PÚBLICO* : El auto del juez José Castro hecho público el martes revela un abultado número de prácticas que Jaume Matas y sus colaboradores llevaron supuestamente a cabo para enriquecerse ilícitamente con la construcción del velódromo Palma Arena. La Fiscalía Anticorrupción denuncia que lograron desviar ilegalmente 41 millones de euros. Durante la investigación del caso afloró también una presunta financiación irregular del PP. Estas prácticas han llevado al ex ministro de Aznar a estar imputado por todos los delitos de corrupción política que recoge el Código Penal.
1. El consorcio - Un control a la medida
El presidente Matas y su principal colaborador en la trama, José Luis Ballester, Pepote, diseñaron una estrategia para escapar a cualquier organismo de control. Así, crearon uno a su medida, el Consorcio para la Construcción del Velódromo Palma Arena. Lo integraron la Fundación Illesport, el Govern, el Consell Insular de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Sus representantes nunca se reunieron, a pesar de las 22 actas encontradas. Matas tomaba las decisiones que debía aprobar el Consorcio y Ballester falsificaba las actas de las reuniones.
2. El arquitecto - Elegido ‘a dedo'
En una de esas primeras reuniones fantasma, Ballester propuso contratar al arquitecto Ralph Schürmann alegando que tenía el respaldo de la Unión Ciclista Internacional y que eso facilitaría la concesión a Palma de la organización del Mundial de Ciclismo en pista que se debía celebrar en 2007, tres años después. "La adjudicación a dedo es un acto de meridiana ilegalidad, ya que las razones de urgencia posibilitan legalmente una reducción de los plazos de los distintos trámites, pero no el saltárselos deportivamente", afirma el magistrado en su auto.
3. Cambio irregular - Los amigos de Matas
Fue la Comisión Ejecutiva de Illesport, sin estar facultada para ello, la que prescindió de los servicios de Schürmann alegando que había presentado sólo un 8% de la documentación del proyecto. Illesport puso al frente de la obra a otros dos profesionales que ya habían impuesto desde el principio como colaboradores, los hermanos García-Ruiz, a los que Schürmann describía como amigos de Matas. Cobraron 8,5 millones.
4. La constructora - Obras sin licitación
La trama pretendía enriquecerse encareciendo el precio de la obra a través de expedientes de modificado. Para ello, necesitaba de "un pacto ilícito" con la constructora. A pesar de que era imposible cumplir el plazo de finalización de la obra, la UTE que formaban FCC y Melchor Mascaró concurrió. El juez acusa a Matas de haber pactado todo con el "máximo responsable" de FCC, al que no cita. En aquel momento, el presidente de FCC era el ex portavoz del PP en el Parlamento Europeo Marcelino Oreja. Antes de que se firmase el contrato de adjudicación, el delegado de FCC en Baleares plantea a José Luis Ballester que el precio ofertado debe ser incrementado en un 20% más un 10% de liquidación final. El motivo, un error de valoración. No hubo problema. Matas aceptó.
5. La cimentación - Un incremento sin justificar de 11 millones
La cimentación y estructura del velódromo se licita por 8,5 millones y termina costando 19,5. Es otro ejemplo de colaboración entre Matas y la UTE de FCC y Masqueró, a pesar de que Fomento de Construcciones y Contratas de Baleares no quería entrar en el proyecto. Recibió órdenes de la central en Madrid.
6. El videomarcador - Una empresa y su filial participan en el concurso
El precio del videomarcador iba a ser de 1.992.000 euros. Al concurso concurrieron dos empresas: Smartvision y Odeco Electrónica. "Lo curioso del caso es que entre las empresas licitadoras concurren dos con apariencia de ser distintas, pero resulta que sus ofertas, puestas al trasluz, coinciden milimétrica y milagrosamente en los conceptos", denuncia el juez. Finalmente, la adjudicación fue para Smartvision, en realidad filial de Odeco. Además, el director de esta es cuñado de Miguel Romero de la Cerda, administrador de Nimbus Publicidad, empresa que también gestionaba la publicidad del PP.
7. La cubierta - 10 millones de desfase
Pese a una licitación por cinco millones de euros, la cubierta terminó con un coste real de 14,5. La decisión de fijar un precio inferior a seis millones de euros tiene la única intención de evitar su publicación en el Boletín de la Unión Europea, acortándose así los plazos. El juez asegura que "el surrealismo llega a su punto álgido" al comprobar que, a pesar de salir a concurso la construcción de la cubierta de madera, al final se adjudica una estructura de cubierta de hierro con el objetivo de ahorrar... con el resultado de que el coste final casi triplica el presupuesto previsto.
