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MÁLAGAHOY* : La corrupción se ha socializado en la Axarquía, así al menos lo afirma el grupo GENA-Ecologistas en Acción en su informe sobre el impacto del urbanismo disperso en suelo rústico en esta comarca. El estudio precisa que no existe una percepción social de la corrupción. Es más, todo indica que la idea de fondo es que "cuanto más se construya o cuanto más se urbanice mejor para la sociedad". Esto explica, por ejemplo, que los escándalos urbanísticos no hayan sido denunciado y hayan permanecido ocultos hasta la intervención de la Justicia.
La corrupción se ha socializado en la Axarquía, así al menos lo afirma el grupo GENA-Ecologistas en Acción en su informe sobre el impacto del urbanismo disperso en suelo rústico en esta comarca. El estudio precisa que no existe una percepción social de la corrupción. Es más, todo indica que la idea de fondo es que "cuanto más se construya o cuanto más se urbanice mejor para la sociedad". Esto explica, por ejemplo, que los escándalos urbanísticos no hayan sido denunciado y hayan permanecido ocultos hasta la intervención de la Justicia.
* Málaga Hoy - 23.01.10
Foto: Axarquía (Málaga) - infoaxarquia.es
"Los alcaldes no quieren planeamientos para no acabar así con el negocio"
180.000 euros de multa por el soborno del campo de golf de Laguardia
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ELPAÍS/Álava* : El campo de golf de Laguardia se quiso impulsar con el soborno a un concejal de Eusko Alkartasuna (EA). Así lo reconoce el juez Jaime Tapia en la sentencia que se dio a conocer ayer por la que considera probado que Gregorio Ochoa quiso comprar el voto del edil Gregorio López en dos ocasiones a cambio de hasta 90.000 euros. El autor de este delito de cohecho ha sido condenado a una multa de 180.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público durante 21 meses y un día.
Los hechos se remontan a septiembre de 2007, cuando una tercera persona contactó con Ochoa para que hiciera cambiar el sentido de su voto al concejal Gregorio López, y que éste votara en el pleno del Ayuntamiento a favor de la construcción del campo de golf en la citada localidad alavesa, pese a que su partido se mostraba contrario.
Rechazo del PNV
El PP, impulsor decidido del proyecto, había perdido la alcaldía de Laguardia en ese año, en beneficio del PNV con 4 concejales, apoyado por el de EA, mientras que los populares se quedaban con cuatro. PNV y EA se oponían y se oponen al proyecto. El acusado señaló en repetidas ocasiones a Mario Balza de Vallejo como inductor del soborno, pero el juez le ha absuelto por falta de pruebas.
De este modo, no se conoce quién estaba detrás de los 120.000 euros que manejaba Ochoa para la operación, aunque su ofrecimiento se quedó en 90.000. Según reconoce la sentencia, en una primera reunión, el 28 de septiembre, la cantidad propuesta alcanzó los 60.000 euros. El concejal de EA, advertido de la trascendencia del soborno, lo denunció a la Ertzaintza, que grabó la segunda reunión, el 5 de diciembre de ese año, horas antes de que el pleno se posicionara sobre el proyecto de campo de golf. Entonces, reunidos en la bodega del edil Gregorio López, el condenado le subió el soborno a 90.000 euros, mientras ertzainas grababan en vídeo la conversación, la principal prueba contra Ochoa.
El proyecto se presentó en 2002. Era un millón de metros cuadrados y 100 viviendas, siendo alcalde el popular Javier San Pedro. En 2005, el Ayuntamiento amplió el plan a 500 viviendas. Al final se redujeron a 300, pero la pérdida del poder del PP y el soborno aparcaron la idea.
* ELPAIS.com - 23.01.10
Foto: Laguardia (Álava) - elciego.es
Arousa: Los vecinos de A Torre y Trabanca denuncian las edificaciones ilegales en la zona de Berdón
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FARODEVIGO* : Los vecinos de A Torre y Trabanca Badiña están indignados con la escasa respuesta del Concello de Vilagarcía de Arousa a sus denuncias sobre la ejecución de construcciones ilegales en la zona de Berdón. Exigen que se tomen las medidas pertinentes en estos casos, que pasan por el control de la legalidad urbanística y la paralización de las obras que se llevan a cabo en terrenos no edificables.
El colmo del malestar de estos colectivos vecinales del municipio se produjo por la nueva vivienda que se construye frente al campo de fútbol de Berdón por parte de una familia gitana en una parcela que carece de edificabilidad.
Entrevistas y escritos
Juan Davila, por parte de la asociación de vecinos de A Torre, y Faustino Laya, en representación de la asociación de Trabanca Badiña, cursaron varios escritos en el Concello de Vilagarcía denunciando las edificaciones ilegales y solicitando la aplicación de la legislación vigente, según lo estipulado en el Plan Xeral de Ordenación Municipal-PXOM.
