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ÁVILADIGITAL* : La Plataforma Ciudadana contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda ha denunciado el apoyo de las administraciones a una urbanización de 400 viviendas a la que se ha concedido más agua de la que dispone en la actualidad toda la población del municipio. Según denuncian, el proyecto contempla la construcción de más de 400 viviendas y 200 plazas hoteleras que “albergarán a más de 2.000 personas”.
La urbanización, según la plataforma, se levantará en el paraje de Navalpilón, cuyos terrenos se compraron a 0,50 euros el metro cuadrado, según explican, y “se recalificaron nada más concluirse la compra”.
En este sentido, acusan a la Junta de Castilla y León de “privar al Ayuntamiento de Candeleda de sus competencias de forma excepcional, concediendo a su vez la licencia para iniciar las obras, no contestando a ninguno de los recursos presentados por el Consistorio, asociaciones y particulares frente a la aprobación del plan parcial”.
Con estos argumentos, más de un centenar de personas realizaron este domingo una marcha a pie hasta el paraje en el que se pretende construir la urbanización, con el fin de facilitar información sobre los inconvenientes ambientales de la misma, y ya anuncian una concentración para el 8 de diciembre.
Aseguran que los procedimientos administrativos “adolecen de grandes defectos” y que no se han tenido en cuenta normativas comunitarias como la Directiva del Agua.
Además, critican que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha asignado un caudal de doce litros por segundo, cuando “toda la población actual del municipio dispone de ocho”.
Y en cuanto a los perjuicios ambientales, advierten que también se verán dañados los restos arqueológicos de la zona.
* Ávila Digital - María Cuenca - 05/11/2007
Foto: Protesta contra la urbanización, en Candeleda - aviladigital.com
Denuncian el beneplácito de las administraciones con una urbanización en Candeleda (Ávila)
Casi 100.000 casas permanecen vacías durante todo el año en Baleares
20MINUTOS* : Pese a que ambas instituciones tienen el mismo objetivo, facilitar el acceso a la vivienda, las fórmulas defendidas por unos y por otros son bien distintas. Si hace unos días el Govern lanzó la propuesta de calificar terreno rústico para construir VPOs, ayer el GOB (Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza) ha reclamado que se utilice para este fin el suelo que ya es urbanizable y las cerca de 100.000 viviendas desocupadas que hay en las Islas.
La asociación ecologista defiende que Baleares cuenta actualmente con unas 3.600 hectáreas de terreno urbanizable, por lo que no hay necesidad de utilizar otras clasificadas hoy en día como rústicas.
Aprovechar lo que ya existe
Por otro lado, y dentro de su filosofía de aprovechar lo que ya hay construido, los ecologistas quieren promover medidas para que las miles de viviendas que actualmente están desocupadas durante todo el año pasen a ser utilizadas.
Según sus datos, en el Archipiélago hay actualmente 537.911 viviendas, de las que 107.059 son segundas residencias y 94.261 están vacías de forma permanente.
Estas casas podrían pasar a ser usadas si se aplicaran medidas similares a las propuestas en otras comunidades como Cataluña o el País Vasco, en las que se estudia aplicar penalizaciones a los propietarios que tengan sus viviendas desocupadas.
* 20minutos - JORDI MARTÍ. 06.11.2007
Foto: Casa vacía - 20minutos.es
Murcia: Los imputados de Torre Pacheco y Fuente Álamo comparecen hoy
LAOPINIÓNDEMURCIA* : A partir de las diez de esta mañana, la magistrada titular del juzgado de instrucción número 4 de San Javier tomará declaración a la alcaldesa de Fuente Álamo (PP), María Antonia Conesa; a la concejala de Obras y Servicios del mismo ayuntamiento, Inés Mendoza; a la que fue edil de Urbanismo en el anterior mandato, María del Mar Pedreño; al controvertido arquitecto municipal de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez Martini, y a un ingeniero municipal, cuyo nombre no ha trascendido.
Todos ellos acuden en calidad de imputados por un presunto caso de corrupción urbanística que habría salpicado a los ayuntamientos de Fuente Álamo y Torre Pacheco. En las mismas condiciones, la juez también ha citado a declarar, aunque para mañana, al arquitecto municipal de esta última localidad así como al empresario de la construcción Facundo Armero.
