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VegamediaPress/Murcia* : "El que fuera director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo en la pasada legislatura, Manuel Alfonso Guerrero Zamora, será el nuevo gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Lorca, según ha podido saber esta redacción. El número dos de Bascuñana en la consejería de Obras Públicas está imputado en el caso de La Zerrichera por un presunto delito de prevaricación, falsificación de documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y cohecho. Esta sorprendente decisión, que ha causado discrepancias en el seno del Partido Popular en Lorca, donde algunos han manifestado que es un error el nombramiento, fue aprobada ayer en un consejo de la gerencia de urbanismo del ayuntamiento de la ciudad del sol, y también en junta de gobierno.
Tan solo falta el trámite de pasar por el pleno del próximo lunes, que dará el visto bueno al nombramiento. A partir de ese momento, Guerrero será gerente de Urbanismo, en sustitución de Vicente Blasco.
Fuentes del PP local, señalaron a VMPress que se trata de "una imposición de Murcia por los servicios prestados", ya que esta persona no tiene ninguna vinculación con Lorca. Ni ha nacido en la población, ni vive allí. Hay preocupación por la imagen del consistorio, al incluir en su organigrama a uno de los imputados de uno de los mayores escándalos urbanísticos en la Región.
* VegamediaPress - 19/07/2007
Foto: La Zerrichera (Murcia) /ecologistasenaccion.org
Un alto cargo imputado en La Zerrichera será gerente de urbanismo de Lorca
El consejero grancanario de Medio Ambiente, imputado por prevaricación urbanística
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ABC/Las Palmas* : "Los anteriores miembros de la junta de gobierno local del municipio grancanario de Valleseco, pertenecientes al Partido Socialista, han sido citados a declarar el próximo lunes, 30 de julio, ante la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arucas. Los miembros de la anterior junta de gobierno de esta localidad del norte de Gran Canaria que han sido llamados a declarar y sobre los que pesa una imputación por un delito de prevaricación urbanística son el ex alcalde Juan Salvador León Ojeda (en la actualidad consejero de Medio Ambiente del Cabildo grancanario), Gregorio Quintana Vega, Norberto Arencibia Ojeda y María del Pilar Guerra Rivero. La aparejadora del Ayuntamiento también declarará por los mismos motivos.
Según dio a conocer ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado, este requerimiento se produce a raíz de una denuncia formulada el 2 de agosto de 2006 por cinco personas, entre ellas el concejal del Partido Popular y ahora tesorero municipal, Hermelindo Suárez Domínguez.
En las pasadas elecciones del 27 de mayo, el Partido Popular se hizo con seis escaños (uno más que el PSOE) y su candidato, Dámaso Alexis Arencibia, asumió la Alcaldía del municipio grancanario. Durante el último periodo de la anterior legislatura, la inestabilidad se había adueñado del Consistorio de Valleseco, después de que el ahora imputado Norberto Arencibia abandonase el grupo de gobierno y se integrase como único miembro entre los no adscritos.
Este nuevo caso de presunta corrupción urbanística se une a los destapados en los municipios grancanarios de Telde, Mogán y en la playa tinerfeña de Las Teresitas. Mientras que en el primero de los municipios se apartó del PP a los concejales imputados, en Mogán el popular Francisco González volvió a obtener mayoría absoluta en los comicios del 27 de mayo . En Las Teresitas, el escándalo afecta al alcalde, de Coalición Canaria, que en las elecciones perdió la mayoría absoluta, pero ahora gobierna con el apoyo del PP.
* ABC - 20 de julio de 2007
Foto: Valleseco (Gran Canaria) ayuntamiento /infonortedigital
La investigación ve "llamativos incrementos patrimoniales" en los imputados de Armilla
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J.Martín-Arroyo.- El País/Granada* : "La investigación de la Guardia Civil en el caso del centro comercial de Armilla ha detectado "incrementos patrimoniales inmobiliarios muy llamativos" en los imputados, entre los que figuran el ex alcalde José Antonio Morales y el ex concejal de Urbanismo Gabriel Cañavate, del PSOE. Los agentes destacan que dichos incrementos "no concuerdan con los ingresos por trabajo y rendimientos del capital inmobiliario", además de señalar que algún imputado posee hasta 33 cuentas bancarias. Los agentes pretenden despejar la duda del delito de cohecho (soborno), que planea sobre los responsables que aprobaron la construcción del polémico y colosal centro comercial Parque Nevada en Armilla, junto a su famoso promotor, Tomás Olivo.
