ELPAÍS/Alicante* : Coches flotando como simples mecanos en medio de barrancos colmados de agua o enseres domésticos a lomos del desatado caudal del Girona en las inmediaciones de la playa de Les Marines, en Dénia, revelan que la ordenación del territorio y el desarrollo urbanístico en la Comunidad Valenciana han dado la espalda en las últimas décadas a la lógica de la naturaleza.
La proliferación de urbanizaciones en la desembocadura del Girona o en los cauces de los barrancos que atraviesan el municipio de Calp ha engordado la lista de pérdidas materiales, que en el caso de la última localidad y sólo en el apartado del parque móvil se eleva a nada menos que 1.200 unidades dañadas. Calp es uno de muchos pueblos del litoral valenciano con las laderas de sus montes y barrancos poblados por decenas de urbanizaciones.
La parte baja de esta población era la mañana del viernes una enorme balsa en la que se acumuló el cauce desbocado de los barrancos. Todavía ayer había gran cantidad de agua embalsada en su playa. Para evitar males mayores, el Ayuntamiento no tuvo más remedio que tirar el muro del paseo marítimo para aligerar la evacuación mar adentro.
El urbanismo salvaje y su empeño por no dejar a salvo ni un centímetro cuadrado del litoral también ha sido clave en los apuros en que puso la riada a un centenar de vecinos de las urbanizaciones de Les Marines, acosados por una inundación que obligó al rápido despliegue de los equipos de emergencias para su rescate.
En el caso de los municipios afectados por el desbordamiento del Girona, a la construcción de viviendas prácticamente junto al cauce del río se suma la polémica sobre su adecuada limpieza. Este río, seco en verano y con un caudal de apenas medio metro en su curso central en invierno, se desbordó a causa de la intensa lluvia registrada en la cabecera (cerca de 400 litros por metro cuadrados en apenas unas horas). La riada bajó sin aparentes problemas hasta que se topó con los puentes de El Verger y Els Poblets. Los vecinos responsabilizan al cañizo que cubre el cauce del taponamiento de los ojos de los puentes, extremo que habría acentuado la inundación. La Confederación Hidrográfica del Júcar rechaza la denuncia.
A pesar de que cada año, la lluvia torrencial, inherente a la geografía valenciana, pone en evidencia el desarrollo urbanístico en este ámbito territorial, se mantienen nuevos proyectos ubicados en zonas potencialmente inundables. Como ejemplos de estas nuevas iniciativas urbanísticas se encuentra el PAI previsto en el río Algar, en Altea, o una urbanización en San Miguel de Salinas que ocupa parcialmente una rambla.
* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 15/10/2007
Foto: Alicante, inundaciones - EFE
Los daños de la inundación se agravan por el urbanismo salvaje
30 años sin resolver el problema del acceso a una vivienda
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ELMUNDO* : Ocho legislaturas, tres partidos en el Gobierno, cinco presidentes y el mismo problema. Durante los 30 años de democracia, la política de vivienda ha ocupado siempre uno de los primeros puestos en las agendas de los ejecutivos. El último plan aprobado por la ministra del ramo, Carme Chacón, es sólo un ejemplo más del esfuerzo que los distintos partidos, con independencia de su color político, han llevado a cabo para hacer más asequible y universal el acceso a una casa. Hasta ocho planes y un buen número de reales decretos han dibujado a lo largo de este periodo la realidad de la vivienda en España y los problemas coyunturales acordes con cada época.
Si en un primer momento la necesidad era delimitar los requisitos de acceso a las viviendas protegidas, más tarde los esfuerzos se centraron en mejorar la financiación ante los repuntes de los tipos de interés. La realidad de la vivienda es hoy bien distinta a la de entonces. En primer lugar porque el número de viviendas que ahora conforman el parque inmobiliario ha vivido una gran transformación. En la década de los 70 el incremento medio anual de nuevas casas fue de casi 400.000, mientras que en la década siguiente este promedio se redujo a casi la mitad. A partir de entonces, la recuperación del sector y el aumento de la demanda llevó a una vorágine constructora que ha creado un parque de casi 24 millones casas.
En la actualidad, los nuevos planes gubernamentales han suscitado infinidad de críticas. A juicio de los expertos existen fallos «salvables» pero sobre los que hay que trabajar, y mucho. «Nos encontramos con las lagunas del alquiler, que tiene que facilitar el primer acceso a la vivienda; la rehabilitación no monumental; el realojo y una política de remodelación de los polígonos de zonas periféricas», afirma el arquitecto José María Ezquiaga.
