MÁLAGAHOY* : Un empresario ataca a la permisividad de la Junta y a las políticas del Ayuntamiento.
Tú me atacas y yo te ataco. El promotor Cristóbal Peñarroya continuó ayer en el juicio por el caso Malaya la estrategia defensiva que desplegó el martes y que pasa fundamentalmente por arremeter contra todo y contra todos. El empresario, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama dos años de prisión y 70.000 euros de multa por un presunto delito de cohecho, devolvió con ferocidad todos y cada uno de los golpes que le lanzaron ayer las acusaciones. Atacó a la Junta de Andalucía porque, según dijo, recurría las licencias municipales y sin embargo no ponía ninguna pega a las 30.000 viviendas ilegales de Marbella mientras cobraba los impuestos, aunque aludió al IVA, que es un tributo estatal.
También se volvió a despachar con la gestora que tomó las riendas del municipio cuando fue detenida Marisol Yagüe y su equipo de gobierno en el caso Malaya. El constructor dijo que la Junta la colocó en el Ayuntamiento "para que arrasara Marbella", y le reprochó, entre otras cosas, que no se personara en los pleitos que había promovido la Junta de Andalucía contra las licencias ilegales y que, de esa manera, permitiera que los tribunales declararan la nulidad de cientos de permisos de obra.
Y de nuevo ayer le volvió a tocar el turno al actual gobierno que dirige Marbella bajo la presidencia de la popular Ángeles Muñoz. Cristóbal Peñarroya afirmó sin rubor que "el urbanismo de ahora es peor que el de aquella época", en alusión a la política municipal que se realizó durante el gilismo.
Gran parte del choque de Peñarroya con el Ayuntamiento de Marbella y su actual alcaldesa reside en que el promotor pagó 270.000 euros al Consistorio en un convenio para que unos suelos que estaban catalogados como no sectorizados pasaran a urbanizables sectorizados. Este acuerdo debía ser recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, el que elaboraba el GIL en 1998 nunca fue de aplicación y el actual, aprobado en 2010, no sólo no recoge el convenio firmado la etapa del GIL sino que gran parte del terreno lo cataloga de verde.
* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 26.1.12
Foto: Marbella es España - nosevende.org (archivo)
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ELPAÍS/Barcelona* : El Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès reclamará a la Generalitat que declare contaminado el espacio afectado por el vertedero de Can Planas, terreno que acumula 330.000 metros cúbicos de residuos tóxicos y peligrosos. Así lo aprobó ayer por unanimidad el pleno municipal del Consistorio, gobernado por el PSC, concretando un giro insólito de los planes municipales: hace apenas un año, el Ayuntamiento pretendía construir 4.000 viviendas en la zona pero la presión de la plataforma ciudadana 'Cerdanyola sin vertederos' ha logrado que reclame ahora considerarla como área contaminada. Ello podría suspender los derechos de edificación de los terrenos y acarrear pérdidas económicas a los promotores del proyecto.
“Es lo justo para los ciudadanos”, celebró un portavoz de la plataforma. “Ha habido muchas presiones de los promotores pero construir allí es un riesgo enorme”, destacó. “Hemos recibido muchas presiones”, afirmó en este sentido el concejal del PP, Manuel Buenaño. “Estos días he estado por tirar el móvil”, señaló.
La petición municipal, que ahora deberá estimar la Agencia Catalana de Residuos, también permitirá que las empresas que se lucraron empleando la zona como vertedero asuman algún coste por la limpieza del terreno. “Es una vergüenza tener esto al lado de casa”, lamentó la concejal de ERC, Helena Solà. “El terreno no dispone de protección y los productos tóxicos siguen filtrándose al subsuelo”, precisó.
Los concejales del Ayuntamiento se deshicieron en aplausos para la plataforma ciudadana. Se trata, sin embargo, del mismo Consistorio que sacó adelante el proyecto para construir en esos terrenos pese a que varios estudios técnicos advertían de la peligrosidad de los residuos almacenados.
