LAVANGUARDIA* : La Fundación Mar dio a conocer ayer las conclusiones de un estudio sobre el litoral de la provincia de Barcelona en el que se alerta del impacto ambiental "brutal" que el crecimiento urbanístico y de infraestructuras está teniendo sobre el litoral marino.
Según los responsables de la fundación, la sociedad "debe reflexionar" sobre el actual modelo de crecimiento ya que "se está perdiendo una buena parte de la biodiversidad".
En el marco del Salón Náutico de la Feria de Barcelona, la Fundación Mar -que promueve el desarrollo sostenible de la sociedad en el entorno del medio marino- presentó el segundo libro correspondiente al Proyecto MARIAGE (Mar y Agentes) iniciado el año pasado con un estudio sobre el litoral de la Costa Brava.
En esta ocasión, la entidad ha estudiado el litoral de Barcelona y ha editado un libro, que saldrá a la venta el próximo mes de diciembre, con espectaculares imágenes fotográficas y los estudios de 15 expertos que han analizado ámbitos como la pesca, los espacios naturales, la energía o el urbanismo.
El director de la Fundación Mar, Miquel Ventura, explicó que el libro muestra cómo el crecimiento social y urbanístico en el litoral está provocando "un impacto medioambiental brutal en forma de emisiones de CO2, ruidos, residuos, aguas residuales, y todo esto tiene consecuencias en el medio marino". Ventura puso como ejemplo el Delta del Llobregat, "una zona con una biodiversidad importante gracias a las marismas que han quedado hipotecadas con la ampliación del aeropuerto de El Prat".
Por otro lado, la Fundación Mar también presentó el inicio de SILMAR, un proyecto que ha sido seleccionado por la Fundación Biodiversidad y que pretende crear una red de seguimiento del litoral español a través de estaciones de control ubicadas en diferentes puntos. El seguimiento se realizará mediante voluntarios que "periódicamente realizarán inmersiones y tareas de control con aparatos que les facilitaremos", afirmó Ventura.
El proyecto se iniciará durante la primavera de 2009 con una prueba piloto en el litoral de Girona donde se crearán cuatro estaciones de control. "Cuando tengamos resultados los iremos publicando en nuestra página web", afirmó Ventura, que anunció que "en el futuro lo queremos ampliar a Barcelona y Tarragona y posteriormente a toda España para contar con 80 estaciones en tres años".
La iniciativa permitirá generar una base de datos sobre el fondo marino "para analizar la evolución de la fauna, la flora y la calidad del agua a lo largo de los años", según apuntó el director de la Fundación Mar.
* La Vanguardia - L'Hospitalet de Llobregat. (EUROPA PRESS) - 12.11.2008
Foto: Barcelona, delta del Llobregat - flickr.com
El litoral barcelonés, bajo amenaza
La Fiscalía ya ha llevado al Juzgado 150 casos de obra nueva de El Puerto
,+caso+Obra+Nueva+-+diariodecadiz.es.jpg)
DIARIODECÁDIZ* : Empezó en abril, con apenas media docena de casos, y ya va por el centenar largo. Tan largo que la cifra se sitúa en 140 o 150 casos. Éste es el abultado número de denuncias por otros tantos casos de obra nueva fraudulentos registrados en El Puerto que lleva ya cursados en los distintos Juzgados de la localidad el fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Ángel Núñez.
Se trata de los casos de emisión de certificados falsos de antigüedad de viviendas ilegales detectados por el actual equipo de gobierno del Partido Popular de El Puerto durante el anterior mandato municipal de Independientes Portuenses (que gobernaba en coalición con el PSOE), que el alcalde, Enrique Moresco, y la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, comenzaron a remitir a Fiscalía en octubre de 2007.