La unidad del Equipo de Patrimonio de la Guardia Civil indica en un oficio remitido al juez instructor del caso, Miguel Ángel del Arco, que existe un desfase entre los ingresos y el patrimonio de los imputados.
El PP exigió ayer la dimisión como consejero de Caja Granada de Morales, renuncia que éste ya había solicitado.
El ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate dimitió el pasado octubre tras salir a la luz su patrimonio, y a pesar de que argumentó que le había tocado la lotería, cesó en sus cargos como concejal y vicepresidente de la Diputación Provincial. Meses más tarde el PSOE evitó que Morales optara a la reelección como alcalde de Armilla en las pasadas elecciones municipales.
La investigación de la Policía Judicial en marcha destaca asimismo que la mayoría de los imputados tienen a su nombre "un número considerable" de cuentas con distintas entidades bancarias, cuyos movimientos deben ser aún desglosados. "En algunos casos se llegan a contabilizar unas 33 cuentas bancarias, las cuales como titular están compartidas por los principales imputados con familiares de su entorno", destaca el informe policial.
Familiares investigados
Un total de 25 familiares de los imputados en el caso están siendo investigados por Hacienda y la Seguridad Social a petición del juez, que quiere conocer sus situaciones contractuales y económicas. La familia más afectada por la investigación es la del ex concejal de Urbanismo, que ha visto cómo hasta cinco de sus miembros son investigados. También han sido afectados algunos familiares del ex alcalde y del promotor del colosal centro comercial, Tomás Olivo.
Ante las primeras conclusiones de los agentes, el magistrado Del Arco ha acordado en una providencia ordenar a 18 entidades bancarias y seis asociaciones que faciliten los datos de las personas físicas y jurídicas implicadas en el caso, y solicitados por la Policía Judicial. Entre estas entidades figura Caja Granada, de cuyo Consejo de Administración forma parte el ex alcalde José Antonio Morales, y cuyas cuentas en dicha caja de ahorros serán escrutadas.
El ex alcalde se mostró ayer tranquilo respecto a la investigación patrimonial en marcha. "Me alegro porque quiero demostrarle al juez todo mi patrimonio", afirmó. A continuación, recalcó en un comunicado junto a Cañavate la transparencia que han brindado a la investigación: "En varias ocasiones ofrecimos a la Fiscalía del TSJA documentarle detalladamente la procedencia de nuestros patrimonios, sometiéndonos a las investigaciones que se creyeran oportunas".
Ambos ex cargos socialistas censuraron que la Policía Judicial haya cometido "errores de bulto". Entre los desaciertos que denuncian, Morales y Cañavate recuerdan que la gran mayoría de las 33 cuentas bancarias son de titularidad del Ayuntamiento de Armilla, por lo que Morales figura junto a la interventora y el secretario municipal al frente de dichas cuentas.
El Partido Popular exigió ayer la dimisión de Morales como consejero de Caja Granada, y amenazó con desvincularse del conocido como Pacto del Saray, que garantiza un reparto consensuado de los cargos directivos en la entidad bancaria granadina por parte de las fuerzas políticas. "Un señor corrupto debería abandonar inmediatamente los cargos que ocupa en Caja Granada, puesto que la entidad está viéndose ensuciada y vinculada al caso Nevada", denunció ayer el secretario general del PP de Granada, Antonio Ayllón.
Morales aclaró ayer que ya transmitió hace semanas al alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, su intención de abandonar el puesto como consejero que ostenta desde 2005, y que su dimisión iba a ser aprobada en el próximo pleno municipal. "No me voy porque lo diga el PP, sino porque estaba en representación del ayuntamiento, al frente del que ya no estoy", adujo.
Ayllón pidió de nuevo el cese del jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis de Haro, así como del subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, al entender que ambos actuaron "de forma sectaria" porque existieron escuchas telefónicas en el caso Alhendín que afecta al PP, y no en el caso de Armilla, municipio donde gobierna el PSOE.
A las supuestas irregularidades cometidas en la construcción del complejo, entre otras la invasión de zonas verdes y la puesta en peligro de la viabilidad de las obras del Metro, el Seprona ha añadido otra presunta infracción cometida por su colosal tamaño: Los agentes han detectado la invasión de la línea límite de edificación de la Autovía A-44, fijada en la normativa urbanística en vigor.
