ELCORREOWEB* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado los recursos que presentaron el PP, el Ayuntamiento de Málaga y los promotores contra el polémico Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que fijó topes de crecimiento urbanístico para luchar contra los desmanes del ladrillo. Esos límites -un municipio no puede crecer urbanísticamente más del 40% y tampoco su población puede aumentar por encima del 30%-, aprobados en 2006, desataron una guerra entre los empresarios -principalmente, aunque también los consistorios- y la Junta que se trasladó a los tribunales. La batalla se enmarcó en plena eclosión inmobiliaria y el TSJA se pronuncia por primera vez ahora, en plena crisis de la construcción. Los tres demandantes, que pedían la nulidad de la norma, entendían que el POTA coartaba la libertad de los ayuntamientos a la hora de planificar su territorio, algo que el TSJA rechaza. Niega que el plan vulnere la autonomía local y reconoce a la Junta la potestad de intervención.
La federación de promotores (Fadeco) llevó el documento a los tribunales en 2007 porque, a su juicio, iba a suponer la ruina de un sector que vivía en vacas gordas. Vaticinaron que implicaría la paralización de la actividad urbanística hasta 2011, la pérdida de un 10% del negocio y que afectaría negativamente al empleo y la economía andaluza. La crisis económica y no la aplicación del plan ha dejado cortas sus previsiones.
En su recurso, la patronal denunciaba "contradicciones" entre el POTA y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por ejemplo que el plan prohibía hacer viviendas en los campos de golf y la ley no. El TSJA no ve contradicciones porque el POTA debe someterse a la LOUA, que tiene rango de ley. Los empresarios consideraban que los límites de crecimiento eran "inadmisibles" por chocar con la autonomía local, además de "discrecionales". El Alto Tribunal asegura que el POTA "no establece una prohibición sino un criterio general que debe respetarse" e insiste en que el municipio "goza de absoluta libertad para la ordenación del territorio".
flexibilización. El recurso del Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el popular Francisco de la Torre, también hacía hincapié en la vulneración de la autonomía local a la hora de elaborar los planes generales. El POTA sentó como un jarro de agua fría a muchos consistorios que acababan de elaborar unos PGOU que ya no servían porque no incluían los topes de crecimiento urbanístico. Las presiones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) lograron que la Junta excluyera de esos límites a las localidades de menos de 10.000 habitantes (la mitad de los municipios andaluces). Este punto no fue el único en el que cedió el Gobierno andaluz. La patronal consiguió que los polígonos no computen en los topes de expansión urbanística.
El Alto Tribunal andaluz también desestima los argumentos del PP, que criticaba que el plan "excede su función de constituir el marco de referencia" del territorio en Andalucía. El TSJA también niega que el POTA carezca de memoria económica. Quedan pendientes de resolver otros recursos, pero ni siquiera la Consejería de Obras Públicas y Vivienda se atreve a dar un número porque muchos de ellos se han reagrupado. El POTA se aprobó bajo la batuta de la consejera Concepción Gutiérrez en 2006, trece años después de que el expresidente andaluz Manuel Chaves lo prometiera. Supuso blindar el urbanismo de la especulación y propiciar un crecimiento ordenado.
* El CorreoWeb - 28.01.11
Foto: El POTA nació para luchar contra la especulación y garantizar el crecimiento ordenado.- correoweb
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ELPAÍS* : El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, cargó ayer contra el ardid del Ayuntamiento de Madrid para enmascarar la contaminación, consistente en retirar estaciones de las zonas más contaminadas para rebajar artificialmente los niveles de polución. Vercher mandó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) a que instalara sus propias estaciones en algunos de los lugares ignorados por el consistorio. El resultado, según Vercher, es que apenas se ha dado "una mejora de la calidad del aire", en contra de lo que dice su alcalde, el popular Alberto Ruiz-Gallardón, y la concejal de Medio Ambiente, Ana Botella. Vercher envió ayer un duro escrito de 34 páginas al Ayuntamiento en el que le pide que "identifique a la autoridad o funcionario que ordenó esa reubicación de las estaciones de medición", con qué informes se decidió y qué técnicos informaron a favor. Ese parece el primer paso para actuar contra el responsable del cambio.
