INFORMACIÓN* : El ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y la actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, están en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción que considera que ambos podrían tener responsabilidades penales en presuntas irregularidades relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU). El fiscal ve indicios tanto para imputar a Alperi como a su sucesora -mano derecha del ex alcalde y ex concejala de Urbanismo antes de ser primera edil- en relación con presuntas anomalías vinculadas al PGOU, según ha podido saber este diario.
Las supuestas irregularidades urbanísticas que el fiscal pide investigar forman parte de una de las piezas separadas que el juez de Orihuela que instruye el grueso del "caso Brugal" envió a Alicante por tratarse de asuntos desvinculados de la trama principal, aunque descubiertos a raíz de ésta.
Todas las investigaciones parten de un nexo común, que son las intervenciones telefónicas efectuadas por la Policía a, entre otros, los empresarios Enrique Ortiz, Rafael Gregoy y Ángel Fenoll y hasta el propio presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll.
El procedimiento que afecta al PGOU de Alicante recayó en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular, Manrique Tejada, ha asumido la investigación. Este diario ha podido saber que tanto el informe policial remitido al Palacio de Justicia de Benalúa como el elaborado por la Fiscalía Anticorrupción contienen material del que se desprende que podrían existir indicios de delito hasta el punto de que el fiscal, en su argumentación para que el asunto se enviara a Alicante, plantea la posible imputación del anterior regidor y de la actual .
El asunto está bajo secreto de sumario (motivo por el que no han trascendido las supuestas anomalías) y el principal escollo con el que ahora se encuentra el magistrado Tejada radica en que no dispone de la causa completa para calibrar el alcance de los hechos avanzados por la Policía y el fiscal. El propio juzgado solicitó las diligencias el pasado mes de julio sin que hasta el momento las haya recibido. Prácticamente todos los juzgados con piezas separadas del "caso Brugal" están esperando la documentación que tiene que enviar el juez de Orihuela, Carlos San Martín. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, se encargó en su momento de repartir un avance de los procedimientos por los seis juzgados a los que les ha tocado pronunciarse sobre la competencia en estos asuntos.
Aforado
Una vez que la causa sobre las supuestas irregularidades urbanísticas llegue al juez Tejada, éste tendrá que estudiarla, realizar una instrucción previa y decidir si, como prevé el fiscal, se produce una imputación formal, o si no existe base para ello. Si el magistrado viera indicios de delito tras efectuar estas averiguaciones y estos implicaran a Alperi, el caso tendría que ser remitido al Tribunal Superior de Justicia al estar el ex alcalde aforado por su actual condición de diputado autonómico.
La situación de aforado del anterior alcalde ya ha obligado en otras ocasiones a los jueces alicantinos a remitir causas al tribunal autonómico. Tal fue el caso de los tres aparcamientos subterráneos adjudicados a Ortiz, un asunto en el que se investigaba un presunto trato de favor al empresario por parte del Ayuntamiento y que, tras la instrucción llevada a cabo por el magistrado Jesús Gómez-Angulo durante casi un año, acabó archivando el TSJ nada más recibir la causa.
Igual final para Alperi tuvo el "caso Mercalicante" abierto por un desfalco millonario en la empresa de capital mixto. El máximo órgano judicial de la Comunidad, a cuyo frente se encuentra Juan Luis de la Rúa, concluyó que el ex alcalde no podía ser considerado responsable del agujero contable de la mercantil.
El juez de Orihuela no entrega documentos desde hace 40 días
El juez del caso Brugal, que investiga, entre otros, el Plan Zonal de la Vega Baja o la adjudicación de la recogida de basuras en Orihuela, anunció el 2 de septiembre que levantaba el secreto de sumario. Cuatro días más tarde, el día 6, entregó a las defensas, en soporte digital, las escuchas policiales a políticos y empresarios imputados; entre ellos, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, o los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. En total, casi 2.000 folios de documentación y sólo una pequeña parte de lo que hay en el sumario. Cuarenta días los abogados se preguntan dónde está el resto. El magistrado ya dijo entonces que tenía graves problemas para facilitar la documentación por la falta de medios en el juzgado. No ha puesto al día de hoy otra excusa. En este tiempo sólo ha notificado recursos contra sus autos. D.P./M.A.
El mismo juzgado que investiga a Gregory
El juzgado que ha asumido la investigación por presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante es el mismo que indaga también supuestas actuaciones delictivas en relación con la compraventa de camiones de Autisa, mercantil del empresario Rafael Gregory, imputado en el grueso del "caso Brugal". Esta pieza separada, también desgajada de la investigación de las basuras, fue incorporada a la abierta la pasada primavera por la presunta estafa en el renting de camiones en la que aparecen imputados Gregory y un hermano suyo.