Las denuncias que ha interpuesto, según ha explicado a este diario el propio fiscal, se dirigen contra autores y beneficiarios de estos papeles fraudulentos, que persiguen lograr la prescripción de la irregularidad urbanística cometida al construir una casa sin licencia (que vence a los cuatro años) y que permiten a los titulares pedir un préstamo hipotecario tras la inscripción en el Registro de la Propiedad.
En unos casos, los procedimientos son por la comisión de un presunto delito de falsedad en documento público. Y en otros coexistiría también un presunto delito contra la ordenación del territorio. Por tratarse en este último apartado de viviendas levantadas en suelo clasificado como no urbanizable en el actual Plan General de El Puerto.
Las posibles condenas en todos los casos no están garantizadas ni mucho menos. El propio fiscal reconoce que en la práctica se ha topado con un escollo: la ausencia de sentencias de la Audiencia de Cádiz sobre esta práctica ilegal que ha comenzado a detectarse hace escasas fechas en la Bahía de Cádiz. A este respecto, Núñez se congratula de que parece que se ha impuesto el criterio de considerar la emisión de un certificado falso de antigüedad de un inmueble como delito, y no como falta, sancionada sólo con multa, como ocurría antes. Pero hay otro problema: el delito de falsedad documental prescribe a los cinco años. Un plazo que los fiscales andaluces, asevera desde Cádiz su coordinador, creen insuficiente, al defender que los profesionales autores de estos certificados deben ser considerados como funcionarios públicos, en la medida en que éstos participan del ejercicio de funciones públicos. En su caso, aclara Ángel Núñez, amparándose en el Código Penal, no por nombramiento, como los funcionarios de oposición, sino por disposición legal, dado que "el reglamento hipotecario así lo recoge". En este caso, la vigencia del delito se extiende a los diez años.
Toda esta argumentación sale a colación por la curiosa tesitura con que se está topando la Fiscalía en los Juzgados de El Puerto: mientras un juez ha aceptado todos los casos, aunque daten de hace seis o siete años, otros, tras haber admitido a trámite la denuncia, han acabado dictando el archivo por prescripción al haber transcurrido más de cinco años.
Ángel Núñez, que ha interpuesto recurso contra las denuncias archivadas, que habrá de ser dilucidado en la Audiencia, ha anunciado a este diario su firme intención de ir hasta el Supremo para lograr que en estos casos los autores de los certificado falsos sean juzgados como funcionarios públicos, prescribiendo el posible delito a los diez años.
Aunque los casos denunciados son muy numerosos, los firmantes de los certificados pueden contarse con los dedos de las dos manos y sobran. No hay que olvidar que, como ya informó este diario, es autor de un buen número Joaquín P.S., el mismo arquitecto imputado en la trama destapada por la Guardia Civil en Chiclana en el verano de 2007, en la bautizada como Operación Obra Nueva.
Con los certificados falsos detectados en El Puerto, según las estimaciones del Gobierno del PP, habrían sido edificadas más de 300 viviendas.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 13.11.2008
Foto: Uno de los casos de obra nueva de El Puerto: en el Registro, figuran inscritas 19 viviendas en este solar baldío gracias a un certificado de una edificación inexistente. - diariodecadiz.es
La investigación judicial del 'caso Guateque' cumple mañana un año sin visos de que llegue a su fin
EUROPAPRESS/Madrid* : La investigación judicial abierta contra la mayor trama de corrupción destapada en el Ayuntamiento de Madrid por el tráfico ilegal de licencias cumplirá mañana un año sin visos de que llegue a su fin por los obstáculos existentes para la realización de los peritajes económicos.
Pese a los 365 días transcurridos, las pesquisas judiciales ponen ahora su punto de mira sobre los empresarios que entregaron suculentas 'mordidas' a los funcionarios imputados a cambio de que les agilizasen los trámite de las licencias de sus locales.