«En España se ha hablado de la escasez de la vivienda en los últimos 30 años, pero el verdadero problema es el precio, que se ha agravado en la última década», asegura Ramón López de Lucio, catedrático de Planeamiento Urbanístico en la Universidad Politécnica de Madrid.
El acceso a una casa: eterno quebradero de cabeza para los españoles
«Ahora el tema crítico está en el precio del suelo. Se debe incidir en conseguir suelo barato para vivienda social», añade José María Ezquiaga.
1978: VPO
Entre 1975 y 1977 se creó el primer Ministerio de Vivienda, al frente del cual estuvo Francisco Lozano Vicente. Durante su mandato y el posterior Real Decreto de 1978 la necesidad primordial fue establecer las condiciones de disfrute de VPO, los distintos regímenes de propiedad y la normativa sobre su edificación. Además, por primera vez se fijan las cuantías de las multas para las infracciones de las normas que regulan estas viviendas.
1981-83: SUELO
Sin embargo, fue el Plan Trienal 1981-1983, elaborado por Luis Ortiz González, ministro de Obras Públicas y Urbanismo, el primer gran intento de regular la política de suelo y vivienda.
Anna B. Sánchez y Roser Plandiura, de la Universidad de Barcelona, destacan en su estudio 'La provisionalidad del régimen de protección de la vivienda pública en España' que en este periodo «se estableció un convenio con cajas y bancos privados en virtud del cual éstos concedían préstamos a intereses más bajos que los del mercado a los promotores y adjudicatarios de VPO».
Este plan también delimitó la nueva tipología de VPO de promoción privada y fijó el tope de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) requerido para su acceso.
1984-87: TRANSFERENCIAS
Con el Gobierno del PSOE, el entonces ministro de Obras Públicas y Fomento, Javier Luis Sáenz de Cosculluela, elabora el Plan Cuatrienal 1984-1987, que culmina el proceso de transferencias a las comunidades autónomas. En este periodo, y ya con la oferta privada reactivada tras la recesión económica, se decidió restringir las actuaciones protegidas, lo que llevó a los promotores privados a abandonar la construcción de VPO. Un Decreto de 1987 desarrollaba esta ley y establecía la obligación de las comunidades autónomas de financiar las subvenciones a las familias de menores ingresos que antes se cargaban a los presupuestos del Estado.
Julio Rodríguez López, gerente de la Universidad de Alcalá de Henares, recuerda que «hasta mediados de los 80 los planes vigentes refuerzan los pactos entre la Administración y las entidades de crédito para favorecer el acceso a las rentas más bajas».
El Real Decreto de 1989 estableció una política restrictiva basada en el racionamiento de crédito. Además, se vuelven a revisar los requisitos para acceder a pisos protegidos -se establece en cinco veces el SMI- y desaparece la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
1992-95: SUPERFICIES
Durante la etapa de Cosculluela, según Rodríguez López, «la política de vivienda decae bastante y carece de grandes iniciativas. Posteriormente se le dará un fuerte impulso en el plan 1992-1995, con Josep Borrell». En este periodo se refuerza la colaboración entre Administración central y comunidades autónomas y puede decirse que, desde aquel momento, las políticas de vivienda sucesivas han seguido la misma estructura: el Ejecutivo central diseña el plan en virtud de sus competencias de planificación económica y las comunidades amplían y desarrollan las condiciones generales. También con estas medidas se fija el límite máximo de 120 metros cuadrados para casas protegidas y un periodo de protección de 30 años.
1996-99: TIPOLOGÍAS
Aunque con el diseño del Gobierno socialista, es el Partido Popular, recién llegado al poder, quien aplica el Plan 1996-1999, que amplía el número de actuaciones protegidas e incluye nuevas tipologías, como las viviendas de promoción pública.
Además, regula las medidas de cofinanciación, rehabilitación y construcción en áreas rurales y las casas de tipología especial.
1998-01: VPO DE ALQUILER
El primer plan diseñado expresamente por el Gobierno 'popular', bajo la tutela de Rafael Arias Salgado, tiene lugar en un momento de auge del sector inmobiliario y crediticio, favorecido por unos tipos de interés muy bajos. El aumento de la demanda y la fácil financiación iban en aumento mientras se empezaba a hablar del inicio de la 'burbuja' inmobiliaria.