* Información - 16.10.10
Foto: Alperi y Castedo (archivo) - adn
Alicante.- La Fiscalía ve indicios para imputar a Castedo y Alperi
A Coruña.- Los edificios que destruyó el siglo XX
LAVOZDEGALICIA* : El Ayuntamiento se marcó como objetivos para la elaboración del nuevo listado de bienes protegidos la actualización del catálogo vigente, la inclusión de nuevos elementos exteriores al ámbito del Pepri y dar coherencia al catálogo con la normativa que regula la ciudad. El concejal de Rehabilitación Urbana e Vivenda, Mario López Rico, explicó que con el paso del tiempo los poderes públicos, en concreto la administración local, se ha dado cuenta de la necesidad de promover la revisión de los planes generales y de conservar el patrimonio construido ya que se trata, según aseguró, «dun ben estratéxico, que conserva as señas de identidade do pasado dunha cidade e que conforma a aposta de futuro con elementos diferenciadores que dan calidade urbana e valor patrimonial á Coruña».
De hecho, según indica, las ciudades que logran conservar, rehabilitar y proteger sus elementos patrimoniales adquieren «un valor que cada vez se aprecia máis».
Mario López Rico explicó que los años 60 fueron «terroríficos» en la ciudad coruñesa ya que desaparecieron entonces innumerables y magníficos ejemplos de la arquitectura coruñesa. Se derribó, por ejemplo, la antigua fachada de Juana de Vega donde estaba ubicado el Hotel Francia, entre el Banco de España y la plaza de Mina, y la presión urbanística modificó completamente y de forma irremediable la fachada del Cantón Grande y del Cantón Pequeño, donde la tradicional arquitectura coruñesa de galerías fue sustituida por grandes edificios que, según comentó el concejal de Rehabilitación Urbana «coparon con contundencia o espazo máis emblemático da cidade como mostra do seu poderío económico durante os anos 70 e 80».
Otros derribos paradigmáticos a lo largo del último siglo fueron los del asilo de la calle Adelaida Muro, la Casa dos Tobías de Puerta Real o la Casa Gótica (del siglo XV) del Parrote, que fue demolida en el año 1936. En la zona del relleno portuario, donde actualmente están los jardines de Méndez Núñez, el Pabellón Lino desapareció debido a un incendio y el Teatro-Circo Emilia Pardo Bazán se demolió en 1915 para dejar espacio al actual edificio de la Autoridad Portuaria. A lo largo de toda la ciudad se produjeron casos similares: en la Gaiteira se derribó la Estación del Norte; en la calle Betanzos se demolió el antiguo colegio de los Maristas; los hoteles Atlantic y Palace, en los Cantones y el mercado Da Guarda diseñado por Pedro Mariño. También en la Ciudad Vieja se eliminaron antiguos edificios monumentales y de muy buena calidad arquitectónica para dejar libres solares «nos que despois se levantaron verdadeiros adefesios», comentó López Rico.
A pesar de que hubo momentos de la historia coruñesa en la que primó la especulación y el urbanismo voraz que hizo desaparecer significativas construcciones, el concejal y arquitecto López Rico destaca que las galerías de la Marina consiguieron sobrevivir «porque foron protexidas polo recoñecemento mundial que xa tiñan, pola magnífica calidade da construcción e porque se conservaron en óptimas condicións xa que sempre estiveron ocupadas por xente con máis ou menos posibles». Por lo tanto, aunque las galerías sufrieron «atentados» puntuales y salpicados a lo largo del tiempo estos no consiguieron hacer desaparecer toda la fachada de cristal y madera.
Según indicó el concejal nacionalista, el Ayuntamiento coruñés está realizando ahora un esfuerzo importante para que el nuevo PGOM amplíe la protección a edificios y construcciones singulares y, de esta forma, evitar que desaparezcan bien por la acción urbanística bien por la dejadez de sus propietarios. La declaración de las zonas ARI (área de rehabilitación integral), la revisión del plan Pepri y las ordenanzas que extienden a toda la ciudad las ayudas para rehabilitación son algunas de las actuaciones municipales que luchan contra el abandono de los edificios de la ciudad y los atentados urbanísticos. En este sentido, destacó que ya se ha realizado la séptima convocatoria de ayudas para rehabilitación en el casco histórico puesto que, según reconoce, «non hai conservación e rehabilitación sen a intervención pública».