El juez Santiago Torres concluirá el próximo diciembre estas comparecencias, que se sustentan en los pagos que aparecieron anotados en las agentes intervenidas a los imputados que actuaban como intermediarios entre los empresarios y los empleados públicos encargados de la tramitación de los expedientes. Una vez que concluya esta fase, sólo quedarán los dictámenes periciales del patrimonio de los acusados, la auditoria de los expedientes y su posterior análisis.
Cuando el magistrado tenga sobre la mesa estos tres informes, lo que se podría prolongar durante varios meses, transformará la causa en procedimiento abreviado, es decir, pondrá punto y final a la investigación. No obstante, la parte económica está paralizado desde el inicio de la causa por la negativa del Gobierno regional de adelantar fondos para practicar el peritaje.
Mañana se cumple el primer aniversario desde que estalló la operación 'Guateque', cuyos tentáculos han tocado a funcionarios del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, sin alcanzar a altos cargos del Consistorio madrileño. No ocurre lo mismo en el caso del Gobierno de Esperanza Aguirre. El viceconsejero de Transportes, Luis Armada, es el único imputado de la esfera política a cuenta de las anomalías detectadas en su gestión como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de 1997 a 2003.
No obstante, el juez Torres desgajó en julio de esta investigación el 'caso Becara', que salpicó de lleno al presidente de la Junta de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna. Esta nueva causa surgió a instancias de una denuncia de unos vecinos del número 18 de la calle Juan Bravo que relataron una serie de irregularidades cometidas en la afamada tienda de decoración Becara por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
DIECISÉIS DETENIDOS EN LA PRIMERA FASE
Volviendo a los orígenes de 'Guateque', la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente focalizaron la atención de la Guardia Civil desde el inicio de las indagaciones, que se extendieron a ocho Juntas Municipales de los veintiún distritos que conforman la capital. Los investigadores descubrieron entonces una red de cobro de comisiones ilegales que hasta entonces gozaba de una impunidad que casi se hizo crónica.
Un informe del Instituto Armado activó el primer capítulo de la operación. El documento puso al juez en sobreaviso de que un grupo de funcionarios aprovechaba la falta de controles internos en los expedientes de licencias para organizar una red corrupta, a fin de obtener dinero a cambio de acelerar o paralizar los trámites de estos permisos, cuya obtención podía retrasarse hasta dos años.
La primera fase arrancó a primera hora del 14 de noviembre de 2008 y se saldó con dieciséis detenidos. Agentes de la Guardia Civil, acompañados de la Policía Municipal, irrumpieron en Urbanismo, en Medio Ambiente y en las Juntas de Centro, San Blas y Chamberí. El juez levantó así el velo de una tupida organización ilegal, cuya investigación policial se inició el 9 de marzo de 2006 a raíz de la denuncia de un particular, al que solicitaron 20.000 euros.
Entre los detenidos estaban los supuestos cabecilla de la red: Victoriano Ceballos, hasta entonces jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, y Joaquín Fernández de Castro, que era el jefe del Departamento de Evaluación Ambiental. El juez de guardia les envió, junto a otros tres arrestados, a prisión por presuntos delitos de corrupción, prevaricación y tráfico de influencias.
En la cúspide de la red se sitúa Ceballos, quien llegó en 1980 a la Junta de Moratalaz gracias a su cuñado Saturnino Zapata, entonces concejal socialista de Personal. Años después accedió a la Concejalía de Medio Ambiente, donde se le abrió un expediente en 1987 por falsedad documental en la tramitación de licencias para el citado distrito. Al final, se le apartó de la investigación por falta de pruebas.
Ademas de los 'cerebros de la trama', se decretó el ingreso en la cárcel de los empresarios Santiago Castillo Morales, apoderado de la empresa AC93 (dedicada a la gestión de licencias), y Antonio Sanz Escribano, administrador único de la empresa AB Escribano Ingenieros Consultores. La sociedad AC93 es una de las piezas clave de la instrucción, puesto que se encargaba de falsificar documentos para solicitar las licencias que formaron parte del entramado corrupto.