En mayo de 2009, Gallardón encontró una forma novedosa para reducir la contaminación: no medirla en algunas zonas del centro de Madrid con muchos tráfico. El Consistorio cambió estaciones de medición de sitio y redujo el número. Como ejemplo, desplazó unos 200 metros la estación de Gregorio Marañón, una de las zonas con más tráfico. El medidor acabó en los jardines del Museo de Ciencias, lo que disminuyó la contaminación registrada. Al eliminar las series históricas, el Ayuntamiento dificultó los estudios científicos sobre el aire que respiran más de tres millones de personas, pero logró su objetivo: la contaminación bajó en el papel un 20%. Aun así, Madrid incumple el umbral europeo de dióxido de nitrógeno (NO2), producto del tráfico, por lo que quiere una moratoria de la UE. Sí cumple el de partículas en suspensión.
El fiscal destaca que "ni siquiera la reubicación de algunas estaciones de medición ha servido para maquillar un resultado que a todas luces cabe calificar de grave". En 2010, el límite máximo durante una hora de NO2 se superó en 336 ocasiones, según la fiscalía, pese a que no se puede sobrepasar más de 18 veces. Aunque la superación es "notable", el fiscal destaca que ha bajado respecto a años anteriores, algo que achaca a que "tratamos con nuevas estaciones y se han eliminado las que tradicionalmente presentaban mayor concentración de NO2". El texto señala que las estaciones que habían superado los umbrales de alerta a la población fueron suprimidas.
Vercher recuerda al Ayuntamiento que la directiva europea sobre contaminación "no tiene prevista la eliminación de estaciones antiguas". "Si ahora se toman registros de nuevas estaciones, eliminando las antiguas que se encontraban en los lugares en los que más contaminación se venía produciendo, lo único que se obtiene es un valor muy diferente [...] dando como resultado que la ciudad de Madrid de pronto presenta menos contaminación, pero la realidad de los niveles de contaminantes en el núcleo de la ciudad sigue sin resolverse", dice.
El fiscal sostiene que Madrid no tiene norma sobre contaminación, solo una "estrategia", que es "una declaración de intenciones". Sobre la calidad del aire, "nada ha realizado el Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias, de las que no puede abdicar, abandonando así la posición de garante del ordenamiento jurídico".
En 2006, Gallardón anunció que a partir de 2008 vetaría la entrada al centro de los coches más sucios. La medida nunca ha sido aplicada. En 2010 el alcalde insistió en su promesa: "En el próximo mandato restringiré el uso del coche en el centro". Botella declaró el martes que la polución en Madrid "no es nociva para la salud de los ciudadanos". Los científicos han relacionado episodios de intensa polución en la capital con un aumento de infartos y de la mortalidad infantil.
El escrito advierte al Ayuntamiento que puede afrontar reclamaciones por su dejación: "Como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que en esta materia atribuyen las leyes al Ayuntamiento de Madrid pueden ocasionarse lesiones antijurídicas susceptibles de sustentar reclamaciones y posteriores demandas de responsabilidad patrimonial, sean presentadas por particulares o por grupos de afectados". E incluso que la fiscalía no descarta actuar "en representación de personas incapaces".
El escrito va dirigido al director general de Calidad Ambiental del Consistorio, Manuel Tuero, al que le pide que identifique al responsable de recolocar las estaciones -o que asuma la decisión-. También le reclama que "inexcusablemente" señale a los "técnicos que hayan informado a favor de esas nuevas ubicaciones" así como "los informes técnicos que han aconsejado esa decisión". Con este reparto, "se miden partículas en 11 de las 23 estaciones, y entre estas 11 no están las que tradicionalmente reflejaban [...] en valor superior al límite legal".
La fiscalía "efectuó mediciones de partículas [no de NO2] en el entorno de algunas estaciones que han dejado de funcionar, lo que permite ver que el nivel de contaminación es similar antes del cambio de ubicación de algunas estaciones". La Guardia Civil midió durante seis meses en tres puntos cerca del Paseo de la Castellana, próximos a las antiguas estaciones: en la Fiscalía, en el Ministerio de Sanidad y en el jardín del cuartel general del Ejército.
