ELMUNDO* : La adjudicación de la gestión de la Agencia Municipal de Alquiler se ha enredado en el dicho popular Donde dije digo digo Diego. Y, además, con bis. El último capítulo ha sido la notificación con fecha 16 de febrero de la adjudicación definitiva a la empresa ATJ Consultores, ganadora del concurso. Sólo unas horas más tarde, en la Comisión de Urbanismo celebrada ayer, se explicaba que ese contrato ya estaba suspendido. La otra rectificación se produjo después de la adjudicación provisional a la misma compañía, con fecha de 7 de diciembre.
El 28 de enero M2 adelantó que el Ayuntamiento había decidido suspender el concurso al encontrar "deficiencias en los pliegos de condiciones" con arreglo a los que se convocó. El propio vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, lo confirmó ese mismo día.
Con deficiencias o sin ellas, el hecho es que el Gobierno municipal ha dado a entender que Cobo no estaba en lo cierto ya que para poder adjudicar definitivamente la gestión este pasado martes el proceso no podía estar anulado previamente. Otro tema es que se suspendiera acto seguido. Un galimatías.
La explicación a este lío de quita y pon de la delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, es contundente: "La gestión la ha llevado, la lleva y la va a seguir llevando el Ayuntamiento. No la va a llevar ninguna empresa", dijo ayer a M2.
"Es el 30 de diciembre de 2009 cuando se comprueba la inviabilidad del concurso y en virtud de esta circunstancia se ha suspendido este procedimiento", añade Martínez. Si el problema era un defecto en los pliegos de condiciones, ¿lo lógico no sería que se volviera a convocar después de subsanar el error? "No se va a sacar la gestión", zanjó la delegada.
En el Grupo Municipal Socialista interpretan que "el Ayuntamiento mintió cuando dijo que el concurso estaba anulado, porque una vez que se había adjudicado provisionalmente no era posible dar marcha atrás". "Si ahora no se hubiera adjudicado definitivamente hubiesen podido caer en prevaricación", apunta Daniel Viondi, portavoz en la Comisión de Urbanismo.
"¿Cómo pueden ser tan chapuceros de hacer un concurso y decir que han hecho mal los pliegos tras meses de preparación del expediente y supervisado por más de dos decenas de funcionarios y cargos políticos del Gobierno municipal?", se pregunta Viondi, que recuerda que se trata de "un contrato por valor de más de cinco millones de euros".
Un portavoz de ATJ Consultores confirmó ayer a este periódico que el Ayuntamiento había notificado a la compañía la adjudicación definitiva de la gestión de la que elude hablar Pilar Martínez.
"Si ha habido alguna equivocación en los pliegos, es una cuestión de hablarlo [con el Ayuntamiento] y se puede modificar la oferta. Lo que no se puede hacer es anularlo y volver a convocar el concurso", explican en la empresa, que no se da por enterada de la segunda anulación.
* El Mundo - 18.02.10
Foto: Edificio de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid en Villaverde. | J. Villanueva, elmundo.es
Madrid: Concurso municipal de 'quita y pon'
Gijón: Vecinos critican el PGO por mantener el plan de Cabueñes a pesar del «caso Blanco»
LNE* : Más de setecientos registros contra el Plan General de Ordenación (PGO) en una sola mañana. Sólo la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes presentó ayer 350 escritos en la Pescadería Municipal, cuya red informática sufrió algunos fallos a lo largo de la jornada. Cabueñes es una de las parroquias, junto con Vega y Somió, más beligerantes con la política urbanística municipal.
El plan de 600 viviendas que afecta a la zona, de hecho, tiene bajo sospecha judicial al ex arquitecto jefe del Ayuntamiento en lo que se conoce como «caso Blanco».
El escrito registrado incluye 19 alegaciones, «que no sugerencias», precisó el secretario de la plataforma, manteniendo el mismo criterio que el resto de la zona rural. La diferencia es que, a las primeras, el Ayuntamiento tiene que darles una respuesta motivada en el proceso de información pública que se cierra hoy. El documento de prioridades del que parte esta revisión del PGO es «superflua, confusa, no aporta información fiable ni incide en el análisis de la capacidad de compra de vivienda» de los gijoneses.
Cabueñes, que ayer puso objeciones al Plan a través de la plataforma y también de las asociaciones vecinales «La Pontica» y «Fontevilla», critica «la aparición de islas grises en la periferia verde de la ciudad» y el hecho de que «no se consideran elementos de especial repercusión como la incineradora o la regasificadora». Y califica de «inconcebible» que el equipo de gobierno vuelva a apostar por el plan de Cabueñes en su propuesta inicial de PGO, «cuando está pendiente de una causa judicial».
