LAOPINIÓN/Málaga* : El Ayuntamiento de Vélez Málaga hará frente la próxima semana a buena parte de la sentencia condenatoria dictada en julio de 2008 por el Tribunal Supremo, que condenaba al Consistorio veleño a pagar 2,8 millones de euros a 18 vecinos del conjunto Ipanema, en Torre del Mar, debido a los daños sufridos por la contaminación acústica de los locales de ocio nocturno de la zona conocida como ´El Copo´.
Para ello, el Consistorio depositará 2.086.000 euros en el juzgado. La alcaldesa de la localidad, María Salomé Arroyo, informó de que el Consistorio pagará esta cantidad con la incautación del aval contraído a la anterior empresa concesionaria del servicio de limpieza, Urbaser, a la cual se le demandan 16 millones de euros por daños y prejuicios de la huelga del año 2005.
Para los 812.000 euros restantes, se ha fijado un principio de acuerdo con los vecinos de Ipanema, "con la intención de establecer un plan de pagos", apuntó la regidora veleña. Arroyo manifestó además que, tras la reunión con representantes de Urbaser, se iniciarán los trámites correspondientes para "alcanzar un acuerdo" sobre la demanda que el Ayuntamiento interpuso a la empresa".
El concejal de Hacienda, Fermín Domínguez (PSOE), apuntó que en el presupuesto municipal del pasado año "ya se contemplaba el pago de la sentencia de Ipanema con Urbaser" e indicó que el pleno ordinario del 29 de octubre de 2009 "se estableció la cantidad de 16 millones de euros, que se le reclamaba a la empresa de limpieza".
Domínguez añadió que "la intención del equipo de gobierno es llegar a un acuerdo con Urbaser, para no tener que recurrir a instancias judiciales".
La sentencia de Ipanema fue notificada en junio de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que consideró demostrado que el Ayuntamiento toleraba locales nocturnos de ocio sin licencias y que no cumplían la normativa vigente de ruido.
El Supremo condenó en julio del 2008 al Consistorio veleño a pagar una indemnización de 156.260 euros a cada vecino denunciante, por los daños sufridos por contaminación acústica desde 1990 hasta 2003.
En noviembre de 2009, el TSJA dictó un auto por el que reclamaba el embargo de bienes patrimoniales al Ayuntamiento, al no hacer frente al pago de la sentencia en el plazo previsto de 16 meses. Los vecinos de Ipanema señalaban que habían sufrido ruidos que llegaban hasta los 120 decibelios, cuando la normativa establece el límite en 30.
* La Opinión Málaga - 12.01.10
Foto: Sentencia. Edificio Ipanema, en Torre del Mar. Juanjo Zayas, laopiniondemalaga.es
Vélez pagará 2,8 millones a los vecinos de Ipanema por ruido
El sumario del asesinato de Polop confirma el móvil urbanístico
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ELPAÍS/Alicante* : El móvil del asesinato de alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, ocurrido hace dos años fue el urbanismo, según el sumario del caso. La magistrada instructora, la titular del Juzgado nº2 de La Vila Joiosa, levantó ayer el secreto de las actuaciones, dos meses después del primer arresto. Por estos hechos la juez ha enviado a prisión a siete personas, entre ellas, el sucesor de Ponsoda en la alcaldía, Juan Cano, también perteneciente al PP.
Las precarias condiciones de seguridad del juzgado ha llevado a la magistrada a ordenar la custodia de una copia del sumario (7.000 folios) en un banco.
La investigación policial, dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apuntó desde el comienzo de las pesquisas al urbanismo como móvil del crimen. Polop (localidad alicantina de 4.600 habitantes) tiene en marcha un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que preveía multiplicar por diez la población.
El sumario del caso sostiene que el último de los siete detenidos, el ex alcalde Juan Cano, estaría tras la autoría intelectual del tiroteo a Ponsoda, que habrían ejecutado dos sicarios checos. La principal prueba de cargo contra los implicados sería la declaración de Raúl Montero Trevijo, el primero de los detenidos, condenado por narcotráfico. Es él quien habría situado al dueño y al gerente del club Mesalina, a las afueras de Benidorm, al empresario del calzado de Polop y al alcalde de la localidad, Juan Cano, en un reservado del lupanar donde se habría urdido el compló.
Juan Cano fue concejal de Urbanismo entre 1995 y 2003, año en el que fue homologado el Plan General de Polop, que reconocía 11 sectores urbanizables en 7 millones de metros de su término municipal. Pero en las elecciones de 2003 fue apartado de la lista del PP porque unos meses antes llegó a la dirección provincial del partido una grabación (incorporada al sumario) en la que el mismo Cano, siendo regidor, solicitaba dinero a un empresario a cambio de la concesión de unos permisos.
