ELCORREOGALLEGO* : Los ayuntamientos gallegos siguen cumpliendo sus deberes urbanísticos, pero lo hacen lentamente. Tanto que 288 acumulan más de dos años de retraso. Con la luz verde recibida ayer por Melón, son ya 27 los municipios que tienen adaptado su Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) a la Lei do Solo de 2002, lo que exime a los costeros de la polémica prohibición de construir a menos de 500 metros del litoral que la Xunta aprobó para frenar el urbanismo sin ley que imperaba en la mayor parte de la comunidad.
El ritmo de aprobación resulta lento. En 2004 Política Territorial solo había aprobado dos planes, cantidad que se elevó a tres en 2005; cuatro en 2006; diez en 2007 -uno de ellos, el de Santiago, de forma parcial-; y siete en lo que va de año, aunque los de Taboadela y Vigo también de forma parcial.
Estos 27 concellos apenas representan el 8,5% de los ayuntamientos gallegos, pese a que la Lei do Solo concedía una moratoria de cuatro años para adaptarse a sus disposiciones. Otros 48 municipios ya han recibido algún tipo de informe de Urbanismo acerca de sus planes, aunque el proceso de aprobación es complejo.
El análisis de la costa resulta desalentador. Tan solo dos ayuntamientos, A Pobra do Caramiñal y Vigo, cuentan con unos planes adaptados. En total, 83 municipios lindan con la costa en Galicia. Ochenta y uno de ellos deberán regirse por la Lei do Litoral impulsada por la Xunta para frenar la construcción a menos de 500 metros de la costa en los casos en que no se contase con un PGOM adaptado a la Lei do Solo. Algunos ayuntamientos como los de Moaña, Muxía y Vilanova ya enviaron a principios de año sus planes revisados.
Otros ocho ayuntamientos continúan con sus planes suspendidos y se rigen por normas urbanísticas provisionales hasta adaptar sus planes generales. Se trata de Teo (desde 2001), O Grove y Ponteareas (desde 2002), Tui, Sada, Viveiro, A Estrada y Barreiros.
CAOS EN EL SUR Y ACELERACIÓN EN EL NORTE
Gondomar, ante la Fiscalía
El PXOM de Gondomar se presentará en los próximos días ante la Fiscalía para que investigue si hubo o no "corrupción" en su redacción. Así informó el alcalde de Gondomar, Antón Araúxo, algo enojado al no entender "que se necesiten más pruebas para demostrar las sospechas". En el Pleno ordinario del pasado 31 de julio, el PP de la localidad y el PSOE presentaron una moción para pedir el rescate del Plan encargado en 2006 por el PP.
El plan de los populares era, según Araúxo, "una modificación del que ya habían hecho en 1997 y que anuló definitivamente el Tribunal Superior de Justicia. Fue en 2006 cuando hubo una nueva redacción, "que guardaron bajo siete llaves", y en 2007 se suspende su tramitación por la aprobación de una moción del BNG y apoyada por los socialistas.
Con la llegada del Bloque al gobierno se comenzó un nuevo plan que ahora tanto los socialistas como los populares pretenden cambiar por el creado en 2006. En la sesión del pasado mes de julio, los dos partidos presentaron una propuesta para recuperar un plan del que, Araúxo opina, "se hizo a golpe de talonario" .
A Coruña lo cuelga en su web
A Coruña sigue enfrascada en la revisión del plan general encargado al arquitecto Joan Busquets. El documento elaborado por el urbanista está a disposición de la ciudadanía desde ayer, colgado en la página web del ayuntamiento herculino: www.coruna.es.
El objetivo es que los ciudadanos sigan el día a día del proyecto. "Es una información que les pertenece: es el dibujo de lo que van a ser", dijo ayer la responsable de Urbanismo en la ciudad, Mar Barcón.
El portal permite también a los ciudadanos enviar sus propuestas y reflexiones acerca de las más de mil páginas que componen el trabajo de Busquets.