8. La carpintería - Pago de 900.000 euros
La UTE gira contra el Consorcio una factura por más de 900.000 euros en concepto de "ayudas a la carpintería". La empresa Sander Douma debía haber abonado esa cantidad, pero se la pidió a las constructoras. Nadie controló el números de operarios que trabajaban en estas labores o su cualificación técnica. Eran los hermanos García-Ruiz los que deberían haber abonado esa cantidad y no el Consorcio.
9. La lona del techo - Un 400% más
La UTE abonó a la mercantil Tecnoeventos por la lona que cubría parte del techo una cantidad cercana a los 700.000 euros, que inclucía el beneficio industrial y el IVA. Pero al facturar dicho servicio al Consorcio, el precio pasó a ser de 1,8 millones de euros. Según recoge en su auto el juez José Castro, "se hinchó desproporcionadamente el precio del trabajo", tanto que superó en un 400% la cantidad abonada por las constructoras a su proveedor.
10. La publicidad - Falsificación de firmas
El Consorcio fantasma acordó destinar 87.000 euros a una campaña publicitaria. La cifra fue aportada por Ballester, que realizó el cálculo en dos días, "siendo todavía más encomiable la diligencia si se tiene en cuenta que los días intermedios eran sábado y domingo", ironiza el juez. Sólo concurrió Nimbus Publicidad. El magistrado dice que hay "serios indicios" de que la trama llegó a falsificar la firma de la vicepresidenta del Govern, Rosa Maria Estaràs, en una de las actas de las falsas reuniones. El importe de la realización de la maqueta del velódromo triplica el precio real. Nimbus la encargó a una empresa por 27.000 euros y recibió 90.000 de los hermanos García-Ruiz. El juez es claro en su auto: "Hay facturas por conceptos inexistentes que no corresponden a la prestación de servicio alguno".
11. Donación pública - Un sí en 48 horas
La agencia Nimbus solicitó una donación de 350.000 euros al Institut Balear de Tusime (Ibatur) para la campaña de promoción. "Que la eficacia de nuestra Administración Pública llegue al extremo de que un escrito presentado un viernes reciba una respuesta afirmativa el lunes siguiente merece sin duda un aplauso, más caluroso aún cuando el importe concedido es de 350.000 euros, que se corresponde justo con la cantidad solicitada", se sorprende el juez Castro.
12. La campaña del PP - El cuñado paga en negro
La investigación del caso Palma Arena ha abierto otras vías que señalan a la financiación irregular del PP. En el registro de Nimbus Publicidad se intervinieron documentos sobre la campaña de las autonómicas de 2007. Su administrador, Miguel Romero de la Cerda, admitió que había cobrado sin factura y en efectivo 71.958 euros del PP. El pago lo realizó Fernando Areal, cuñado de Matas y entonces gerente del PP. Se trataba de no superar los límites que la ley impone a los partidos para las subvenciones de sus gastos electorales.
13. El mitin de Rajoy - Con dinero público
El 18 de mayo de 2007, el líder del PP, Mariano Rajoy, dio un mitin en el Palma Arena, dentro de la campaña de las elecciones autonómicas a las que concurría su entonces amigo Jaume Matas. Se han encontrado dos facturas, una de 2.726 euros por la limpieza del velódromo, y otra por 1.769 por los servicios de seguridad, que fueron pagadas por Illesport con cargo a los fondos públicos, según refleja el auto judicial.
14. El sobresueldo - Por un informe falso
El gerente del Consorcio y mano derecha de Ballester, Jorge Moisés Marín, consideraba que no estaba bien retribuido. Ballester movió los hilos para que se le encargase un estudio sobre accesibilidad para personas con discapacidad física y cobrase por ello 12.000 euros. No tenía los conocimientos necesarios y era incompatible la realización del informe con su cargo de gerente.
15. Ingreso a matas - La tele de Baleares
El Govern de Jaume Matas quería crear una radio y una televisión autonómicas. Con esta excusa encargó una consultoría convocando a tres empresas, una sin experiencia alguna y dos que compartían logotipo y mantenían relaciones de colaboración. Sólo aceptó una de ellas. Su administrador ya había cobrado 12.000 euros por un estudio adjudicado a dedo por el Govern. Esa empresa, Estudios Jurídicos y Procesales, ingresó a Matas 31.200 euros en una cuenta a su nombre, cuando dejó de ser president.