En total, once es el número de personas imputadas por la magistrada y, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la cifra podría verse ampliada a medida que se vayan sucediendo las declaraciones. Las mismas fuentes argumentan que el propio alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), podría ser llamado a declarar en los próximos días como imputado.
La juez que instruye el caso ordenó el registro de los departamentos de Urbanismo de los ayuntamientos de Torre Pachecho, primero, y el de Fuente Álamo después, tal y como informó LA OPINIÓN.
Trato de favor a empresarios
La investigación iniciada por la magistrada trata de descubrir si en los dos ayuntamientos murcianos pudo haber un trato de favor a varios empresarios del municipio, entre los que ha trascendido el nombre de Facundo Armero Madrid, para quien trabajó como abogado, antes de ser alcalde de Torre Pacheco, el propio regidor Daniel García Madrid.
Para tratar de descubrir y probar el presunto trato de favor hacia estos empresarios, la juez acordó el pinchazo de los teléfonos de varios de los investigados por el presunto cobro de comisiones. Entre los números controlados por los agentes del equipo de Delincuencia Urbanística y de Patrimonio de la Guardia Civil, que es la unidad de la Benemérita que ha venido realizando todas las actuaciones determinadas por la juez, se encuentra el del propio alcalde de Torre Pacheco. Fuentes de la investigación aseguran que la declaración de los imputados, especialmente de los ediles y de la alcaldesa, será determinante.
* La Opinión de Murcia - 06 de noviembre de 2007
Foto: Torrepacheco_ayuntamiento - lomejordemurcia.com
Abren diligencias por prevaricación contra el alcalde de Huércal Overa (Almería)
EFE* : El Juzgado de Instrucción 2 de Huércal Overa (Almería) ha abierto diligencias previas contra el alcalde, Luis García Collado (PSOE), y contra los ediles Dolores Martínez y Tomás Benítez por presuntos delitos de prevaricación en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El proceso se inició a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería, que denunció presuntas anomalías en la elaboración del plan de ordenación del municipio y las remitió durante el pasado mes de junio al Juzgado de Huércal Overa, han informado fuentes del Ministerio Público.
Las fuentes han señalado que, en estos momentos, el proceso iniciado para tratar de acreditar la existencia de elementos suficientes como para formular una escrito de acusación se encuentran en su fase inicial.
Durante la misma, está previsto que el próximo 16 de noviembre declaren ante la autoridad judicial los tres políticos presuntamente implicados en las irregularidades urbanísticas, sobre las que no han sido desvelados más detalles.
Por su parte, y en declaraciones a los periodistas en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, el alcalde Huércal Overa, una localidad de unos 15.000 habitantes, ha achacado la apertura de diligencias contra él a 'toda una trama de manipulación' ideada por el PP ante las próximas elecciones autonómicas.
Ha detallado que el PP, antes de acudir a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, interpuso una denuncia por los mismos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, que declinó abrir una investigación al respecto.
Tras defender que en la elaboración del PGOU de esta localidad 'no hay ninguna actuación punible', el alcalde ha trasladado su 'plena confianza' en la Justicia y ha dicho que la presunción de inocencia 'debe estar por encima de cualquier cosa'.
* Terra - 05-11-2007
Foto: Huercal-Overa (Almería), Plaza_Mayor - JJ.Rodríguez (wikipedia.org)
Paraíso y caos en la costa balear
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ELPAÍS* : Tiene un millón de habitantes y 11 millones de visitantes anuales. La mayor parte de la costa balear, paraíso del turismo, está protegida desde hace décadas contra el urbanismo salvaje. Pero muchas zonas han sucumbido ya a los hoteles, piscinas y urbanizaciones levantadas en primera línea de playa. "Liberar" el litoral de Baleares y evitar su "privatización de hecho". Es la pretensión que la Estrategia para la sostenibilidad de la costa -informe encargado por el Ministerio de Medio Ambiente- expresa en su capítulo dedicado al litoral insular, donde están los yacimientos del enorme negocio turístico de sol y playa y residencial.