El Ayuntamiento coruñés prevé acometer la aprobación inicial del documento a finales de octubre o principios de noviembre. A partir de ese momento, la Dirección Xeral de Urbanismo dispondrá de tres meses para emitir su informe. En caso de que sea favorable, el Pleno municipal aprobará el plan y este estará expuesto a la ciudadanía durante sesenta días. Después de resolver las alegaciones presentadas, la Xunta procederá a la aprobación definitiva del planteamiento urbanístico .
LOS DATOS
A Coruña
Tienen sus planes adaptados Lousame, Oroso, As Somozas, A Capela, Vilarmaior, Cerdido, Boimorto, Vedra, Zas, Curtis, Toques, A Pobra do Caramiñal y Santiago, aunque este de forma parcial.
Ourense
Ourense, San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía, Sandiás, Avión, Amoeiro, Laza, Melón -ayer-, y Taboadela, de forma parcial.
Lugo
O Incio, Paradela, Castroverde y Rábade.
Pontevedra
Vigo y tan solo de forma parcial.
Trámite
Aprobado el plan inicial, la Xunta tiene 3 meses para elaborar un informe. Luego el Pleno lo aprueba y lo expone públicamente 60 días. Tras resolver las alegaciones, aprobación final de la Xunta .
* El Correo Gallego - A CORUÑA E.R./VIGO D.D. - 06.08.2008
Foto: Vigo, isla de Toralla con edificio polémico - farodevigo.es
Galicia: Solo 27 de los 315 ayuntamientos tienen listos sus planes generales
'Malaya': El juez De Urquía, condenado a dos años de cárcel por cohecho
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SUR/Marbella* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al ex asesor urbanístico de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca a un año de prisión por un delito de cohecho al entregar 73.800 euros al juez Francisco Javier de Urquía, que ha sido condenado a dos años de cárcel en el mismo procedimiento, para la compra de una vivienda en la urbanización marbellí de La Azalea.
La sentencia condena también a Roca y Urquía a abonar 73.800 euros en concepto de multa por el delito de cohecho y les absuelve del delito de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público del que venían siendo acusados.
El fiscal redujo su petición inicial de cárcel para Roca de tres a un año --después de que confesara en la vista oral haberle entregado dinero al magistrado--, lo que finalmente ha estimado el alto tribunal andaluz, que ha impuesto además a Urquía una multa de doce meses, con una cuota diaria de cien euros por un delito de prevaricación judicial y le inhabilita, por este delito, para empleo o cargo público que implique el desempeño de funciones judiciales por un tiempo de diez años.
El tercer acusado, el francés Arnaud Fabrice, propietario de la discoteca Olivia Valere, ha sido absuelto de todos los cargos que se le imputaban --los delitos de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y de cohecho--.
La sentencia considera hechos probados que en marzo de 2006 De Urquía decidió comprar una vivienda unifamiliar en la Urbanización Azalea Beach, para lo cual encargó al acusado Arnaud Fabrice que le buscara un abogado para que redactara los documentos necesarios para efectuar la compra. Así lo hizo transmitiendo el encargo a Roca, ya que ambos eran amigos.
En marzo de 2006 De Urquía pidió dinero al Roca para abonar la cantidad que se le pedía a la firma del contrato de compraventa de la vivienda a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales y añade la sentencia que, para favorecerle, accedió a su petición de dictar un auto para suspender la emisión del programa televisivo 'Misión Imposible:JAR' alusivo a las actividades del ex asesor urbanístico de Marbella "sin diligencia probatoria alguna y sin constar recurso alguno de las partes".
Tras la suspensión del programa, Roca conversó varias veces por teléfono con el vendedor de la vivienda que iba a adquirir De Urquía y su hermano para redactar las condiciones de compra y saber el dinero que debía entregar a De Urquía a cambio de la resolución judicial que ordenó el cese de la emisión del programa.
En las conversaciones telefónicas acordaron que, al margen de la cantidad reflejada como precio de venta, el comprador debía abonar al vendedor 63.000 euros en metálico en el momento de la firma del contratado privado de compraventa y una cantidad de 10.800 euros correspondientes al importe por el precio aplazado.