16. Favor de amigo - "Lo que pida Alemany"
La agencia Nimbus giraba a la Conselleria de Relacions Institucionals facturas mensuales por un valor de 4.591 euros "sin la contraprestación de servicio alguno". Era un favor personal que Miguel Romero, el administrador de la agencia, hacia el Govern para poder pagar a Antonio de Padua Alemany, amigo de Matas y redactor de sus discursos. El entonces director general de Comunicació, Joan Martorell, afirmó en su declaración judicial: "El president dijo que a lo que pidiera Alemany no se le pusieran pegas". La página web Libertad Balear, propiedad de Alemany, fue subvencionada con fondos públicos.
17. Sin concurso - Cambio de favores
José Luis Ballester ofreció la adjudicación de unas obras de derribo a Jaime Navarro, donde hoy está el Palma Arena. Navarro estaba construyendo en ese momento un chalet a Ballester. Le propone realizar primero el trabajo y luego presentar tres presupuestos, dos de ellos ficticios. El definitivo debía ir fraccionado en tres partes de menos de 30.000 euros.
* Público - 1.04.10
Foto: Palma, fachada palacete Matas - diariodemallorca.es
Matas, manual del perfecto corrupto
Palencia: El juez cree que el Ayuntamiento ha podido prevaricar con las viviendas del Sector 8
NORTECASTILLA* : El magistrado estima también que la Junta de Gobierno Local ha podido cometer un delito de desobediencia. El último informe remitido por el Ayuntamiento de Palencia al Juzgado Contencioso nº1 de Palencia para intentar frenar la recuperación de dos parcelas del Sector 8 que se vendieron de forma ilegal, y en las que en la actualidad se levantan dos bloques de pisos de la calle Lola de la Fuente, puede salir muy caro al Consistorio capitalino.
El titular del Contencioso, Victoriano Lucio Revilla, ha recibido este informe municipal, encargado a un prestigioso experto jurídico de la Universidad Carlos III por 18.000 euros más IVA, como un intento del Ayuntamiento de eludir su responsabilidad, por lo que ha dictado un nuevo auto en el que va más allá de los anteriores, ya que, además de ratificar la obligación del Ayuntamiento de recuperar la propiedad de las dos parcelas en cumplimiento de una sentencia del TSJ, plantea la posibilidad de que los integrantes de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento hayan cometido los delitos de prevaricación urbanística y desobediencia a la autoridad judicial.
Asimismo, dispone la apertura de un nuevo expediente para proceder a imponer multas personales a los miembros de la Junta de Gobierno Local por no haber procedido a recuperar las dos parcelas que fueron vendidas en el Sector 8, dentro del plazo de dos meses fijado por este mismo juzgado. El magistrado ha solicitado al secretario general del Ayuntamiento el acta de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento del 25 de marzo, en el que se aprobó la remisión del último informe al tribunal, para conocer la identidad de los integrantes de este órgano de gobierno municipal y el sentido que le dieron a su voto.
El juez indica que se ofrecerá un trámite de audiencia a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local antes de imponer la sanción, que se reiterará cada veinte días hasta que se dé cumplimiento al mandato de recuperación de las parcelas, tal como establece un auto del juez dictado en enero, como ejecutoria de una sentencia firme del TSJ, que anuló la venta de los terrenos porque se destinaron a la construcción de viviendas de precio libre, en lugar de pisos de protección oficial, tal y como establece la normativa urbanística.
Un análisis profundo
El magistrado, que en sus anteriores resoluciones no había hecho referencia a la posible comisión de delitos por parte de los responsables municipales, ante la última manifestación del Ayuntamiento de imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, profundiza en el estudio de todo el proceso judicial y determina que se puede haber cometido un delito de prevaricación urbanística, al adjudicarse la venta de las parcelas en el año 2005 para la construcción de viviendas de precio libre.
El magistrado señala que el pliego de cláusulas administrativas para la venta de las parcelas municipales indicaba únicamente la construcción de viviendas, señalando que los ingresos obtenidos se destinarían necesariamente a las finalidades contenidas en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. «Obsérvese que no se habla en ningún sitio de viviendas libres, si no genéricamente de viviendas, pero con explícita remisión a las finalidades previstas en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León», se indica en el auto judicial, que continúa incidiendo en que «sólo podía referirse inequívocamente a viviendas con algún régimen de protección pública».