El 20 de noviembre, el juez Torres mandó a prisión a Carmelo García Sánchez, un funcionario jubilado, adscrito en su momento a la Gerencia de Urbanismo. Carmelo García Sánchez fue juzgado ya por un asunto similar. Estuvo implicado en el caso 'Sauna Paraíso' del que finalmente se le exoneró.
PUESTOS EN LIBERTAD
La revelación de la trama abrió la veda de la bronca política por la supuesta responsabilidad del Ayuntamiento en permitir que sus funcionarios se lucraran gracias a la obtención de sobornos, que oscilaban entre los 8.000 y 20.000 euros. Para frenar las acusaciones, Alberto Ruiz-Gallardón se mostró partidario de colaborar con la Justicia. El propio juez le solicitó ayuda directa para canalizar el gran número de denuncias aportadas al procedimiento por particulares.
La segunda fase saltó el 27 de diciembre de 2007, con el registro de seis sedes municipales y diez nuevas detenciones de personas vinculadas a la trama. Esta fase se produjo tras analizar minuciosamente la documentación incautada en los primeros registros y los 187 expedientes requisados.
En este bloque, el instructor mandó a prisión a Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Chamartín); Miguel Ángel García Jodar (técnico de Medio Ambiente); Alfonso Clemente García (que trabajó en la Junta de Carabanchel); y Fernando Ruiz Torrejón (de Urbanismo). Además, decretó el 9 de enero prisión provisional para los empresarios Julián Rubén López y Eduardo Agustinos, quienes se encontraban huidos de la Justicia desde el 27 de diciembre.
Casi dos meses y medio después, el magistrado puso en libertad a Ceballos y a los otros funcionarios --también los detenidos en la segunda fase-- bajo fianza de 60.000 euros, mientras que los empresarios pudieron eludir la cárcel tras abonar un pago de 100.000 euros. Una vez excarcelado, Ceballos acudió el 2 de enero a declarar de nuevo, asegurando a los medios que "sólo" se adelantaban "los expedientes que decían los políticos que se adelantaran".
En otra de sus comparecencias, celebrada el pasado julio, el supuesto líder de la trama admitió que recibió gratificaciones por parte de una arquitecta por colaborar en proyectos de expedientes que posteriormente se remitían al Área de Medio Ambiente. Esta revelación le sirvió para que le imputaran un delito de actividades prohibidas para los funcionarios.
* Europa Press - 13.11.2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - abc.es
Las detenciones de alcaldes ponen bajo sospecha el urbanismo de la Comunitat
+-+ebigastro.com.jpg)
LASPROVINCIAS/Valencia* : La justicia investiga las supuestas actuaciones delictivas en Bigastro, Zarra, San Fulgencio, Dénia, Catral, Benitatxell, Orihuela y Torrevieja. En una misma semana se han producido las detenciones de los alcaldes de Zarra, Juan José Rubio, San Fulgencio, Trinidad Jiménez, y Bigastro, José Joaquín Moya. Los dos primeros fueron puestos en libertad, pero el tercero ingresó en prisión sin fianza.
Además, la ex primera autoridad de Dénia, Paqui Viciano, ha sido citada a declarar por el juez por la presunta venta de un camino catastral. En la práctica totalidad de los casos se trata de presuntos delitos urbanísticos, una actividad en tela de juicio.
¿Son hechos aislados? ¿La justicia aprieta más? En ambos casos la respuesta es no, ni se trata de casos puntuales ni los estamentos judiciales son más duros, están igual que antes.
Además, en los últimos años han salido varios casos de corrupción, algunos de los cuales han acabado con los huesos de los alcaldes en prisión tras sentencias firmes de los tribunales. Bigastro, Zarra y San Fulgencio son solamente la punta de un iceberg con una base sólida.
Xeresa, Dénia, Poble Nou de Benitatxell, Pego, Orihuela, Catral y Torrevieja, entre otros, conforman los cimientos del gigantesco bloque de hielo que se derrite después de varias condenas.