Entonces Cano se alió con Joaquín Montiel, otro concejal, para obtener en 2004 la dirección del partido en la localidad, lo que sirvió para volver a ser concejal en 2007 y recuperar el control del urbanismo, aunque la mayoría de los sectores ya habían sido adjudicados en su ausencia.
Cano aprovechó su paso por la política para incrementar exponencialmente su patrimonio. En 2007 era titular de 24 cuentas bancarias, y un año antes, su mujer tenía ya 25. En algunas de ellas recibieron ingresos idénticos de hasta 220.000 euros en anualidades diferentes de empresas con intereses urbanísticos en Polop. Meses antes del crimen, Ponsoda rechazó un plan urbanístico que prevía otras 5.000 casas, y que contaba con el visto bueno de Cano.
* ELPAIS.com - 12.01.10
Foto: Polop (Alicante) - virtualtourist.com
Almería: Medio millar de británicos se echa a la calle para evitar el derribo de sus viviendas
ELMUNDO* : Medio millar de británicos residentes en las comarcas del Almanzora y el Levante de la provincia de Almería marcharon este lunes por las calles de la capital en demanda de una solución "inteligente" a la situación de inestabilidad jurídica de miles de viviendas de las que son propietarios y ante las órdenes de derribo firmes y en ejecución dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para ocho inmuebles diseminados por el término de Albox, cuyas licencias municipales han sido declaradas nulas.
Bajo lemas como 'Permitiría usted que se demoliese la casa de sus abuelos', 'Llegamos, compramos y fuimos engañados' o 'Basta de corrupción e incompetencia administrativa', los manifestantes, en su mayoría jubilados y convocados por la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) y el grupo homónimo en el Levante, reclamaron al Gobierno andaluz y al Ayuntamiento albojense que "evite estas actuaciones objetivamente injustas", así como que visualicen "los dramas humanos que causan sus decisiones que se escudan en la Ley".
La protesta llega tres días después de que un juez, a instancias de un recurso de incidencia interpuesto por el Ayuntamiento de Vera, ordenase paralizar la ejecución de una orden de derribo dictada contra una vivienda de un miembro de la AULAN y cuando se cumplen dos años de la demolición del inmueble propiedad de Leonard y Helen Prior, a quienes el amparo del Tribunal Constitucional (TC) llegó meses tarde y ahora viven en un garaje.
Una de las portavoces de la AUAN, Patricia Sampson, resaltó que al menos cinco de los afectados por las últimas ejecutorias firmes decretadas en Albox no tuvieron conocimiento del proceso judicial incoado contra sus viviendas en 2002 hasta 24 horas "antes del Día de Navidad", al tiempo que expresó su confianza en la gestión del actual equipo de gobierno en Albox "que nos ha dicho que no va a actuar de forma impulsiva, que no tiene fecha para la demolición y que van a hacer todo lo que esté en su poder para evitarlas".
'Buena fe'
Los ocho inmuebles, una mínima parte de las cerca de 11.000 fuera de ordenación que un estudio elaborado por los dos colectivos apunta que hay que la provincia almeriense, obtuvieron la licencia municipal pese a contar con un informe desfavorable de la Comisión Provincial de Urbanismo. Los propietarios alegan que adquirieron "de buena fe" y aluden a que "algo falla en el sistema cuando se prevé echar a un jubilados sin garantía de indemnización alguna y quebrando sus derechos humanos más básicos".
Las casas unifamiliares se localizan en las pedanías de Las Hortichuelas (2), La Aljambra (2), Las Labores (1), Las Pocicas (1), Rambla de la Higuera (1), El Saliente (1) aunque desde la AUAN y la AULAN destacan que hay "cientos más" inmersos en procedimientos contencioso-administrativos y critican "la lentitud" del sistema judicial español ante lo que califican como un problema que se ha convertido "en un escándalo a nivel nacional e internacional" con amplio eco "en la prensa británica. Esta tontería -advierten- va a provocar que todos los inversores británicos abandonen la zona".
El TSJA, en fallo contra el que no cabe recurso, ordena ejecutar el derribo, para el que aún no hay fecha, al entender que la nulidad prevalece sobre cualquier modificación que se quiera hacer en el planeamiento municipal, vía que la Junta está consensuado con los ayuntamientos implicados para intentar regularizar todas las viviendas fuera de ordenación a excepción de las que se levanten sobre suelo de especial protección o cauce público.