Medio siglo de éxito del turismo de masas y de élite, más el urbanismo salvaje reciente, han dejado su huella de hormigón sobre buena parte del paisaje costero. Pero la mayor parte del perfil insular, de 1.428 kilómetros, no ha sido explotada: está casi intacta, a salvo del desarrollismo que dejó inaccesible, sin uso público, muchas decenas de kilómetros.
La naturaleza en su esplendor mediterráneo queda a tramos interrumpida por barreras de construcciones: casas y hoteles con piscinas sobre el mar, instalaciones cimentadas en las playas y puertos deportivos que reducen los arenales, un repetido catálogo de destrozos. Esta frágil dualidad paraíso-caos está retratada en el análisis de Medio Ambiente, que incluye propuestas de actuación para resolver el desaguisado urbanístico.
Los expertos y el Gobierno plantean un ambicioso programa de máximos a largo plazo: reubicar la central eléctrica de Endesa de Mallorca, privatizar el puerto de una base militar de Hidros de Pollença, derribar media docena de hoteles en tres islas o reubicar dos puertos deportivos y varias urbanizaciones ahora en zonas naturales.
La cirugía reparadora para lograr que se aplique la Ley de Costas -que prohíbe construir en primera línea de playa- está zurcida en cientos de medidas que podrían tener un alto coste económico y político. En los puntos negros, saturados, se proponen derribos para poner fin a los tramos ciegos de costa privatizada, las agresiones de chiringuitos playeros, chalés irregulares, piletas y terrazas que besan el mar y hoteles que obstruyen cauces agravando la situación de zonas inundables.
El riesgo de inundación por lluvias intensas es una problemática "de carácter severo" en calas ocupadas por edificios turísticos en Es Corso, cala Marsal, Portopetro, cala Llombards, cala Murada, calas de Mallorca, Portocristo, Caló de Es Torrent de Ibiza, y en diferentes puntos de la bahía de Palma. Las marinas artificiales y los puertos deportivos han dejado el litoral "completamente hormigonado", según el informe.
La piqueta podría actuar en el hotel Cala en Fonoll de Puerto Andratx; en Menorca se estudiará la "reubicación" del agresivo hotel Cala Galdana, que durante el franquismo fue calificado de "barbaridad" por el entonces ministro Manuel Fraga. Otros dos hoteles de Son Bou de Menorca pueden ser escombros "por su gran impacto". En Ibiza se ha puesto la cruz en el hotel de Cala Molí y se rescatará la concesión del hotel Es Torrent en Cala Es Torrent y del Alocs de Es Figueral.
En Cala Tirant, en Menorca, se plantea el derribo a largo plazo de un complejo ilegal en franja costera. En Soller y en Pollença hay dos hoteles que el plan de Mallorca fija para demoler. Uno de ellos, el don Pedro de Cala Sant Vicenç, fue valorado por el dueño en 24 millones.
Las islas generan mucha renta privada y pública. Tienen más de 360 playas, un millón de habitantes y once millones de turistas al año. En el corazón turístico de Baleares, la bahía palmesana, hay tramos que suman 17 de los 62 kilómetros de litoral en los que no es posible acceder a la costa. Existen 14 kilómetros con vallas y piscinas que impiden el paso. Cuatro de las 28 playas de la bahía no tienen acceso debido a la ocupación por hoteles, en s'Hostalet, Costa d'en Blanes, Cala Viñas y Bendinat. El plan propone derribos.
Una acción a largo plazo plantea también cambiar de lugar o modificar puertos deportivos (en Palmanova y S'Arenal) para regenerar las playas.
La compra de una franja costera de 500 metros de terreno se indica para redundar en la protección de áreas rústicas y naturales; y, en las zonas urbanizadas, se deben recuperar servidumbres, recurriendo a expropiaciones si es preciso y liberalizando los viales en muchas urbanizaciones. El hotel club Pollentia se sacaría de la Albufereta.
La medida común en todos los tramos costeros del archipiélago es la apertura de senderos para darles un uso público. Facilitar los accesos al mar, ahora oculto por los muros de la obsesión constructora, es un reiterado objetivo estratégico. Las urbanizaciones residenciales de lujo de Formentor, Costa de los Pinos, Mahón o Formentera no quedan exentos de ese proyecto de apertura al tránsito.