* La Voz de Galicia - 17.10.10
Foto: La Casa Gótica del Parrote, que había funcionado como cárcel, fue demolida en 1936 - lavozdegalicia
El Raval: la ciudad sin puertas
JUDIT CARRERA/Barcelona* : Sostiene la antropóloga brasileña Teresa Caldeira que las periferias urbanas son simultáneamente espacios de marginalidad e innovación creativa, porque sus habitantes no son sólo consumidores o víctimas de los que las diseñan, sino agentes que participan de forma activa en su proceso de urbanización. Las periferias, según Caldeira, no serían espacios cerrados o aislados, sino procesos de formación social y urbana en constante transformación que nos obligan a repensar ese sistema de coexistencia pacífica entre diferentes al que llamamos democracia.La Rambla del Raval cumple 10 años y nuestro centro más periférico sigue viviendo al límite. Su condición de barrio frontera -recordemos que raval proviene del vocablo árabe rábad, que significa espacio marginal o exterior a las murallas- no le ha abandonado a lo largo de la historia. Su transformación ha sido colosal y globalmente positiva durante los últimos 30 años, como se han encargado de demostrar numerosos estudios. Y, sin embargo, el Raval sigue siendo -con permiso de las periferias metropolitanas- el espacio de vida más precario de Barcelona.
Su esperanza de vida media es siete años inferior a la del barrio de Les Corts. Aumenta el fenómeno de los sin techo, se intensifican las situaciones de infravivienda y vuelve a haber hambre en el Raval. Sus escuelas reciben todo tipo de presiones y asisten impotentes a la huida de los hijos de las clases medias. En el año 1996, los habitantes de origen extranjero suponían el 9,4% de la población; 14 años más tarde, esta cifra supera el 47%, mientras que en el resto de ciudad se mantiene alrededor del 17%. Las 109 hectáreas del Raval soportan la presión simultánea de inmigración, ocio nocturno, turismo y exclusión social en intensidades muy extremas.
Pero mientras algunos se empeñan en cerrar los porches de la Boqueria como solución a los problemas, la vida en el Raval sigue transcurriendo en un delicado equilibrio. En él conviven más de 70 nacionalidades que comparten pisos, calles, negocios y oratorios. Sin embargo, ninguna de las comunidades de origen extranjero supera el 10% de la población total: algunos expertos defienden que la densidad urbana ha sido el mejor antídoto contra la formación de guetos en el barrio. En el Raval se oyen diariamente decenas de lenguas, ajenas a los debates que en parlamentos y televisiones siguen anclados en la supuesta contradicción entre catalán y castellano. Si es cierto que el choque de civilizaciones se juega diariamente en nuestros barrios, entonces el Raval es un modelo de pluralismo y de democracia por venir. Porque la vida fluye en el Raval, con tensión, sin duda, pero con espacios urbanos que albergan usos mixtos, así como una vida cultural y económica intensa y variada. También esta rambla que ahora celebra su décimo aniversario se ha acabado convirtiendo en un ejemplo de buen urbanismo, aquel que, según Manuel de Solà-Morales, y más allá de cánones de belleza o de grandeza, proporciona al ciudadano la conciencia de pertenecer a una comunidad más amplia. En la Rambla del Raval, uno percibe la magnitud y los límites del barrio mientras toma conciencia de su inserción en la ciudad, con la perspectiva lejana de la torre de Collserola en el Norte y el cercano olor del puerto en el Sur. En muchos aspectos, el Raval cumple las condiciones de apertura, pluralidad y autoconciencia que la filósofa Seyla Benhabib otorga a un espacio público plenamente democrático.
Es inútil poner puertas en el Raval: la realidad se infiltrará a través de cualquier valla. La lucha por el Raval no es una batalla de restricciones o control policial, sino el deber de exigir políticas urbanas, sociales y educativas que consigan reducir las desigualdades, mejorar las miserables condiciones de vida de una parte importante de sus habitantes y preservar lo que, sorprendentemente, funciona. Porque en la pequeña superficie del Raval se concentran algunos de los principales retos de la sociedad contemporánea y, a pesar de todo, el barrio se sostiene. Y lo hace poniendo cada día a prueba nuestra democracia de manera radical. La hospitalidad es el derecho de todo extranjero a no recibir un trato hostil por el mero hecho de ser llegado al territorio de otro. Cuando Francia reivindica el derecho de expulsión, el Raval ofrece en su frágil equilibrio algunos signos de esperanza.