* El Mundo - E.P. - 11.01.10
Foto: Un instante de la manifestación. | Efe
Lugo: El incierto futuro de O Carme
LAVOZ* : En Lugo, decir O Carme, si se trata de urbanismo, es decir fracaso. O Carme es la batalla perdida de varios gobiernos locales, el inacabable quebradero de cabeza de unos propietarios de fincas con derecho a saber qué pueden hacer con ellas; es un terreno, de hecho, rústico al pie de la Muralla.
La decisión de la Xunta de exigir la redacción de un plan especial retrotrae la urbanización de este amplio espacio entre la primera y la segunda ronda a una etapa que parecía superada. La delegada municipal de Urbanismo abordará este asunto en la reunión que mantendrá mañana en la Consellería de Cultura.
La responsable del urbanismo lucense, María Novo, encabezará la delegación municipal que mañana tratará con representantes de la Consellería de Cultura sobre el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal. A ese encuentro irá acompañada de los jefes de servicio de Arquitectura y Urbanismo, así como por un arqueólogo. Novo no sólo quiere hablar del PXOM; quiere aclarar cuestiones relacionadas con la decisión de la Xunta de que el desarrollo de O Carme se articule mediante la redacción de un plan especial.
Sobre los citados terrenos recayó sentencia del Tribunal Superior de Xustiza en cuanto a la consideración de urbanos de aquellos que en el PGOU vigente (1991) no figuraban como tales. Después de vueltas y más vueltas, el Tribunal ordenó que la sentencia se ejecutase por la vía de la modificación del planeamiento. Días pasados, la Xunta decidió que es necesario redactar un plan especial.
La delegada de Urbanismo, María Novo, asegura que, una vez que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la decisión de la Xunta, informó de inmediato al TSXG, para ver cómo debe dar cumplimiento a la disposición autonómica sin dejar de atender la resolución dictada por el Tribunal.
Los propietarios de los terrenos de O Carme llevan esperando desde que empezaron los trámites para revisar el PGOU de los años 60 del pasado siglo a que la Administración les dé una solución.
* La Voz de Galicia - 12.01.10
Foto: Los planes para O Carme han sido numerosos pero ninguno se llevó a cabo hasta el momento - Óscar Cela, lavozdegalicia.es
Cláusulas abusivas en la venta de casas
ELPAÍS/Andalucía* : Uno de cada tres contratos de compraventa de vivienda en Andalucía (35%) incluye algún tipo de cláusula abusiva para el consumidor, como imponer al comprador el pago de plusvalías o los gastos que corresponden legalmente al vendedor, impedir al usuario la libre elección de notario o que se prevea un plazo de entrega de la vivienda sin fijar una fecha cierta.
Así se desprende de la campaña de inspección sobre la información en la compraventa y arrendamiento de viviendas realizada en 2009 por la Consejería de Salud a través de la Dirección General de Consumo. La consejera de Salud, María Jesús Montero, indicó ayer que, además, en uno de cada dos casos estudiados (49%) se ha detectado algún tipo de infracción de la normativa que protege al consumidor. Sin embargo, los incumplimientos se han reducido en 18 puntos respecto a la campaña de 2006.
Según Moreno, la reducción coincide con la puesta en marcha del nuevo Reglamento de Información al Consumidor en la Compraventa y Arrendamiento de Viviendas, que obliga desde hace tres años a las inmobiliarias y promotoras a tener a disposición del público un documento estandarizado con información clara y precisa sobre las características del inmueble y sobre las condiciones económicas de la oferta.
La campaña de inspección de Consumo en 2009 ha puesto de relieve que de las promociones de viviendas en las que se recogen cantidades a cuenta, el 26%, es decir, la cuarta parte de ellas, no estaba avalada o asegurada individualmente para cada comprador, si bien en 2008 este porcentaje fue el 44%. Además, el 5% de los casos los contratos de compraventa incluyen cláusulas que facultan al vendedor al incremento del precio final pactado.
La Junta abrió en 2009 unos 400 expedientes sancionadores en materia de vivienda que han supuesto más de 2,2 millones de euros en multas. El sector de la vivienda, con 1.270 reclamaciones, ocupa el sexto lugar en cuanto a las quejas recibidas en los servicios de consumo de la Junta, por detrás de los servicios esenciales, los servicios de comunicaciones, el comercio minorista, los transportes y las entidades financieras.
* ELPAIS.com - 12.01.10
Foto: Sevilla, pisos - diariodesevilla.es