Los directivos vecinales también se entrevistaron juntos y por separado con los representantes del gobierno municipal para ponerles al corriente del problema generado por el asentamiento de unas treinta familias gitanas en terrenos de monte protegidos en los que se construyen chabolas con la más absoluta impunidad. Pero se sienten defraudados por la escasa repercusión de sus denuncias, dado que las edificaciones continúan llevándose a cabo a la vista de todos.
"No tenemos nada contra las familias gitanas, no somos racistas. Lo único que pedimos es que cumplan la legislación vigente, tal como se nos exige a nosotros que la respetemos; en igualdad de condiciones", declaraban ayer Juan Davila y Faustino Laya.
Ambos directivos señalaron que de todas las denuncias que cursaron en el Concello de Vilgarcía la única que ha tenido efectividad ha sido la relacionada con la construcción de una iglesia evangélica el pasado verano en las proximidades de la Depuradora de Agua Potable, en Trabanca Badiña.
En ese momento el Concello de Vilagarcía, tras cursar la correspondiente inspección, ordenó la paralización y derribo de la construcción dado que las obras, además de carecer de la preceptiva licencia municipal, estaban emplazadas en suelo rústico y dentro de la zona de protección arqueológica del Castro de Curuto, por lo que se trataba de una construcción imposible de legalizar.
Los escritos vecinales sobre las construcciones ilegales fueron también cursadas a otros organismos de la Administración encargados de la protección de los montes, pero tampoco estas reclamaciones tuvieron respuesta.
Sin servicios básicos
Los vecinos ponen de manifiesto que estas chabolas se levantan en suelo protegido que carece de los servicios básicos para la construcción de viviendas, lo que además supone un problema sanitario.
Las asociaciones destacan que estas edificaciones van creciendo paulatinamente con nuevos bloques de ladrillos y chapas y, para colmo en las inmediaciones de las viviendas van apareciendo diversos vertederos incontrolados.
Uno de los más importantes se encuentra detrás del campo de fútbol de Berdón y en él pueden encontrarse todo tipo de desperdicios, algunos de ellos muy contaminantes y próximos a un regato.
La existencia de este vertedero incontrolado, que sigue creciendo con el paso del tiempo, fue denunciada por los concejales del grupo municipal de IU hace ya más de medio año.
* Faro de Vigo - 23.01.10
Foto: La obra ilegal denunciada por los vecinos de A Torre y Trabanba Badiña. // Iñaki Abella, farodevigo.es
Ulibarri dio un pelotazo de 24 millones en Zamora
PÚBLICO* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha comenzado a investigar un posible pelotazo urbanístico en Zamora cifrado en más de 24 millones de euros y del que se habría beneficiado el empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel. Las supuestas irregularidades las habrían cometido el anterior alcalde y su teniente de alcalde, Antonio Vázquez y Ángel Macías, que hoy ya no están en el Ayuntamiento zamorano, aunque el ex regidor es ahora diputado nacional.
El fiscal acaba de notificar la apertura de diligencias informativas y el traslado del asunto a la Fiscalía Provincial de Zamora "para que proceda en su caso a la investigación procedente".
El presunto pelotazo se gestó mediante la sobrevaloración de un edificio todavía por construir que iba a alquilar, con opción de compra, el Consistorio de Zamora a UFC-Begar, una de las empresas de Ulibarri. Según un informe del secretario general del ayuntamiento, fechado el pasado día 11, el consistorio contrató, a dedo y sin tasación previa, el alquiler del futuro edificio durante 25 años por 52,6 millones, pese a que el pliego técnico de condiciones cifraba el gasto total en 28 millones.
Contrato antes de las elecciones
El contrato, suscrito en vísperas de los comicios locales el 6 de marzo de 2007 y sin intervención notarial, nunca llegó a ejecutarse: tras las elecciones municipales, la nueva alcaldesa, también del PP, paró en seco la operación. El jefe del servicio municipal de Hacienda había advertido antes de la firma de que el contrato con UFC era "nefasto" para los intereses municipales. Paradójicamente, el ayuntamiento se arriesga ahora a ser condenado en la demanda interpuesta por Ulibarri, que exige una indemnización por daños y perjuicios.
La denuncia partió del grupo municipal de IU. Los denunciantes basaron su acusación en los informes emitidos por los propios técnicos municipales.
Según los documentos a los que ha tenido acceso Público, entre 2005, cuando se aprobó un procedimiento negociado sin publicidad para alquilar un edificio que se destinara a oficinas municipales, y marzo de 2007, cuando se firmó el contrato, las cosas cambiaron radicalmente: dos empresas se sucedieron en la negociación, la inmobiliaria Remesal y Salas, que según el secretario del consistorio actuaba como intermediara, y UFC.