* Judit Carrera es politóloga.
* El País - http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Raval/ciudad/puertas/elpepuespcat/20101007elpcat_4/Tes">* El País - Opinión - 7.10.10
Canarias tiene un sistema urbanístico obsoleto que produce normas en exceso
ELDÍA* : Si Canarias quiere alcanzar un desarrollo sostenible lo primero que debe hacer es repensar sus instituciones y procesos de toma de decisiones en materia de ordenación territorial, que derivan del sistema impuesto en España en 1956. Ahora ambos constituyen un lastre al ser "obsoletos", por lo que urge su adaptación y modernización, según explicó ayer el Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Universidad Carlos III de Madrid en la primera de las mesas de trabajo en el marco de las jornadas parlamentarias sobre "Ideas para el futuro", que en esta última edición abordó el binomio territorio y población. Además, este sistema produce normas en exceso que resultan contradictorias entre sí.
Este último aspecto fue una crítica compartida por Víctor Hernández, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias y Miguel Becerra, director adjunto de Gestur Tenerife, que también intervinieron en la mesa que abordó el territorio, así como Juan José Santana, jefe de área de Coordinación de Planeamiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.
En la mesa sobre población participaron Luis Alberto García, catedrático de Psicología de la Educación de la ULL; Vicente Manuel Zapata, profesor titular de Geografía Humana de la ULL y Dirk Godenau, director científico del Observatorio de la Inmigración en Tenerife (Obiten).
Parejo explicó que uno de los problemas "prácticos" que enfrenta Canarias en materia de ordenación territorial es que la legislación canaria sigue lastrada por el corsé del conjunto institucional de 1956, por lo que hay que replantearse el proceso de toma de decisiones en esta materia para hacerlo más simple y adaptarse a la evolución de las circunstancias.
Eso sí, el nuevo modelo debe contemplar que ya no hay dinero público para ayudas, por lo que para ser sostenible debe apostar por la "compactación": combatir la dispersión de la población para lograr una mayor eficiencia energética y abaratar el coste de los servicios públicos. Una vía para conseguirlo, explicó parejo, es la apuesta por la rehabilitación urbana.
Víctor Hernández aclara que "el desarrollo tiene que ver con progreso, no con crecimiento" y explicó que con transformaciones "simples" se puede mejorar la eficiencia territorial. Aboga por una "revolución" que actualice el urbanismo vigente para hacerlo más "dinámico". Critica que España pasó de "casi no tener normas" territoriales a una "inflación" posterior que ha llegado a convertirse en una verdadera "hemorragia" que hace difícil cumplirlas porque son contradictorias y actúan en distintos niveles de aplicación.
Miguel Becerra defendió el nivel técnico de esas normas, si bien cree que lo coyuntural se impuso sobre lo estructural, por lo que ve un desarrollo normativo con "demasiado detalle" en ciertos asuntos.
* El Día - 15.10.10
Foto: Santa Cruz, mamotreto las Teresitas - google
Condenado el alcalde de Quesada
DIARIOJAÉN* : Manuel Vallejo Laso, el alcalde socialista de Quesada, ha sido condenado a seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público por no denunciar las casas ilegales levantadas en su término municipal entre los años 2003 y 2005. También han sido castigados con penas de prisión otros ocho vecinos por construir sus licencias.Se trata del primer caso en el que se condena a un alcalde en activo de la provincia por delitos relacionados con el urbanismo. En román paladino, la Justicia ha considerado que Manuel Vallejo Laso hizo “la vista gorda” con numerosas edificaciones levantadas sin licencia en el paraje de El Llano, una zona no urbanizable situada en las afueras de Quesada.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 dice textualmente: “Esas construcciones, que eran conocidas por el alcalde, no fueron deliberadamente denunciadas a la Fiscalía para proceder contra sus promotores, directores o técnicos”. Este proceso judicial comenzó por una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, concluida en junio de 2008. En principio, fueron imputadas veinticuatro personas. No obstante, sólo nueve se sentaron en el banquillo de los acusados. Se trata de seis propietarios, dos constructores y el propio Manuel Vallejo Laso. Los demás casos ya habían prescrito.
La resolución judicial asegura que los acusados levantaron en el paraje de El Llano viviendas unifamiliares de unos cien metros cuadrados, con piscina. Son construcciones destinadas a la segunda residencia y al recreo. Incluso, una de ellas cuenta con dos plantas y casi doscientos metros de superficie. Por ello, los propietarios y los constructores han sido condenados a ocho meses de prisión.