Ante esta circunstancia, el juez señala que en la adjudicación posterior de las parcelas para la construcción de viviendas de precio libre «se cubren los elementos del tipo de la prevaricación urbanística». El juez dispone la puesta inmediata en conocimiento del juzgado de instrucción competente en Palencia de la posible comisión de un delito de prevaricación urbanística tipificado en los artículos 320 y 404 del Código Penal por parte de los miembros de la Junta de Gobierno Local.
Recursos de San Martín
El juez considera que pudieron cometer el delito los concejales que, «desviándose del pliego de cláusulas administrativas», aprobaron la venta de las parcelas para viviendas de precio libre en febrero del 2005. También quienes desestimaron los recursos de reposición presentados en febrero del 2005 por el ex concejal de IU Mariano San Martín, que finalmente recurrió a los tribunales y consiguió que le diesen la razón. También cree que cometieron el delito quienes adoptaron los acuerdos de concesión de licencia de obras para viviendas de precio libre en julio del 2005. También señala que la comisión del delito afecta a las autoridades y funcionarios que informaron favorablemente la venta y la concesión de las licencias.
El juez considera que los miembros de la Junta de Gobierno Local que no se opusieron al acuerdo del 25 de marzo de presentar un nuevo informe contra la ejecución de la sentencia han podido cometer un delito de desobediencia a la autoridad judicial, previsto en el artículo 410.1 del Código Penal.
El Juzgado muestra además un profundo malestar con la actuación del Consistorio, y señala que «lo que, desde luego, es intolerable es que el Ayuntamiento de Palencia pretenda dejar como papel mojado la presente ejecutoria, cuando con el cúmulo de despropósitos detectados en la actuación municipal ha conducido a la situación en que nos encontramos».
El titular del Juzgado Contencioso reprocha también al Ayuntamiento de Palencia que no defienda los intereses generales de los ciudadanos palentinos, poniéndose de lado de unos particulares, como son los compradores de las viviendas. El juez señala que la propiedad de las parcelas no pertenece al Ayuntamiento, sino a la totalidad de la población del término municipal palentino. «Por el contrario, aquí, la corporación ejecutada, por lo que se ve, se autoerige en la defensora de los intereses particulares de una serie de personas que han adquirido las viviendas libres construidas en dichas parcelas y que ni siquiera se han preocupado de personarse en este Juzgado a defender sus intereses», afirma el juez.
Asimismo, el magistrado señala que «la persistencia del Ayuntamiento de Palencia en intentar salvaguardar los intereses privados de las viviendas edificadas en las mentadas parcelas no resiste el menor envite a la luz de la jurisprudencia», señala el juez, desgranando posteriormente una amplio listado de sentencias.
* El Norte de Castilla - 1.04.10
Foto: Palencia, ayuntamiento - lawebmunicipal.com
Los vecinos evitan el expolio de una casa del BIC del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : Las alertas volvieron a saltar ayer en el barrio del Cabanyal cuando a primera hora de la mañana un grupo de operarios de una empresa de derribos entró en uno de los inmuebles de la zona Bien de Interés Cultural y empezó a arrancar azulejos y carpintería del interior. El edificio estaba a punto de ser adquirido y escriturado a nombre de Cabanyal 2010, la empresa pública que ejecutar el plan especial.
El dueño decidió, antes de entregar las llaves, llevarse todos los materiales de valor del inmueble (carpinterías, azulejos, pavimentos, etc...). Según la versión que el propietario dio a los "salvem", los responsables de Cabanyal 2010 le habrían animado a llevarse lo que quisiera de la casa porque "se iba a derribar", extremo que Cabanyal 2010 negó ayer.
La presidenta de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, y un grupo de vecinos advirtieron al dueño y a los operarios de que estaban cometiendo una ilegalidad. Le explicaron que había una orden ministerial de suspensión del plan especial en el conjunto histórico, avalada por el Tribunal Constitucional y por el pleno municipal. Un portavoz de Cabanyal 2010 confirmó la compra del inmueble sobre el que, de momento ,no se va a actuar en espera de que se resuelvan los conflictos judiciales pendientes.