Juan Antonio Roca confeccionó en soportes informáticos un contrato de compraventa y un recibo por los importes acordados.
Entrega de documentos
Posteriormente los documentos fueron recogidos por Arnaud Fabrice en la oficina 'Maras', mientras que ese mismo día Roca entregó en su despacho a De Urquía la cantidad de 73.800 euros, "justo el dinero necesario para la firma del contrato de compraventa", aceptándolo éste justo el día después de suspender la emisión del citado programa televisivo. En concreto Roca le abonó dos sobres con 63.000 y 10.800 euros.
Una vez que Roca fue detenido, el magistrado solicitó a un amigo empleado de banca la ampliación del préstamo hipotecario hasta la cantidad de 360.000 euros y el cambio en la forma de pago, mientras que en abril de 2006 pagó el total del precio consignado en la escritura.
El Tribunal otorga, además, credibilidad a la declaración incriminatoria de Roca --en la que admitió haber dado dinero a De Urquía a cambio de los favores antes detallados-- al considerar que no se aprecian motivaciones como la venganza, el resentimiento, la animadversión u obediencia
Respecto a Fabrice Albaouhaur se añade que, aunque tenía una íntima amistad con Roca y Urquía -- a quienes presentó en 2005 en el local que regenta-- "no consta acreditado que realizara alguna acción sin la cual el entonces magistrado no hubiera podido solicitar dinero a Roca para la compra de la vivienda.
* SUR - HÉCTOR BARBOTTA / AGENCIAS - 07.08.2008
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)
FCC se queda con el 'pelotazo' urbanístico del Vicente Calderón tras la salida de Fadesa
COTIZALIA/Madrid* : Los pilares del estadio Vicente Calderón, emblemático estadio del Atlético de Madrid, se tambalearon sobre el río Manzanares cuando Martinsa-Fadesa presentó el concurso voluntario de acreedores. Sucede que la inmobiliaria del fugaz ex presidente del Real Madrid, Fernando Martín, era una de las empresas que formaban el consorcio de explotación de la operación urbanística Mahou-Vicente Calderón.
Finalmente, será la constructora presidida por Esther Koplowitz, FCC, quien asuma un desarrollo que se encuentra bloqueado en el Ayuntamiento de Madrid. “FCC es una de las alternativas que barajamos”, ha confirmado a El Confidencial Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid.
El pelotazo del Calderón, ideado en pleno boom inmobiliario para aliviar la deuda que arrastraba el club, consiste básicamente en recalificar los terrenos que ocupan el estadio y la cervecera Mahou junto al río Manzanares, construir en lugar del campo un lago y una gran zona verde y trasladar el ladrillazo o “edificabilidad lucrativa” a la parcela colindante de 175.000 metros cuadrados de la Mahou y, finalmente, soterrar la M-30 a su paso por la zona. A cambio, el Ayuntamiento de Madrid ofrecía al club el estadio de La Peineta en San Blas, remodelado y con un aforo para 73.000 espectadores. Operación que fue en su día muy discutida por parte de la afición rojiblanca. Todo iba viento en popa, hasta que explosionó la burbuja inmobiliaria y Martinsa-Fadesa se quitó de en medio. “Se apartó del proyecto el pasado mes de junio”, explica Gil Marín. Hoy, pese a que el consorcio le ha encontrado un sustituto, la firma del convenio definitivo, previsto para estos días, se encuentra paralizado.
El 30 de julio de 2007, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, firmaba con el Atlético de Madrid y Mahou un “protocolo de intenciones” para la recalificación o, como lo denominó técnicamente el Ayuntamiento en su día, “el desarrollo urbanístico del ámbito Mahou Vicente Calderón”. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid han asegurado a este diario que el convenio definitivo aún no se ha firmado ni está previsto que se firme a corto plazo. Extremo que también ha confirmado Gil Marín. Fuentes conocedoras del proceso han apuntado que uno de los motivos del retraso en la firma del convenio es la discrepancia entre Hacienda y Vicealcaldía –quienes están de acuerdo en los términos con el club- y Urbanismo, que se cierra en banda a dar luz verde al acuerdo. Estas mismas fuentes señalan que a la concejalía de Pilar Martínez “le podrían parecer excesivas las plusvalías del Atlético de Madrid en la operación”.
