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ECOTICIAS/Alicante* : Las intervenciones urbanísticas masivas en las zonas turísticas han sido tan corrientes en estos últimos años, que han provocado una destrucción del territorio implacable, nunca se ha podido justificar tal agresión, reñida con el mínimo concepto de sostenibilidad, de manera razonable. Es más, en este momento, cuando las viviendas desocupados superan el millón setecientos mil en España, no tiene sentido plantear intervenciones urbanísticas a gran escala.
Verdes del Mediterráneo asistimos al numeroso acto del sábado pasado en el salón de actos del Hotel Sun Palace, Alfaz del Pi, c/ Hércules 1, El Albir , invitados por nuestra compañera y eurodiputada verde danesa Margrete Auken autora del “informe Auken” aprobado por mayoría absoluta por el parlamento Europeo condenando a España por abusos urbanísticos.
Organizado el acto por "Abusos Urbanísticos, NO", la Asociación de Vecinos de L´Alfaz del Pí y la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas por los que también fuimos invitados a participar al debate “El Futuro desarrollo urbano en la Comunitat Valenciana y como nos afecta”
Para Verdes del Mediterráneo la verdad de todo el “tsunami urbanizador y destructor” no es nada complejo y si muy sencillo y esclarecedor para acabar definitivamente y de raíz con este mal cuasi endémico del urbanismo en España y sobre todo en las costas mediterráneas: los dos grandes partidos, PSOE y PP, de han creado y mantienen las leyes que favorecen la especulación urbanística, las agresiones al territorio y al medioambiente”
Las intervenciones urbanísticas masivas en las zonas turísticas han sido tan corrientes en estos últimos años, que han provocado una destrucción del territorio implacable, nunca se ha podido justificar tal agresión, reñida con el mínimo concepto de sostenibilidad, de manera razonable. Es más, en este momento, cuando las viviendas desocupados superan el millón setecientos mil en España, no tiene sentido plantear intervenciones urbanísticas a gran escala.
Por otra parte, la legislación urbanística valenciana y española tan consentidora con los movimientos especulativos e impulsora de la figura del "agente urbanizador" nace al amparo de los dos grandes partidos, PP y PSOE, como un perverso elemento, útil casi en exclusividad, para impulsar proyectos que no respetan los intereses naturales del entorno, ni de las personas que lo habitan. Verdes del Mediterráneo “exigimos un cambio inmediato de la legislación urbanística, generadora además de migajas de pan para hoy a los trabajadores y hambre para mañana, y trufas y champan para los ricos y especuladores”
Dicha legislación ha sido criticada por todos los movimientos ecologistas locales, nacionales e internacionales y también por las directivas europeas, se ha manifestado como una legislación al servicio de los intereses ajenos a la mayoría abrumadora de la sociedad española
Verdes del Mediterráneo animamos a movimientos como "Abusos Urbanísticos, NO" y la Asociación de Vecinos de L´Alfaz del Pí a continuar actuando contra las intervenciones urbanísticas masivas y, por otra parte, agradecemos a nuestra compañera Margrete Auken los esfuerzos demostrados en su trabajo parlamentario en Europa, en defensa de la naturaleza y de los intereses de sus habitantes.
* Ecoticias.com - 1.10.09
Foto: Alfaz del Pi (Alicante) - mma.es
"Abusos Urbanísticos, NO"
La gota fría deja otra vez en evidencia la ubicación y diseño de las obras públicas
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LEVANTE/Valencia* : Las inundaciones que en los últimos días han afectado a la comarca han vuelto a poner en evidencia la imprevisión con la que muchas veces actúan las administraciones a la hora de construir infraestructuras públicas en una comarca tan vulnerable a las lluvias torrenciales como la Ribera.
La inundación del instituto de Carcaixent o de la nueva estación de ferrocarril l'Ènova-Manuel, obras inauguradas hace apenas unos meses, son paradigma de la muchas veces ineficaz gestión en el diseño o ubicación de las obras públicas. Esa actuación es una constante en la Ribera, bien por parte de los ayuntamientos que no alertan a otras administraciones, la autonómica o la estatal, o por obviar el peligro de construir en unas zonas que después se muestran indefensas ante la fuerza del agua. Carcaixent es un caso palmario. Es una de las ciudades que con mayor dureza ha sufrido el embate de las aguas. Sin embargo, a pesar de los antecedentes, algunos de los más graves aún muy recientes en la memoria de la ciudad, el nuevo instituto se construyó en medio de una torrentera que canaliza las aguas que bajan de la montaña de la urbanización San Blas.