Can Planas es un depósito de 18 hectáreas de superficie y hasta 40 metros de profundidad que contiene 2,5 millones de metros cúbicos de tierra contaminada por residuos industriales, entre ellos cadmio, hidrocarburos y cromo. La antigua explotación de arcilla de la zona dejó un agujero cuyos dueños decidieron rentabilizar cobrando a las empresas que vertían allí todo tipo de residuos.
El suelo es venenoso e incluso tiene “riesgo de explosividad” en algunos puntos por las emanaciones de gases como el metano procedentes del medio millón de toneladas de residuos químicos peligrosos enterrados, según un estudio que la Generalitat encargó a la consultora medioambiental IDOM.
* El País - FERRAN BALSELLS Barcelona 27 ENE 2012
Foto: Vertedero de Can Planas, en Cerdanyola. / MASSIMILIANO MINOCRI
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JUAN CLAVERO* : En estas últimas décadas se ha generado en Andalucía un cáncer que ha devorado su territorio, sus recursos naturales, la honestidad de los políticos y la conciencia ciudadana. El Defensor del Pueblo ha llegado a calificarlo de «hecatombe ecológica». Este fenómeno es la prueba evidente de que la ilegalidad es la norma en el urbanismo andaluz. La invasión de viviendas ilegales en suelos no urbanizables no es entendible sin la complicidad de los responsables municipales y de la Junta de Andalucía. Y no es por falta de instrumentos legales. Tanto la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), como el Reglamento de Disciplina Urbanística dan suficientes facultades a los alcaldes para paralizar cualquier construcción o urbanización ilegal y ordenar su demolición. La medida más eficaz contra el urbanismo ilegal es la prevención, y Junta y ayuntamientos han actuado con una permisividad delictiva. Si la mayoría de alcaldes y concejales de urbanismo no están procesados es porque la generalización de la ilegalidad hace crecer la impunidad; con más medios de la Policía anticorrupción y de los fiscales, se multiplicarían las actuaciones judiciales en los ayuntamientos.
Ante la envergadura que ha tomado este problema en muchas comarcas andaluzas, la respuesta de la Junta –en clara connivencia con alcaldes y alcaldesas responsables de estas ilegalidades y con los propietarios de las viviendas ilegales–, no ha sido exigir el cumplimiento de la legalidad y retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos que demuestran una inacción evidente, sino intentar sacarles del embrollo, dándole cierta cobertura legal a estas miles de viviendas ilegales en suelos no urbanizables.
El Decreto sobre viviendas en suelo no urbanizable es un auténtico golpe de estado contra la legalidad vigente y contra el interés general de la sociedad. La regularización de estas urbanizaciones ilegales supone saltarse a la torera los límites del crecimiento urbanístico que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), y supone un claro desprecio a la LOUA, que sólo permite viviendas en suelo no urbanizable como parte de una explotación agropecuaria, prohibiendo las segundas residencias.
Este Decreto tendrá consecuencias demoledoras. Aviva la percepción ciudadana de que las leyes urbanísticas están para incumplirlas, porque al final tendrán premio. Y lo más lamentable es que la alternativa a este Gobierno que, sin escrúpulos, utiliza la apología de la ilegalidad para arañar unos miles de votos, está el PP –tan responsable como el PSOE de este desastre en los ayuntamientos que gobierna-, que le parece insuficiente esta amnistía. Hasta que la sociedad andaluza no se conciencie de las gravísimas consecuencias del urbanismo ilegal y de la especulación y corrupción que ha generado, los partidos políticos que gobiernen los ayuntamientos y la Junta seguirán utilizando el recurso fácil de favorecer a los infractores y delincuentes urbanísticos para sacar unos réditos electorales envenenados.
* Juan Clavero - Secretario de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción-A
* La Razón - Opinión - 22.1.12
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