«También ahora es cuando se producen los cambios más notables en materia de VPO. Durante esta etapa y la de Francisco Álvarez-Cascos se empieza a fomentar la construcción de vivienda protegida en alquiler, una asignatura pendiente en todos los planes anteriores», afirma el experto de la Universidad de Alcalá de Henares.
2002-05: DESREGULACIÓN
La época de Álvarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento, encargado de las políticas de vivienda durante las dos legislaturas del PP, estuvo protagonizada por la polémica desregulación de suelo. Es ahora cuando empieza a surtir efecto la Ley de 1998 promovida por este político que declaraba zonas urbanizables todas aquellas que no estuviesen protegidas.
2005-08: AYUDAS DIRECTAS
Con el Gobierno socialista apareció el segundo Ministerio de Vivienda de la democracia, encabezado por María Antonia Trujillo, quien introdujo novedades como la creación de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y las ayudas directas de 240 euros al mes para fomentar el arrendamiento.
Precisamente la vivienda en alquiler ha marcado una evolución natural de los sucesivos planes de vivienda. En el año 1950, fecha del primer registro, las casas en este régimen representaban un 51% del total. Hoy, según datos del Ministerio de Vivienda, sólo 1,8 millones de inmuebles (el 7,5%) está arrendados.
2007: ALQUILER
Esta progresión explica que las políticas de vivienda hayan evolucionado hacia un mayor fomento del alquiler. El último plan de la democracia, ya en manos de la actual ministra, Carme Chacón, está enfocado a incentivar este mercado con nuevas ayudas directas a inquilinos y la equiparación de las desgravaciones fiscales para compra y arrendamiento. Además se contemplan incentivos a los propietarios y mayor agilidad en los desahucios.
Pese a los intentos del último Ministerio de Vivienda, Julio Rodríguez López apunta que «los dos último planes son muy criticables por el excesivo número de actuaciones. Son demasiado extensos teniendo en cuenta que el desarrollo de las políticas de vivienda está transferido a las comunidades autónomas».
Por eso este experto considera que «la natural evolución que deberá seguir el próximo plan será centrarse exclusivamente en garantizar la construcción de VPO para compra y alquiler y ayudas a rehabilitación. El resto de medidas deberían ser ampliadas por cada Gobierno autonómico».
Por su parte, Ramón López de Lucio argumenta: «La política más adecuada es la del País Vasco, inspirada por Javier Madrazo. Allí, en cualquier actuación urbanística al menos el 65% es de protección oficial. La CAM se queda en el 50% y la Ley del Suelo estatal exige sólo un 30%. Este porcentaje es muy bajo. Sólo las rentas muy altas pueden acceder al mercado libre, mientras que el 80% debe acudir a los pisos protegidos».
López de Lucio, además, da una solución al respecto de las VPO: «Que las viviendas no salgan del circuito de vivienda social pública en un mínimo de 90 años. Esto contribuirá a disuadir a los especuladores, que los hay entre las personas con rentas bajas. Aquí cada uno especula al nivel que puede».
Desde que el famoso 'Decreto Boyer' fuera aprobado en abril de 1985, los españoles vieron la puerta más abierta para la compra de vivienda olvidando una posibilidad vigente e interesante en los países vecinos: el alquiler.
El artículo 7 propone la desgravación por compra de vivienda en un 17%. «Decidirse por la propiedad o el alquiler ha sido siempre otra de las problemáticas. El 'Decreto Boyer' apoyó las medidas fiscales para beneficiarse en la compra de una casa. Desde entonces hasta nuestros días se establece claramente el apoyo a la vivienda en propiedad y se continúa con medidas fiscales frente a la otra posibilidad, que es alquiler», añade López de Lucio.
«En 1985 había muy poco alquiler con respecto al que había en Europa. Esto no ha cambiado», dice.
Para este arquitecto la compra sería más lógica con un menor endeudamiento de los hogares. «Es muy importante que el esfuerzo de adquisición de las familias sea del 30% con relación al salario familiar, incluidos los gastos que ocasiona la vivienda. Y ahora se está llegando al 60%», afirma.