El resultado es, según el fiscal, que hay "ligerísimas mejoras que no parecen atribuirse a una mejor gestión, ya que la misma no ha existido". El fiscal usa el umbral de 20 microgramos de partículas por metro cúbico para 2010 que fijó un decreto de 2002. Sin embargo, ayer el Gobierno aprobó otro decreto que, de acuerdo con la directiva de 2008, suaviza el límite a 40 microgramos. Estas estaciones sí cumplirían esa norma la mayoría de los meses. El fiscal concluye que "los ciudadanos de los lugares con mayor contaminación siguen sufriendo el mismo nivel aunque no tenga reflejo en las estadísticas municipales". Vercher ironiza: "Si se eliminaran todas las estaciones de control, Madrid sería una ciudad oficialmente no contaminada".
* El País - 29.01.11
Foto: Madrid, contaminación M-40 - J.París (20minutos.es)
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SUR* : Los fríos números permiten entender la dimensión del desfalco. La deuda heredada del GIL equivale a todo el patrimonio municipal. Cuando la comisión gestora se puso al frente de un Ayuntamiento descabezado, con la cúpula del anterior equipo de gobierno en la cárcel y una gestión municipal cuanto menos turbia, ya sabía que poner en orden el Consistorio iba a ser un auténtico trabajo de chinos. Los inventarios brillaban por su ausencia. Nadie sabía cuál era el patrimonio real ni se anotaban las idas y venidas. Quizá porque era la mejor manera de ignorar lo que se había ido perdiendo por el camino. Tocaba hacer recuento y buscar papeles en todos los cajones. Un año después el PP, ya al frente de la Alcaldía, continuó una labor con resultados tangibles, que se pueden verificar poniendo las manos sobre las paredes de los inmuebles recuperados para la ciudad o de las nuevas máquinas de la Delegación Municipal de Limpieza.
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el patrimonio municipal se ha incrementado desde 2007 en 22 millones de euros; cantidad en que se valoran tanto los bienes inmuebles como los vehículos incorporados al listado de propiedades municipales que, al fin y al cabo, lo son de todos los vecinos.
En total, si se hace la cuenta que incluye desde una farola a los derechos sobre una hipoteca, el patrimonio municipal asciende a 565 millones de euros, casi a la par con la deuda que arrastra tras la 'era Gil', que asciende a más de 500 millones de euros. «Es muy fuerte decirlo pero realmente tendría que desaparecer todo el ayuntamiento, pero físicamente, para poder paliar los números rojos que hemos heredado», señala Félix Romero, portavoz del equipo de gobierno. Es sólo un dato que avala la hecatombe del gilismo. En realidad, el equipo de gobierno solo podría enajenar bienes por valor de 70 millones de euros, los que integran el patrimonio municipal de suelo, y de momento los únicos intentos, la mayoría infructuosos, han sido con garajes, trasteros o pisos que no tenían uso y solo generaban gastos.
Inventario informatizado
De muchos ellos se encontró la pista sobre la marcha y gracias a una nueva aplicación informática contratada hace tres años que permitió cuantificar un inventario del que no se escapa ni una silla nueva que se compra para una delegación. Cada suma o cada resta se deja ver en un listado que se actualiza año tras año de acuerdo con la situación del mercado. «La mayoría de las incorporaciones de bienes inmuebles son por procedimientos que seguían abiertos y en los que se ha llegado a un acuerdo de cesión o por convenios urbanísticos que incluían aprovechamientos que no se habían reclamado», explica.
Según los últimos datos oficiales, el Ayuntamiento es titular de 1.492 inmuebles, 24 más que en 2007, por un valor total de 519 millones euros. Es el aumento patrimonial más importante pero no el único. La flota municipal también se ha estirado considerablemente al pasar de 146 vehículos a 229, con un valor estimado de 3,6 millones de euros. «Sobre todo en las delegaciones de Obras y Limpieza ha habido una inversión enorme, lo que demuestra que no se ha tirado el dinero; que está ahí, en la flota y en los bienes», apunta el edil de Régimen Interior. A los inmuebles urbanos le siguen los rústicos, con 23 propiedades valoradas en 33 millones de euros; los derechos sobre hipotecas, servidumbres de paso o usufructos (1,5 millones); los muebles históricos (2 millones); los valores mobiliarios (3,7 millones); o los semovientes, esto es, el ganado, en este caso los 13 caballos de la Policía Local de los que no se cuantifica su valor.