Este es el caso del que fuera alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà. Un tribunal le condenó a un año de prisión, ocho de inhabilitación especial para ejercer cargo público, otros dos para profesión y oficio, y multas que sumaban los 460.000 euros por un delito medioambiental al permitir poner tierra en el marjal.
La Audiencia Provincial de Valencia, en julio de 2002, exculpó al alcalde de los cargos, pero el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el grupo ecologista IDEA, recurrieron el fallo. El Tribunal Supremo dio la razón a la acusación, anuló la sentencia de la Audiencia Provincial, y condenó al alcalde por un delito contra el medio ambiente y prevaricación medio-ambiental.
Fluixà recurrió en 2003 ante el Constitucional y pidió el indulto a Interior argumentando que no tenia intención de perjudicar el medio ambiente y que los daños tuvieron lugar antes de que él fuera alcalde, pero no había remedio.
Fluixà dimitió en 2005 en cumplimiento de la sentencia del Supremo que le condena a tres años y medio de inhabilitación para el ejercicio de puesto público por un delito de "prevaricación", que se sumaba al malestar creado por el anterior delito medioambiental.
Otro caso ya juzgado es el del ex alcalde de Pego, Carlos Pascual, que hoy sigue en la prisión de Fontcalent cumpliendo una condena de seis años de cárcel por un delito ecológico en el marjal de Pego-Oliva, donde causó daños y ordenó trabajos sin los permisos pertinentes. Fue denunciado por la Conselleria de Medio Ambiente, aunque su mujer, Mayte Ferrándiz, fue avalada por el popular José Joaquín Ripoll para encabezar la lista del PP en las elecciones municipales de 2007. Ahora es líder de la oposición al tripartito del municipio.
El alcalde de Benitatxell, el independiente Juan Cardona, fue detenido el pasado mes de julio junto a la primera teniente de alcalde, Hannelore Reindorf, por la recalificación de unos terrenos. Se le acusó de un presunto delito de prevaricación y cohecho, aunque ambos están libres con la obligación de personarse cada 15 días en los juzgados de Dénia.
El caso empezó cuando un constructor que quería vender sus parcelas supo que estas ya no eran urbanizables. En una supuesta negociación con un intermediario, se le prometió que en sus terrenos podría volver a construirse a cambio de 50.000 euros. Las detenciones fueron inmediatas, aunque ambos ediles fueron puestos en libertad y siguen en activo.
Orihuela, donde el ex alcalde Luis Fernando Cartagena fue condenado a cuatro años de prisión por un delito de malversación de fondos; y Torrevieja, cuya primera autoridad Pablo Hernández Mateo está siendo investigado por la presunta venta de un solar que le reportó 5,2 millones de euros.
Y en medio de todas estas investigaciones, condenas y multas, en octubre de 2006 se produjo un hecho histórico debido a otro escándalo urbanístico, esta vez en Catral. Por primera vez el Consell retiró las competencias en este ámbito a un Ayuntamiento, siendo el segundo caso en toda España después de Marbella.
Territorio acusó al alcalde, José Manuel Rodríguez (PSPV), de autorizar la construcción de 1.270 viviendas ilegales sobre suelo no urbanizable y terrenos del parque natural del Hondo. Posteriormente la actuación quedó paralizada.
Poco después, en febrero de 2007, la Conselleria pidió información urbanística a Moncofa también para decidir si le retiraba las competencias en la materia. El listado es amplio y la justicia está decidida a atajarlos todos, el final de la cuerda aún no ha llegado.