En definitiva: «Más de lo mismo del plan Teixidor, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias», resumió el secretario de la Plataforma, José Cifuentes. El proceso de revisión que lleva a cabo el Ayuntamiento se debe, precisamente, a las sentencias desfavorables del alto tribunal asturiano, ahora recurridas ante el Supremo. «El gobierno municipal sigue apostando por el crecimiento caduco y planes, como el de Cabueñes, fruto de la especulación», denuncian.
* La Nueva España - 20.02.10
Foto: Representantes de las plataformas de Cabueñes y Roces Residencial, entrando al registro con sus alegaciones. juan plaza, lne.es
Siete mil alegaciones para el plan urbanístico de A Coruña
ELPAÍS* : Las objeciones al nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de A Coruña se han multiplicado por siete respecto a las que suscitó la normativa en vigor desde 1998. La exposición pública del documento diseñado por el urbanista catalán Joan Busquets con la pretensión de dar un vuelco a la política urbanística del ayuntamiento coruñés de los últimos 25 años se ha cerrado con un aluvión de alegaciones, unas 7.000, según los primeros cálculos municipales.
Al margen de la controversia alentada por el PP sobre la figura de "fuera de ordenación parcial" por la reducción de las alturas de los edificios perseguida en el plan, quedan en el tintero grandes discrepancias. Incluso entre los propios socios de gobierno, por un lado los socialistas, entre ellos el alcalde Javier Losada, y por otro los nacionalistas.
Los siete convenios urbanísticos de última hora, anexados al PGOM pero que no tendrán que regirse por esa norma en cuestiones como las alturas o la edificabilidad, han generado también alegaciones. La principal es el viejo proyecto, aprobado a finales de los 90 pero aún sin realizar, para construir una urbanización de seis edificios de hasta siete plantas de altura en el Agra de San Amaro, a los pies de la colina en la que se erige la Torre de Hércules.
Esta obra supondrá enladrillar una de las escasas franjas de la fachada marítima coruñesa aún libre de edificios, tapará la vista del ancestral faro y pondrá incluso en peligro su declaración como Patrimonio de la Humanidad, afirma la Federación de Asociaciones Vecinales en sus alegaciones para exigir la supresión del plan. El riesgo de perder el título obtenido en 2009 "es real y evidente", alerta el presidente del Instituto de Estudios Torre de Hércules, Segundo Pardo-Ciórraga. La Unesco ya lamentó la "excesiva presión urbanística" que hay ahora en el entorno del monumento.
"Mi preocupación es máxima por un planeamiento urbanístico de total calidad en el entorno de la Torre y garantizo que será en consonancia con el gran premio que tanto trabajo nos costó lograr", replica el alcalde en declaraciones a este diario. Ante la alerta, Losada promete revisar a la baja esa urbanización en primera línea del mar, estudiar su reducción aunque no suprimirla. "Está en una zona muy alejada del entorno de la Torre", arguye en referencia a los 500 metros de distancia. Cualquier modificación del controvertido proyecto obligará a compensar a los dueños de solares, que tienen el visto bueno para edificar desde hace más de una década.
Al BNG no le gusta tampoco esa urbanización. Y exigirá, como anunció el edil de Rehabilitación Mario López Rico, en sus charlas sobre el PGOM, la revisión de ése y otros seis convenios, algunos de última hora, incorporados pero "contrarios al espiritú" del documento diseñado por Busquets que los nacionalistas aprobaron inicialmente. Sobre todo, los acuerdos para urbanizar la cantera de As Rañas y el Monte Alfeirán que tanto disgustan al Bloque. Los socios nacionalistas de Losada no presentaron alegaciones. Pero sí lo hizo contra esos convenios la CIG. El sindicato nacionalista destaca el negocio para las empresas dueñas de As Rañas, donde el precio del metro cuadrado pasó de cuatro a 220 euros tras sellar los acuerdos de cesión con el gobierno local.
* ELPAIS.com - 20.02.10
Foto: El barrio del Agra do Orzán y las viviendas sociales de marineros, en A Coruña.- XURXO LOBATO, elpais.com
Los ecologistas acusan a la Diputación de eludir su responsabilidad sobre Barrika
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ELCORREO/Vizcaya* : Las instituciones aún no han dado una solución para la urbanización ilegalizada por el Supremo en la costa de Barrika. Dos sentencias judiciales -una del TSJPV y otra del Alto Tribunal- calificaron de «arbitraria y e injustificada» la recalificación de unos terrenos dentro del área de Barrikabaso, declarada de especial protección paisajística por el Gobierno vasco hace más de 20 años.