Cierran el listado de este inventario las 20 aplicaciones informáticas -«antes todo se hacía de forma pirata, sin licencias, y ahora hay programas con sus autorizaciones», anota Romero- cuantificadas en 156.000 euros; 41 propiedades industriales (marcas vinculadas al consistorio, como los logotipos) que ascienden a 4.640 euros, y 11.356 bienes muebles, 2.809 más que en 2007. «Se han inaugurado instalaciones que se han tenido que equipar», abunda Romero. De ahí este incremento de más de 600.000 euros en muebles.
La lista, además, tiene visos de seguir sumando nuevos inquilinos. Especialmente tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según subraya el portavoz del equipo de gobierno, algunos convenios que no prosperaron por los problemas del planeamiento saldrán adelante con el nuevo Plan, lo que permitirá seguir capitalizando a la ciudad y añadir más patrimonio, especialmente de suelo e inmuebles, a las arcas municipales. Y lo que es más importante, el Ayuntamiento espera recuperar dinero contante y sonante de las causas judiciales abiertas, especialmente del 'caso Malaya'.
* Sur - 30.01.11
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
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NORTECASTILLA* : El Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (Icomos) acaba de remitir al Ayuntamiento de Segovia un informe, fechado el 8 de abril de 2010, en el que rechaza el proyecto del aparcamiento subterráneo del paseo de Los Tilos. El informe al que ha tenido acceso EL NORTE, que no es vinculante y que no cita si ha sido elaborado de 'motu proprio' o a instancia de alguna otra entidad, realiza un análisis del Plan Especial de Infraestructuras presentado en junio de 2009 por el Ayuntamiento de Segovia, previo al proyecto para construir un aparcamiento de alrededor de 350 plazas en el talud, y llega a varias conclusiones de que «no procede» su construcción porque el proyecto «contiene muchos y muy graves peligros y riesgos para la integridad del Bien Patrimonio Mundial Ciudad Vieja de Segovia y su Acueducto». No explica el organismo internacional por qué ha tardado más de nueve meses en comunicar su informe al Ayuntamiento, aunque para el alcalde, Pedro Arahuetes, el retraso tiene una intencionalidad «electoralista».
El Icomos es una organización internacional no gubernamental que tiene como cometido promover la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección, realce y apreciación de los monumentos, los conjuntos y los sitios histórico-artísticos. Trabaja de hecho como un órgano consultivo y, con los citados fines, pone su red de expertos al servicio de la comunidad internacional.
Documentos y normativa
El informe sobre el aparcamiento de Los Tilos que avala la presidenta del comité español, María Rosa Suárez-Inclán, está basado en la legislación estatal y autonómica en materia de patrimonio, en el mencionado plan especial, en las informaciones publicadas por los medios de comunicación locales y en las entrevistas mantenidas con el alcalde, el concejal de Urbanismo y técnicos del Ayuntamiento y con dirigentes sociales y asociaciones culturales de la ciudad.
La primera conclusión del informe es que la «anticuada normativa del PGOU de Segovia» (se refiere al de 1984, del que dice que «todavía está vigente», y no al aprobado en 2008) es anterior a la inscripción de la ciudad en la Lista de Patrimonio Mundial, en 1985, además de la «ausencia de un expreso, efectivo y válido Plan de Protección Especial del Centro Histórico de Segovia» y de «una norma positiva de protección del bien facilita que se hagan propuestas tan peligrosas para la integral conservación» como el aparcamiento del paseo de Los Tilos, por lo que aconseja «extremar los criterios que salvaguarden los valores patrimoniales de la ciudad».