* Las Provincias - J. A. Z./DELEGACIONES | VALENCIA - 12.11.2008
Foto: Bigastro (Alicante) - ebigastro.com
La policía interviene 400 obras de arte de Roca en poder de Sandokán
ELPAÍS/Marbella* : La pasión por el arte del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, sigue dando frutos. El último de ellos fue el hallazgo de 400 obras de arte que la policía localizó ayer en unas naves industriales a las afueras de Córdoba. El famoso constructor Rafael Gómez, conocido como Sandokán, conservaba los cuadros y litografías presuntamente adquiridos por el ex asesor de Urbanismo de Marbella, según la investigación.
Hasta ahora, la policía ha intervenido 888 piezas de Miró, Picasso y Tàpies, adquiridas por Roca.
Los investigadores hallaron estas últimas 400 obras de arte, que sirvieron supuestamente para el blanqueo de capitales, en las cajas fuertes de cuatro naves industriales. Agentes de la unidad contra la droga y el crimen organizado (Udyco) inmovilizaron los cuadros y litografías junto a dos expertos de la Brigada de Patrimonio de la Comisaría General de la Policía. "No cabe duda de que Roca le habrá pagado en especies a Sandokán, pero la hipótesis es que Roca adquirió las obras", indicó un agente.
Sandokán, imputado de cohecho en el caso Malaya por el supuesto pago de 600.000 euros en comisiones ilegales, era además socio de Roca en la empresa Marbella Airways, según el auto de procesamiento del caso.Los métodos del constructor Rafael Gómez fueron heterodoxos también en su ciudad natal, no sólo en Marbella. Sandokán construyó en 2005 sin licencia las cuatro naves a las afueras de Córdoba, con una superficie total de 40.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento cordobés (IU y PSOE) se las legalizó, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló el plan especial del Consistorio para dar cobertura legal a esas naves y que permitía su uso comercial.
La operación de la Udyco confirmó ayer la estrecha relación entre el empresario cordobés y Roca, y demostró que los investigadores prosiguen las pesquisas para localizar el ingente patrimonio del ex asesor de Urbanismo. Las 400 obras de ayer se suman a otras halladas entre el apartamento y la oficina marbellí, y las fincas de San Pedro Alcántara (Málaga) y Jimena de la Frontera (Cádiz). Entre los cuadros requisados hasta ahora, hay obras de autores consagrados como el valenciano Joaquín Sorolla o Manolo Millares. De momento no ha trascendido la autoría de los cuadros y litografías intervenidos ayer, y los peritos de la Brigada de Patrimonio desplazados desde Madrid tasarán su valor durante los próximos días.
"Su patrimonio está desparramado por sitios diversos, y si no están bajo un nombre están bajo otro, pero irán saliendo todos", matizó ayer un agente.
La intervención policial cogió por sorpresa al dueño de la promotora Arenal 2000, y ayer fuentes de la empresa rechazaron ser propietarios de las obras de arte. "Los cuadros están aquí por una deuda de otras personas y desconocíamos dicha deuda. Los cuadros están expuestos para que los examinen peritos del Estado para determinar cuáles pueden servir como pago de nuestra deuda con Hacienda, y adquirirlos a continuación", alegaron dichas fuentes.
Sandokán fue presidente del Córdoba C. F., empresario joyero, y uno de los principales constructores andaluces, pero desde su detención en 2006, su imperio se ha desmoronado. El empresario se ha deshecho de activos por valor de 571,5 millones de euros en el último año para hacer frente a su endeudamiento. Mientras, la caja propiedad de la Iglesia, Cajasur, se ha querellado contra él y le acusa de haber pagado una comisión de 1,6 millones en Manilva (Málaga) por unos servicios que nunca se llegaron a realizar para la promotora Arenal Sur 21, cuya propiedad compartían ambas sociedades en 2004. Ahora los vínculos de Sandokán con Roca recobran fuerza en el caso Malaya, en el que Sandokán se encuentra en libertad bajo fianza, y que en total ya supera el centenar de imputados.