El portavoz de la empresa se desmarcó del amago de expolio. Es más, apuntó que no es la primera vez que sufren "agresiones" a sus propiedades, que las denuncian pero no sirve de mucho. Esta semana, tras la visita de la ministra de Cultura al barrio, se han registrado dos intentos de expolio de casas del conjunto histórico, la de ayer en la calle de la Reina y otra anterior en Vidal de Canelles, ambas de Cabanyal 2010.
Ante la presencia de la Policía Nacional que, alertada por los salvem, se personó de inmediato en la zona, la empresa de derribos cesó las obras.
* Levante-EMV - 1.04.10
Foto: Los vecinos evitan el expolio de una casa del BIC del Cabanyal - manuel molines, levante-emv.com
Los cabecillas de la trama de El Juncal hicieron 20 promociones en El Puerto
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DIARIODECÁDIZ* : Hace ahora un mes, la Policía Autonómica daba a conocer la Operación Juncal desarrollada en El Puerto, con la que se había desmantelado una organización dedicada a la construcción de viviendas ilegales que había ejecutado una promoción de chalés en la zona norte de la ciudad, en Los Desmontados, que se saldó con 28 implicados.
Al frente de esta organización, la Policía Autonómica situaba al arquitecto Joaquín Pallí, al promotor de Chiclana Francisco Doña Marín y al jefe de obra de este último, que fueron detenidos.
Según la investigación policial, dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 3 de El Puerto, el promotor chiclanero logró levantar una docena de chalés en suelo clasificado como Sistema General de Espacios Libres (SGEL), y destinado a equipamientos deportivos, gracias a un certificado de obra nueva falso del arquitecto, que suma ya cuatro condenas por lo mismo. Pallí, en este caso, certificó que había una antigua edificación de 897 metros cuadrados, que permitió dividir el terreno en 14 viviendas registrales.
Este diario ha podido determinar que ésa no fue ni la primera ni la última vez que ambos han 'trabajado' juntos en El Puerto. Documentación a la que ha tenido acceso este periódico constata que Doña Marín, a través de su empresa Los Viñazos S.L., ha ejecutado casi otra veintena de promociones en el término portuense, en la mayoría de los casos con certificados de obra nueva supuestamente fraudulentos rubricados por Pallí, y en todos los casos en suelo clasificado como no urbanizable en el Plan General vigente.
Así ha ocurrido en El Arenal, donde Los Viñazos construyó dos viviendas. En la zona Almendros 2, a la activa pareja hay que atribuirle cuatro promociones, que han deparado la edificación de 13 viviendas ( en grupos de tres, dos, tres y cinco) en total.
Nueve casas ilegales en sendas promociones de Doña Marín, con certificado de Pallí de por medio, han sido erigidas en Montes de Oca. Cinco en un caso, cuatro en el otro. Bella Bahía, El Palomar, La Hijuela y el camino viejo de Rota son otras zonas no urbanizables en las que de la noche a la mañana han surgido promociones del chiclanero gracias a la pluma del arquitecto .
El listado que ha podido confeccionar este diario se cierra con cinco chalés que Los Viñazos ha erigido en La Andreíta. Tres en una parcela, y dos en otra. Para ambas promociones contó también con la inestimable colaboración del arquitecto, que le firmó sendos certificados asegurando la existencia de viviendas con una antigüedad suficiente como para que hubiera prescrito la infracción urbanística y al tiempo, poder escriturar ante Notario e inscribir en el Registro de la Propiedad.
Y más coincidencias: la mayoría de estas promociones han sido 'legalizadas' en la misma notaría de Cádiz, la de R.de C., que es la misma ante la que se escrituró la promoción de Los Desmontados que ha investigado el Juzgado 3 de El Puerto y que ha dado paso a la Operación Juncal de la Policía Autonómica .
No hay duda de que queda mucha tela por cortar aún en El Puerto, más operaciones policiales para poner al descubierto más actuaciones supuestamente de la misma trama o de otras, mientras en paralelo se investigan posibles responsabilidades políticas.
Así andan los Juzgados, colapsados instruyendo aún el centenar largo de casos de obra supuestamente fraudulentos que el PP, cuando desbancó a IP de la Alcaldía, denunció ante la Fiscalía. Porque todas las promociones reseñadas en esta información forman parte de esas denuncias.