En el caso de la exclusiva Costa de los Pinos, un enclave donde disfrutan de mansión las familias de Pedro J. Ramírez, Ana García Obregón o Carlos Sáinz, el documento de Medio Ambiente proclama la exigencia de restaurar los "usos comunes" y evitar "la privatización de hecho" de la costa. Para ello se "liberará la servidumbre de tránsito eliminando los obstáculos existentes y garantizando la accesibilidad a cualquier tramo del litoral".
Delante de las casas se hará un sendero y "se expropiará la banda de seis metros de ancho, generalmente ocupada por piscinas y excepcionalmente por alguna edificación". Se revisarán las concesiones que impiden el acceso y se eliminarán las piscinas y solarium en dominio público. "Se han de recuperar para uso público las terrazas y jardines de uso privado", dice el informe.
Salvar lo que queda del paraíso es el reto que plantea Medio Ambiente. El plan de actuaciones busca "abortar que se repitan los errores del pasado" y dar valor a las zonas vírgenes para que "sean ejemplo para la atracción del turismo de calidad".
El posible impacto "de forma crítica" del cambio climático en las playas es otra variante contemplada detalladamente. En las islas, el retroceso del límite de la orilla, en 50 años, podría ser de entre siete y 13 metros. La subida del mar de hasta 15 centímetros en medio siglo afectaría a grandes playas de Mallorca, como la emblemática playa virgen de Es Trenc o las de Palma, Alcúdia-Muro, Talamanca, d'en Bossa en Ibiza y los largos arenales protegidos de Formentera.
Los bañistas también impactan. En decenas de playas se dan ocupaciones de la arena de menos de cinco metros cuadrados por persona, cuando la recomendación está entre siete y 12 metros por usuario. Se ve necesario revisar la capacidad de acogida: ya se detectan "colapsos" por la presión "humana alarmante".
El lado intacto de las islas Baleares quedó sin explotación urbanística porque en democracia las instituciones impulsadas por los ecologistas dictaron leyes de preservación en los escenarios más interesantes y vírgenes. Sa Dragonera y Cabrera, Es Grau, Ses Salines de Ibiza y Formentera son parques naturales, y más de un tercio de Baleares está blindado: no es edificable.
Además, las baterías costeras del Ejército, y los terratenientes con su renuncia a fragmentar y capitalizar su patrimonio, dejaron decenas de kilómetros vírgenes: es el caso de las extraordinarias playas naturales y latifundios sin urbanizar -protegidos por ley- de los nobles Squella, Olivar, Torresaura y otros, en Menorca, y de la familia March en Mallorca. Eso sí, la necesidad de hacer accesible por caminos públicos la costa y las calas también les afecta a ellos.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 05/11/2007
Foto: Hoteles en calas de Mallorca - TOLO RAMÓN (El País)
Lorca: Vecinos denuncian construcciones ilegales en el Rincón de Aguaderas
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LAVERDAD/Murcia* : Dicen los vecinos de Aguaderas que en los últimos meses las casas han proliferado como setas y en parcelas que no cumplen los requisitos establecidos por el Plan General, por ejemplo, la exigencia de los 20.000 metros por parcela para poder levantar una construcción. Un grupo de residentes próximos al Rincón de Aguaderas han dado la voz de alarma para que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto.
«Tenemos una casa próxima a este lugar que cumple todos los requisitos establecidos por la ley porque además es una construcción antigua. Nos extrañó mucho que se empezaran a construir casas sin parar y en parcelas que no tenían los 20.000 metros cuadrados que suele exigir la normativa. Es una casa con otra. En los últimos meses se han levantado incluso más, imagino que aprovechando los cambios en el Ayuntamiento después de las elecciones y hasta que el nuevo equipo se asentara. Nosotros lo denunciamos en Urbanismo hace ya tiempo y estuvimos hablando con el gerente. Vinieron los técnicos a ver qué estaba ocurriendo», explica uno de los vecinos.
Inspecciones técnicas
El concejal de Urbanismo, Francisco García, confirma que «efectivamente existen varios expedientes sancionadores abiertos por la presunta ilegalidad de esas viviendas. Los técnicos se desplazaron hasta la zona y comprobaron que las denuncias de los vecinos estaban argumentadas. El proceso ya está abierto y estamos trabajando en determinar las supuestas infracciones».