A juicio de otros expertos, hay un paso vital frente a la propiedad. «Facilitar la emancipación de los jóvenes con el alquiler es más importante que el famoso cheque para tener hijos. Desde hace 15 años se ha retrasado la emancipación de los jóvenes. Y como está la situación es necesario mirar hacia el alquiler», apunta José María Ezquiaga.
«Artículo 7. Desgravación por inversión en vivienda: 'La adquisición de viviendas de nueva construcción, cualquiera que sea su destino, dará derecho a una deducción del 17% por inversión en vivienda (...)'».
Los lectores de 'elmundo.es' suspenden el plan de alquiler de la ministra Chacón
Unos resultados parecidos obtiene la cuestión acerca de si la construcción de viviendas sobre suelo público ayudará a bajar el precio de las casas. La mayoría (56,2%) ve el vaso medio vacío, mientras algo más de un tercio (38,3%) prefiere verlo medio lleno.
SU VIVIENDA también pidió a los lectores que consideraran si la aplicación de estas medidas podría hacer que se decantaran por el alquiler en el caso de que estuvieran pensando en comprar un piso. En el 72,2% de los casos la respuesta fue negativa, aunque dos de cada 10 respuestas se inclinaron por el sí.
Además, el 61,4% no se animaría a poner en alquiler un piso en el supuesto de que lo tuvieran vacío, aunque un 30,5% contestó afirmativamente a esta cuestión.
Por último, la pregunta era si resulta oportuno que se haya aprobado este plan a seis meses del fin de la legislatura. De nuevo, la opción seleccionada mayoritariamente fue la del no (76,1%), si bien un 20,5% considera que el momento sí es pertinente.
Los pisos de España, el doble de caros que la media europea
I.P.
Las viviendas en España son las cuartas más pequeñas de Europa y, además, el doble de caras que la media continental, según un informe realizado por la franquicia estadounidense Era Inmobiliaria.
El tamaño medio de un piso en España ronda los 90 metros cuadrados, y sólo supera a los 60 de Francia, los 70 de Chipre y los 80 de Turquía. Respecto al precio, la media del metro cuadrado en España se sitúa en 2.616 euros, mientras que la europea está en 1.346. Los más caros se encuentran en el mercado francés, con 3.678 euros por metro cuadrado, y el más barato es el búlgaro, con 339 euros.
Sin embargo, a pesar de estos datos, España es el tercer país en cuanto al porcentaje de viviendas en propiedad (84%), por detrás de Bulgaria (94%) y de Chipre (85%). Los países con menos vivienda en este régimen son Suiza (37,2%) y Alemania (42%).
En el estudio se sitúa la transacción media en Europa en 167.878 euros, mientras que la española es de 235.400. La búlgara es la más barata, con 44.100 euros, y la más cara es la luxemburguesa, con 420.645 euros, informa Servimedia.
Según el director de Operaciones de Era Inmobiliaria en España, Alfonso Gordon, «la situación del sector inmobiliario en España con respecto al resto de países europeos es consecuencia del crecimiento y evolución que ha experimentado el mercado en los últimos 10 años».
«La experiencia nos dice que, al igual que ha ocurrido en otros países en los que se han vivido situaciones similares anteriormente, en los próximos meses asistiremos a una estabilización del mercado en términos de relación entre oferta y demanda», agregó Gordon, quien cree que «veremos cómo se produce un fenómeno de concentración en el sector de la intermediación inmobiliaria y las agencias independientes o pequeñas redes tendrán que cerrar o integrarse en grupos más fuertes».
* El Mundo/ Su Vivienda - J. G. GALLEGO / BENITO MUÑOZ - 12 de Octubre de 2007
Foto: Manifestación por una vivienda digna en San Sebastián - Justy García (El Mundo)
La paralización de una urbanización enfrenta al presidente de Murcia con un constructor
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ELPAÍS* : El proyecto de urbanización de 4.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo en la finca protegida de La Zerrichera (Águilas) se ha convertido en el principal quebradero de cabeza del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP). El promotor de la urbanización, Trinitario Casanova, es amigo del consejero de Valcárcel que aprobó la obra -en un espacio protegido por la UE-. Y ahora que la aprobación está en los tribunales, Casanova cargó la responsabilidad sobre Valcárcel: " ¿Acaso en esta comunidad se hace algo importante sin que su presidente lo sepa?". El presidente ha replicado públicamente, alentando la polémica: "No le debo nada a nadie, a ningún empresario ni a nadie".