Otro ejemplo clamoroso, esta vez por el retraso en dar una solución, es el de la pedanía de Cogullada, también en Carcaixent, que sufre inundaciones casi cada año sin que se haya puesto remedio. Ayer, la alcaldesa de Carcaixent, Lola Botella, preguntada por ello, aseguró ayer que el caso de Cogullada es recurrente porque se encuentra "en una zona muy baja. Lo único que nosotros hemos podido hacer es una acera de emergencia para que cuando haya necesidad de entrar alimentos a ambulancias poder hacerlo. Pero evitar que el agua vaya a las zonas más bajas de Carcaixent, eso nosotros aún no sabemos hacerlo", añadió Botella.
Tampoco ha resistido el primer temporal la estación de ferrocarril de l'Ènova-Manuel, cuyo aparcamiento y el paso subterráneo se inundaron el lunes mientras el agua entraba varios centímetros en el edificio central. Los colectores se demostraron insuficientes ante la cantidad de agua. La estación se abrió en julio. Otro caso similar es el de las obras del centro comercial Vilella. El solar ha vuelto a inundarse por completo cuando la ampliación del barranco está prácticamente culminada. En Alzira también es inunda de forma cíclica la carretera de Albalat, por la que se accede a uno de los principales polígonos, sin que llegue la solución, que pasa por encauzar definitivamente el barranco de la Murta.
El río Xúquer llegó a registrar un caudal máximo de 306 metros cúbicos por segundo en la desembocadura de Cullera. El registro máximo se produjo a las 5 de la mañana del martes. El día anterior a la misma hora el caudal era de 44 metros cúbicos y dos días antes de 10. Las lluvias de la pasada semana elevaron las aportaciones a 60 metros cúbicos, pero esta semana se han multiplicado por cinco.
El Xúquer y sus afluentes, que se desbordaron entre el lunes y el martes, recuperaron ayer la calma tras la tempestad de los últimos días. Con ello, la comarca recobró la normalidad y todos los colegios reabrieron sus puertas. Algunos caminos rurales seguían cerrados en las poblaciones más afectadas por el temporal, pero se reabrieron al tráfico las 7 vías secundarias cerradas.
* Levante-EMV - CARLOS ALÓS -1.10.09
Foto: Carcaixent (Valencia) - portaldexativa.es
Cort autorizó el derribo de las casas históricas de Son Santiscle
ÚLTIMAHORA/Palma* : El Ajuntament argumenta que se trata de un error administrativo y ARCA lo considera un escándalo. El Ajuntament de Palma dio licencia de derribo a las casas de Son Santiscle, también conocida como Casa Blanca, pese a que en un primero momento aseguró que se habían derribado sin permiso. Sin embargo, Ultima Hora ha podido saber que el equipo de Gobierno de Aina Calvo reconoció en la última comisión de Urbanismo que «por un error administrativo» se les otorgó la licencia de derribo.
Por su parte, fuentes municipales han puntualizado que una de las partes de las casas de Son Santiscle no tenían licencia de derribo y el Ajuntament ha abierto un expediente por este motivo.
El portavoz de la Asociación para la Recuperación de los Centros Antiguos (ARCA), Joan Pascual considera que el derribo de estas casas de los siglos XVIII y XIX es «un escándalo propio de una maquinaria municipal totalmente desquiciada que no sabe lo que firman o bien nos mentían».
En este sentido, cabe recordar que el actual equipo de Gobierno, encabezado por la socialista de Aina Calvo aseguró que las casas de Son Santiscle no contaban con licencia de derribo.
Pascual reitera que se trata de «un escándalo, es una pérdida para todos». Por ello, asegura que en Arca «estamos horrorizados, no hay palabras para describir cuánta ineficacia hay».
El portavoz de ARCA señala que formalmente no han tenido conocimiento de estos hechos por parte del Ajuntament, «pero es un secreto a voces, que las casas de Son Santiscle tenían licencia de derribo».
Pascual destaca que estos edificios que datan de los siglos XVIII y XIX tenían un gran valor y estaban «pre-protegidas por un acuerdo entre caballeros. Se acordó que no se daría ningún permiso de demolición a estas casas».
El portavoz de Arca manifiesta su impotencia ante los hechos ocurridos y explica que no pueden tomar medidas legales porque pese al acuerdo que tenían con el equipo de Gobierno de Aina Calvo oficialmente las casas de Son Santiscle no estaban protegidas. «¿En manos de quién está el patrimonio?», se preguntó el portavoz de ARCA.
En lo referente al motivo del derribo, Pascual explica que se debe a la ampliación del Polígono de Can Valero, ya que estas casas se encontraban en sus inmediaciones. Sin embargo, recuerda que desde ARCA propusieron, cuando conocieron los planes de ampliación del citado polígono industrial, que las casas de Son Santiscle fuesen utilizadas como oficinas con la finalidad de que continuase siendo visible lo que hubo antes en este lugar. Además, solicitaron la ampliación del Catálogo de Protección de Edificios de Palma.