* ELPAIS.com - JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 13/11/2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
“El macrourbanismo perjudica la calidad de vida de las personas”
REBELIÓN/Entrevista* : Muchas veces, para tener certeza de los hechos tenemos que fijarnos en nuestro alrededor. Si volvemos a los lugares dónde jugábamos cuando éramos niños constataremos que han cambiado". Roger Cremades (València, 1977) ha dedicado cinco años a escribir 'Macrourbanismo y agresiones al paisaje mediterráneo', libro dónde analiza el "proceso irreversible de transformación territorial y paisajística que afecta el País Valenciano".
Ingeniero forestal de formación, Roger milita en Ecologistas en Acción y ha realizado los indicadores ambientales y la diagnosis de la ciudad en la que vive, Gandia. Define el macrourbanismo como un modelo "de construcción a gran escala, que piensa en los beneficios privados sin tener en cuenta las necesidades de servicios que tiene cualquier asentamiento urbano, y hace que los territorios pierdan su identidad".
Tu libro tiene un estilo directo y pedagógico. ¿Cuál ha sido tu objetivo al escribirlo?
Quería que cualquier persona, fuera cuál fuera su formación de partida, pudiera entender todo lo que ocurre alrededor del urbanismo y las problemáticas territoriales en el País Valenciano. La vocación divulgativa ha sido presente en todo el proceso de escritura del libro.
¿Cuáles son las consecuencias del "macrourbanismo" sobre nuestro territorio?
En un futuro cercano estaremos sufriendo las consecuencias. A priori disminuye la calidad de vida de las personas que viven en el lugar dónde se implanta este modelo. No sólo de los que viven en dentro, el colapso también lo sufren las personas que viven en las ciudades y pueblos próximos.
Copa América, Circuito de Fórmula 1, Mundo Ilusión, Terra Mítica o Tren de Alta Velocidad… ¿Cuál es alcance real de estos proyectos urbanísticos y de infraestructuras, y a qué intereses responden?
Todos estos ítems acaban siendo polos de atracción urbanística, que generan expectativas urbanísticas e impactos mal calculados a su alrededor. Se externalizan los beneficios a empresas próximas al poder y la sociedad asume los costes. ¿Quienes sale ganando? El tendero de mi barrio y yo mismo no, desde luego.
¿Encuentras diferencias entre los comportamientos de los partidos políticos de derecha y de izquierda en cuanto a modelo urbanístico y ordenación del territorio en el País Valenciano?
Durante la última década podemos encontrar proyectos de campos de golf con macrourbanizaciones relacionados con cada una de las siglas políticas con representación parlamentaria en las Cortes.
¿Acusarías de "catastrofista" alguien que denunciara la situación del litoral, marjales y la huerta en el País Valenciano?
El litoral creo que es una hecatombe para todo el mundo que lo haya conocido quince o más años atrás. Respeto a los marjales, la catástrofe es que des de Ecologistas en Acción continuamos luchando en los tribunales contra quienes los entierran, mientras las fuerzas públicas -que los deberían defender por ley- no hacen nada. También es alarmante lo que sucede con la huerta, que no tiene protección específica en el conjunto del territorio valenciano; sólo existe una declaración de intenciones en València rodeada de PAI, como el de Nuevo Milenio en Catarroja.
¿La depredación urbanística en el País Valenciano ha dado paso a una degradación irreversible del territorio o todavía estamos a tiempo de volver atrás?
No se puede generalizar. Para echar atrás la costa de la Marina Baixa lo tenemos mal. Quizás en determinados lugares de algunas comarcas podemos parar el proceso de degradación galopante del territorio. Pienso que hay que fortalecerse y crear redes sociales con capacidad humana y técnica para defender los argumentos medioambientales, históricos y culturales del País Valenciano.
La experiencia del conflicto por la Marjal de Pego-Oliva despertó tu conciencia ecologista, has contado alguna vez. ¿Qué relevancia tuvieron aquellos hechos?