El plan está paralizado. Un tribunal ha suspendido cautelarmente la obra y, tras el escándalo, hace casi dos años, la Comunidad también la frenó a la espera de elaborar un plan de gestión del terreno protegido. Además, un juez ha imputado a cinco altos cargos del anterior ejecutivo de Valcárcel por la tramitación.
El promotor es el conocido empresario alicantino Trinitario Casanova Abadía, amigo personal del consejero de Política Social murciano, Joaquín Bascuñana. Éste, en su etapa en Obras Públicas, firmó el documento definitivo que permitía construir la urbanización en las 260 hectáreas de la finca, calificada por la UE como Lugar de Interés Comunitario y Zona Especial Protección de Aves.
Casanova, presidente del Grupo Hispania, atacó recientemente al presidente murciano, a quien consideró el principal responsable de los trámites para sacar adelante el proyecto: "En ningún caso caigan ustedes en la mezquindad de utilizar la palabra amigo en un asunto en el que, desde el primer día, cada paso que se ha dado se ha hecho con rigor y a todas luces. ¿Acaso piensa usted que en esta comunidad se hace algo importante sin que su presidente lo sepa?, ¿por qué se intenta destruir lo que antes se ha construido?", declaró al diario La Opinión de Murcia.
El promotor descargaba así la responsabilidad lejos de su amigo Bascuñana -con el que se dejaba ver en los toros mientras le aprobaba la urbanización- y lanzaba la sospecha hacia el presidente murciano. Valcárcel no tardó ni unas horas en contestar: "Yo no le debo nada a nadie en esta Región, a ningún empresario ni a nadie. No me da miedo nada que no sea faltar a un precepto legal".
A la vez, el promotor reclamó al Gobierno regional en un escrito 180 millones de euros como compensación a la paralización.
El escrito critica duramente al consejero que paralizó el plan, el de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader. "Queremos que el Ejecutivo murciano anule su cambio de criterio que de una manera totalmente artificial y maliciosamente dirigida produce un enorme perjuicio a Hispania, tanto por la demora producida por la suspensión del expediente, como por la inseguridad jurídica originada por la aparición de este novedoso plan de gestión", sostiene el escrito.
El consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader, rechazó las acusaciones del empresario, aunque apuntando al responsable de la aprobación ambiental del proyecto, el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués. Mercader, que se ha ganado una fama de haber llevado la cordura a la consejería, insiste en que la tramitación es previa a su llegada.
Hispania asegura que la recalificación "dio lugar a varias operaciones mercantiles condicionadas a este hito urbanístico, que se están viendo seriamente afectadas". El promotor se refiere a la compraventa de los terrenos a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa).
'Pelotazo'
La reclasificación del suelo fue un pelotazo, como confirma la Kutxa en un comunicado. La entidad hizo en octubre de 2005 un primer pago al Grupo Hispania de 23,2 millones de euros como anticipo por la compra del paraje de La Zerrichera. A través de su empresa Inverlur también adquirió "el compromiso" de pagar otros 105 millones de euros más IVA por la finca a través de distintos pagos "supeditados al cumplimiento de determinados hitos urbanísticos", que "no se han producido".
El promotor alicantino compró los terrenos por unos 30 millones, lo que elevaría el beneficio a más de 100 millones, y sin poner un ladrillo. Ahora, la paralización del plan le podría llevar hasta al abismo, pues tendría que devolver el dinero adelantado por la caja vasca.
Además de por la consejería, el proyecto está suspendido cautelarmente desde septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que justificó esa paralización en los "valores ambientales" de la zona afectada y en que el retraso "no causa graves perturbaciones para el interés público".
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 15/10/2007
Foto: La Zerrichera (Águilas - Murcia) - ecologistasenaccion.org
El fiscal pide al juez que investigue al alcalde de Haría por supuestas irregularidades urbanísticas
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LA PROVINCIA/Lanzarote* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha instado al juzgado de Arrecife que corresponda a abrir las diligencias previas encaminadas a investigar y esclarecer los hechos por medio de los cuales el alcalde de Haría y presidente nacional de CC, José Torres Stinga, ha sido denunciado ante la Demarcación de Costas de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, tras promover en 1996 un edificio de viviendas en Arrieta (Haría), que, supuestamente, no ha respetado la zona de servidumbre de tránsito de Costas entre dicho inmueble y la línea de deslinde marítimo-terrestre.