Añade a esta consideración el Icomos que no está establecida una zona de amortiguamiento exigible en todo bien del patrimonio mundial, si bien el aparcamiento estaría incluido en esta zona «de especialísima protección».
El remonte mecánico
En cuanto a la justificación de la infraestructura, advierte el informe que «no se demuestra la necesidad imperiosa de un aparcamiento subterráneo en ese específico y central espacio basándose en el declarado objetivo de 'Mejorar [y] potenciar la interrelación entre el núcleo y las restantes áreas de la ciudad', ya que el aparcamiento albergará tanto plazas para residentes, muy escasos en este sector de la ciudad, como plazas de rotación, a las que seguramente acudirán más turistas que ciudadanos de otras partes alejadas del centro». Además, añade que el aparcamiento «está lejos de cumplir una función disuasoria de tráficos hacia el centro histórico» y, por tanto, «no es recomendable» construirlo.
Dice el Icomos que el proyecto también «enmascara la construcción de un remonte mecánico», que considera una «actuación de fuerte impacto que nunca podrá cumplir la ambiciosa pretensión de interrelacionar el centro histórico con las restantes áreas de la ciudad, sino, a lo sumo, el centro histórico con las calles del valle de una parte del sur de la ciudad», por lo que agrega que no se justifica el proyecto de construir este remonte mecánico en el talud «por lo desproporcionado entre la propuesta y los resultados urbanísticos previsibles».
La imagen de 1985
Los cambios que produciría el proyecto en la imagen existente en 1985, cuando Segovia fue declarada Patrimonio de la Humanidad, son otro motivo para desaconsejar el aparcamiento, pues considera el Icomos que, a pesar de que el Ayuntamiento declara que el proyecto no afecta al borde de las murallas sino solo al talud en zonas con arbustos que serán regeneradas, «se está admitiendo que se producirán cambios en la imagen consolidada de este sector del casco histórico de Segovia, lo que iría en contra de lo dispuesto en la normativa sobre paisaje y sobre los entornos recogida en la legislación española e internacional».
Y sería así, añade el informe, porque las «alteraciones visibles» del talud que cita la memoria del proyecto, la mejora de la vegetación, la apertura de las entradas y salidas de peatones y vehículo y el edículo previsto en el paseo del Salón, son motivos añadidos para rechazarlo porque significan que «se prevén cambios y se apunta a la grave incidencia espacial, funcional y visual que tendrán no sólo los accesos para coches y peatones sino en el proyecto de construir un espacio en el Paseo del Salón que incluya no sólo el acceso al aparcamiento y al remonte mecánico sino también a otros usos terciarios y comerciales». La «gran superficie y desmesurada escala» de estos elementos, señala, «en el romántico paseo del Salón tendría una fuerte incidencia tanto en el talud como en la superficie horizontal superior».
Riesgo de desprendimientos
Otra cuestión en la que el Icomos apoya su rechazo al proyecto del aparcamiento son las excavaciones previstas bajo el talud, pues entiende el redactor del informe que ya que el subsuelo del paseo del Salón es «extremadamente inestable», al estar formado con material de relleno, y la debilidad de la roca madre sobre la que se asienta son factores para estimar que podrían producir «derrumbes y desprendimientos, circunstancias que llegarían a poner en muy grave y radical riesgo no sólo el paseo del Salón, sino la propia muralla y las construcciones adosadas a ella».
Estabilidad de la muralla
En este sentido, el informe incide en que, de acuerdo con el estudio geológico realizado por la empresa Inzamac en 1996, la composición de la plataforma en la que se asienta el casco histórico y la eventual combinación con la descompresión derivada de la excavación en el talud, «se pondrá en alto y grave riesgo de desprendimientos de los materiales infrayacentes al recinto amurallado y de derrumbe de parte de la muralla y edificaciones».
Por razones semejantes también considera «un riesgo excesivo» la construcción del remonte mecánico, que acercaría «la excavación a las murallas de Segovia, lo que sin duda va a afectar a la estabilidad de la zona de muralla más cercana».