Por otro lado, el Ayuntamiento llegó a paralizar las obras de varias de estas construcciones en más de una ocasión, algunas hasta en seis veces. ¿Por qué, entonces, se ha condenado al alcalde de Quesada? Simplemente, porque conocía la situación de ilegalidad y no la denunció ante la Guardia Civil y Fiscalía “como era su obligación”, tal y como se establece en la sentencia del Penal número 1.
Sobre el espinoso asunto de las demoliciones, la juez ha decidido no derribar lo construido al margen de la normativa. Su razonamiento es el que aplica la jurisprudencia de la Audiencia Nacional. La magistrada Carmen Carpio asegura que en el paraje de El Llano existen unas 115 viviendas, de las que sólo el 40 por ciento son de reciente construcción. Es decir, judicialmente no se puede actuar contra las demás edificaciones, por lo que se quedarán en pie “por los siglos de los siglos”. Si se echan abajo las más nuevas, supondría “un agravio comparativo” para sus propietarios, “además de un elemento de distorsión”. Al respecto, la jueza aporta otros argumentos para no demoler los chales: “Se encuentran junto a otras que no han sido demolidas, no están aisladas, cuentan con acometidas de luz y agua y satisfacen los impuestos de naturaleza urbana”.
La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia en el plazo de diez días. El alcalde ya ha anunciado que presentará alegaciones, pues se considera inocente. También se da por seguro el recurso de la Fiscalía, que solicitará al máximo órgano judicial de la provincia que derribe las viviendas ilegales.
* Diario Jaén - 15.10.10
Foto: Quesada - galeon
Mucho ruido y tres nueces
MANUEL BUITRAGO/Murcia* : Aquí hay cosas que no cuadran. Doce días después del zarpazo pegado por la Fiscalía y los agentes de la UCO al núcleo del urbanismo murciano -poniendo la imagen de la ciudad y de la Región a los pies de los caballos- nos encontramos con que el juez del 'caso Umbra' ha ido tomando unas decisiones que para nada se ajustan, aparentemente, a la gravedad de los hechos que se investigan. Al menos, como han sido escenificados ante la opinión pública. Con la perspectiva de estos días, existe una desproporción inexplicable entre la operación policial que desencadenó la detención de tres personas, varios registros, la apertura de cajas de seguridad y una lista de imputados, con lo que el juez resolvió inmediatamente después: los tres arrestados quedaron en libertad al día siguiente pagando unas fianzas minúsculas si se miran bajo la lupa de la alarma social creada.
El empresario Renato de Noce se libró de la cárcel con una cantidad 30 veces inferior por la que tiene que responder Isabel Pantoja. Mientras tanto, el funcionario y ex número dos del Urbanismo en Murcia, Alberto Guerra, afrontó la menor fianza, pese a haber sido colocado en el centro de la diana y ser presentado, supuestamente, como el más salpicado por una trama de corrupción cuya arboladura se desconoce. Sólo asoma una rama que, por ahora, se ve poco poblada de pruebas graves a tenor de las medidas cautelares tomadas contra éstos. Se podían haber ahorrado las detenciones. Bastaba con haberlos citado a declarar y que luego apechugaran con lo que viniera... salvo que primara el deseo de pasearlos ante las cámaras. En el caso de Jesús Samper, choca que haya salido sin ninguna medida cautelar, con todo lo que viaja y lo que mueve, aunque le hayan colgado otro presunto delito.
Llama también la atención que el juez no haya apreciado riesgo de fuga ni de destrucción de documentos para ordenar otras medidas severas de los antes detenidos. Y hay montañas de documentos levantadas con los convenios urbanísticos de la zona norte. Que se sepa, son los papeles que se llevaron los agentes de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, junto a los que se hayan requisado en los demás registros.
Si las fianzas sirven para calibrar el nivel de la corrupción que se persigue, hay que decir que la Fiscalía tendrá que esmerarse más para darle mayor sentido a lo que está pasando. Le vale porque el tema se le desinfla ante la opinión pública. Los implicados siguen inmersos en un procedimiento por una larga lista de presuntos delitos. Cabe deducir, en teoría, que queda tela que cortar y que pueden producirse -ya veremos- otros hitos relevantes que den un giro de 180 grados a un caso que, según lo visto hasta ahora, no parece estar a la altura de las expectativas que levantó el primer día y que puso a la Región en el disparadero nacional de una forma excesiva y gratuita. Ya se ha comprobado que una imagen vale más que mil juicios. Todo muy extraño. Que el juez nos ilumine...
* La Verdad - Opinión - 16.10.10