En 1996, Torres Stinga no era aún edil en el Consistorio de Haría, institución a la que accedió tras las elecciones de 1999. En su propuesta de resolución del pasado septiembre, el fiscal considera que los hechos relatados en la denuncia interpuesta en agosto de 2006 por Felipe Guerra González y remitida a la Fiscalía en marzo de 2007, "presentan indiciariamente caracteres de un delito contra la ordenación del territorio, previsto y penado en el artículo 319, apartados 1 ó 2 del Código Penal".
Guerra González decidió dar a conocer lo que considera irregularidades en la actuación de Torres Stinga, a partir de un informe firmado por el arquitecto Manuel Cerpa. Según el escrito remitido por el fiscal a los juzgados de Arrecife, Torres Stinga "presentó en 1996 en calidad de promotor un proyecto de edificación para la construcción de un edificio de viviendas en la calle La Playa número 29, en Arrieta".
En dicha documentación "se recogía que la edificación debería quedar separada del deslinde marítimo terrestre nueve metros, distancia resultante de sumar 3,5 metros de retranqueo en parcela, a los 5,5 metros del ancho de la avenida marítima en su punto más favorable". Así, la servidumbre de tránsito, con un ancho de seis metros desde la línea de deslinde marítimo-terrestre, quedaba totalmente conforme a lo prescrito en la Ley de Costas".
Pero tras finalizar la edificación "la distancia de seis metros para salvaguardar la servidumbre de tránsito no fue respetada, no coincidiendo los mojones del deslinde con el muro de cerramiento de la parcela, ni tampoco la distancia de retranqueo entre el muro de cerramiento y la fachada principal".
COMO IMPUTADO. Entre las diligencias que ha solicitado la Fiscalía que practique el juzgado se encuentra la de tomar declaración, en calidad de imputado, al alcalde de Haría, José Torres Stinga. El regidor ha negado haber recibido citación judicial, ni como particular ni como alcalde del municipio.
Asimismo, Torres Stinga ha reiterado que no han existido irregularidades en las obras denunciadas y recordó también que las mismas, que "cuentan con todos los permisos pertinentes", fueron promovidas por su padre, Manuel Torres Berriel.
La Fiscalía también pretende que se pida a la Agencia de Protección del Medio Urbano que informe si a la obra cuestionada se le ha abierto un expediente de infracción urbanística.
* La Provincia / DLP - ARRECIFE - 14 de octubre de 2007
Foto: Viviendas en Arrieta que han sido denunciadas - ADRIEL PERDOMO (La Provincia)
Daños colaterales del ladrillo
ANA CRESPO BLANC* : Ahora que ha pasado la resaca informativa en relación con las recientes inundaciones de Andalucía y Baleares, con resultados de muertes y daños materiales, cabe hacer una pequeña reflexión. Si los meteorólogos afirman que las lluvias no fueron excepcionales, ¿por qué se produjeron avenidas en sitios donde nunca las hubo? En todas las noticias que trataron de estos fenómenos, en ningún momento se ha mencionado que quizá sea la propia actuación humana lo que ha producido una situación de riesgo.
Cuando llueve, el agua necesita tiempo para llegar a una zona baja desde el lugar donde ha caído. El asfaltado y la pérdida de suelo, asociados a las innumerables urbanizaciones que se construyen alrededor de pueblos cercanos a grandes ciudades, hacen que el agua fluya más rápidamente que sobre un suelo cubierto de vegetación; además, eso impide que se infiltre la lluvia en el subsuelo, por lo que aumenta la cantidad de agua que se puede concentrar.
Estos dos simples hechos, que por otra parte se enseñan a los estudiantes de primer curso de Ciencias Geológicas o Ambientales, muestran que no se puede dejar la gestión del territorio exclusivamente a los políticos: técnicos bien informados y científicos deben participar en los órganos de decisión. Esto evitaría muchos riesgos innecesarios y mitigaría las inundaciones, que, en este caso, se pueden considerar un daño colateral de la política desenfrenada del ladrillo.
* Ana Crespo Blanc (Profesora de Geología. Universidad de Granada)
* ELPAIS.com - Opinión - 12/10/2007