Ya el protocolo de intenciones preveía una cesión de aprovechamiento lucrativo del 10% de la edificabilidad lucrativa total del ámbito libre de cargas. En consecuencia, sobre la totalidad de la edificabilidad prevista, la cesión de aprovechamiento lucrativo se cifró en 17.536 metros cuadrados. Dicho 10% le correspondió al consorcio RTM, creado en 2004, con el fin de explotar el futuro suelo recalificado en forma de viviendas a cambio de 22,6 millones de euros.
Marc Rich, Fernando Martín, Caja Madrid y el 'malayo' Ventero
Según el Registro Mercantil, los accionistas de RTM eran Andria Inversiones Inmobiliarias -empresa presidida por el empresario Marc Rich-, con un 33,33%; la atribulada Martinsa-Fadesa, con un 28,32%; y Caja Madrid y el imputado en la Operación Malaya, Ventero Muñoz, presidente de Vemusa, con sendas participaciones indeterminadas. Vinculados a la operación también aparecieron los nombres de Lalo Azcona, a través de Doble A Promociones y Fernando Fernández Tapias, Fefé. De hecho, algunas fuentes conocedoras de la operación aseguran que el nombre de la sociedad, RTM, se corresponde con las iniciales de Rich, Tapias y Martín, Fernando Martín. Las fuentes señalan que "RTM le ha traspasado el proyecto a FCC". Extremo que la constructora ni confirma ni desmiente.
Este diario dio cuenta el pasado mes de abril de la boda de la hija de Blas Herrero en Oviedo. Evento al que acudieron el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, Fernando Martín, y Marc Rich, acompañado de su pareja, la mismísima nieta de la Pasionaria, Dolores Ibárruri, Dolores Sergueyeva.
Según publicó El País el pasado 17 de julio, “Caja Madrid también entró en la operación y se quedó con un 5% de ese suelo. La entidad bancaria tendría un derecho preferencial sobre la financiación de la edificación de todo el ámbito. Si no prosperaba la operación urbanística, el club tendría que devolver el dinero a las entidades. El préstamo recibido por el consorcio y Caja Madrid estaba avalado con los ingresos de televisión del club”. Las fuentes consultadas vinculan la entrada de FCC en la operación a la presencia en ella de la entidad. Ambas sociedades comparten accionariado en la inmobiliaria Realia a través de RB Business Holding, SL.
* Cotizalia - Fátima Martín - 06/08/2008
Foto: Madrid, estadio Calderon - turismomadrid.es
Andalucía: Sólo uno de los 770 municipios ha convocado consulta popular en 23 años
ELPAÍS* : ¿Para qué sirve una ley que no se usa? Todos los ayuntamientos pueden legalmente desde 1985 convocar consultas populares sobre asuntos municipales, pero tan sólo uno (Montellano, Sevilla) de los 770 municipios de Andalucía se ha atrevido a dar voz a los vecinos en época no electoral. También los ayuntamientos de Almuñécar (Granada) y Morón (Sevilla) lo intentaron en 2005 y 2004, pero el Gobierno central les cerró la puerta al plantear asuntos que escapaban del ámbito de sus competencias.
La ley de Régimen Local, de hace 23 años, lo prevé y la ley andaluza de Consultas Populares, de 2001, dicta el procedimiento que deben seguir los ayuntamientos. La falta de hábito, el miedo político al fracaso y el coste económico de la operación son algunas de las razones que los responsables políticos consultados alegan para explicar el por qué no se abre las puertas a la democracia directa. El Ayuntamiento de Jódar (Jaén) lo ha intentado ahora a las bravas sin seguir la ley y su alcalde se las ha visto con el juez.