Los vecinos se quejan además de «que se han cargado hasta la falda de una de las laderas. No entendemos cómo se permiten estas actuaciones. Ellos tienen agua y luz, imagino que con licencia de almacén agrícola. No es justo que unos cumplamos la ley, y otros no la respetente», añade este vecino que prefiere permanecer en el anonimato por miedo a represalias.
Otro de los afectados insiste en que «hace un tiempo mi tío fue a Urbanismo para construirse una casa en una parcela que tenía y le denegaron la licencia porque no reunía los requisitos que establece la ordenanza urbanística para esta zona rural. Por eso nos llamaba la atención que de la noche a la mañana salieran tantas casas y tan próximas unas a otras. Era muy sospechoso, no era normal». La Gerencia de Urbanismo tiene ahora en su tejado el establecer qué ocurre con estas construcciones y en qué términos se encuentran y determinar el futuro de las mismas.
* La Verdad - T. M. M. - 6 noviembre 2007
Foto: Paraje donde se encuentran las supuestas viviendas ilegales. /PACO ALONSO / AGM - laverdad.es
La quiebra del modelo urbanístico del Partido Popular en Madrid
Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS)* : Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo ha declarado nulos 22 desarrollos urbanísticos de la capital, lo cual supone la desautorización de la política urbanística salvaje, depredadora y especuladora del Partido Popular en la Comunidad de Madrid de las últimas décadas, y que afecta a la construcción de cerca de 150.000 viviendas que ahora quedan fuera de la legalidad. Al modelo urbanístico especulador del PP en Madrid le ha llegado su fin.
El pasado 3 de julio una Sentencia del Tribunal Supremo, máximo órgano judicial del estado español, anulaba 22 desarrollos urbanísticos de la ciudad, entre los que se encuentran la Operación Campamento, Valdebebas, Los Ahijones, Los Cerros, Los Berrocales, Valdecarros, Arroyo del Fresno, y La Atalayuela, entre otros, por entender que la desclasificación del suelo protegido operada por la revisión del Plan General aprobada por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en 1997 no cumplía con la justificación exigida por la Ley del Suelo.
Esta Sentencia ratifica una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra la aprobación definitiva, por parte de la Comunidad de Madrid, de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Dicha sentencia, ratificada prácticamente en su totalidad por el Tribunal Supremo, considera que existía una “insuficiente motivación de la clasificación como suelos urbanizables y urbanos por el PGOUM de terrenos que tenían la clasificación de suelos no urbanizables de especial protección en el anterior Plan de 1985” así como que no se acreditaba debidamente que hubieran desaparecido las circunstancias determinantes de su protección”. La Sentencia, que como se ha dicho anteriormente, anula el planeamiento de los ámbitos afectados, es firme, no cabiendo recurso alguno contra ella, quedando de esta forma invalidadas todas las actuaciones de desarrollo del Plan General (aprobación de planes parciales, proyectos de urbanización, etc.) llevadas a cabo sobre dichos ámbitos con posterioridad a la aprobación del Plan General de 1997.
Con la llegada al poder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y, especialmente, al Ayuntamiento de la capital, se produjo un giro radical en la política urbanística en la región, modificando la filosofía basada en el desarrollo urbano sostenible, respetuoso con el medio ambiente como generador de vida, que hasta esa fecha ocupaba un lugar importante en la planificación del territorio, para pasar a un concepto de la acción pública urbanística en el que prima la actividad económica del mercado inmobiliario y el beneficio de las empresas promotoras privadas, relegando a un lugar secundario la calidad medioambiental de los entornos urbanos.
Durante las últimas décadas, las leyes del suelo y los planes urbanísticos aprobados por el PP han dejado patente que, en su criterio de política urbanística, el suelo es un producto más para hacer negocio y no el medio físico dónde los ciudadanos tienen la oportunidad de desarrollar en plenitud su vida de una forma sana y agradable. Para ello no han dudado durante este tiempo en invertir un proceso en el cual el medioambiente era un valor a preservar en beneficio de los habitantes de los municipios, para transformarlo en toda una maquinaría de generación de plusvalías y beneficios económicos, convirtiendo todo el suelo en urbanizable independientemente de su valor ecológico, ambiental, paisajístico o histórico, en beneficio de los intereses económicos de las grandes constructoras y promotores inmobiliarios.