* Última Hora Digital - ALICIA MATEOS - 1.10.09
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org
Espacios públicos urbanos, prostitución y ordenanzas cívicas
GEMMA GALDÓN* : Las imágenes publicadas la semana pasada en diversos medios de comunicación, denunciando la prostitución callejera en los alrededores de la Boquería han recrudecido el debate sobre le efectividad de la ordenanza cívica de Barcelona y la persistencia de las actitudes incívicas cinco años después de su aprobación. Casualmente, este debate coincide con el encargo por parte del Home Office británico a un grupo de académicos de la Universidad de Glasgow de un estudio sobre el fracaso de las medidas de control del comportamiento en el espacio público.
En el Reino Unido, dónde el Estado ha financiado la instalación de más de cuatro millones de cámaras de videovigilancia y las ordenanzas de comportamientos anti-sociales, como allí las llaman, hacen que cualquier ordenanza cívica de nuestro entorno parezca un juego de niños (limitan la libre asociación de más de dos mayores de seis años en la calle, por ejemplo, que deben dispersarse si así les es requerido), los gestores públicos confiesan su incredulidad y desorientación: tras años de seguir a rajatabla las doctrinas de ventanas rotas (Broken Windows) y de monitorizar y reglamentar los comportamientos en el espacio público, tanto el incivismo como la sensación de inseguridad no han ni siquiera disminuido.
No estaría de más que desde aquí también empezáramos a plantearnos estas mismas preguntas: tras cinco años de ordenanza en Barcelona, la mayor parte de las sanciones no llegan a cobrarse y los comportamientos que se pretenden censurar persisten (o empeoran, según algunas voces). Desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, es evidente que algo está fallando.
Sin embargo, a día de hoy la única propuesta en firme que ha salido del consistorio de la ciudad condal es la petición de instalar más cámaras de videovigilancia en el barrio del Raval, con el fin de atajar la “inseguridad, la prostitución y los comportamientos incívicos”. En 1984 la localidad de Bournemouth tuvo el honor de acoger la primera cámara instalada en Inglaterra; desde entonces, éstas se han generalizado hasta tal punto que se dice que las más de cuatro millones de cámaras del país filman a cada ciudadano una media de 300 veces al día (una cifra difícil de demostrar, pero quizás plausible teniendo en cuenta que la relación es de una cámara por cada 14 personas). Inglaterra, con el 1% de la población mundial, concentra el 20% de las cámaras de todo el mundo. No obstante, en Inglaterra, como aquí, los comportamientos que se pretendía atajar persisten.
Pero concentrémonos por unos segundos en las cámaras: en todas y cada una de las noticias que han aparecido en las últimas semanas sobre el tema de la videovigilancia en el Raval, las cámaras se proponen como elemento disuasorio de la actividad incívica/criminal, cuando en realidad la utilización de las imágenes se produce siempre a posteriori (y aún así, sólo son útiles en la resolución de 1 de cada 1000 delitos, según reconoció la Metropolitan Police londinense hace sólo unos días). Este efecto disuasorio es a veces atribuido a la creencia de que el incívico/delincuente dejará de actuar ante la presencia de cámaras, o a que los vecinos tendrán una mejor percepción (subjetiva) del nivel de inseguridad en la calle. La realidad, sin embargo, es que no disponemos de ningún dato que refuerce estas opiniones: los delitos y actos incívicos se cometen igual (en la calle de al lado o delante de la cámara con casco o capucha), en los casos en que las cámaras tienen algún impacto éste tiende a ser sobre los delitos contra la propiedad (robo de coches principalmente) y no contra las personas, y la percepción de seguridad sólo mejora en casos aislados y a corto plazo. A medio y largo plazo, pues, seguimos igual de asustados, los delitos se cometen igualmente y las arcas públicas se vacían (el sistema público de videovigilancia de Londres ha costado 200 millones de libras: es decir, cada caso resuelto gracias a las cámaras le cuesta al erario público 20,000 libras).
La creciente demanda de seguridad, sobre todo en el espacio público, por parte de la ciudadanía se ha convertido en uno de los ejes de las políticas públicas municipales de los últimos años. No puede negarse que disponer de espacios públicos abiertos y seguros es una de las condiciones que debería cumplir cualquier sociedad democrática –sobre todo porque los espacios públicos inseguros expulsan siempre a los más débiles. Pero esa demanda no puede convertirse en excusa para llevar adelante políticas que no resuelven problemas, que no tienen en cuenta la relación coste-beneficio y que no son evaluadas de forma regular para que la ciudadanía pueda determinar si mantenerlas tiene sentido. El debate actual puede ser un buen momento para poner todo esto sobre la mesa y explorar estrategias de verdadera recuperación del espacio público urbano, evitando la extensión por repetición en todo el país de unas ordenanzas que todos los actores implicados coinciden en que no funcionan, y que en otros países se está ya camino de replantear.
*Gemma Galdon Clavell, investigadora en seguridad y espacio público en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
* Revista Sin Permiso - 27.09.09