* Diario de Cádiz - 31.03.10
Foto: Solar de Doña Marín sin edificar en el que el arquitecto Pallí firmó que había una edificación de más de 1.300 metros desde hace más de cinco años. - diariodecadiz.es
Sin vivienda, pero con una hipoteca a cuestas
GLORIA AYUSO* : Que el banco o la caja se quede con tu piso es un gran descalabro, pero el summun se alcanza cuando, además, te sigue reclamando el pago de la hipoteca. España es uno de los pocos países en Europa donde la ley permite que se mantenga la deuda contraída, en vez de aceptar la dación en pago, como se permite también en Estados Unidos. Muchas personas sufren ahora esta situación desesperada. Segundo Zapata y su familia son un ejemplo. Firmaron una hipoteca por valor de 263.000 euros con Caja del Mediterráneo. Un año después, llegó la crisis, y Zapata y su hijo, empleados en el sector inmobiliario, se quedaron sin trabajo. Y empezaron a no poder afrontar el pago del crédito.
El banco no quiso dar una alternativa a la familia y envió el expediente al juzgado. El 11 de enero de 2009, el piso se subastó. Pero no hubo ningún comprador interesado por su elevado precio. El juez dio la potestad al banco para adjudicarse el inmueble por el 50% de la tasación. La otra mitad la sigue debiendo Zapata a la entidad financiera. Además, debe pagar el perito y los costes judiciales, muy elevados. "No sólo no tengo vivienda, sino que me ha quedado una deuda de casi 200.000 euros", afirma Zapata.
A Magin Ximenis lo deshauciaron el día 1. Su piso estaba tasado en 164.000 euros y se ha quedado con una deuda de 38.900 euros. Estefanía, con una hipoteca de 257.000 euros, también se ha visto en la calle. El banco, además de quedarse con su piso, puede incluso ejecutar la casa de sus padres si quiere cobrar el aval, ya que le ofrecieron garantías por 50.000 euros.
Subastas desiertas
La ley lo permite. Los casos se multiplican ahora como consecuencia de las abultadas hipotecas que concedió la banca en los años del boom. Hasta el momento, eran habituales las subastas en las que las viviendas se adjudicaban sin problemas por la cantidad que faltaba por cubrir de la deuda, normalmente no muy elevada. Un piso de 300.000 euros se podía subastar por 60.000. Pero nadie puja por las viviendas adquiridas en plena burbuja inmobiliaria. El comprador sólo ha tenido tiempo de pagar una pequeña parte de los intereses y esa misma vivienda puede salir a subasta por 290.000 euros.
La Ley de Enjuiciamento Civil (LEC) protege a la banca: cuando el precio en la subasta baja hasta el 50% del valor de la deuda, permite a la entidad financiera adjudicarse el piso. El banco, entonces, puede reclamar la otra mitad al ex propietario. "Antes de ejecutar la hipoteca, los bancos intentan llegar a acuerdos con los propietarios. Pero, alcanzado un cupo y si no hay posibilidad de cobro, acostumbran a adjudicárselo", explica la abogada experta en el sector inmobiliario Marta Legarreta.
El problema para los afectados es mayor, ya que, debido a la caída de los precios de la vivienda, el perito designado por el juez valora el piso por una cuantía menor. Además, el ex propietario tiene que asumir los costes de abogado y perito. Los trámites judiciales suelen suponer unos 27.800 euros en el caso de un piso valorado en 300.000 euros. Por eso, la actual deuda de Zapata es mucho mayor del 50% de la hipoteca que se le concedió en su momento.
Los afectados se movilizan
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca nació hace sólo un año en Barcelona y ya cuenta con 700 familias asociadas. Plataformas similares se están creando en otros lugares de España.
Ante el alud de afectados, la organización ha iniciado una campaña para reclamar la reforma de la LEC en el Congreso. Propone que, como en los países europeos, se incorpore la dación en pago, que supone que la entrega de la vivienda a la banca es suficiente para liquidar la deuda contraída, siempre y cuando se trate de la residencia habitual y se demuestre que el deudor no tiene ninguna otra opción para hacer frente a sus obligaciones.
ICV y ERC apoyan esta iniciativa. Los republicanos ya lo plantearon en el pleno monográfico sobre la crisis en el Parlament catalán en febrero. La situación lo requiere: según el Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2010 más de 350.000 familias se habrán quedado sin vivienda.
* Fuente: http://www.publico.es/dinero/303547/vivienda/hipoteca/cuestas
* Rebelión - Público - Opinión - 30.03.10