Al Ayuntamiento de Montellano le faltó tiempo para estrenar la ley autonómica de 3 de mayo de 2001. En ese mes, ya puso en marcha todos los mecanismos para celebrar una consulta -aprobación por el pleno municipal, información pública, aprobación por el Consejo de Ministros- con la pregunta siguiente: "¿Está usted de acuerdo con la incorporación de Montellano al consorcio de agua del Huésnar?". El 68% del censo fue a votar el 9 de junio de 2002 y el 70% tumbó la propuesta que, entonces, apadrinaban todos los grupos (PSOE, PP e IU). Al PSOE, en el gobierno, a punto estuvo de salirle cara la operación. En las elecciones siguientes perdió la mayoría absoluta.
El alcalde actual, el socialista Francisco Salazar, aprendió rápido la lección. Pese a que la consulta no tiene valor vinculante, rompió el preacuerdo con el consorcio, creó una mesa del agua, acometió reformas de infraestructuras e impulsó la creación de 14 mesas de participación, en una localidad que con casi 7.000 habitantes hay 34 asociaciones.
Salazar asegura que hoy volvería a poner en manos de los ciudadanos decisiones "estratégicas" sobre Montellano, pero recalca la necesidad de que éstos tengan toda la información en su mano. "La consulta hay que verla como una oportunidad. Si hay una cuestión sobre la que tuviéramos dudas, no me parece malo hacer una consulta, pero siempre sin ir con una posición cerrada de antemano", afirma. En caso contrario, el sí o el no de la papeleta puede convertirse en un arma contra el gobierno local.
El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), comparte esta posición y defiende que los ayuntamientos deberían someter a consultas cuestiones "blandas" y sin que el gobierno local someta a refrendo su política, la cual, al fin y al cabo, tiene su examen final cada cuatro años en las elecciones municipales.
El alcalde de Motril, Carlos Rojas (PP), asegura que no es fácil tomar esa decisión, sobre todo por los gastos que genera para el municipio (éstos son los que deben pagar la consulta) y porque ve "poco definida la dinámica procesal". En su opinión, la consulta popular debería convocarse cuando afectan a "cuestiones de futuro" de la ciudad. "En esos casos sería conveniente, porque se decide sobre temas que afectarán a generaciones futuras". El alcalde baraja cambiar el ferial de sitio y por la cabeza le ronda la posibilidad de consultar a los motrileños. "Así te evitas que luego hagan especulaciones de por qué un sitio y no otro", explica.
La consejera de Gobernación Clara Aguilera, asegura que la falta de uso de la ley se debe a que el "sistema de democracia directa está poco asentado". Y cree que los alcaldes no lo utilizan porque su "gestión y programa electoral se evalúa cada cuatro años en las urnas. Es un sistema de democracia representativa".
* ELPAIS.com - LOURDES LUCIO - Sevilla - 07/08/2008
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
Castilla-La Mancha comprará los pisos que los promotores no vendan
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ELMUNDO* : La Junta de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista José María Barreda, se convertirá en una de las mayores agencias inmobiliarias privadas de España en los próximos años, gracias a un decreto que el Gobierno autónomo aprobó el pasado sábado. La medida, que es inédita en España, obligará a la Junta a comprar las viviendas nuevas construidas por promotores privados que éstos no logren vender en el plazo de un año.
Para ello, los asesores en materia de Vivienda de la Junta han creado una nueva tipología de pisos, las Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP), justificadas en el decreto por la alta demanda de casas que existe actualmente en Castilla-La Mancha (unas 50.000, según el Gobierno regional). Sin embargo, la oposición a Barreda le reprocha que esas viviendas benefician más a los promotores que a los demandantes de vivienda pública.
El primer punto que rompe drásticamente con las condiciones a que están sujetas las Viviendas de Protección Oficial es que las VIPP, definidas como "viviendas con protección pública específicas de la Comunidad", se podrán "promover y construir por promotoras privadas sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente a la promoción de viviendas de protección pública".