El urbanismo depredador que esta sentencia desenmascara, ha generado un problema de una envergadura social incalculable y de consecuencias impredecibles, ya que ha permitido y fomentado la comercialización de cientos de miles de viviendas que se encuentran fuera de la legalidad, y por tanto amenazadas de posible demolición futura, lo que puede dejar a miles de jóvenes y familias en la calle y sin ahorros.
A la Administración Regional y Municipal madrileña sólo le queda un camino: Cumplir con la sentencia judicial e iniciar la elaboración de un nuevo Plan General de Urbanismo para los ámbitos que ahora se encuentran fuera de legalidad, que respete todo el suelo que estaba calificado como de especial protección en 1985. La Administración tiene un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia. El retraso e incumplimiento de sus obligaciones por parte de los responsables podría ser constitutiva de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Y lo más grave es que aumentarán los retrasos que ya se vienen acumulando, hasta la fecha, en la ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos, por las políticas de especulación del suelo de las dos últimas décadas. Dado que más tarde o más temprano la Sentencia deberá ser cumplida, podemos estar asistiendo a la mayor estafa de la reciente historia del Estado español, al permitirse el comercio de viviendas ilegales.
La Sentencia del Tribunal Supremo ha puesto freno a la barbarie del ladrillazo madrileño, repartiendo responsabilidades entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y concentrándolas en la persona de Alberto Ruiz-Gallardón que era Presidente autonómico cuando se aprueba el Plan y es ahora Alcalde de la ciudad durante su ejecución. Y sin olvidar al anterior edil municipal, Álvarez del Manzano, bajo cuyo mandato se elaboró la revisión del Plan General, y a la actual Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que está dando cobertura a la trama inmobiliaria madrileña con una nueva ley que favorece aún más la especulación.
* Rebelión - 05-11-2007
Sant Joan recalifica todo el término para hacer 32.000 nuevas viviendas
ELPAÍS/Alicante* : Sant Joan d'Alacant agotará prácticamente de una tacada el suelo no urbanizable del término (unos 2,5 millones de metros cuadrados) y contará en el horizonte de 2043 con un parque de viviendas potencial de 31.894 unidades que triplicarán su censo (ahora de 20.500 habitantes). Este desarrollo supondrá un consumo de agua de 23.231 metros cúbicos al día. De ellos, 18.458 serán para el abastecimiento y procederán de la proyectada desaladora de Mutxamel (2.265 metros cúbicos) y el resto de los acuíferos del Vinalopó.
El riego de las zonas verdes (4.773 metros cúbicos) se cubrirá con agua depurada.
Estos son los trazos más gruesos del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado por el equipo de gobierno local, en manos del PSPV. El edil de urbanismo, Pablo Celdrán, defiende la "sostenibilidad" de esta propuesta de planeamiento. "Cerramos las puertas a los agentes urbanizadores y nos aseguramos la preceptiva reserva de zona verde con más de un millón de metros cuadrados", razona el edil.
El gobierno local, en palabras del edil de Urbanismo, ha apostado por este nuevo documento en sustitución del actual PGOU, vigente desde 1987, con el objetivo de impulsar la localidad como centro administrativo y comercial del área metropolitana de Alicante y para cumplir la exigencia de cinco metros cuadrados de zona verde por habitante recogida en la Ley Urbanística Valenciana (LUV). "El término de Sant Joan es exiguo, no más de 10 kilómetros cuadrados. Con el vigente PGOU estábamos limitados. Ahora, apostamos por nuevo modelo sostenible, asegurándonos las zonas verdes, el crecimiento del sector terciario y de la industria ligera, y un desarrollo residencial intensivo en altura, más próximo al de Benidorm, en oposición al urbanismo extensivo de la vivienda unifamiliar y chalés", argumenta el edil.