El caso de Pego - Oliva acabó de la peor manera: en los tribunales y con el territorio propiedad de los terratenientes fuera de la zona protegida. Aquellos hechos tuvieron relevancia en todo el Estado español. Piensa que el ex-alcalde de Pego es el primer cargo público que ha entrado en la cárcel por delito ecológico. Es cierto que la indefensión que sufrió la marjal de Pego despertó en mí una fuerte conciencia de lo que estaba sucediendo con el medio ambiente.
¿Nos encontramos frente el fin de la ciudad mediterránea, compacta y habitable, característica del País Valenciano?
Sí, este modelo de ciudad era el de los años 80 en nuestro país. Un modelo de ciudades pequeñas, equidistantes, un buen punto de partida para una sostenibilidad que no ha llegado. Actualmente, entre los centros comerciales y las macrourbanizaciones se ha echado de la ciudad gran parte de las funciones urbanas. Esto es el final de la ciudad mediterránea.
En tu opinión, ¿cuál sería el modelo donde se ha pervertido más claramente este modelo de ciudad mediterránea?
Un buen ejemplo serían las autovías urbanas -eufemismo: ronda- que rodean Castelló por el sur. Después, una famosa urbanización que hay en el norte de Orpesa, o la autovía de Valencia a Llíria. También podemos encontrar buenos ejemplos en la Marina Baixa y la Vega Baja. Hay más ejemplos graves. Pero esto no quiere decir que debamos desfallecer. Se tiene que ser positivo e impulsar iniciativas atractivas en medio de todo este drama.
En este sentido, voces cualificadas del ecologismo han afirmado recientemente que el "modelo Benidorm" no es tan agresivo, pues concentra el consumo de recursos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Quienes dicen esto ignoran que el Benidorm de los años 90 ahora está rodeado de un enorme cinturón de macrourbanizaciones que tumban este argumento. Muchas veces "grandes expertos" -que yo no calificaría nunca de ecologistas- no tienen en cuenta que Benidorm es un fenómeno que ha acabado funcionando como polo de atracción urbanística y ha deshecho el paisaje de numerosos pueblos de los alrededores. Id a ver las vertientes del Ponoig, en Polop de la Marina.
¿Cómo observas a nivel ambiental, territorial y paisajístico la realidad de tu comarca, la Safor?
La Safor se la están cargando a base de invitar personas de relevancia, que después de cobrar lo suyo, todavía se atreven a afirmar que la solución en el turismo pasa por el urbanismo. Estas y otras barbaridades todavía suceden en la Safor. Pero aquí siempre estamos en pie de guerra contra el macrourbanismo. De más de diez proyectos de campos de golf que han presentado los últimos diez años, no les hemos dejado hacer ninguno, a través de alegaciones y retrasos les hemos desmontado el chiringuito.
Alguna vez has explicado que Gandia podría ser una ciudad sostenible de referencia. ¿Podrías contarnoslo?
Gandia es mi pueblo, así que pienso que hay que asumir la realidad y pensar como un pueblo dónde viven personas, y dejar de querer ser ciudad en el mundo de las megalopolis. Algunos gobernantes con nombres y apellidos no piensan así y ahora dicen que quieren urbanizar toda la huerta que separa el centro de la playa. Creen que así conseguirán desestacionalizar el turismo, una excusa como otra para urbanizar y embolsar dinero.
Para acabar. ¿Cuáles son las consecuencias, sociológicas y ambientales, de la combinación de urbanizaciones, centro comercial y vehículo privado?
Si sumas todas las horas que pasas en el coche viviendo en una macrourbanización y yendo al centro comercial, a lo largo de un año equivalen a unos 15 días de vacaciones. La alternativa es vivir en la ciudad compacta, comprar en las tiendas del barrio e ir a pie o en bici. Esto es más saludable y socialmente más favorable para relacionarse con el entorno. El problema es que todos respiramos el mismo aire, los que contaminan y los que no lo hacemos tanto.
* Rebelión - laccent.cat - 11.11.2008