* El Norte de Castilla - 29.01.11
Foto: Vista desde la parte superior del talud del paseo del Salón donde estaría uno de los extremos del aparcamiento - nortecastilla
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ELPAÍS* : La titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº3 de Alicante ha vuelto a declarar nula la urbanización El Plantío, un complejo levantado en el extrarradio de la ciudad con un hotel, campo de golf y 200 apartamentos. La juez considera nulo un decreto de la concejalía de Urbanismo firmado en septiembre de 2007 que autorizó el complejo, declarado nulo un año antes por carecer de licencia de obra. En esa fecha, la titular de Urbanismo era la actual alcaldesa, Sonia Castedo, del PP. La magistrada mantiene que el decreto de Castedo es nulo porque no está motivado, contaba con informes desfavorables de los técnicos municipales y en cuanto a los favorables no se adjuntó su contenido y uno de ellos estaba sin firmar
La resolución de la juez se produce a raíz de un recurso del Grupo Socialista municipal. La candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía, Elena Martín, responsabilizó a Castedo de la anulación del proyecto y anunció que exigirá que la alcaldesa responda con su patrimonio a la posible indemnización.
* El País - 28.01.11
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org
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AFECTADOS POR LA HIPOTECA* : La audiencia provincial de Navarra en el AUTO Nº111/2010 ratifica la decisión de un juez que se niega a que un banco, que previamente había ejecutado la hipoteca y se había adjudicado el inmueble por el 50% del valor de tasación, continúe reclamando la deuda restante a la familia. Ante la demanda de una entidad bancaria de proseguir con la ejecución de la deuda, el tribunal estima que no da lugar y fundamenta su argumentación en que el banco había tasado el activo inmobiliario por una cantidad que satisface con creces la deuda hipotecaria que recaía sobre la familia. Es más, le recuerda el tribunal, que las entidades bancarias tienen una responsabilidad insoslayable en la crisis que estamos padeciendo, y que es precisamente esta crisis la que ha dejado en paro y sin ingresos a muchas familias que en estos momentos no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. Esto abre una vía judicial para todos aquellos a los que ya les han subastado la vivienda y se han quedado con una deuda. Abre una vía para aquellos padres que avalaron a sus hijos y que ven horrorizados como una ejecución hipotecaria no solo condena a su hijo o hija a la pobreza sino que además se lleva por delante su propia vivienda.
Nos parece lamentable sin embargo que sea desde un juzgado y no en las cortes legislativas donde se vislumbre una posible salida para las miles de familias inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria. Es un síntoma más de una democracia débil que ha claudicado frente al poder y el chantaje de las entidades financieras.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) agradecemos que finalmente un tribunal ponga algo de sentido común ante lo que viene siendo un uso abusivo de la legislación actual por parte de las entidades financieras, dando la razón a la justa reivindicación que desde la PAH venimos exigiendo desde hace ya dos años: dación en pago ya!
Estamos consultando con los abogados las posibilidades que se abren con esta histórica sentencia !!!! Os mantendremos informados!!
Algunos fragmentos a destacar del Auto 111/2010:
“el propio banco en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria y en relación con la finca que es objeto de subasta y que se ha adjudicado materialmente la citada entidad bancaria, la valoraba en una cantidad que era superior al principal del préstamo (…) Siendo ello así, es atendible las razones por las cuales la juzgadora de instancia no considera oportuno en este caso continuar la ejecución, por entender que el valor de la finca, no obstante el resultado de la subasta, es suficiente para cubrir el principal de la deuda reclamada e incluso encontrándose por encima de dicho principal”
Y ante el intento de la entidad financiera de argumentar que el valor actual de la finca es inferior a la tasación inicial, el Tribunal le recuerda a la entidad su propia responsabilidad en ello: “moralmente es rechazable que se alegue para intentar continuar la ejecución la pérdida de valor de la finca que servía de garantía al préstamo, que no se hubiera concedido si no hubiera tenido un valor suficiente para garantizar el préstamo concedido, que fue fijado por la entidad bancaria ahora ejecutante, o cuando menos aceptado, siendo que dicha pérdida de valor es directamente achacable a la crisis económica, fruto de la mala praxis del sistema financiero”
www.afectadosporlahipoteca.com
* Plataforma Afectados hipoteca - 25.01.11
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