El sector de Fabraquer sur (una franja de dos millones de metros cuadrados de suelo rústico, en el prelitoral entre El Campello y Alicante, a unos 600 metros de la línea del mar) es la piedra angular del modelo urbano que propone el Consistorio. Sobre este sector se presentaron hace un año nueve propuestas de urbanización. El equipo de gobierno las rechazó y ahora recalifica el terreno, incluyendo una reserva de medio millón para zona verde y otro tanto para viales y dotaciones. El resto será suelo residencial. En total, aquí se levantarán 5.748 viviendas, en bloques de nueve alturas. "Será nuestra ventana al mar con la renovación de la obsoleta red de comunicaciones", dice Celdrán.
El segundo punto en el que incide la propuesta de plan es el sector de Fabraquer norte, que ocupa 800.000 metros cuadrados. El equipo de gobierno pretende convertirlo en la punta de lanza de la actividad industrial y comercialo. Se recalifican unos 600.000 metros como suelo industrial, que se sumarán a los 200.00 existentes, para industria ligera. En la zona también se ubicarán tres centros comerciales.
En el apartado de recursos hídricos, el equipo redactor del PGOU de Sant Joan d'Alacant, sobre la base de un informe de la empresa Aguas de Alicante, asegura que el suministro se garantizará con las aportaciones de la proyectada desaladora de Mutxamel y el trasvase Júcar- Vinalopó. El consumo que estiman los técnicos con el PGOU plenamente ejecutado sería de 23.231 metros cúbicos diarios.
En una proyección hasta 2020, el consumo de agua (humano, dotacional y terciario) previsto será de 12.392 metros cúbicos diarios. De ellos, 2.265 metros procederán de la desaladora. "Únicamente sería necesario abastecer 10.127 metros cúbicos al día desde las actuales fuentes de abastecimiento
[los acuíferos del Vinalopó]", señala el estudio. El informe alude sorprendentemente a la aportación del trasvase Júcar-Vinalopó, cuando esta transferencia no está prevista para consumo humano, sino agrícola y de recarga de los acuíferos. El riego de zonas verdes (4.773 metros cúbicos al día) se cubrirá con el agua reciclada de la nueva depuradora el Cantalar (al norte del término).
Ecologistas en Acción del País Valenciano rechaza las líneas generales de esta propuesta de PGOU y en particular el aspecto de los recursos hídricos. "El planeamiento, por mucho que se revista con zonas verdes, es mastodóntico e insostenible. Agota prácticamente todo el suelo no urbanizable, un caso insólito en la Comunidad Valenciana", explica Carlos Arribas, portavoz de la organización en Alicante. "Y en cuanto a los recursos hídricos, la propuesta viene a incrementar la presión sobre los ya sobreexplotados acuíferos de Vinalopó. El agua del trasvase es sólo para regar", asevera Arribas.
El edil de Urbanismo defiende la sostenibilidad del plan también en este punto: "Sant Joan será el único municipio del área metropolitana de Alicante que no tendrá campo de golf".
Dos 'Rabassa' y un 30% de VPO
La propuesta de crecimiento del parque inmobiliario que incluye el avance del nuevo PGOU de Sant Joan Joan d'Alacant dobla en números absolutos al más ambicioso, y no menos polémico, programa urbanístico de Alicante, el Plan Rabassa. Este último, pendiente del visto bueno del Consell, prevé levantar unas 15.000 viviendas, mientras el PGOU de la pequeña y contigua localidad de Sant Joan plantea 31.894 nuevas casas.
Los mentores del plan Rabassa, entre ellos el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, defienden el plan por la oferta de vivienda social que incluye, la mitad de las nuevas casas.
Este aspecto social también es esgrimido por el equipo de gobierno socialista de Sant Joan. "En todos y cada uno de los nuevos sectores de desarrollo se ha hecho una reserva del 30% para viviendas protegidas, 10 puntos por encima de lo que fija la ley", asevera el edil de Urbanismo, Pablo Celdrán.
Celdrán resalta otra característica, en su opinión pionera, del trámite abierto en el Ayuntamiento para la redacción del nuevo PGOU. "Será un proceso abierto sin ninguna restricción a la participación de los vecinos. De entrada, la fase de exposición al público del avance se prolongará durante tres meses", explica. El plan de participación ciudadana en el PGOU incluye, entre otras actividades, conferencias, exposiciones y visitas guiadas por el término.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 05/11/2007
Foto: San Juan de Alicante - mma.es