Cuando entró en escena abiertamente la empresa de Ulibarri, los términos del pliego de condiciones quedaron alterados de manera "lesiva" para el municipio, y así lo subrayan el secretario general, que es el funcionario de mayor rango, y el jefe de servicio de Hacienda.
En términos generales y según el citado informe del secretario, "la oferta presentada en enero de 2006 por la empresa UFC y el acuerdo plenario de 2 de febrero de 2006, al igual que el contrato de marzo de 2007, deben considerarse lesivos para el interés público en lesividad jurídica y lesividad económica".
Fue en 2005 cuando se presentó el primer proyecto, auspiciado formalmente por la inmobilaria zamorana Remesal y Salas. Según esa oferta, el consistorio pagaría 28 millones de euros en total por el alquiler con opción a compra del edificio que debía levantarse en la céntrica calle La Reina y destinado a albergar dependencias municipales. Se trataba de una oferta "aceptable y razonable", según el jefe del Servicio de Hacienda del Ayuntamiento. En 2006, entra en escena UFC. Y la oferta cambia y se encarece en 24 millones.
* Público - 23.01.10
Foto: Solar de la zamorana calle de La Reina donde debía alzarse el edificio. - Ical, publico.es
El TSJ multa a la edil de Urbanismo de Alcoy por incumplir el fallo de La Rosaleda
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LAVERDAD/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha impuesto una multa de 1.500 euros a la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcoy, Eugenia del Castillo, por el retraso en el cumplimiento de la sentencia dictada en el año 2005, que declaraba ilegal el parking de La Rosaleda y obligaba reponer la zona verde. La sanción tiene carácter coercitivo y se repetirá en caso de que en los próximos tres meses no se produzcan avances. El alto tribunal amenaza con denunciar los hechos ante el Ministerio Fiscal, por un posible delito de desobediencia.
La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció, ya denunciaba hace unos meses que el Consistorio alcoyano seguía sin acatar la decisión adoptada en septiembre de 2005 por parte del TSJ.
Así, la sala contestaba el 18 de enero que «la táctica de dicho Ayuntamiento ha sido la de plantear incidentes procesales de escaso fundamento y que rozaban la temeridad procesal. De lo anterior y del tiempo transcurrido desde la fecha de la sentencia, que era clara y tajante, se deduce que lo que pretenden las personas que representan a dicha Corporación es sustraerse al mandato de este órgano judicial mediante argucias, dejar las cosas como están en definitiva, con claro desprecio al cumplimiento de la Ley, en una actitud que desgraciadamente se está extendiendo entre determinada clase de representantes público».
Ante esta situación, el alto tribunal ha acordado imponer una sanción de 1.500 euros a la concejal de Urbanismo, Eugenia del Castillo, al considerarla responsable del retraso en la reposición de la zona verde de La Rosaleda. El importe de la multa es prácticamente el máximo que prevé la Ley de la jurisdicción contenciosa para los casos en que las autoridades no cumplen los requerimientos judiciales, que oscilan entre los 150,25 y 1.502,53 euros. La sanción se repetirá en caso de que en los próximos tres meses no se produzcan avances sustanciales en la ejecución de la sentencia. Además, el TSJ amenaza con denunciar los hechos ante el Ministerio Fiscal, por un posible delito de desobediencia.
Con todo, los ecologistas reclaman al Gobierno municipal del PP «que abandone la deplorable actitud que ha mantenido hasta ahora y trabaje con diligencia por una zona verde de calidad, digna de los vecinos de Alcoy».
Concurso
Recordar que los populares anunciaron hace unos meses, una vez desestimados todos sus recursos, la intención de convocar un concurso con el fin de que las empresas interesadas presentaran proyectos para remodelar el parking y la plaza de La Rosaleda, y adaptarla así al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). A este respecto, la Colla Ecologista La Carrasca ha informado que «las últimas noticias que tenemos es que el Gobierno municipal continúa manteniendo una actitud obstaculizadora». Como ejemplo, señalan que el coste económico del proyecto de remodelación se valora con «un desproporcionado 80%, mientras su calidad se puntúa sólo con un 20%», y además añaden que «se da prioridad a los intereses del concesionario, que fue quien redactó el proyecto de aparcamiento declarado ilegal, en lugar de a las zonas verdes».
Por último, y en relación con el jurado, los ecologistas consideran que «poca cosa podemos esperar de un jurado formado mayoritariamente por las autoridades y técnicos municipales que autorizaron y aprobaron una obra que incumplía las exigencias normativas».
* La Verdad - 23.01.10
Foto: Lugar donde está situado el parking de La Rosaleda y donde debería estar la zona verde. :: BEA NAVARRETE, laverdad.es