El polémico centro comercial, cuyas obras han sido suspendidas por el juez, está situado a las afueras de Granada y bordea la autovía de circunvalación de la ciudad. Al parecer demasiado cerca.
"Clamorosos indicios"
El juez instructor Miguel Ángel del Arco ha argumentado en sucesivos autos que la tramitación de los permisos urbanísticos concedidos en Armilla no ha sido precisamente ejemplar. "Desde su comienzo, son clamorosos los indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. No han funcionado en lo más mínimo, ni han existido, los controles directos ante una obra realizada a vista, ciencia y paciencia", censuró con contundencia.
El magistrado imputó tanto a Morales como a Cañavate por prevaricación e infidelidad en la custodia de documento público, tras esfumarse un informe municipal contrario a las obras. Tras la investigación para determinar si ha existido soborno figura Tomás Olivo, multimillonario constructor de otros 57 centros comerciales, y que ya está imputado por dicho delito en el caso Malaya. Ambos políticos censuraron ayer las "manifestaciones gratuitas e infundadas" en el procedimiento instruido, y que constituyen "un juicio paralelo" que infringe su derecho al honor. Pero no todas las críticas hacia el magistrado Del Arco son veladas.
El catedrático Gonzalo Rodríguez Mourullo, abogado defensor de Olivo, expone en unas alegaciones: "¿Y cuál es ese entorno con el que hay que armonizar? No estamos hablando aquí de Doñana, sino de una zona no sólo totalmente urbana, sino además plagada de carreteras y autopistas. ¿Qué es lo que armonizaría mejor en un lugar así? ¿Acaso había un entorno más armónico antes, cuando lo que había en la parcela era un descampado?". El letrado sostiene que el juez se basa en "apreciaciones personales" para detener la construcción del colosal complejo.
* ELPAIS.com - Granada - 20/07/2007
Foto: Armilla (Granada) centro_comercial_Nevada /M.Zarza (ELPAIS.com)
Que el ritmo no pare, no pare, no...
Diego Sanz Paratcha* : "Ningún ministro recibió más atenciones que Carme Chacón tras la crisis de Gobierno escenificada por Zapatero a comienzos de mes. Chacón heredaba de la cesante Trujillo una cartera sin prestigio y sin competencias, pero su presentación contó con testigos ilustres: el presidente de la primera multinacional española, el patrono de los constructores madrileños y los máximos responsables de la inmobiliaria Fadesa y la constructora Sacyr escucharon en primera fila el discurso de la ministra sobre parejas con sueños rotos por la carestía de la vivienda.
El protocolo de este tipo de actos no tendría por qué incluir a César Alierta (Telefónica), José Manuel Galindo (Asprima), Fernando Martín (Fadesa) o Luis del Rivero (Sacyr), si no fuera porque las supuestas competencias del Ministerio de Vivienda afectan a un sector responsable de una quinta parte del crecimiento del PIB en la última década. Y con las señales de alarma encendidas por el ya evidente cambio de ciclo: 7% de caída en la compraventa de viviendas en 2006, morosidad disparada un 45% en el mes de marzo con respecto al mismo mes del año pasado, oleada de cierres de pequeñas inmobiliarias y franquicias, aumento del paro -un 4,6% en junio-, nueva Ley del Suelo y clima de desconfianza por la corrupción política asociada a los desarrollos urbanísticos.
“Una cosa es hablar del nivel al que han llegado los precios de las viviendas y otra ser proclive a que se construyan menos casas”. El diario ABC citaba así al presidente de la patronal de la construcción, Enrique Aldama, quien auguraba que comunidades y ayuntamientos mantendrán el tirón del sector en los próximos años, esta vez a través de la promoción de vivienda a precios más baratos que los del mercado. De lo contrario, Seopan prevé la destrucción de 200.000 empleos en la construcción ante la bajada de la demanda.
¿Toma el presidente de los constructores sus deseos por la realidad? Rodrigo Calvo, del colectivo Laboratorio Urbano de la Escuela de Arquitectura de Madrid, cree que no: “Sí es previsible que los gobiernos locales se pongan a promocionar vivienda protegida. Promotores y constructores tendrán que resignarse a menores márgenes de beneficio a cambio de que la actividad se mantenga”. Pero el territorio está ya saturado.