El cambio de uso de los suelos, donde ahora ya se encuentran construidos y habitados 14 chalés, los promovió el Ayuntamiento y los respaldó la Diputación, y ahora, cuando se ha solicitado proteger el área, «le pasa la pelota al Consistorio», según los ecologistas. Los miembros de la asociación Txipio Bai, promotora de los pleitos para salvaguardar la zona, creen que, con ello, la entidad foral «realiza una dejación de funciones, por cuanto tiene encomendada por ley velar por la legalidad urbanística y el interés general».
Los conservacionistas de Txipio Bai, solicitaron a la Diputación, a raíz de la última sentencia, que modificara el Plan Territorial Parcial-PTP (planeamiento urbanístico de la provincia) para que el documento incluyera esta zona costera de Barrika como un espacio protegido. Los ecologistas ven esta opción como una garantía de que no se construirá más allí. Y ésta fue una de las condiciones que impusieron para no solicitar la ejecución de la sentencia, que implicaría derribos e indemnizaciones millonarias.
Pero desde que el Supremo se pronunciase, los responsables forales se han escudado en el Ayuntamiento, afirmando que es el propio organismo municipal quien debe primero incluir la garantía de protección de la zona en su planeamiento. Volvió a suceder el jueves, cuando la oposición en Juntas Generales planteó una proposición en la que se instaba a la Diputación a proteger la zona de Barrikabaso por medio de la modificación del PTP. El grupo jeltzale se negó a apoyarla al considerar que «se cumplirá en la revisión del Plan General de Odenación Urbana», que el Ayuntamiento de Barrika debe abordar por imposición judicial, según la juntera peneuvista Nerea Ahedo.
El enfado de los ecologistas se acrecienta porque fue precisamente el Ayuntamiento quien aprobó el pasado 17 de diciembre instar a la Diputación a incluir esta zona en el PTP, y a Costas a ampliar la zona de servidumbre costera a los 200 metros, en lugar de a los 100 actuales, en esta polémica zona del municipio. «Esto prueba que los junteros nacionalistas confunden la autonomía municipal con la del equipo de gobierno», afirman fuentes de Txipio Bai. En el pleno, al igual que ocurrió el jueves, fueron los representantes de la oposición, que suman mayoría, quienes apoyaron estos puntos.
Lo que ocurre es que «aún no consta ningún escrito oficial de salida a la Diputación ni al Gobierno Vasco en el que el alcalde, a quien corresponde trasladar estas comunicaciones, dé cuenta de este acuerdo adoptado por el pleno en mayoría», explican los conservacionistas.
Por ello, la incertidumbre sobre la ilegalizada urbanización y sobre los terrenos que la acogen aún envuelve a la localidad. El alcalde, el jeltzale Juanjo Ezpeleta, niega rotundamente que la intención de su partido sea construir más en la zona. Según explicó, «un nuevo equipo redactor entrará este mismo año a elaborar un planeamiento para Barrika. Los especialistas deberán resolver las alegaciones planteadas al anterior avance y acatar la Sentencia del Supremo para esta zona del litoral, teniendo en cuenta las peticiones, tanto de vecinos, como de ecologistas».
Sin «presiones»
Pero los conservacionistas no están dispuestos a esperar tanto para ver la zona blindada al ladrillo, y además temen que el PNV, al mando de la Diputación y el Ayuntamiento, mantenga un doble juego. Mientras unos alegan que primero hay que modificar el planeamiento municipal para cambiar el PTP, el Consistorio mantiene colgado en su página web que «el Supremo anula la ordenación urbanística hasta ahora vigente en Muriola. Sin embargo, permanecen y prevalecen las determinaciones del PTP, que clasifica el suelo como urbanizable residencial».
El regidor, por su parte, afirma que «aquí no se está jugando a nada, ni permitiremos que se juege con Barrika. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar tranquilos. No vamos a construir más en la zona, la vamos a proteger porque somos los primeros interesados, como ya apoyamos en su día, pero todo se hará a su debido tiempo y como decidan los especialistas. No admitiremos presiones ni amenazas de nadie».
* El Correo - 20.02.10
Foto: Los chalés de Muriola afectados por la sentencia del Supremo. :: PEDRO URRESTI, elcorreo.com