Es decir, los promotores podrán utilizar suelo sobrante, aunque no esté calificado específicamente para VPO, para construir pisos, siempre y cuando obtengan la autorización pertinente, que la Junta se reserva exclusivamente.
Lluvia de críticas
Pero lo que ha suscitado mayores críticas y que supondrá un alivio para muchas inmobiliarias que necesitan seguir construyendo y vendiendo en tiempos de extrema contracción del mercado inmobiliario es el artículo 14.
"Si transcurrido un año desde la declaración definitiva -como Vivienda de Iniciativa Público-Privada- existieran viviendas sin adjudicar, la promotora podrá instar a la Consejería competente en materia de vivienda a su adquisición en los términos previstos en el convenio". El sueño de cualquier promotor, construir pisos con una venta garantizada.
Además, las viviendas serán más rentables que las VPO, ya que su precio será un 10% más caro que las de mayor precio entre las de protección pública. Un piso de 70 metros (el tamaño máximo al que se podrán construir), saldrá por unos 180.000 euros, según los cálculos de EL MUNDO.
La norma sólo obliga a los promotores a vender "por sus propios medios" un 30% de las viviendas. El resto, tal y como reza el artículo, será problema del Gobierno de Castilla-La Mancha, que estará obligado a adquirir con dinero público todas esas viviendas, si no se venden, a un precio pactado de antemano con la inmobiliaria.
El decreto también incluye otro polémico artículo en la disposición adicional primera. En él, se permite que las viviendas libres de nueva construcción puedan pasar a ser calificadas como protegidas a petición del promotor.
El Pocero, gran favorecido
La medida ha suscitado las críticas de la oposición, que asegura que es un decreto "a la medida de El Pocero", el constructor que está desarrollando una macrourbanización en Seseña (Toledo), y de otros "promotores amigos" del presidente regional, para ayudarles a sacar adelante los pisos que no se venden.
"Barreda posibilitará que El Pocero, entre otros, conviertan sus viviendas libres sin vender de Seseña en VPO", denunció ayer Marcial Marín, secretario general del Grupo Popular. Según Marín, "no había ninguna necesidad de crear este tipo de viviendas, ya que se crea una nueva burbuja inmobiliaria, porque en la comunidad hay 85.000 pisos sin vender".
En la Junta, sin embargo, aseguran que ligar el decreto con El Pocero es una crítica "fácil y sin ninguna veracidad". "Las viviendas se construirán donde haya demanda, no donde quiera el promotor", explicó ayer el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrán. "Y en Seseña apenas existen demandantes de vivienda".
Al rescate de los promotores
La Comunidad de Castilla-La Mancha no es la única que ha aprobado en las últimas semanas medidas sobre vivienda. La Comunidad de Madrid firmó el pasado 30 de julio un acuerdo con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y varias entidades bancarias para abaratar los pisos.
Las 25.000 viviendas libres que existen en la Comunidad podrán acogerse a un precio máximo fijado en función de los metros cuadrados y de la zona en la que esté ubicado cada piso. "Esta medida ha conseguido que sean los promotores privados los que rebajen el precio de las viviendas libres que no venden, sin coste alguno para las arcas del Gobierno regional, ya que no son viviendas protegidas", explicó un portavoz de la Comunidad de Madrid.
En el PP critican también otro peligroso punto de la ley de Barreda, aquel que deja en manos de la Junta la regulación del procedimiento de selección de promotoras para desarrollar las viviendas VIPP. "¿Estarán pensando en los 25 promotores que Barreda comentó que podrían llevar a cabo el proyecto?", se pregunta el diputado del PP.
La justificación que dan en la Junta para haber aprobado este polémico decreto es que hay que dar "garantía a los promotores de que tendrán comprador en unos momentos difíciles". Según el consejero de Territorio, "si no se venden los pisos se incorporarán al patrimonio público de la Comunidad". Y luego, ¿qué hará la Junta con ellos?.
* El Mundo - CRISTINA CABALLERO - 07.08.2008
Foto: Seseña (Toledo) macrourbanización - A.Heredia (El Mundo)