Un reciente informe de la consultora RR Acuña fijaba en un millón el exceso de oferta de vivienda en el Estado español. Además, las distintas administraciones se ven cada vez más vigiladas por la Unión Europea, que investiga los desarrollos urbanísticos urbanísticos en el Levante por su impacto en recursos como el agua. La doble agenda del Gobierno De hecho, la recién estrenada Ley del Suelo ha sido recibida con una ola de críticas en el sector. Promotoras e inmobiliarias dicen que la obligación de reserva de un 30% del suelo para vivienda protegida parará la actividad constructora pero no el auge de precios. La ley había creado pocas expectativas entre el incipiente movimiento por la vivienda digna, pero sí había sido vista con simpatía por los movimientos en defensa del territorio.
Esta percepción se ha esfumado al conocerse su contenido íntegro. En unas jornadas sobre urbanismo responsable organizadas en junio por su ministerio, la cesante María Antonia Trujillo se veía obligada a reconocer en privado que la norma, una simple ley de bases con disposiciones generales sobre derechos y deberes del sector, había tenido que contentar forzosamente a las constructoras y promotoras. Del lado de las políticas macroeconómicas, la labor del Gobierno y del PSOE sigue una doble agenda idéntica. Tras las deducciones por la compra de vivienda reintroducidas en la última reforma fiscal, la representante económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, reconocía en el Foro Nueva Economía el carácter injusto de la medida y anunciaba su sustitución por ayudas directas a quien no pueda pagarse una vivienda en el mercado libre. La nota de prensa de rectificación que tuvo que difundir esa misma tarde no daba explicaciones por semejante política de subvención encubierta al sector inmobiliario, sino que aclaraba que las deducciones fiscales sólo serían eliminadas cuando se hubiera parado el crecimiento de precios.
Con parecida lógica, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) proporciona desde hace casi dos años combustible financiero a la ingeniería civil, que representa ya más de un tercio de la actividad constructora en el Estado español. La construcción de más autovías o líneas de alta velocidad (6.000 y 10.000 km más respectivamente según el plan) se hará además con mecanismos de colaboración público- privada como el usado en la M- 30 madrileña, donde las constructoras han adelantado el dinero y las arcas municipales tendrán que devolverlo en un plazo de 35 años. Un artículo publicado en Financial Times daba fe de lo inevitable de estas políticas si el Estado español quiere mantenerse en la zona euro. El rotativo veía posible sortear o al menos reducir los efectos de la recesión dado el todavía escaso nivel de deuda pública con respecto al PIB y también por el fenómeno de la inmigración. Mientras, la prensa económica local considera llegada la hora de “cambiar de modelo” sin especificar si el borrón y cuenta nueva incluirá a las familias y administraciones endeudadas durante la fase expansiva del ciclo.
Astroc: desplome en la cresta del ladrillo
Ocurrió el 24 de abril. Ese día, considerado un ‘martes negro’ por la prensa económica, el sector inmobiliario llega en algunos momentos a caer en un 20%. El motivo: el efecto arrastre causado por el desplome de Astroc. La empresa, con apenas un año desde su salida a Bolsa, había llegado al segundo puesto de las inmobiliarias españolas en plena cresta del ladrillo, pero cayó un 61% en una semana. La historia de su presidente, Enrique Bañuelos, supone un símbolo del ciclo económico.
Pasó en tiempo récord a convertirse en la tercera fortuna española para luego quedar convertido en el súper rico más efímero en la lista de personas más ricas del mundo. Semejante tortazo tuvo un efecto disuasorio en el ánimo de los inversores. Para Isidro López, del Observatorio Metropolitano, “fue el pistoletazo de salida de que esto ya se estaba acabando”.
Los bancos y empresas sueltan lastre
El 13 de junio, el Banco Santander anunciaba que, salvo su sede social, vendería todos sus edificios, en lo que sería la mayor operación inmobiliaria española de la historia (un total de 4.000 millones de euros). Un día después, el BBVA ponía a la venta su emblemática torre del Paseo de la Castellana. El hecho de que los bancos especialmente beneficiados por la burbuja se deshagan de su patrimonio fue visto como otra señal del desinfle. Isidro López, en todo caso, puntualiza: en el caso del BSCH la operación también podía ser vista como un método para obtener una gran liquidez lanzar una OPA sobre el banco holandés ABN Amro. Además, algunas operaciones se adelantaron al pinchazo. A mediados de 2006, Ferrovial y Acciona se deshacían de sus carteras inmobiliarias y buscaron obra pública: un beneficio menos alto, pero ya con menos riesgos.
* Periodico Diagonal
* Rebelión - 20-07-2007
