia toda vez que el citado acto de confraternización entre Camps y agentes turísticos de su comunidad se repetía todos los años y, por tanto, era previsible. El sumario de Gürtel eleva a cerca de 180.000 euros el importe de las contratas supuestamente anómalas que recibieron las empresas de Correa de la Consejería de Turismo valenciana. La investigación no se limita a Martínez o Betoret. Anticorrupción quiere saber también el grado de responsabilidad que tuvieron, tanto en esa comida como en la adjudicación del stand de Fitur 2005, los altos funcionarios de la Agencia de Turismo de Valencia que intervinieron en la fraudulenta adjudicación y la validaron.
La actual jefa de los servicios jurídicos de la Generalitat, Isabel Villalonga, puso reparos en su día a esta adjudicación, que debió salir a concurso, y pidió que se abriese una investigación interna para conocer lo ocurrido con esas contratas a dedo, que excedían ampliamente de los 12.000 euros que establece la ley. Entonces era subsecretaria de Turismo, es decir, número tres de la consejería. Pero todo quedó ahí.
La policía, en sus registros a las empresas de Correa, ha hallado borradores de pliegos de condiciones para organizar los stand de Fitur casi calcados de los requisitos que más tarde impuso la Generalitat para adjudicar el stand. Aunque resultó adjudicataria en todas las ediciones de Fitur desde que se instaló en Valencia, Orange Market, la empresa de El Bigotes no reunía todos los requisitos porque no acreditó su solvencia técnico-profesional.
Por eso, la policía quiere que, además, se interrogue a los altos funcionarios de la Agencia de Turismo que elaboraron las bases de esa adjudicación para ver si pudo filtrarse información previa a la trama Gürtel y si tales bases estaban amañadas.
Son una quincena los miembros de la Consejería de Turismo de Valencia que la policía sostiene que deben ser interrogados, incluida la entonces máxima responsable. También Joaquín Valera, responsable financiero de la Agencia Valenciana de Turismo y miembro de la mesa que adjudicó Fitur 2005, y Jorge Monllor, responsable de promocionar el turismo valenciano a instancias de la Generalitat y la persona, según fuentes de la investigación, que redactó las bases para la adjudicación del stand de Fitur 2005.
Sospechas en torno a Paterna
La Brigada de Blanqueo de Capitales, en sus pesquisas sobre el impacto de la trama Gürtel en Valencia, investiga también los contactos que ha mantenido el actual alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí Pons, presidente del PP de este municipio, con la red que dirigía Francisco Correa.
Los agentes han pedido que Lorenzo Agustí también sea interrogado para que explique los frecuentes contactos que mantuvo con directivos de las empresas de Correa, en los que, según la investigación, se habló de cómo debían ser los pliegos de adjudicación para que la trama obtuviese el concurso de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de esta localidad valenciana de 63.000 habitantes.
Este proyecto fue abanderado ante Paterna por la red Gürtel, aunque finalmente quedó desterrado. En esas reuniones se diseñó qué características debía tener la empresa adjudicataria y se acordó adaptar algunas empresas de Correa a esos requisitos para lograr el concurso, según fuentes de la investigación y tal como consta en la documentación intervenida por la policía.
Aunque el proyecto de oficina de atención al ciudadano para Paterna de Gürtel no cristalizó, la policía tiene fuertes sospechas de que la red mafiosa de Correa pudo sacar tajada en Paterna, y por eso ha pedido que el alcalde sea interrogado sobre ésta y otras contratas de este Ayuntamiento que sí pudieron recaer en la red. El alcalde de Paterna ha negado reiteradas veces haber mantenido relación alguna con el caso Gürtel, a pesar de que figura en la lista de beneficiarios de regalos de navidad de Orange Market, la empresa de Correa que en Valencia dirigía El Bigotes.
* ElPaís - 28.06.10
Foto: Carlos Fabra (izquierda), Milagrosa Martínez y Francisco Camps, en la feria Fitur 2007.- elpais.com
Arquitectura y urbanismo
ALBERTO MENDOZA/Colombia* : La enseñanza de la arquitectura sigue la definición clásica: "arte y técnica de proyectar y construir edificios". Igual el urbanismo, "estudio de ciudades y poblaciones". Las actuales condiciones sociales y ambientales sobrepasan las tradicionales definiciones. Arquitectos y urbanistas están desafiados a revisar la razón y validez de su campo profesional y a abrirse a complejos espacios, en una era caracterizada por grandes masas humanas aisladas de la naturaleza ostensiblemente hacinada en pueblos y ciudades. Arquitectos de nueva generación asoman respuestas audaces frente al cambio. Son aún pocos, pero significativos. Toman en cuenta las condiciones ambientales. Trabajan la bioarquitectura. Diseñan "edificios inteligentes". Proponen "construcciones verdes y dinámicas". Buscan cero contaminación.
Cambian iluminación caliente, eléctrica, por iluminación fría, neón. Buscan calentar agua con energía solar. Provocan crear corrientes de aire entre edificios altos que muevan hélices que produzcan energía eléctrica propia. Localizan construcciones en entornos verdes, bosques y jardines, proponen sistemas domiciliarios para tratar basuras y aguas servidas. Ensayan cultivos de hortalizas en patios y terrazas. Los jardines pasan del decorativo concepto babilónico al práctico sentido ecológico del área verde orgánicamente vinculada al ambiente. Ayudan a mejorar factores climáticos. Su línea conceptual y ecosistémica busca rescatar el verde en el planeta. Balbucientes intentos por espacios que respeten la naturaleza, mantengan saludable el ambiente y hagan grata la vida.
Los urbanistas, por su parte, están al borde de su ciencia. Los desafía la tarea de ampliar el campo de su materia, de combinar urbanismo con ruralismo. Están retados a pasar de la fase de la "construcción y ordenamiento de pueblos y ciudades" a la del ordenamiento territorial, sumando, orgánicamente, los dos factores territoriales básicos, urbano y rural. Ese cambio los conduce a pasar del "arte y la técnica de ordenar ciudades" al arte y la técnica de ordenar territorios completos, con enfoque integral, urbano-rural. Dentro de estos ámbitos globales, regionales, se mueven arquitectos y urbanistas de punta, profesionales que abandonan un pasado que restringe y se instalan en un futuro que desafía. Retados por las demandas de integralidad urbano-rural, se preparan para diseñar conjuntos, barrios, ciudades, campos, veredas, aldeas, poblaciones, tomando en cuenta, de modo integral, el espacio ampliado y las circunstancias que envuelven y rodean la vida de las naciones, hoy afectadas por la sobrepoblación y el calentamiento global, desafiadas por el diseño de renovadas formas de vida y residencia.
* Alberto Mendoza Morales
* El Tiempo - Opinión - 29.06.10
